lunes, 23 de octubre de 2006

Esta historia no cuadra, señores

Imagínese la siguiente historia: Detectan que en El Salvador reside el “tercero en el mando” de uno de los poderosos carteles colombianos de droga; un hombre que “era prácticamente el tesorero” nada menos del capo de los capos de la droga, Pablo Escobar Gaviria.

Imagínese además que esto lo dicen no solamente La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy –medios que en este caso no se destacaron por investigación rigurosa, sino por la reproducción irresponsable de fuentes oficiales irresponsables-, sino lo dice (¡literalmente!) el presidente de la República, Elías Antonio Saca. Asistido por su ministro de gobernación, René Figueroa, quien habla de “el señor de las tinieblas”. Y por el Fiscal General de la República, Félix Garrid Safie, quien habla de “uno de los más buscados acusado de tráfico de drogas”.

Imagínese que además detectan que este señor planeaba asesinar al presidente Elías Antonio Saca.
¿Y qué pasa? Lo arrestan y lo deportan. A Honduras, pero en un vuelo a Washington, donde es arrestado por las autoridades de Estados Unidos.

¿Algo de esta historia le parece coherente? – Ni a mi. Es la historia de George Nayor. Si sólo la mitad de esta historia fuera verdad, habría que exigir la renuncia de todos los funcionarios encargados de investigar este tipo de situaciones - y de mantener informado al presidente.
Obviamente no es cierto. No puede ser. Porque –contrario a lo que los funcionarios y sus cajas de resonancia, los periódicos salvadoreños, informaron durante semanas- el mencionado “señor de las tinieblas” vivió, trabajó, mantuvo negocios muy visibles durante muchos años en El Salvador; inauguró plazas públicas y fue fuente importante de El Diario de Hoy.

Hoy sabemos que contra Nayor –así lo vamos a llamar mientras no sepamos quien es realmente- existe una orden de captura de una corte de Miami desde el año 1994. Sin embargo, durante todos este tiempo se pasó de lo más publico en El Salvador. ¿Y ni la embajada norteamericana ni la DEA, ni la Fiscalía, y ni la INTERPOL se dieron cuenta? Muy poco creíble. Pero el pequeño resto de probabilidad que Nayor, según Figueroa “unos de los más buscados por tráfico de drogas”, haya pasado desapercibido en El Salvador durante todos estos años, se esfuma cuando nos enteramos que el mismo Nayor (y bajo este mismo nombre, no bajo uno de sus múltiples identidades falsas que ahora reportan nuestras autoridades) figuró como representante de Triple Canopy en El Salvador, compañía de seguridad norteamericana que reclutaba y mandaba guardias de seguridad a Irak para custodiar instalaciones norteamericanas.
¿Realmente nos quieren hacer creer este cuento? Un cuento que los norteamericanos no investigaron muy de fondo a un señor que les recluta y ofrece mercenarios para que cuiden sus instalaciones en Irak. Con el cual contratan personal de seguridad que antes de ir a Irak tiene que ser entrenado (e investigado) por los mismos norteamericanos, en instalaciones militares en Estados Unidos y Kuwait.

A esta altura, con tantas cortinas de humo difundidas por las autoridades y reproducidas –sin investigación propia, sin ni siquiera cuestionamientos- por El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, es imposible saber qué realmente pasó. Es imposible saber quién es Nayor y para quien trabajaba.

Lo único que podemos hacer –y lo mínimo que debemos hacer si somos periodistas- en este momento es hacer un inventario de todas las incongruencias y contradicciones que rodean este caso.

Empezando con el señor presidente que en entrevista con La Prensa Gráfica habla del autor del plan contra su propia vida “prácticamente tesorero del fallecido Pablo Escobar Gaviria”, pero al mismo tiempo lo nombra como “tercero al mando del cartel de Cali”. Eso es como acusar a alguien de ser el lugarteniente del Viejo Lin y dirigente de la 18.

Siguiendo con el pequeño detalle de la deportación de Nayor. Dice el presidente, literalmente, según El Diario de Hoy del 13 de octubre: “Como gobierno combatimos al narcotráfico, deportamos a gente que comete delito grave”. De veras, ¿es política de El Salvador deportar a los acusados de narcotráfico, en vez de enjuiciarlos? ¿Será política del gobierno Saca deportar a alguien acusado de ser capo de la droga, incluso antes de poder investigarlo bien? ¿Y será política oficial deportar a un sujeto acusado por el señor presidente de haber conspirado a matarlo antes de poder completar la investigación?

La única respuesta lógica es: No. Ningún gobierno hace esto. La única explicación lógica: No hubo tal plan de atentado. Fuentes muy cercanas a Casa Presidencial –que por razones obvias no pueden ser identificadas- indican que, contrario a las declaraciones del mismo presidente, la Oficina de Inteligencia del Estado no tenía ningún reporte sobre el tal atentado con cohetes y el rol de Nayor en esta historia. Parece que fue Gobernación que informó mal al presidente, induciéndole a dar declaraciones no sustentadas sobre el plan de atentado.

Regresemos a la deportación de Nayor. El Diario de Hoy escribe el 13 de octubre: “Garrid Safie (el Fiscal General de la República) explicó que la salida de Nayor se debió estrictamente a motivos migratorios y no a su vinculación a carteles de droga". Pero el mismo Safie, en la misma edición del mismo diario, dos páginas más adelante, explica la deportación de Nayor de otra manera: “El Fiscal sostuvo que actuaron en pleno derecho constitucional ya que se trataba de una persona reclamada por las autoridades de Estados Unidos.”

Claro, esto lo explica de otra manera inexplicable: que para deportar a Nayor a Honduras, lo metieron en un vuelo a Washington DC, donde fue apresado.

Dicho sea de paso: el Diario de Hoy no repara en el hecho que el mismo funcionario, el mismo día, le da dos explicaciones diferentes sobre el mismo hecho.

Como tampoco a los medios les extrañó que el mismo presidente de la República declarara sobre Nayor: “El capturado fue deportado a Estados Unidos por tráfico de drogas y terrorismo”, – cuando la versión oficial es que fue deportado a Honduras, sólo que en el camino –que casualmente pasaba por Washington; pues si, casi todos los caminos llevan a Tegucigalpa-- fue arrestado por los norteamericanos.

Tampoco nuestra prensa reparó en el hecho que la afirmación del presidente Saca –que Nayor está siendo acusado en Miami de terrorismo- ya no aparece en ningún reporte desde Estados Unidos. ¿Otro pequeño lapso de un jefe de Estado, como lo del plan de un atentado contra él, como lo de los informes de la inteligencia del Estado, o como la afirmación de dudable sostenibilidad jurídica de que “deportamos a gente que comete delitos graves”?

Regresemos por un momento a la compañía Triple Canopy. El Diario de Hoy publicó varios reportajes sobre el reclutamiento que esta compañía hace de personal de seguridad para Irak. Entrevistaron a Nayor en noviembre de 2004, como representante de Triple Canopy. En esta nota y otra publicada en Octubre de 2004 informan de la salida a Irak de los guardias privados contratados por Triple Canopy, hablan del entrenamiento: “Cada una de las personas que viaja a Iraq debe de recibir un entrenamiento en los Estados Unidos. La capacitación se realiza en las ciudades de Miami y Houston. (...) Luego viajan a Jordania y Kuwait, desde donde se trasladan a Iraq” (EDH, 29 de nov. 2004). Meses después, el Diario de Hoy reporta sobre el regreso de los mercenarios salvadoreños. Les cuentan de sus aventuras y penas sobre los conflictos laborales con Triple Canopy. (EDH 19 de abril 2005).

Pero ahora que Nayor sale a la luz como capo de la droga y terrorista con planes de matar al presidente, El Diario de Hoy tiene amnesia. El 6 de octubre escribe: “Estuvo entrevistando a militares, policías, enfermeras y médicos, supuestamente para contratarlos y enviarlos a trabajar en Irak. Sin embargo nunca fue comprobado que enviara a algún grupo.” Entonces, los sendos reportajes del Diario de Hoy sobre los mercenarios en Irak, ¿puro invento? O más bien, ahora que Nayor es terrorista y “más buscado” desde 1984 ya no conviene acordar que tuvo tanta visibilidad en El Salvador.

El 5 de octubre de 2006, El Diario de Hoy reporta que “fuentes policiales confirmaron que el sujeto (Nayor) era de tendencia comunista.” Vaya, aun más misteriosos se vuelve el caso. Un comunista reconocido como tal por la policía salvadoreña facilita seguridad privada a las instalaciones de Estados Unios en Irak – y nadie lo investiga. Porque, al investigarlo, se hubieran dado cuenta que era narcotraficante con orden de arresto de una corte en Miami.

Y ni cuando El Diario de Hoy hizo la serie de reportajes sobre las actividades extrañas en El Salvador de Triple Canopy –reportajes que siempre tenían como una de las fuentes principales al comunista, capo del cartel de Cali... perdón Medellín, dueño de un famoso gimnasio frecuentado por la farándula salvadoreña, Nayor- nadie realmente investigó a esta extraña empresa Triple Canopy que se dedica, a nivel mundial, al reclutamiento y alquiler de mercenarios. ¿Quiénes son los socios de Triple Canopy en El Salvador? ¿Qué rol juegan altos militares salvadoreños en esta empresa?

Tampoco lo investigan ahora que Nayor, el representante de esta compañía en el 2004-2005, adquiere tanta fama.

¿O estoy equivocado? ¿Será que ya en 2004 investigaron a Triple Canopy y a Nayor? Sabiendo perfectamente quien era, ¿cuáles eran sus vínculos con el narcotráfico y –quien sabe- con qué agencias norteamericanas? Sólo que de esto nadie quiere hablar. No sería tan extraño. O digamos, no más extraño que todo lo demás en el caso Nayor, su deportación, su conspiración de matar al presidente. Tampoco más extraño que la forma en que las autoridades y los medios (des)informan sobre todo esto.

Cuando en la entrevista de La Prensa Gráfica preguntan al presidente de cuál fue su reacción al conocer del atentado en su contra, Saca contesta: “El pensamiento más grande que tuve es decir: “Este trabajo como presidente está dando resultados”. Si el crimen organizado y el narcotráfico quieren asesinarme, es porque los estamos golpeando.” O, como decía el Don de los Dones en El Padrino: Por más enemigos, más honor...

¿Realmente? Adonde están las cabezas del narcotráfico en El Salvador. En la cárcel no están. ¿Adonde están los criminales de cuello blanco? En las cárceles sólo vemos los hijos de familias pobres. ¿Hay tanta presión sobre el crimen organizado y blanco que se vuelva lógico atentar contra el presidente? ¿Qué es ficción y que es verdad detrás de tantas cortinas de humo?
(Publicado en El Faro)

lunes, 9 de octubre de 2006

Pensando positivo

He hecho un ensayo: traducir la crítica, el escepticismo, la frustración de los expertos medioambientalistas en medidas positivas. Mi manera de procesar el debate que tuvimos en Encuentros – y mi manera de evitar caer en depresión.

Entonces, si le hacemos caso a nuestra conciencia, El Salvador podría ser así en 10 años.

Un presidente que gana las elecciones con el compromiso de dar prioridad máxima el medioambiente.

Un gabinete en el cual el Ministro de Medioambiente, a la par del Ministro de Desarrollo Productivo son los hombres fuertes que presiden gabinetes especiales, cada uno en su rubro.

Un presupuesto de la nación que dedica más del 20% a la cartera de medio ambiente, incluyendo inversiones en el tratamiento de aguas negras, parques nacionales y en el Instituto Nacional de Investigaciones Ecológicas.

Un Ministerio de Planificación al cargo de la elaboración de los planes de ordenamiento territorial y descentralización administrativa y productiva.

Impuestos mensuales sobre la tenencia de vehículos, con tasas progresivas para vehículos de lujo, “todoterrenos” y los segundos y terceros vehículos de cada familia. Impuesto sobre la gasolina. De ambos impuestos se nutre el presupuesto del Ministerio del Medioambiente y las inversiones del Estado en las plantas de tratamiento a las aguas negras, la recuperación de los lagos y ríos, y en empresas de utilidad ecológica, como por ejemplo en el transporte público.

Alcaldías asociadas en regiones. Autoridades regionales, con participación del gobierno central y las municipalidades, de Planificación y Desarrollo que autorizan, regulan y supervisan todo tipo de construcciones, proyectos de infraestructuras.

Un sistema nacional de disposición final de la basura, manejado por una empresa de utilidad pública y de capital mixto: gobierno, alcaldías, empresa privada.

Una autoridad metropolitana de transporte público que maneja las rutas de buses y construye y operará los sistemas de tranvías urbanos y trenes suburbanos.

El 20% del territorio nacional convertido en áreas protegidas, reservas forestales, parques nacionales - la mayor parte bajo administración de iniciativas ciudadana, organizaciones no gubernamentales, fundaciones.

Considerables incentivos fiscales para personas o empresas que poseen o compran tierras y las ponen bajo régimen de área protegida bajo supervisión de las autoridades regionales y centrales.

Incentivos fiscales para inversiones en reforestación, turismo ecológico, producción ecológica certificada, tecnologías medioambientales.

Una Escuela Nacional del Medio Ambiente y un Instituto Nacional de Investigaciones Ecológicas adscritos a la Universidad de El Salvador, con presupuestos especiales provenientes del Ministerio de Medio Ambiente.

Un Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible con amplia participación ciudadana, de las municipalidades, las universidades, las iglesias, los partidos y el gobierno, al cargo de elaborar políticas de desarrollo y de protección medioambiental.

Un fuerte movimiento verde, con capacidad de presión sobre los partidos, los gobiernos locales, el ejecutivo nacional y la empresa privada, con presencia local y territorial, sin amarres partidarios, pero radical, persistente, paciente...

Todo esto podría ser realidad o estar en gestión en nuestro país. No en un futuro lejano, sino en 10 años.

El único requisito: Dejarnos de paja, dejarnos de quejas, ponernos de acuerdo, presionar, y hacer ya lo que todo el mundo sabe que alguien lo tiene que hacer en el futuro. Nada del escenario aquí descrito es utópico, cada una de las medidas es razonable, viable, financiable. El único elemento utópico: la voluntad política.

(Publicado en El Faro)

lunes, 2 de octubre de 2006

Nacionalicemos a MIDES

Hay que nacionalizar a MIDES. Talvez tambien intervenir a las alcaldías metropolitanas. La recolección y disposición final de la basura son servicios públicos de vital interés para los ciudadanos. La salud pública depende de estos servicios.

No tengo ninguna fobia a las privatizaciones. Tampoco a un Estado fuerte. Si la empresa privada se puede encargar de un servicio público de manera más eficiente, bienvenido sea. Pero esto no quita la responsabilidad del Estado. El Estado tiene que crear instituciones, mecanismos, criterios, procedimientos para garantizar que los servicios públicos funcionen. Por esto existen superintendencias estatales que regulan y supervisan y pueden sancionar e intervenir las empresas privadas que operan servicios públicos, por ejemplo de telecomunicación, energía, pensiones e incluso del sector financiero. No se trata de analizar ahora si en El Salvador cumplen su función estas instancias estatales de supervisión y regulación de los servicios públicos. El enfoque es: ¿Por qué no existe instancia estatal que interviene cuando servicios públicos de interés vital para la población como la recolección y la disposición de la basura (o el transporte público de personas) no funcionan?

Por un pleito legal entre algunas alcaldías metropolitanas y la empresa casi monopolio de disposición final (MIDES), la basura de casi todo el Gran San Salvador no tiene un destino que cumple con las más mínimas leyes de protección ambiental y de higiene. Como las alcaldías –por el pleito con MIDES- no tienen donde depositar la basura, tampoco funciona la recolección. La capital está llena de basura, con todas las consecuencias de insalubridad que esto tiene.

En este contexto es absolutamente insignificante si MIDES le debe a las alcaldías o al revés. No importa quien tenga la razón en este pleito, lo que no se puede permitir es que un pleito sobre cobros paralice un servicio público hunda la ciudad en basura, tufo y pudrición. Tampoco tiene importancia quienes son los actuales dueños de MIDES. No importa que ayer fueran aliados de los alcaldes del FMLN. No importa que hoy sean amigos de los Areneros.

Lo que no puede ser es que nadie intervenga. No sé si existe facultad legal para que el gobierno intervenga. Si no existe, hay que crear la facultad para hacerlo - para hacerlo eficientemente. Si la alcaldía no está en capacidad de recoger la basura, el gobierno debe tener la autoridad –el deber- de intervenir. Puede ser que le eche la mano a la alcaldía, así como lo hizo hace unos meses cuando mandó camiones del MOP y de la Fuerza Armada a recoger la basura que la alcaldía no estaba en condiciones de recoger. O, si el problema es más estructural, incluso debe haber facultad para intervenir de manera más drástica, asumiendo el gobierno temporalmente el servicio que la alcaldía no cumple.

Y en el caso de la disposición final, queda comprobado que la empresa MIDES, con su decisión de bloquear la entrada de los camiones de basura de Gran San Salvador, está inhabilitando un servicio público de vital interés y, de esta manera, atentando contra la salud pública de la población.

Esto requiere de una inmediata intervención del Estado. Si no hay bases legales para esto –como me imagino que no las hay en un país gobernado por “estadofóbicos”-, urge crearlas para poder intervenir y, si fuera necesario, nacionalizar a MIDES. A lo mejor a todas la empresas de disposición final de la basura. Y para intervenir las alcaldías que no logran recolectar, de manera eficiente, la basura.

Urge crear superintendencias fuertes y con capacidad de supervisión, regulación y –al ser necesario- intervención efectiva para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos. Esta es la condición indispensable para que sean asumidos por la empresa privada. De la misma manera, una supervisión eficiente y autoridad de intervención son condiciones indispensables para seguir adelante con la descentralización del Estado que pone una gran parte de las responsabilidades del Estado (incluyendo servicios públicos como salud, transporte y educación) en manos de los gobiernos municipales .

Ni privatización ni descentralización de los servicios públicos sin fuertes instancias de regulación, supervisión y –en última instancia- intervención del Estado.

Efectivamente, en la lista de servicios públicos que el Estado tiene que garantizar –o proporcionándolos o supervisándolos- se encuentran la recolección y la disposición final de la basura. A MIDES –y tal vez paralelamente a algunas alcaldías- hay que intervenirlas ya. Hay que restablecer los servicios y después buscar la forma como asegurarlas sostenidamente. En el caso de MIDES, lo más lógico sería nacionalizarlo y después crear una empresa de utilidad pública que se haga cargo de la disposición final. Cosa parecida hay que hacer en el campo del transporte público. Quiere valor hacerlo, pero el costo de no hacerlo es mucho más alto.

El obstáculo principal para hacerlo: la irracional ideologización de este problema. La ortodoxia de los dos lados, unos defendiendo a capa y espada la privatización, aunque hunda la ciudad en basura. Los otros defendiendo a capa y espada la autonomía municipal, con el mismo efecto desastroso.

Pero ni la privatización ni la autonomía ni la intervención estatal son valores por sí. Son instrumentos para asegurar el bienestar público. Tienen que ser eficientes y responsables o ser sujetos a cambios.

Muchos tenemos miedo a un Estado demasiado fuerte. Con razón. Pero más aun hay que tener miedo a un Estado débil. Débil frente a grupos económicos. Un Estado débil que no asume su responsabilidad con el bienestar de sus ciudadanos.

No queremos a un Estado que se mete en nuestras vidas personales. Pero tampoco un Estado que permite que empresas monopolistas (o alcaldías inoperantes) nos jodan la vida.
(Publicado en El Faro)