El jueves en la noche una exposición colectiva de 7 artistas
salvadoreños tuvo que montarse en la calle, porque Casa Presidencial
había ordenado cerrar las puertas de la Sala Nacional “Salarrué” para
que nadie viera esta muestra pictórica. Todos pensábamos que en El
Salvador ya estaba superada la censura como instrumento del poder
político de disciplinar el arte. Pensábamos mal…
Por suerte, los artistas ya no aceptan la
censura. Inmediatamente montaron sus obras en la acera encima de la
Sala Nacional, a la orilla del Parque Cuscatlán, convocaron a la
comunidad artística y los medios, y convirtieron la exhibición en una
protesta contundente contra la censura gubernamental.
Resulta
que en El Salvador la Secretaría de Cultura no es del Estado, como debe
ser, es de la Presidencia de la República. Pero Casa Presidencial puede
ser muy dueña de la Secretaría (y a través de ella de la Sala Nacional,
del Teatro Nacional, de la Biblioteca Nacional, de la Compañía Nacional
de Danza, del CENAR, de las Casa de Cultura…), pero no son dueños ni
amos de los artistas.
¿Qué hay detrás de esta censura? ¿Qué tiene esta exposición que Casa Presidencial no pudo tolerar?
La introducción al catålogo, firmada por la Secreretaria de Cultura
“La Ultima Cena” es un proyecto colectivo
que surgió hace dos años. La primera vez escuché de esta idea por boca
de los dos hombres que la impulsaron: el pintor Antonio Bonilla y el
coleccionista Gerardo Martínez. Llegaron a La Ventana y me expusieron,
con mucho entusiasmo, la idea: “La última cena marera”. En el catálogo
de la exposición (con introducción de la actual Secretaria de Cultura de
la Presidencia Silvia Elena Regalado), Gerardo resume su idea así: “Dios
ha escogido lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios; y El ha
escogido lo débil del mundo, para avergonzar a lo que es fuerte; y lo
vil y despreciado del mundo ha escogido… y en este momento esto se
resume en nuestro país en una palabra: pandillas. Así que, tenemos
asociaciones ilícitas, a los monstruos y demonios que avergüenzan
nuestra sociedad, pero que necesitan del rescate, y a la vez a nuestro
El Salvador, plasmados en un lienzo.”
Gerardo Martínez expuso esta idea a los
artistas, y les ofreció financiarles a cada uno su obra. Y varios de los
mejores aceptaron el reto con entusiasmo y se apuntaron: César
Menéndez, Mayra Barraza, Antonio Bonilla, Mauricio Mejía, Juan Carlos
Lazos Tablas, Hernán Reyes y Salvador de la Mancha.
El recibo-contrato de César Menéndez
Cuando ya los cuadros, todos de gran
formato, estaban listos, propusieron el proyecto a la Secretaría de
Cultura. Mayra Barraza, directora de la Sala Nacional y artista
participante; Augusto Crespín, pintor y Director Nacional de Artes; y
Silvia Elena Regalado, escritora y Secretaria de Cultura, abrazaron la
idea – y se comenzó a organizar la exhibición.
Pero los artistas (tanto los autores de
la muestra, como los que dirigen la Secretaría) no tomaron en cuenta que
en el transcurso del año que se trabajó la idea, el país ha cambiado.
Cuando comenzaron a pintar las obras de “La última cena”, el gobierno
hablaba del “gran diálogo nacional” para combatir la violencia. Cuando
la muestra estaba lista, el gobierno habló de “la gran guerra contra las
pandillas”, comenzó a diabolizar cualquier diálogo con los sectores
fuera de la ley. Y cuando se trató de inaugurar la muestra, el país
discutía masacres, batallones de limpieza, despliegue militar, defensas
civiles con o sin armas, ejecuciones extrajurídicas…
En una situación donde pasan leyes que
quieren penalizar que alguien se siente en una mesa para hablar con
pandilleros, ¿cómo Casa Presidencial iba a permitir que su Secretaría de Cultura iba a exponer en su Sala Nacional unos cuadros, donde Jesús celebra la última cena con mareros tatuados? El arte es libre, pero no para tanto…
Primero uno de los artistas, que además
tiene un cargo en la Secretaría, quiso retirar su obra. Pero Gerardo
Martínez había pagado por estas obras, y además cada artista pintó su
cuadro libremente, sin interferencia ninguna en su creación y contenido.
Aceptaron la idea central – ya cada uno plasmó en el lienzo su propia
visión. Por tanto, el coleccionista y promotor de la exposición insistió
que todos los cuadros se exhibieran. Pero, un día antes de la
inauguración vino la orden de censura – directamente de Casa
Presidencial.
La expo va al exilio: a la calle. Foto: El Faro
El poder político no aguanta que nadie,
ni los artistas, se salgan del guión oficial que ahora se llama: guerra.
Pero por suerte, pueden controlar a la Secretaría de Cultura y sus
Sala, pero no al arte ni a los artistas. La exposición se hizo. No en la
Sala, pero en la calle. Le gente vino, la solidaridad funciona.
Toca a ustedes, los artistas, defenderse
de la censura, de la imposición, de la intolerancia. Toca a nosotros,
los escritores y periodistas, entender que la censura comienza contra el
arte – pero si no la paramos, continuará contra los medios, el
periodismo, la literatura.
Pueden haber muchos que no les gusten los
cuadros de Antonio Bonilla, César Menéndez y Cía. No se trata de esto.
Se trata de la libertad. No puede ser el gobierno es quien decida qué es
bueno o malo en el arte.
Ánimo y aplauso para los artistas de la muestra “La última cena”. Saludos,
Mayra Barraza: La última Cena: “Duchamp” en El Salvador
Antonio Bonilla: “La última Cena: La Incertidumbre de la Espera”
César Menéndez: “La última Cena de la Reconciliación”
Estimados ciudadanos: Antes de votar por la confiscación de los ahorros de
pensiones de los salvadoreños, lean con atención el artículo 106 de nuestra Constitución:
“Se prohíbe la
confiscación ya sea como pena o en cualquier otro concepto. Las autoridades que
contravengan este precepto responderán en todo tiempo con sus personas y bienes
del daño inferido. Los bienes confiscados son imprescriptibles.”
.
¿Se acuerdan como termina su protesta cuando
asumieron su cargo?: “…que Dios y la Patria os lo demanden.”
Bueno, Dios no sé que hará cuando
aprueban una confiscación inconstitucional, pero miles de ciudadanos tomaremos
esto de forma muy literal y les demandaremos ante la justicia.
Ya tenemos emergencia declarada de
seguridad, carcelaria y de agua. What’s next? ¿Qué es lo siguiente? ¿Emergencia
de inundaciones, porque en los suburbios el suelo ya no puede absorber las
aguas lluvias? ¿Emergencia de educación y de salud, porque no les pagan sus escalafones
y bonos a profesores, médicos y enfermeras? ¿Emergencia de huelga de policías? ¿Emergencia
de Zika? ¿Emergencia de falta de medicamentos (en el Rosales ya se da, aunque
el gobierno no lo declara)? ¿Emergencia de tráfico en el área metropolitana?
¿Emergencia del café? ¿Emergencia de pensiones? ¿Emergencia de altos costos de
la energía que no permite crecimiento económico? ¿Emergencia aeroportuaria?
En un país vulnerable siempre habrá
emergencias. Porque siempre hay problemas impredecibles, como destares
naturales. Pero la mayoría de las emergencias que enfrentamos -y que el
gobierno no sabe atender- surgen de problemas previsibles y prevenibles. Nadie
critica al gobierno cuando se ve obligado a declarar estado de emergencia para
atender un terremoto o tormentas. Por lo contrario: Todos nos sumamos al
esfuerzo de superar este tipo de crisis.
Pero la emergencia carcelaria, aunque fue
declarada hasta ahora, tiene décadas de existir. Muchos han advertido que se
volverá insostenible. Un país no puede tener una política de seguridad que
principalmente descansa en arrestar diariamente a docenas de personas sin
invertir en nuevas cárceles. Por esto tenemos un sistema carcelario apto para
10 mil internos, pero metimos a más de 30 mil y nos sobran unos 4 mil que están
en bartolinas de la policía - y a ellos el Estado ni siquiera puede garantizar
la comida diaria y un lugar para dormir acostado. Ni hablar de asistencia de
salud o de justicia pronta.
La emergencia del agua no es debida a un desastre
natural que nos agarró de sorpresa. Es la suma de todas las negligencias y
corrupciones de décadas.
La emergencia de medicamentos para
administrar quimioterapia a los pacientes con leucemia no es resultado de que
de repente nos hayan salido más pacientes, sino refleja la incapacidad del
Ministerio de Salud de no programar algo perfectamente calculable. Saben cuántos
pacientes hay, saben qué medicamentos necesitan a qué frecuencia – y no logran
administrarlos…
La emergencia del café sí tiene que ver
con una causa natural, la plaga de la roya, pero tampoco era imprevisible.
Otros países han renovado a tiempo sus cultivos de café logrando un parque
menos vulnerable a la roya. En El Salvador no hemos tenido políticas para
asegurar la sostenibilidad de las fincas de café – y el precio de esta
negligencia no solo pagarán los caficultores y sus trabajadores, sino todo el
país con el impacto ecológico de la crisis del café.
La crisis de las pensiones, con la
medicina que quiere administrar el gobierno, se convertirá en emergencia, con
toda seguridad. Si regresamos al sistema de reparto, donde el Estado tiene que
asumir la totalidad de las pensiones, programamos una emergencia que tendrían
que atender los siguientes gobiernos. Y será no sólo una crisis de pensiones,
sino una profunda crisis fiscal del Estado.
La crisis de energía es previsible para
los próximos años, porque ya tenemos el tercer gobierno que no ha invertido en
fuentes de energía sostenibles. No se ha terminado ninguna presa hidroeléctrica,
y los dos proyectos diseñados (Chaparral y la ampliación de la 5 de noviembre)
son tan infestados de mala planificación y de corrupción que al final tendrán
costos que en vez de bajar el precio de la energía lo dispararán. Al mismo
tiempo hemos sacado del país al socio internacional que tenía la capacidad de
ampliar nuestra capacidad de generación geotérmica…
Nuestro aeropuerto internacional, hace 30
años el más moderno de Centroamérica, ahora ya es obsoleto y al punto de perder
las clasificaciones internacionales de seguridad.
Estimado lic. Douglas Meléndez: Leo en La Prensa Gráfica la siguiente frase, basada en
declaraciones suyas: “La comisión legislativa de seguridad discutirá, en
los próximos días, una propuesta de reforma penal para establecer penas
de prisión para quienes hagan tratos, o lleguen a acuerdos, con
pandilleros para conseguir beneficios, según dijo ayer el fiscal general
de la República, Douglas Meléndez.”
No sé si usted se expresó de esta manera poco precisa (lo que en
asuntos legales siempre es un problema peligrosos), o si el periodista
no le captó bien la idea. Por ello, le voy a hacer un par de preguntas
que usted debería aclarar antes de llevar esta iniciativa al seno de la
Asamblea.
Dice: “Para conseguir beneficios…” ¿Beneficios de quién, señor
fiscal? Si está hablando de beneficios de las pandillas, la iniciativa
suya tendrá sentido. Por supuesto hay que castigar a quienes negocian
con ellos armas, drogas, lavado de dinero, aunque no estoy seguro si
para esto necesitamos nuevas leyes. Asumo que esto está cubierto en el
código penal.
¿O
estamos hablando de beneficios propios, es decir propios de los que
negocian con pandillas? Bueno, tengan cuidado, porque lamentablemente
todos los días empresas y ciudadanos se ven obligados a negociar con
pandilleros sobre el monto y las modalidades de la renta que les
imponen. La empresa que llega a un acuerdo sobre la renta, genera un
beneficio propios: puede seguir distribuyendo sus productos en los
barrios. Ya también genera un beneficio para la pandilla que reciben la
renta. ¿Realmente queremos penalizar estas negociaciones? Hace poco un
vocero del gobierno ya hizo declaraciones en esta dirección…
¿Y cómo encajan en esta iniciativa de ley las negociaciones que
generan un beneficio para terceros, digamos para los habitantes de un
territorio o para cierto sector del comercio? ¿Un alcalde que habla con
las pandillas de su municipio para conseguir que los comedores y otros
negocios de una zona de turismo popular sea segura y libre de extorsión,
será perseguido bajo esta nueva legislación, aunque el beneficio es
para cientos de familias y el público en general? ¿Un profesor de una
escuela rural o un pastor que logra convencer a los pandilleros que
dejen en paz a la escuela, con todo y alumnos y maestros, ustedes lo
quieren convertir en delincuente? ¿O quieren que dejen de ofrecer sus
buenos oficios, por miedo de persecución penal?
¿El que asume la difícil y a veces peligrosa misión de mediar entre
pandilleros de diferentes clicas para que dejen de masacrarse entre
ellos, afectando a la vez a todos que viven en los respectivos
territorios – lo quiere criminalizar? ¿Quieren que ya nadie se atreva a
ejercer el coraje civil para meterse donde todos están paralizados por
miedo, unos de los pandilleros, otros de las autoridades que podrían
interpretar su intervención como asociación ilícita?
En otra parte de sus declaraciones, usted lamenta que la ley actual
no le permite acusar a los mediadores de la tregua del 2012-2013. Quizás
sería buena que usted se tomara un par de horas para hablar con quienes
hemos estado en este esfuerzo de reducir los homicidios (con mucho
éxito) y las extorsiones (con menos éxito). Si tiene voluntad de
escuchar, se dará cuenta que “la mediación” fue la suma de miles de
intervenciones de cientos de personas que trataron de cortar las cadenas
de venganza, de aliviar la situación de comunidades enteras, de
quitarle las amenazas a muchos empresarios, escuelas, familias…
Releyendo la sentencia de la Sala de agosto 2015, la famosa sobre el terrorismo, me encuentro con esta frase:
“No resulta admisible desde las bases del Estado Constitucional de
Derecho, el uso de mecanismos para-jurídicos que impliquen negociaciones
con el crimen en general, y menos con el crimen organizado, bajo las
condiciones de reducir los índices delincuenciales a cambio de beneficios que no encajan en el marco normativo penitenciario que informa la finalidad de la pena art. 27 Cn.; o a cambio de dejar sin efecto la vigencia y aplicación de la legislación penal.”
De esta jurisprudencia saco dos conclusiones: 1) De esto pueden
derivarse implicaciones penales para aquellos funcionarios del Estado y
del sistema judicial que tienen la facultad de otorgar este tipo de
beneficios penitenciarios y o de suspender la aplicación de la
legislación penal. Los ciudadanos no tenemos esta facultad y por tanto
no podemos caer en esta ilegalidad. 2) Se habla claramente de
“beneficios” fuera del marco de la ley. Beneficios que están dentro de
la ley no constituyen ilegalidades, y por tanto pueden ser sujeto a
diálogo e incluso negociación. Por ejemplo: acceso a programas de
reinserción escolar o laboral.
Espero que usted, como garante del estado de Derecho, tome en cuenta
todas estas consideraciones, antes de que los políticos, en su afán de
mostrar mano dura, aprueban una ley especial insostenible para echar
preso a Raúl Mijango.
Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, MARTES 19 ABRIL 2016
Estimado Oscar:
Tu problema no es que en el 2010 hayas formado una Sociedad Anónima junto con el señor Adán Salazar. El hombre está en el pleno goce de sus derechos civiles – y el hecho que el gobierno de Estados Unidos, con firma del propio presidente Obama, le haya declarado capo de drogas, es resultado de un proceso tan poco transparente que no puede tener relevancia legal en nuestro país. En nuestro país no confiamos mucho en condenas por decreto, sin el mínimo derecho a defensa.
Mientras que el señor Adán Salazar no está siendo condenado por nada, sería absurdo tratarlo como delincuente– y sería aun más absurdo hacer precondenas por asociación a todos sus familiares, amigos y socios comerciales.
Tampoco veo mayor problema en los escasos negocios que esta sociedad haya hecho con terrenos en una isla remota sin importancia económica. Me imagino que podés justificar estas inversiones…
Problemático sí es que vos, siendo vicepresidente de la República, de repente decís que “pasando ibas” - y que casi no conocés a este señor. Por más ridículo que me parece que comienzan a sacarte fotos con Adán en un partido de fútbol, te van a fregar con estas pendejadas simplemente porque mentiste. Y sin ninguna necesidad: Si es legal tener negocios con este señor, ¿cómo va a ser un pecado estar a la par de él viendo un partido de fútbol entre Metapán y Santa Tecla?
El problema es que quien miente sin necesidad, se enreda. Y despierta sospechas.
Pero bueno, lo que quiero decirte es: El hecho que tengás amistad y negocios con personeros como Adán Salazar y Rogelio Cervantes, que tienen negocios poco transparentes y muchos enemigos, lo hubieras podido asumir sin titubeos, sin rodeos, sin evasiones, y sin mentiras. De todos modos, Oscar, no es por esta piedra que estás cayendo en el camino a la candidatura presidencial.
Perdiste esta posibilidad (que de todos modos era algo remota) cuando dejaste de jugar un rol de contrapeso en el partido y en el gobierno. Nadie obliga a un vicepresidente a asumir el costo de todas las políticas erróneas y fracasadas del presidente. Si tienes dudas, preguntále a Ana Vilma, ella te lo puede explicar. Fue vice de Tony Saca y no se hundió con él. Hoy tiene más posibilidades de llegar a Casa Presidencial que vos.
Cometiste el error (y este sí es un pecado político fatal) de poner la cara para la política de seguridad del gobierno, precisamente cuando se hizo evidente su fracaso. No es que te hayan dado el poder de corregir esta política que nos lleva a una guerra que nadie puede ganar. No, te dieron un papelón: dar la cara por esta política ninguna posibilidad de corregirla. Los verdaderos responsables del fracaso -el presidente, su súper-secretario Hato Hasbún, y su mano oculta Manuel Melgar- apelaron a tu ego y tu ambición, sabiendo que no ibas a resistir: Al fin sos comandante, por lo menos en televisión.
¡Cómo has cambiado tu discurso, Oscar! Hace tres años todavía firmaste un pacto local de paz con los pandilleros de la MS en Santa Tecla; los convocaste a la plaza pública; explicaste al secretario general de la OEA Miguel Insulza y otros alcaldes que este era el camino correcto para construir la paz en El Salvador. ¿Te acordás, verdad? Y hoy manejás el discurso más duro, más guerrerista, más intransigente de todos: “Vamos a profundizar la confrontación, vamos a seguir pagando la cuota de sangre el tiempo que sea necesario. ¡Hasta la muerte o la victoria!”
Mientras tanto, tus compañeros, sobre todo los que también aspiran a la candidatura, se esconden detrás de tu discurso, trabajan calladitos en las comunidades, y hasta negocian con pandillas. Los que quieren jugar a presidente no quieren mancharse de sangre.
Estimado señor Marco Fortín:
Luego de 7 años que usted preside ANDA, el gobierno tuvo que declarar
otro estado de emergencia, esta vez del agua. Ya sabemos que usted no va
a renunciar voluntariamente de este cargo que le da tanto poder de
vivir su prepotencia y otras tentaciones… Su chero Mauricio Funes lo
puso “donde hay”, y por razones que nadie entiende, el profesor Sánchez
Cerén lo mantuvo, a pesar de las permanentes quejas, denuncias,
protestas.
Lo más lógico hubiera sido que al declarar emergencia de agua le
hubieran despedido. Pero parece que el FMLN prefiere mantener la crisis
permanente de ANDA para hacer presión que aprueban la Ley General de
Agua del FMLN, con todas sus medidas confiscatorias…
El gobierno prefiere ir por el “estado de emergencia”, porque le
permite contrataciones directas sin licitaciones y otros candados
presupuestarios.
Los
expertos serios sostienen que no es falta de agua lo que genera esta
crisis sino la mala administración y falta de mantenimientos. Luego de 7
años de dirigir ANDA ya no pueden echar la culpa a los 20 años de
ARENA, aunque todos sabemos que los gobiernos anteriores tampoco
administraron bien el recurso agua.
Usted nos cuenta que al bajar el nivel del agua en los pozos se le
quemaron 15 bombas. Si quiere, le conecto con el viejito que me está
dando mantenimiento a los sistemas de agua en mi negocio y en mi casa.
Le puede poner los flotadores y relés que apagan las bombas. Es veterano
de guerra y aprendió mecánica en los talleres guerrilleros en Chalate.
En El Diario de Hoy de viernes 15 publicamos la gráfica que demuestra
que el 38.16% del agua que ANDA produce se pierde por fugas (números de
2014).
En el 2009, cuando ustedes se hicieron cargo del gobierno y de ANDA,
la fuga era de 35.03%. ¿Qué ha hecho usted en 7 años, si solo redujo la
escandalosa fuga del sistema de agua en un miserable 3%?
Si quiere de veras atacar la crisis del agua, el gobierno debe impulsar un par de medidas lógicas:
-Contratar a un presidente de ANDA probo, competente e independiente que convierta la institución en una verdadera autónoma.
-Echar a todos los cuadros del FMLN que han metido a ANDA en los
últimos 7 años (entre otros, para vigilarle a usted), y sustituirlos por
profesionales competentes.
-Eliminar de la Ley General de Agua toda la carga ideológica y las
medidas confiscatorias y centralizadoras, para que al fin el país pueda
consensuar un marco legal moderno para la política del agua.
-Crear una Autoridad Autónoma Metropolitana de Agua, con
participación de ANDA y los gobiernos locales, con una Junta Directiva
compuesta por profesionales independientes y competentes.
-Tomar como base para las tarifas el costo real del agua, con un
sistema de subsidios que favorece a las familias que viven en pobreza, y
con tarifas de volumen para aquellas industrias que dependen del
suministro de agua a precios competitivos.
-Definir un plan de inversión, a lo mejor mediante Asocios Público
Privados, para 3 fines: modernizar todo el sistema de suministro de
agua, incluyendo las tuberías; construcción de plantas de reciclaje de
las aguas residuales y negras del área metropolitano; construcción de
reservorios de captación de aguas lluvias.
Pero para todo esto, señor Marco Fortín, usted sería obstáculo. Hay que removerlo.
Estimado Howard Cotto: ¿Se dieron cuenta cómo han cambiado las noticias diarias de
homicidios? Solo revisen los titulares y se darán cuenta que lo que se
registra son homicidios múltiples de supuestos miembros de pandillas, en
diferentes partes del país. Nada de policías asesinados. Nada de
soldados asesinados. Pocas notas de pandilleros matando a ciudadanos.
Titular de La Prensa Gráfica de lunes 11 de abril: “Diez pandilleros
mueren en tres homicidios múltiples. Los crímenes fueron cometidos ayer
en los municipios de San Juan Nonualco, Monte San Juan y en la playa El
Cuco.”
El
Diario de Hoy, domingo 10 abril: “Mueren seis pandilleros en dos
tiroteos.” Incluso, las comunicaciones del gobierno reflejan lo mismo:
“El Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, brindó
este lunes un consolidado de las acciones de seguridad realizadas
durante el periodo vacacional de Semana Santa, entre las que destacó 18
enfrentamientos armados que dejaron como resultado 20 pandilleros
muertos”. (Diario 1, 28 de marzo).
¿Qué está pasando, comisionado? Las pandillas han emitido dos
pronunciamientos, reiterando su decisión de unilateralmente suspender
acciones violentas. Parece que en buena parte lo están cumpliendo. La
estadística diaria de las muertes lo confirma.
Sin embargo, siguen muriendo pandilleros todos los días, siempre en
incidentes de homicidios múltiples, donde sabemos quiénes son los
muertos, pero nunca sabemos quiénes son los responsables de estas
muertes.
Los periódicos dedican páginas enteras a estos eventos, y comienzan a
surgir las interrogantes, no solamente en El Faro, sino igual en los
rotativos principales: ¿Hay operativos de “limpieza social”, y de
quiénes? ¿Hay comandos de exterminio, y de quiénes? ¿Qué ha investigado
la PNC al respecto? ¿O acaso no hay investigaciones?
San Blas, Zaragoza, San Hilario, Mercedes Umaña, Monte San Juan,
Playa Cuco… Una lista larga de lugares donde se cometieron masacres y
donde no conocemos los resultados de las investigaciones.
Vemos fotos de supuestos pandilleros muertos, luego de
“enfrentamientos con la Policía”, pero los muertos andan en calzoncillos
o descalzos. ¿Se enfrentaron así con la PNC, o fueron sorprendidos?
Aunque muchos ciudadanos, tal vez la mayoría, se muestran contentos
de las muertes de delincuentes, hay que hacer estas preguntas incómodas a
ustedes, comisionado. Y la PNC las tendrá que contestar, por el bien de
la misma institución.
La Prensa Gráfica, que no está bajo sospecha de defender a
pandilleros, ya asume que se trata de crímenes: “Los crímenes fueron
cometidos ayer en los municipios de San Juan Nonualco, Monte San Juan y
en la playa El Cuco”, escribe el 11 de abril, para luego detallar que
cuatro de ellos, en Monte San Juan, murieron “en un enfrentamiento con
agentes policiales.”
¿Será que los pandilleros sostienen el “cese al fuego” que según
ellos ordenaron a todos los miembros de las tres pandillas principales y
que lo que vemos reflejado en las masacres de las últimas dos semanas
son acciones de exterminio?
Todo lo que pido es que usted, como director general de la PNC,
explique en público lo que está pasando y lo que ustedes están
investigando.
Ojo, Howard: No estoy acusando a nadie. Estoy haciendo las preguntas
que pocos se atreven a hacer en esta coyuntura. Algo de información
relevante deben tener ustedes.
Muchos dirán que no importa, que son delincuentes y merecen la muerte
que ellos mismos siembran. Pero nosotros, los periodistas y los
policías, no podemos asumir esta posición.
Estimados colegas: Asumo que el consorcio internacional que administra la
explotación periodística de los “Panama papers” tuvo una razón para
invitar a El Faro para hacerse cargo de todos los datos relacionados con
personalidades, bancos, políticos o empresas salvadoreñas. Asumo además
que la razón de escoger a ustedes tiene que ver con la comprobada
capacidad investigativa e independiente de El Faro.
Me imagino que están conscientes que asumieron una gran
responsabilidad. Ustedes tienen el monopolio para analizar este
material, o sea de todos los datos de la firma panameña Mossak Fonseca,
sus clientes, la constitución de sociedades anónimas, las transferencias
de fondos, la comunicación entre abogados y sus clientes. Nadie más
tiene acceso. Exclusivamente del criterio de ustedes depende qué parte
de este material se hará público – cómo: completo o parcialmente. Está
en sus manos decidir quiénes de los clientes salvadoreños de la firma
panameña “hackeada” serán exhibidos y quiénes no.
Mejor hubiera sido, como se ha hecho en otros países, dar acceso al
banco de datos a varios medios, para tratar de evitar manejos
parcializados. Por ejemplo, el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que
originalmente recibió el banco de datos invitó a equipos de
investigación periodística de dos otros medios alemanes a compartir el
trabajo de análisis, selección y publicación.
Además, el Süddeutsche Zeitung SZ estableció una regla: “La
SZ no publicará todos los nombres que se encuentran en los Panama
papers. En el caso de muchas personas y empresas que se mencionan en los
datos, no existe ningún interés público justificado para exponerlos.
Este interés sólo existe, cuando hay indicios que se cometió un delito,
por ejemplo fraude fiscal. Un ejemplo ficticio: Si un banquero alemán
esconde sus propiedades en la isla de Mallorca en una sociedad anónima
que no está a su nombre, pero está pagando debidamente los impuestos
sobre este patrimonio, no tenemos ninguna razón para publicar su caso.”
Hasta la fecha ustedes publicaron dos casos de los ‘Panama papers’:
el de Mecafé, que involucra a Michi, la novia de Mauricio Funes, y a la
empresa SUBES, relacionada con el Sitramss; y el caso de la familia
Eserski y TCS.
El periódico alemán, el medio líder en las relevaciones sobre
compañías y cuentas offshore, aplicando sus criterios arriba citados,
con toda certeza hubiera publicado el primer caso, porque hay serias
dudas sobre los orígenes de los fondos.
En cambio, el caso TCS, así como está presentado por El Faro, no
arrojo indicios de posibles delitos. Yo no digo que no pueden existir,
pero ustedes no han logrado establecerlos.
Los monopolios nunca son buenos. Mucho menos en asuntos tan
delicados. Sería mucho mejor que ustedes dieran a otros medios
nacionales acceso a los datos de Panamá que recibieron. No es sano que
dependa exclusivamente de los criterios y filtros ideológicos de un solo
medio decidir cuáles son las informaciones relevantes y a cuál persona,
político o empresa exponer. Créanme, no es desconfianza específica con
ustedes. Siempre es mejor tener mecanismos de control sobre la manera
como se selecciona datos tan delicados.
Todos tenemos filtros ideológicos y prejuicios, y mucho los tienen
tan torcidos que quienes escribimos tenemos que tener cuidado con qué
provocamos. La reacción a los ‘Panama papers’ demuestra que aquí hay
muchos que piensan que cualquier persona que mantiene cuentas,
inversiones, o operaciones empresariales en Panamá es lavador de pisto o
evasor de impuestos
Obviamente, no es así. Cualquier figura legal (cuenta, sociedad,
convenios) puede servir para fines perfectamente lícitos o para fines
criminales. Tener cuaentas o sociedades en Panamá no es delito. Usarlas
para fondos ilícitos es otro cinco, y hay que establecerlo antes de
publicar secretos bancarios o de negocios. Como dijo SZ de Alemania:
debe existir un legítimo interés público para publicar información
obtenida, de manera ilegal, de los archivos de un bufete de abogados.
Espero que ustedes actúen con la máxima responsabilidad. La mejor manera de hacerlo sería compartir los datos
Estimado don Enrique:
Su editorial del día lunes 4 de abril
(“Cuídese, presidente Santos, de la narcogurrilla roja”) no puede
quedar sin respuesta, por el bien del periódico, en el cual tengo el
honor de poder escribir libremente mi opinión – periódico que su padre
fundó durante la dictadura del general Martínez para abrir espacio de
crítica; periódico que usted dirigió durante los años del conflicto
armado; y que ahora dirige su hijo Fabricio. Fue Fabricio quien me
invitó a mi y otros, que no correspondemos a la línea política
tradicional del Diario, a incorporarnos al staff de columnistas y al
Consejo Editorial.
Gracias
a la visión y el compromiso democrático de sus hijos, el Diario está
desarrollando una cultura de tolerancia y debate y un pluralismo tan
amplio que perfectamente cabe su voz como editorialista, como la voz de
Salvador Samayoa, firmante de los Acuerdos de Paz, y la mía sobre la
necesidad de abrir un nuevo diálogo de paz para resolver el problema de
las pandillas y la violencia.
Dentro de un pluralismo democrático las diferentes opiniones no
simplemente cohabitan, a veces chocan. Bueno, a mi chocó su editorial
del día lunes 4 de abril, donde vuelve a dejar claro que usted nunca
entendió ni mucho menos aceptó los Acuerdos de Paz como mecanismo, no
solo para terminar la guerra, sino para refundar la República, esta vez
con todo el espectro político-ideológico incluido.
Los Acuerdos de Paz de El Salvador obviamente tuvieron sus fallas, y
es necesario analizarlas y criticarlas. Pero usted los descarta del
todo, simplemente porque no le gusta que se haya negociado con los
guerrilleros, que usted sigue viendo como terroristas; porque no acepta
que los Acuerdos de Paz le abrieron a los guerrilleros la puerta a
participar como partido político; y porque mucho menos le gusta que 17
años después el FMLN ganó las elecciones y asumió el gobierno. Y
obviamente porque no le gusta como el FMLN gobierna.
Bueno, a mi tampoco me gusta como Funes gobernó y como Salvador
Sánchez Cerén gobierna. Pero el FMLN gobierna, no porque los Acuerdos de
Paz hayan puesto en peligro el Estado de Derecho, la independencia de
los poderes, las libertades ciudadanas.
El FMLN no llegó al poder subvirtiendo el orden republicano, sino por
votación popular – o sea porque una mayoría de la ciudadanía dejó de
confiar en ARENA.
El FMLN llegó al poder y saldrá del poder, si el soberano así lo
decida en el 2019, precisamente porque los Acuerdos de Paz consolidaron
la democracia y establecieron el pluralismo político.
Usted dice que “la guerrilla continuó secuestrando a empresarios
después de la firma en Chapultepec”. Correcto. Y así la derecha. Por
cierto, en ambos bandos las violaciones a los Acuerdos de Paz fueron
aislados y ambos los superaron rápido. Nadie dice que el proceso de paz
fue perfecto y no tuvo contratiempos.
Toda la crítica que usted hace a la manera como el FMLN gobierna es
legítima, pero no es argumento contra los Acuerdos de Paz y su principal
y esencial logro: la inclusión de la insurgencia izquierdista en el
sistema político y el Estado de Derecho. Su argumento estrella: El FMLN
está abusando del gobierno, llenando al Estado con activistas de
izquierda. Es un argumento válido para criticar al FMLN, pero no para
cuestionar la legitimidad de su inclusión al sistema democrático. No se
olvide que esto ha sido práctica también del PCN, del PDC y de ARENA,
cuando les ha tocado gobernar. Acuérdese de los miles de activistas de
ARENA que el gobierno de Paco Flores tuvo que sacar del reino de Mario
Acosta en el Ministerio del Interior. Estamos hablando de un problema de
nuestra democracia que quedó sin resolverse. Pero no es culpa de los
Acuerdos de Paz, sino del funcionamiento deficiente que todas las
fuerzas políticas, de izquierda como de derecha, han dado a la joven
democracia y su Estado.
Los Acuerdos de Paz del 1992, aunque usted no lo quiere reconocer,
hicieron básicamente dos cosas, y las hicieron bien: Obligaron a la
izquierda a dejar las armas, permitiéndole hacer política. Y obligaron a
la Fuerza Armada y la policía a dejar la política, dejándole el
monopolio de las armas.
El presidente Santos puede aprender mucho de El Salvador. Y si hace
bien su misión histórica de construir la paz, nosotros podremos aprender
mucho de Colombia para resolver el problema de la violencia y la
reinserción de los cientos de miles de salvadoreños que viven al margen
de la ley y de la economía.
Amigos: Les
hago una recomendación: Vuelvan a sacar los famosos spots de TV, donde
Norman casi andaba llorando cuando dijo: “Un país libre de maras no es
en sueño, es tu derecho. Yo sé lo que hay que hacer – y tú también.
Todos sabemos. La obligación más urgente del próximo presidente es
hacerlo. Soy el único -el único- de cara al pueblo y mirándote a los
ojos, que asume el compromiso.” Vuelvan a hacer esta campaña, cambiando
lo del próximo presidente, pero dejando claro que son ustedes los dueños
de la mano dura, y los del FMLN los copiones…
Bueno, que cosa más
irónica. Este spot, cuyo contenido y esencia ustedes vuelven a abrazar
al votar por las medidas especiales del gobierno para profundizar la
guerra, le hizo a Norman Quijano perder las elecciones. Y al darse
cuenta que este mensaje era perdedor, lo cambiaron para la segunda
vuelta y comenzaron a hablar de soluciones integrales, de prevención, de
reinserción… y casi ganaron.
Pero
hoy viene el colmo de lo irónico que es el bipartidismo: El candidato
que ganó, Sánchez Cerén del FMLN, pone en práctica el spot que hizo
perder a Norman. Y ahora, que Sánchez Cerén los arrincona con su
propuesta de estado de emergencia, los agarro con la manos vacías, por
no decir con los pantalones abajo: En febrero del 2014 cambiaron de
discurso (y casi ganan la segunda vuelta), pero no elaboraron una
estrategia alternativa a la guerra frontal que practica el gobierno del
FMLN. Año y medio después, y todos los días viendo el fracaso aparatoso
de la política de Seguridad del FMLN, ARENA no dispone de una
alternativa. Tiene que ir al baúl del recuerdo…
En esta situación,
cuando el gobierno hace su propuesta de profundizar la guerra y para
conseguir los préstamos necesarios para mantener a flote no solo esta
guerra sino su gobierno entero, ustedes no pueden simplemente decir NO.
Entonces, aunque saben que esta política del FMLN va a seguir fracasando
y que vamos a seguir pagando esta altísima cuota de sangre por varios
años más, ustedes deciden abandonar la oposición y sumarse a la Unidad
Nacional contra la Delincuencia - ¡bajo el liderazgo del profesor
Salvador Sánchez Cerén!
Lo que hicieron el viernes, significa nada
menos que la suspensión de la oposición. Ustedes abandonaron el rol de
oposición. Una vez que se unieron al plan de Seguridad, van a tener que
aprobar los fondos necesarios para que funcione. Van a tener que aceptar
que el gobierno abuse de la libertad de contrataciones libres y de
poder actuar en los penales sin supervisión de los jueces de Vigilancia…
No
estoy diciendo que una oposición no puede concertar y apoyar al
gobierno cuando hay políticas concertadas. Claro que sí. Por supuesto.
Pero ARENA no concertó. El rumbo y las líneas principales de la política
de Seguridad del FMLN, aunque fracasados, no se modificaron, se
complementaron. Ustedes se dejaron chantajear, y como nadie en ARENA ha
desarrollado una política alternativa a la política guerrerista del
FMLN, pasó lo inevitable: ARENA recayó en sus posiciones tradicionales
de mano dura, y por tanto Rodrigo Ávila y Norman Quijano no tuvieron
ningún problema de abrazar las propuestas del FMLN. El gobierno, muy
sabiamente, incluso les hizo creer que las ideas provienen de ellos…
Qué
historia más tragicómica: En el 2009, ARENA postula a la presidencia a
Rodrigo Ávila, porque Saca y Figueroa piensan que con la imagen de Rambo
se ganaría fácilmente. Pero Rodrigo perdió…
En 2014, ARENA
postula a Norman Quijano e invierte millones para vestirlo también de
Rambo: “Soy el único de cara al pueblo y mirándote a los ojos, asume el
compromiso de liberar al país de los mareros.” Y otra vez, ARENA pierde.
Recibe en la primera vuelta una gran cachimbeada.
Ustedes sacaron
la única conclusión lógica: Hay que cambiar el discurso. Lo cambiaron,
se llama a Ruano y Neto (y hasta a Paolo) a ir donde asustan para
explicar el cambio de discurso – y casi ganan.
Pero sólo cambió el
discurso, y no la esencia. A la primera que la cosa se pone ruda,
ustedes se ahuevan - y muestran su disposición de sacrificar a Neto
Muyshondt y Salvador Ruano, sólo por que se habían reunido con
pandilleros. Y cuando el FMLN aprovecha la masacre de Opico (donde por
cierto hasta la fecha nadie ha encontrado pruebas que fue obra de las
pandillas) para ofrecer al frustrado pueblo más represión y más mano
dura, ustedes no son capaces de ofrecer alternativas.
Cuando uno no
tiene alternativas, no tiene nada para enfrentar al populismo. Por tanto
se sube al tren, aunque saben que está condenado a chocar. Y el FMLN ha
logrado dos éxitos estratégicos: A partir de ahora, ustedes son
corresponsables de todos los fracasos de esta política – y pagarán la
mitad del costo político. Y segundo: Se liberaron de la incomodidad de
tener que enfrentar oposición.
Así que les recomiendo: Llaman a JJ
Rendón y vuelvan a activar la campaña de “Todos sabemos lo que hay que
hacer, pero nosotros sabemos hacerlo.” A ver si logran competir con el
FMLN en el concurso de quien es el mejor Rambo. Les saldrá difícil,
porque ellos tienen las armas y pueden matar, ustedes sólo pueden hablar
y aprobarles decretos.
Saludos, PS: Háblenme cuando estén listos para constituir una alternativa.
(Mas!/El Diario de Hoy)
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No es que no se le haya advirtido. Aquí la "Carta de Paolo" del 9 de marzo 2016:
Dirijo
esta carta a todos los diputados, ya que ustedes, en los próximos días,
tendrán que autorizar o rechazar el plan del gobierno de decretar un
régimen de excepción, supuestamente para mejorar su capacidad de
combatir a las pandillas. Pero muy en particular esta carta va a
aquellos diputados de la oposición, quienes inmediatamente, sin
discusión, sin ni siquiera conocer una solicitud del gobierno,
ofrecieron sus votos para establecer en El Salvador nuevamente el estado
de excepción que tuvimos durante toda la guerra de los 80.
Entre
los 84 diputados hay muchos que por su participación en la guerra, de
uno y del otro bando, saben perfectamente que incluso durante la guerra,
el estado de excepción muy poco sirvió a la Fuerza Armada para vencer a
la guerrilla y que, más bien, sirvió para la sistemática represión de
los derechos civiles de toda la nación, facilitando prácticas de
tortura, censura y represión de organizaciones sindicales, de
estudiantes y de campesinos. Sería interesante que en los pasillos de la
Asamblea hubieran pláticas bilaterales entre el ex general Mauricio
Vargas y el ex comandante “Milton” Medardo González. Siendo honestos,
coincidirían con que el permanente Estado de Excepción, prolongado cada
rato por la Asamblea, no sirvió para nada bueno.
Aun así, ahora me
encuentro con la absurda vuelta de la historia que ambos, Vargas y
Medardo, quieren implementar nuevamente un Estado de Excepción, esta vez
en una guerra contra las pandillas. Con Rodrigo Ávila, Norman Quijano y
otros apoyando a un feliz Guillermo Gallegos, quien tiene años de estar
proponiendo cosas como la pena de muerte y un régimen de excepción. Por
suerte, y para salvar el honor de su partido, también hubo dirigentes y
diputados que inmediatamente dijeron no a la intención del FMLN de
implementar un estado de emergencia.
Manuel Hinds comprueba en su
columna en esta misma edición que ninguna de las garantías
constitucionales que un decreto de régimen de excepción suspendería ha
sido obstáculo para reducir la violencia, ni para combatir a las
pandillas. Por tanto: Ninguna de las facultades extraordinarias, que el
régimen de excepción puede dar al gobierno, sirve para evitar masacres
como la de Opico, donde se supone (pero tampoco comprueba) que los
responsables fueron pandilleros. Mucho menos para prevenir masacres como
la de San Blas y otras, donde los responsables fueron agentes del
Estado.
Sería realmente interesante ver si en la Asamblea hay 43
diputados dispuestos de dar al gobierno el poder de suspender garantías
constitucionales, aunque nadie puede explicar en qué va a favorecer a
los salvadoreños que quieren que termine la epidemia de violencia. Más
aun, sería interesante ver cuántos diputados opositores estarían
dispuestos a dar sus votos para que con 63 votos (mayoría de tres
cuartos) se apruebe la suspensión por 14 días de todos los derechos que
protegen a los detenidos. Como dice Manuel Hinds: Esto abre la puerta al
fantasma de la tortura.
El presidente, hasta ahora, no ha hecho
una solicitud formal. Solo ha dicho a los presidentes de la Asamblea y
la Corte Suprema y al fiscal general que está considerando un decreto de
emergencia haciendo uso de los artículos 29-31 de la Constitución.
El
FMLN, desde su historia guerrillera, siempre ha sido experto en trampas
cazabobos. Y esta le funcionó perfectamente: El FMLN sólo menciona el
régimen de excepción como una posibilidad, y sólo se pone a esperar
hasta que desde la oposición salgan las voces de quienes piensan que
tienen que ganarle al FMLN en los terrenos de populismo y mano dura. Y
cabal: Los tres areneros de la Comisión de Seguridad se suman al grito
de guerra de Gallegos y exigen al gobierno que decrete el régimen de
excepción. Bueno, dirá el presidente, si hasta la oposición me lo pide…
Todavía
hay tiempo para analizar y recapacitar. La Asamblea, sobre todo la
oposición en ella, tienen la función de defender la institucionalidad y
el Estado de Derecho contra cualquier intención autoritaria de limitar
nuestras libertades y garantías constitucionales.
La Asamblea no
tiene porque avalar un estado de excepción. Si el gobierno realmente lo
quiere, tiene derecho de decretarlo en el Consejo de ministros, menos
las garantías que los artículos 12 y 13 dan a los detenidos.
Su
ineptitud lleva al gobierno a proponer dos medidas de excepcionalidad:
expropiar los fondos de pensiones, para salir de su crisis fiscal; y un
régimen de excepción para crear la ilusión que están haciendo lo
necesario para combatir el crimen. La batalla política es sobre quien va
a asumir la responsabilidad y el costo político para estas locuras. El
gobierno quiere que entre todos lo asumamos. Aceptarlo sería suicidio
político.
Saludos,
“Su
ineptitud lleva al gobierno a proponer dos medidas de excepcionalidad:
expropiar los fondos de pensiones, para salir de su crisis fiscal; y un
régimen de excepción para crear la ilusión que están haciendo lo
necesario para combatir el crimen.”