lunes, 18 de diciembre de 2006

Una histórica oportunidad de viraje y unidad

El presidente es el gobernante y tiene el mandato constitucional de tomar decisiones y ejecutarlas. Punto. Nadie más. Ni la Asamblea, ni mesas de diálogo, ni comités del Plan Nacional, ni Comisiones de honorables pueden sustituir al gobernante en estas funciones.

Otra cosa es cómo el presidente llega a tomar decisiones, en quién se apoya; con quién consulta; con quién discute; en quién confía; qué amplia es la base de la cual se nutre. Si sólo son los amigos, partidarios, compadres, correligionarios – o si son las mentes más brillantes, los personajes más honestos y sinceros, independiente de su grado de coincidencia ideológica con el gobernante. De esto depende si un presidente realmente se convierte en estadista o si queda en la historia como un dirigente partidario más.

En este sentido, toda la discusión que tenemos ahora sobre el papel de la “Comisión de Seguridad Ciudadana y Paz Social”, es un poco absurda. Por supuesto que las decisiones sobre seguridad, sobre política criminal, sobre política de prevención las tiene que tomar el presidente, en conjunción con la Asamblea Legislativa, y no los comisionados. Si no, habría que pedirle que mejor renuncie. Simplemente no tiene el derecho de delegar la toma de decisiones.
Volvemos a lo mismo: El asunto no es quién toma las decisiones, esto ya está definido por la Constitución, sino cómo las toma el presidente.

Un presidente que convoca mesas de diálogo o comisiones de honorables, sólo para escucharlas –sólo para tomarse fotos con ellas y poder decir que las ha escuchado-, pero que no para realmente usarlas con el fin de poder tomar decisiones a nombre del país, más allá de las convicciones y los intereses de su partido, está engañando al país. Además está quemando un cartucho muy valioso –tal vez el último- para poder resolver el problema, en nuestro caso actual, el problema de la seguridad ciudadana. Convocar una Comisión, escucharla, y seguir tomando decisiones que no reflejan el consenso expresado en esta comisión, se puede hacer una vez. ¿Y la próxima vez que hay una crisis, a quién va a convocar? ¿Y la próxima vez que necesita hacer un viraje, quién le va a hacer caso asumiendo el papel de comisionado, más bien –en este caso- el papelón de idiota útil?

Porque precisamente de eso se trata: ¿Cómo producir un viraje, cuando una de tus políticas principales ha conducido a un callejón sin salida? ¿Cómo producir y proyectar este viraje, sin perder la cara? ¿Cómo incluso convertir el fracaso de una política de una debilidad en ganancia política, creando una base mucho más amplia y sólida para la política nueva?

Para esto sirven las comisiones de honorables (o mesas de diálogo, o concertaciones nacionales, o cual sea la modalidad que se adopte, dependiendo del problema a resolver y la situación entre las fuerzas políticas y entre clase política y sociedad). Sirven para producir un viraje cuando una política ha fracasado. Sirven para ampliar la base del consenso que sostiene la solución política al problema a resolver. Sirven para repartir la responsabilidad. Sirven para construir políticas de nación.

Obviamente hay dos condiciones para que esto funcione. Primero, hay que tener la voluntad política de hacer el viraje, o sea la voluntad seria de adoptar una política sustancialmente diferente a la propia. Segundo, hay que saber cómo hacerlo.

Si no existe la voluntad política, si se quiere usar el mecanismo de una comisión y del diálogo sólo para ganar tiempo y para continuar haciendo lo mismo; si se quiere instrumentalizar la buena voluntad de los comisionados para maquillar con seudo legitimidad a una política ya deslegitimada, el viraje no se va a dar o se va a reducir a cambios cosméticos sin cambio de rumbo.

Y si hay voluntad, pero no hay capacidad de gobernar con un esquema diferente de construcción de políticas, tampoco se logra el viraje. Para obtener la ganancia de que una comisión de honorables (o una mesa de diálogo…) ayude a un gobernante a redefinir una política de nación y le permita salir de una crisis sin perder la cara (sino al contrario perfilarse como estadista que trasciende el liderazgo sectorial de su partido y de su campo ideológico), hay que saber hacer concesiones. Hay que saber imponerse frente a sus propios colaboradores, su propio partido, su propia base electoral. Hay que saber apoyarse en otros sectores del espectro político para superar la oposición desde las propias filas. Hay que saber distinguir entre ganancias a corto plazo y para su propio partido, por una parte, y ganancia a largo plazo y para el país, por otra.
Por ejemplo, un presidente que realmente busca el viraje, se compromete con la comisión que convoca a abstenerse estrictamente del uso publicitario de la concertación y de sus frutos. Con esto, mostraría que está dispuesto a perder puntos a corto plazo y para su propia imagen, en función de hacer ganar al país.

Otro ejemplo: Un presidente que sinceramente busca el viraje, remueve a las personas muy identificadas con la política que hay que redefinir, como muestra de disposición de remover obstáculos. Los remueve, por muy cercanos han estado de él. El presidente no les debe a sus ministros ninguna lealtad encima de la lealtad al interés del país.

La sustitución de Donald Rumsfeld como ministro de defensa y principal arquitecto de la política fracasada hacia Iraq, y el nombramiento como jefe del Pentágono de un reconocido crítico de la manera cómo Bush y Rumsfeld han dirigido la guerra en Iraq, ha sido interpretada como una muestra que el presidente Goerge W. Bush –por lo menos después de la amarga derrota electoral en noviembre- quiere buscar un viraje en Iraq.

Aquí, el presidente Saca –en una situación comparable- manda un mensaje totalmente diferente: Frente al obvio fracaso de la política de mano dura de su correligionario Francisco Flores y de la política de súper mano dura de su propia administración, no sólo no remueve al ministro responsable de esta política, René Figueroa, sino le da blindaje político, encargándole el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, es un mensaje totalmente diferente.

Tanto Bush como Saca enfrentan la situación que una de sus principales políticas fracasó. Bush está perdiendo la guerra en Iraq, y Saca está perdiendo la guerra contra la delincuencia. Los dos –con todas las enormes diferencias de los casos- enfrentan comisiones pluralistas, de mucho peso y de enorme credibilidad que de una manera no partidista analizan los respectivos fracasos y se encargan a proponer a sus presidentes estrategias nuevas basadas en consensos nacionales, y de esta manera abrir la posibilidad de resolver lo que los presidentes solos, sin apoyos amplios, pueden resolver.

En los dos casos –por muy diferentes que sean- hay una coincidencia interesante: Hay políticas que han fracasado y que requieren de un viraje y de consensos amplios. Hay comisiones de mucho peso que ofrecen a los respectivos presidentes la oportunidad de producir estos virajes conjuntamente. Tanto los integrantes de la “Comisión Baker” en Washington como los integrantes de la “Comisión de Seguridad Ciudadana y Paz Social” tienen una cosa en común: Han puesto el interés de la nación encima del interés sectorial o partidario de cada uno. Son realmente plurales y responsables (combinación que no es tan común). No buscan la derrota del gobierno, sino un viraje constructivo que goce del apoyo amplio de la nación – y por lo tanto, abre la posibilidad de resolver la crisis.

A esta altura hay pocos indicios que Bush tiene la capacidad y la voluntad de hacer uso de esta oportunidad histórica de corregir los errores y hacer que Estados Unidos pueda salir de Iraq sin humillación. La Comisión Baker recomienda claramente a pensar en el retiro de Iraq, por lo menos del papel que Estados Unidos ha asumido de sustituir al mismo tiempo policía, ejército y gobierno en este país. Bush, después de un corto lapso de forcejeo en su propio partido (y sobre todo con el más importante aspirante a la candidatura republicana, John McCain), hoy adopta una posición de rechazo a casi todas las recomendaciones de la comisión bipartidista. A esta altura parece que la sabiduría política de Bush sólo le alcanzó para usar la Comisión Baker para deshacerse de su Ministro de Defensa, no para producir el viraje que la gran mayoría de norteamericanos estaba esperando.

Y aquí, ¿hasta dónde llega la sabiduría de los gobernantes? El hecho que esta sabiduría no haya conducido a la salida olímpica de Figueroa (dividir el súper ministerio y dejar a Figueroa al cargo de Gobernación), ofreciendo a la Comisión de Seguridad una muestra de buena voluntad en forma de un nuevo ministro de seguridad no comprometido con las políticas fracasadas, todavía no lo quisiera tomar como prueba que no hay voluntad al viraje.

Me imagino que -igual que su colega Bush- Saca no puede moverse sin tomar en cuenta el problema de la sucesión en su propio partido. Esto, tanto en Washington como en San Salvador, ya es una grave hipoteca sobre la capacidad de generar una política nueva que trascienda intereses partidarios.

Sin embargo, aquí todavía está por verse hasta que punto el presidente Saca tenga la capacidad de usar la Comisión –y la alta credibilidad de la cual sus integrantes están gozando en la opinión pública- para producir un viraje; para superar las resistencias en su propio partido.

Tal vez tenga razón Saca de preferir que en esta batalla contra la inercia y los intereses creados en su propio partido, esté Figueroa a la par de él. Tal vez los dos juntos tienen la capacidad de superar las resistencias, juntar voluntades, y aprovechar la histórica oportunidad de construir –mano a mano con la comisión- una política de seguridad pública, expresión de una voluntad nacional de ganar esta batalla decisiva.

(Publicado en El Faro)

lunes, 4 de diciembre de 2006

Un fantasma recorre El Salvador

Acaba de terminar el Encuentro Nacional de la Empresa Privada de El Salvador. La parte política del documento que ANEP (la Asociación Nacional de la Empresa Privada) presentó a la nación en esta ocasión se lee como el manifiesto de lanzamiento de un Partido de la Reforma de El Salvador, surgido para liberar al país del secuestro y de la parálisis en que lo mantienen los partidos políticos. Desafortunadamente, este partido nuevo no existe. Nadie lo está lanzando.
Sin embargo, existe el manifiesto. El documento presentado por la cúpula empresarial coloca en la agenda nacional todas las reformas políticas, electorales, institucionales que los partidos dominantes del país, ARENA y FMLN, han logrado boicotear durante años para cimentar el status quo tan favorable para ellos.

Los empresarios exigen: representación proporcional en los concejos municipales; candidaturas independientes de los partidos a las alcaldías; una ley de partidos que facilite el escrutinio de los fondos de campaña; listas abiertas para elección de diputados; sustitución del Tribunal Suprema Electoral partidocrático por un Instituto Electoral sin influencia de los partidos; el voto en el exterior; la introducción del referéndum para reformas trascendentales; la decentralización de la administración pública; la sustitución de la Corte de Cuentas por una Controlaría…

Un partido -incluso uno nuevo- que se presente al país con este programa de reformas y que además cuente con el apoyo organizativo y financiero de la empresa privada, ganaría las próximas elecciones. Sin ninguna duda. Gente de derecha e izquierda votaría por una cruzada de reforma institucional de este tipo, siempre cuando esté encabezada por gente que disponga de credibilidad, decisión y disposición a romper tabúes. Esta rara especie de personas con visión y huevos.

Este programa de reforma política de los empresarios -combinado con su propuesta de corregir el sistema de libre mercado con mecanismos de planificación, solidaridad, inversión en educación, equidad y responsabilidad ecológica- no se distingue mucho de la plataforma de un partido socialdemócrata europeo. Podría ser, por lo menos, la base para una concertación exitosa y funcional entre un empresariado con esta visión y una izquierda moderna de corte socialdemócrata.

Es sumamente positivo que la cúpula empresarial de este país, luego de 20 años de apoyo incondicional a ARENA, haya llegado a formular de esta manera tan clara su visión del futuro del país. Hacía falta que la gremial empresarial recupere su independencia y su capacidad de acción política.

Lo que no puede hacer el poder fáctico es presentar un programa tan audaz y progresista - y después quedarse de observadores y permitir que cada una de estas reformas se estanque en el sistema partidario. ARENA mata una, el FMLN deja morir la otra. La empresa privada tiene el poder para insistir que estas reformas se hagan, de manera responsable y sin echar agua al vino. Si realmente están convencidos que estas reformas son necesarias para hacer avanzar al país, tienen el poder de hacerlas. O de hacer que las hagan.

Como usa su poder y su visión el empresariado salvadoreño, habrá que observar. Pueden usar su enorme influencia histórica sobre ARENA para construir una fórmula presidencial arenera comprometida con estas reformas. Aunque sea en contra del aparato partidario, pueden exigir al partido abrir el proceso de selección de candidatos y de definición de la plataforma. Pueden simplemente no aceptar que las únicas dos opciones areneras sean las que ahora se están disputando el poder para el período 2009-2015: el grupo de Toni Saca y René Figueroa y el grupo de los “históricos”. Pueden presentar un candidato comprometido con el programa de reformas de ENADE 2006 y exigir que lo tomen en cuenta.

O pueden dejar de apoyar y financiar a ARENA. Pueden construir, junto con otras corrientes comprometidas con la rigurosa reforma institucional, una nueva fuerza reformista capaz de vencer tanto al FMLN como a ARENA. Una fuerza que cuente con el apoyo financiero de la empresa privada, con la fuerza intelectual combinada de los sectores razonables de derecha e izquierda, con el apoyo de la comunidad internacional y con la mayoría de votantes que dieron su voto a ARENA o al FMLN porque dentro del sistema de la polarización bipartidista no vieron otra opción.

Un fantasma recorre El Salvador: el fantasma reformista de un empresariado que no acepta más las limitaciones que la clase política impone al desarrollo democrático y productivo del país. El poder fáctico ha hablado. A ver quien agarra la bandera y corre con ella.
(Publicado en El Faro)