El blog COLUMNA TRANSVERSAL llega a su fin, tras 23 años. Esta carta es la despedida de SIGUIENTE PÁGINA y la bienvenida a PAOLO, mi nuevo sitio WEB, inaugurado hoy.
A partir de hoy, todas mis publicaciones estarán accesibles en esta nueva plataforma de periodismo independiente. Este blog queda como el archivo de 19 años de cartas, columnas, entrevistas y otros formatos.
Ya está online el sitio PAOLO, mi nueva plataforma independiente para seguir jodiendo.
"Hay nuevos medios que ninguna dictadura puede silenciar, medios fuera del alcance de sus amenazas, sanciones y extorsiones, medios en Internet. Soy un novato en estos formatos, dominados por las generaciones más jóvenes — un viejo aceptando este desafío, porque todavía tiene mucho que decir." Esto lo escribí en mi carta titulada “Renuncié al periódico, pero no a ustedes.”
Dos meses después digo “Misión cumplida”. Gracias al trabajo de muchos amigos profesionales que me ofrecieron su apoyo, está listo online mi nueva plataforma: el “Sitio Paolo”. Búsquenlo en paololuers.com.
Conozca mis análisis, mis columnas de opinión, mis comentarios, mis libros, los videos, mis entrevistas, mis podcasts. También publicaré columnas invitadas y recomendaciones de notas importantes publicadas en otras plataformas.
Y, por supuesto, las acostumbradas Cartas de Paolo: escritura crítica e independiente. Sin filtros, sin rodeos. Dirigida directamente a los poderosos. Un formato irreverente nacido en 2009, que durante 18 años ha desafiado al autoritarismo y la corrupción con cada palabra.
Ahora desde el exilio. Con la libertad que en El Salvador ya se está perdiendo.
Seguir escribiendo, criticando y opinando sobre lo que está pasando en El Salvador bajo la dictadura es un acto de resistencia. No me voy a callar. Nadie me va a silenciar. De silenciar se trata todo esto: las acusaciones fabricadas, el juicio amañado, la sentencia que me impusieron en un juicio político, la creciente presión del gobierno sobre los medios críticos. Y sobre los periodistas para obligarlos a que salgan al exilio.
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Este artículo necesita una introducción, por la complejidad de su tema. Lo que discuto en este artículo debería ser una clase obligatoria en las facultades de derecho. Obviamente, desarrollado por constitucionalistas y no por un periodista. Pero lo que puedo hacer, como periodista, es provocar que este tema de la legalidad de una dictadura sea discutido en la comunidad jurídica y política del país. Publico esto para que los estudiantes de derecho y los abogados y -por qué no- algunos fiscales y jueces lo lean, lo discutan, lo piensen.
El creador de la teoría de la dictadura constitucional Carl Schmidt
SIGUIENTE PÁGINA, lunes 2 marzo de 2026
La dictadura nazi en Alemania (1933 hasta 1945) no hubiera existido en la forma que conocimos sin Carl Schmidt. Schmidt no fue simplemente un jurista complaciente con el régimen nazi, sino su mente constitucional más formidable: el teórico del derecho que proporcionó la arquitectura jurídico-teórica, que permitió que la represión masiva y las atrocidades de la dictadura nazi se presentaran como actos lícitos del Estado.
Schmidt no se puso a “reescribir” la Constitución de Weimar, vigente en Alemania entre las dos guerras mundiales, sino la reinterpretó de manera que los límites constitucionales se disolvieron mientras seguían pareciendo intactos.
Su genialidad -moralmente catastrófica, pero intelectualmente innegable- consistió en sostener que la soberanía reside en el poder de decidir sobre la excepción.
En sus propias palabras: “Soberano es quien decide sobre el estado de excepción”.
Esta idea permitió que el Estado nazi funcionara fuera del derecho normal, mientras afirmaba actuar dentro de la legalidad constitucional. Es la dictadura constitucional.
Los mecanismos clave que Schmidt inventó en la teoría legal
1. El estado de excepción como forma normal de gobierno
Schmidt sostuvo que para “proteger el orden constitucional” tiene que haber alguien que puede suspenderlo en momentos de crisis. Suena como una paradoja, pero fue la base “legal” de la dictadura nazi – y de muchas otras que le siguieron.
Tras el incendio del Reichstag, el parlamento alemán (por el cual Hitler culpó a los comunistas, pero que luego se supo que fue obra encargada por los nazis), esta lógica justificó:
el estado de emergencia permanente;
la suspensión de las libertades civiles;
el gobierno por decreto.
Todo ello mientras se reclamaba legitimidad constitucional.
2. La Ley Habilitante (Ermächtigungsgesetz, 1933)
La Ley Habilitante de 1933, emitida a solicitud del jefe de gobierno Adolf Hitler y aprobada en el parlamento por todo el bloque de derecha, permitió al gabinete de Hitler legislar durante 12 años sin el parlamento.
Schmidt justificó esto, argumentando que el parlamento ya había perdido su legitimidad democrática y que el Führer encarnaba directamente la voluntad del pueblo.
Así, la dictadura se volvió legítima y “democrática”, dentro del marco conceptual de Carl Schmidt. Esta legitimación de una dictadura se repite hasta estos días, por ejemplo en el caso de El Salvador: el presidente Nayib Bukele dice que está representando directa y personalmente la voluntad popular de los salvadoreños y que las encuestas lo confirman.
3. El Führerprinzip (el principio del liderazgo unipersonal) como doctrina constitucional
Schmidt transformó a Hitler de líder político y partidario en órgano constitucional del Estado. Su tristemente célebre formulación fue: “El Führer protege el derecho”.
Esto invirtió siglos de lógica jurídica: ahora el derecho, en vez de limitar al poder, lo protegía, incluso en su forma total y abusiva. Las ejecuciones extrajudiciales, las purgas y las leyes raciales podían así declararse legales. Los ejecutores de estas políticas tenían la garantía de actuar dentro de la ley y con impunidad total.
4. Derecho racial sin contradicción jurídica
Schmidt proporcionó la cobertura intelectual a las Leyes de Núremberg, (promulgadas el 15 de septiembre de 1935), que fueron la base para la deportación, la internación en campos de concentración y la posterior eliminación de las poblaciones judías y roma por razones de raza, sosteniendo que:
el derecho debía reflejar el “orden concreto” de un pueblo;
el universalismo liberal era una abstracción judía;
los derechos estaban condicionados a la pertenencia a la raza aria.
Esto convirtió la exclusión, la deshumanización y el genocidio masivo en algo jurídicamente coherente. Los ejecutores del Holocausto actuaron convencidos de aplicar la ley.
Por qué esto es tan peligroso?
Schmidt no abolió el derecho. Lo vació de contenido de manera que ya no sirvió a limitar el poder:
los tribunales seguían existiendo;
las leyes seguían promulgándose;
el lenguaje jurídico permanecía intacto.
Pero la legalidad ya no protegía la dignidad humana: servía al poder. Por eso, el constitucionalismo de la Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial (especialmente la Ley Fundamental alemana) está diseñado explícitamente contra los conceptos de Schmidt:
cláusulas eternas de dignidad humana;
derechos no derogables;
tribunales constitucionales independientes del poder ejecutivo.
El artículo 1 de Grundgesetz (Ley Fundamental) de la República Federal de Alemania dice:
Artículo 1 La dignidad humana es inviolable. Respetarla y protegerla será deber de toda autoridad estatal. El pueblo alemán reconoce, por tanto, los derechos humanos inviolables e inalienables como base de toda comunidad, de la paz y de la justicia en el mundo. Los siguientes derechos fundamentales vinculan a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial como derecho directamente aplicable.
La sombra eterna de una teoría
El legado de Schmidt no termina con la dictadura nazi, para la cual construyó la legitimación legal. Su doctrina está siendo aplicada en las diferentes dictaduras, independientemente de su tendencia ideológica.
El régimen de emergencia es permanente y necesaria para proteger al Estado;
Los derechos están subordinados a la identidad (racial, étnica, social, religiosa...);
Elevación de la voluntad del poder ejecutivo por encima del derecho.
El principio del poder unipersonal (Führer, Duce, Generalísimo, Máximo Líder, Líder Supremo, Gran Timonel, Gran Guía, Comandante, Philosopher King...)
Este concepto del “poder legítimo” de un líder, creado por Carl Schmidt en los años 30 del siglo pasado, sigue funcionando, sin nazis, sin uniformes marones, sin SS, sin campos de concentración.
La clave para entender esto: Carl Schmidt no reescribió literalmente la Constitución alemana palabra por palabra. Lo que hizo fue mucho más peligroso: la reinterpretó de un modo que permitió usarla contra las mismas personas a las que debía proteger.
El hombre detrás de esta operación intelectual fue Carl Schmidt. El que lo puso en práctica fue Adolf Hitler. Y luego de él, Mussolini, Franco, Pinochet, Somoza, Fidel, Duvalier, Ortega, Kim, Maduro, Jamenei, Xi Jinping, Bukele.
Veamos el proceso paso a paso
La Constitución de Weimar (la constitución democrática de Alemania antes de Hitler) ya contenía una “puerta de emergencia”: fue escrita con buenas intenciones, pero incluía un artículo (el artículo 48) que decía, a grandes rasgos: si el orden público o la seguridad están gravemente amenazados, el gobierno puede suspender temporalmente ciertos derechos civiles para restablecer el orden. Muchas constituciones democráticas tienen esta cláusula, incluyendo la de El Salvador.
Esta cláusula está pensada por los constituyentes para emergencias de corto plazo:
insurrecciones;
golpes de Estado;
desastres naturales,
invasión extranjera.
En ninguna Constitución está previsto el caso que los decretos de excepción sean permanentes. Hay plazos de vigencia y pueden prorrogarse, siempre y cuando los requisitos para su proclamación existan. Esta es la trampa, cuando no existen cortes independientes que pueden decidir si son válidos los factores que obligan a decretar la excepción que alega el gobierno. En El Salvador, son válidas cuando y mientras el presidente lo diga. Pura doctrina Carl Schmidt...
Schmidt planteó una pregunta sencilla pero devastadora: ¿Quién decide cuándo hay una emergencia? Su respuesta: el soberano. Y el soberano es el que representa personalmente la voluntad popular, el Führer.
Así, la emergencia dejó de ser algo objetivo (una crisis real y medible). Pasó a ser aquello que el líder declarara como crisis.
Esto significa que se puede etiquetar a
la oposición política;
las protestas sociales;
los grupos “indeseables”
como amenazas al orden público y someterlos a las reglas del régimen de excepción.
Schmidt definió algo radical: la política moderna es permanentemente inestable, porque siempre hay enemigos del Estado, por tanto, la emergencia debe volverse normal.
En otras palabras:
el Estado está siempre en peligro, mientras existan opositores o descontento social;
por lo tanto, el estado de excepción debe estar siempre disponible.
Una vez aceptada esta lógica, los derechos dejan de proteger a los ciudadanos y pasan a ser privilegios condicionales. El gobierno define quiénes pueden gozar de estos derechos y quiénes no.
Tienes derechos solo mientras el Estado se siente seguro. Y solo cuando no te opones al gobierno.
Los ciudadanos pierden sus derechos sin haber violado la ley
Aquí está la parte más escalofriante: cuando el Reichstag ardió en 1933, el gobierno declaró el estado de emergencia, usando la lógica de Schmidt. Lo mismo hizo Bukele en marzo 2022, cuando hubo una ola de asesinatos cometidos por las pandillas. Igual que el incendio del Reichstag, este hecho fue provocado por el gobierno. Bukele rompió el pacto que durante 7 años tenía con las pandillas, sabiendo cuál iba a ser la respuesta de las pandillas y cuál iba ser la suya: un estado de excepción permanente, suspensión de derechos civiles, detenciones masivas, la construcción del CECOT...
En Alemania de 1933, luego del incendio del Parlamento, la respuesta de Hitler fue:
se suspendió la libertad de expresión;
se suspendió la libertad de reunión;
se suspendió la inviolabilidad del correo y del domicilio;
se detuvieron todos los miembros de los partidos Comunista y Socialdemócrata;
se construyeron los campos de concentración.
Pero todo se hizo usando lenguaje constitucional. Nadie dijo: “Estamos aboliendo los derechos”. En su lugar dijeron: “Los estamos suspendiendo -legalmente- por razones de seguridad”.
Así, un ciudadano alemán podía ser:
arrestado sin orden de captura,
sin juicio y defensa,
silenciado;
recluido en un campo de concentración;
ejecutado,
mientras el gobierno insistía en que actuaba conforme a la ley y sus funcionarios actuaron con impunidad.
En El Salvador, un salvadoreño puede ser:
·arrestado sin orden de captura,
·pasar hasta 3 años en detención “preliminar” sin ver a un juez,
·condenado en juicios masivos, sin que los delitos se individualicen a cada imputado;
·internado en el CECOT, del cual el presidente de la República dijo que “quien entra ahí, jamás va a salir”.
El derecho se pone patas arriba
Tradicionalmente, el derecho limita el poder y protege a los ciudadanos frente al Estado. La doctrina Schmidt invierte esta lógica:
el derecho existe para “proteger la unidad política del pueblo”;
cuando un individuo amenaza esa unidad, el Estado puede actuar contra él.
Así, los derechos dejaron de proteger a las personas como individuos. Solo protegían a quienes el Estado definía como portadores de la voluntad popular.
De este modo, en la Alemania nazi, judíos, socialdemócratas, sindicalistas, comunistas, periodistas y cualquier disidente podían ser tratados como enemigos del Estado, no como ciudadanos comunes.
El resultado: existen dos concepciones paralelas de la justicia. Una para los ciudadanos “normales”, que no representan una amenaza para el régimen, y otra para los enemigos del Estado. Esta duplicidad de la justicia nació, con la ayuda teórica de Carl Schmidt, en la Alemania de los años 30 el siglo XX. Pero perdura en todas las dictaduras, incluyendo la que actualmente vive El Salvador.
¿Por qué esto es tan eficaz?
los tribunales siguen funcionando;
las leyes siguen redactándose;
los jueces siguen vistiendo togas;
todo parece legal.
Pero la legalidad ha sido vaciada desde adentro. La Constitución ya no es un escudo para el ciudadano. Se ha convertido en un arma del Ejecutivo contra cualquier disidencia.
En una sola frase:
Si de todo esto recuerdas solo una cosa, recuerda esto:
Schmidt -y las dictaduras que aplican su teoría legal- transformaron los derechos de algo que posees como ser humano en algo que el Estado te concede solo si no eres considerado una amenaza. Esto hace posible perseguir a ciudadanos sin admitir jamás que el sistema es injusto e ilegal.
"La ‘Paz Bukele’ es paz y seguridad de la represión, del régimen de excepción y del cementerio. No es paz, no es seguridad; es una bomba social y política de tiempo."
SIGUIENTE PÁGINA, sábado 28 febrero 2026
Llama la atención que hasta algunos de los más agudos opositores de Bukele están asumiendo la narrativa que reza "Okay, Bukele resolvió el problema de la inseguridad, pero no es el único problema del país..." Momento: ¿lo ha resuelto realmente?
No nos olvidemos: la ‘Paz Bukele’ tiene como origen un pacto secreto con los principales jefes de las pandillas. Ellos se comprometieron a reducir los homicidios, a incidir en las elecciones con los votos de los mareros y sus familiares (de 300 mil a 500 mil votos) y a obstaculizar el voto a los contrarios. Estamos hablando de tres elecciones: la elección de Nayib Bukele como alcalde capitalino, en 2015; la elección de Nayib Bukele como presidente, en 2019; y la elección legislativa, en 2021, que le dio a Bukele la mayoría calificada que usó para tomar control de la Fiscalía General y de la Sala de lo Constitucional y para erradicar la independencia judicial. Las tres elecciones las ganó Bukele con apoyo activo de las pandillas. El pacto no fue efímero, duró del 2015 hasta el 2022.
¿A cambio de qué los pandilleros apoyaron a Bukele durante 7 años? A cambio de dinero, beneficios procesales, condiciones carcelarias y garantías de no extradición a Estados Unidos. A algunos jefes pandilleros los liberaron aun con condenas y hasta les facilitaron la salida del país. Ellos se comprometieron a garantizar que su gente en las comunidades no ofreciese resistencia al momento en que comenzaran las detenciones masivas.
Cuando Bukele ya no necesitaba a las pandillas, el pacto se rompió en marzo del año 2022. Miles de miembros de las pandillas terminaron en las cárceles, junto con otros miles de inocentes, acusados de ‘colaboradores’ por el solo hecho de haber convivido con los pandilleros de sus barrios. Estos últimos no terminaron en el CECOT, sino en los penales de Izalco y Mariona, sujetos a condiciones aun más duras e incluso a torturas. Ni siquiera se individualiza la responsabilidad penal; serán condenados en juicios masivos. Ya van mas de 460 privados de libertad muertos bajo custodia del Estado, y muchos de ellos con claras muestras de tortura.
¿Cómo se puede decir que en El Salvador han erradicado el problema de violencia e inseguridad, si más de 25 mil salvadoreños se encuentran encarcelados sin que existan pruebas contra ellos y cuando están sujetos diariamente a humillaciones, torturas y hasta la muerte?
En las comunidades marginales y barrios populares, cuya liberación del terror de la pandillas el gobierno celebra, viven decenas de miles de personas que tienen hijos detenidos bajo el estado de excepción, la mitad de ellos inocentes. Igual que sus hijos son sujeto de sospecha de ser ‘colaboradores’, viven bajo vigilancia y bajo un régimen de silencio impuesto. Viven con miedo, en inseguridad y expuestos a amenazas. Ahora estas colonias están bajo el férreo control de los activistas de Nuevas Ideas, que tienen el poder de mandar a detener a cualquiera. Esto no es paz.
No solo ellos, sino toda la población se encuentra en una situación de indefinida suspensión de garantías constitucionales. El estado de excepción permanente está siendo utilizado para perseguir a voces críticas, protestas sociales y sindicales – y sirve para intimidar a todos los demás. Por esto el gobierno no lo levanta, aunque ya no hay pandillas. Esto es inseguridad, no seguridad.
Todo eso ocurre y se institucionaliza sin atender (y mucho menos resolver) las causas que producen la marginalidad, la exclusión, la pobreza, que a través de los años han llevado a miles de jóvenes a la calle y a la pandilla. Más bien siguen latentes y hasta acrecentadas en esta administración, que lleva una guerra contra los pobres, en vez de una guerra contra la pobreza. ¿En qué se manifiesta esto? En el crecimiento de la pobreza, debido a las prioridades presupuestarias definidas por el gobierno y debido a sus medidas de ajuste fiscal. Se manifiesta en los 25 mil despidos en el sector público, efectuados solo en el 2025; en el desalojo violento de vendedores ambulantes en el centro capitalino; en el desalojo masivo de comunidades rurales en tierras designadas por el gobierno para proyectos turísticos. Todo esto suma en mayor inseguridad para amplios sectores de la sociedad que de por si estaban prácticamente excluidos de la economía. Es una inseguridad diferente a la que vivieron en tiempos anteriores, cuando sus comunidades estaban controladas por las pandillas, pero es inseguridad que causa temores y no permite que estos sectores expresen sus problemas, sus protestas y sus reivindicaciones.
La ‘Paz Bukele’ es paz y seguridad de la represión, del régimen de excepción y del cementerio. No es paz, no es seguridad; es una bomba social y política de tiempo.
Por más que la propaganda incesante del gobierno repita que el estado de excepción ha dado paz y seguridad a la gente; y pesar de que la mayoría de la gente se lo crea, los opositores no deben asumir esta narrativa como verdad. Deben analizar el costo de la falsa seguridad. Deben recordar a la gente que lo que hizo Bukele no fue la única manera de lidiar con la violencia, sino la peor. Hubo otras propuestas, que descansaron en la combinación de un eficiente trabajo de investigación; en inversiones del Estado y de la empresa privada en programas de transformación de los barrios; y en programas bien financiados de inserción social y resocialización de los miles de jóvenes marginados. Bukele, al llegar al poder, desechó todas estas propuestas y se fue por una solución que no atiende las raíces del problema, solo los síntomas – y esto de manera anticonstitucional y violenta. En el camino, destruyó la democracia y el Estado de Derecho. Y esto fue su verdadero propósito.
"En general, la oposición, tal como se comporta actualmente, parece incapaz de actuar de manera conjunta y de convertirse en protagonista del proceso de transición. Como ha pasado en anteriores coyunturas, se requiere que intervengan con solvencia y claridad voces con alta credibilidad y sin amarres partidarios - voces de la sociedad civil, la academia, la cultura, la iglesia, las organizaciones sociales."
SIGUIENTE PÁGINA, jueves 19 febrero 2026
La Asamblea Nacional de Venezuela, surgida de elecciones cuestionadas que resultaron en una aplastante mayoría chavista, está discutiendo el proyecto de amnistía. Obviamente, toda la sociedad civil y toda la oposición democrática quieren una amnistía como condición para abrir el camino a una transición a la democracia y la paz social.
Pero no cualquier amnistía sirve para este propósito. Las organizaciones de derechos humanos venezolanas y algunos diputados opositores, como Enrique Capriles, no están de acuerdo con el proyecto presentado por Jorge Rodríguez, líder chavista, presidente de la Asamblea y hermano de la presidenta “encargada”, Delcy Rodríguez. Es muy poco probable que el chavismo tome en cuenta las críticas y propuestas, a menos que se ejerza mucha presión. Tiene que ser presión interna, articulada, unificada y en voz muy alta. No puede ser que se espere que esta presión la ejerza Washington, no con Trump. Es poco entendible que en esta coyuntura crucial y sobre el tema tan esencial como la amnistía la oposición venezolana -la partidaria como la social- no haya logrado formular y exponer mediante movilización social una posición unificada. Es preocupante.
La amnistía que necesita Venezuela tiene que cumplir los siguientes criterios indispensables:
·La amnistía tiene que ser total y para todos los perseguidos penalmente por los diferentes gobiernos chavistas, desde 1989 hasta 2026;
·Todos los presos políticos tienen que ser puestos inmediatamente en libertad irrestricta y sus acusaciones y condenas tienen que ser anuladas;
·La amnistía no debe abrir resquicios que permitan aplicar la amnistía a los crímenes y abusos de poder cometidos por agentes del Estado o de los colectivos chavistas contra ciudadanos;
·La amnistía tiene que permitir explícitamente incluir a los exiliados y sus causas penales tienen que ser anuladas;
·No pueden ser los tribunales bajo control chavista que definan a quién aplicar o no aplicar la amnistía.
Estas son condiciones no negociables. En cambio, el tema de la reparación es tan complicado que es preferible que la ley de amnistía ordene explícitamente que quede delegada a la Asamblea Nacional surgida de elecciones libres. De esta manera, este tema no entramparía la discusión sobre la amnistía como tal.
Pero esto significa que, desde ya, hay que definir la fecha de las elecciones presidenciales y legislativas. La Constitución limita el tiempo que puede ejercer la presidenta interina. Dura 3 meses, o sea, hasta el 4 de abril de 2026, y puede prorrogarse por 3 meses más, hasta el 4 de julio de 2026. A más tardar, el 5 de julio tienen que celebrarse las elecciones presidenciales. Hay que insistir en que, de un solo, se dé el paso a una Asamblea Nacional legítima.
En general, la oposición, tal como se comporta actualmente, parece incapaz de actuar de manera conjunta y de convertirse en protagonista del proceso de transición. Como ha pasado en anteriores coyunturas, se requiere que intervengan con solvencia y claridad voces con alta credibilidad y sin amarres partidarios - voces de la sociedad civil, la academia, la cultura, la iglesia, las organizaciones sociales.
Entre todos ellos, urge iniciar y profundizar un diálogo permanente, del cual puedan surgir propuestas unificadoras que conviertan a la sociedad civil en la protagonista principal de la transición a la democracia.
Los líderes partidarios -¡todos!- tienen que entender que no es el momento para discutir las diferencias políticas e ideológicas entre ellos, sino el momento de unificación en función de la recuperación de la democracia y del Estado de Derecho. Una vez que exista esta democracia, los tocará a los partidos entrar en el debate y la competencia entre sus posiciones ideológicas. El país necesitará mucho debate sobre lo que significan, en una Venezuela posdictadura, conceptos como izquierda, liberal, conservador y progresista.
El chavismo ha distorsionado profundamente estos debates y estas etiquetas ideológicas. Luego de la irrupción de Hugo Chávez y su revolución bolivariana ya nadie en Venezuela no sabe que significa ser de izquierda, pero tampoco que significa ser patriota o nacionalista. Habrá tiempo -y necesidad- de debatir esto. Pero no ahora.
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