Guate-mala. No, peor

En casos tan delicados como el del asesinato de los tres diputados salvadoreños al Parlacen y su motorista en Guatemala, es irresponsable especular. Puede dañar a reputación de las víctimas. Puede dañar las investigaciones. Puede dañar la precaria capacidad de cooperación entre las autoridades guatemaltecas y salvadoreñas en la investigación y en la cooperación en materia de seguridad.

Entonces, nada de especulaciones. Más bien, es preciso reconocer al alto grado de responsabilidad con el cual el gobierno y los partidos políticos salvadoreños han manejado el caso. Incluyendo –y sobre todo- Roberto D’Aubuisson, el hermano de una de las víctimas. Esta actitud mesurada y responsable puede haber evitado reacciones y contra-reacciones peligrosas entre las militancias de cabeza caliente de los dos partidos grandes, en los críticos dos días entre el asesinato y la captura de los cuatro policías guatemaltecos, cuando mucha gente veía un crimen político ideológico en el contexto del reciente debate sobre el rol del mayor Roberto D’Aubuisson.

La sensatez y moderación mostrada por la clase política salvadoreña en esta crisis es muestra de un grado de madurez de nuestro proceso de paz que a veces no logramos ver, confundiendo la polarización política-partidaria típica de una democracia emergente con un estado de guerra política. El hecho de que el FMLN expresara, con toda claridad, que asume el crimen contra los tres diputados como una agresión al país –no sólo a ARENA- demuestra que la posición que ha tomado el FMLN contra la violencia política a raíz del 5 de julio de 2006 es mucha más que un movimiento táctico, defensivo o retórico.

Esta madurez mostrada aquí por toda la clase política contrasta mucho con la irresponsabilidad del presidente guatemalteco Oscar Berger. Es inaceptable cómo Berger, sin ningún indicio y adelantándose a la investigaciones, señalaba que se trataba de un pleito entre salvadoreños. Conociendo la autoría de los policías guatemaltecos, hay que entender esta intervención indebida e irresponsable del presidente de Guatemala como un burdo intento de distracción.

Con esto estamos en el centro de la problemática - hasta donde los hechos conocidos hasta la fecha nos permiten definirla. Porque mientras no conocemos los móviles de los policías asesinos, y mientras no sabemos si hay autores intelectuales fuera de la policía guatemalteca, la única cosa que sabemos es: Los cuatro salvadoreños fueron secuestrados, torturados y asesinados por una unidad elite de la PNC de Guatemala. Punto. O más bien, signo de exclamación. O signo de terror, si esto existiera.

Mientras no sabemos más, el centro del asunto es la incapacidad de Guatemala de controlar, depurar e investigar a su propia policía. El hecho que las autoridades salvadoreñas involucradas en la investigación no se cansan de reconocer –en público- la excelente colaboración y el profesionalismo de las autoridades guatemaltecas, hay que entenderlo como necesaria cortesía. Entiendo esta prudencia diplomática, pero por suerte en la prensa no la tenemos que emular.
El gobierno de Guatemala no puede mostrarse sorprendido por esta muestra de la existencia de estructuras criminales dentro de su policía. Casi todas las víctimas salvadoreñas de asaltos en Guatemala señalan que fueron asaltadas por policías. El jefe de su división contra el narcotráfico está preso en Estados Unidos – por narcotráfico. El gobierno de Guatemala no puede pintar estos casos como excepción, todo el mundo sabe que corresponde a un patrón. La PNC guatemalteca no es resultado de una seria refundación de la policía, como en caso salvadoreño. No ha pasado por la desarticulación de los cuerpos policiales de la dictadura militar. El problema de la PNC de Guatemala no es que tenga “malos elementos” que paulatinamente se eliminan con un sistema de depuración. Es un problema de estructuras criminales dentro de la policía, incluyendo sus mandos. Los diputados al Parlacen no fueron asesinados por individuos, sino por una unidad policial.

En cualquier investigación criminal que involucra a policías –y con mucho más urgencia cuando involucra toda una unidad orgánica- una línea principal, indispensable y prioritaria de investigación es todo el contorno dentro de la institución. Horizontal, para ver qué otros elementos están involucrados. Y vertical, para ver hasta donde está comprometida la cadena de mando. Se investiga a todos que están bajo el mando del acusado, y sobre todo se investiga a sus jefes, para ver si el oficial acusado actuaba bajo órdenes o contra órdenes.

El problema en nuestro caso es: Encima del acusado Luis Arturo Herrera López, jefe de Sección contra el Crimen Organizado de la PNC guatemalteca, no hay nadie que no esté involucrado directamente en la dirección de la investigación misma. Tan grave es: Encima del oficial policial que presuntamente mató a los diputados, sólo están el jefe y el subjefe de la DINC (dirección de investigaciones criminales), y el subdirector y el director de la policía. Y estos son precisamente los que controlan la investigación.

Quiere decir: Nadie puede garantizar que las investigaciones y las evidencias no estén comprometidas, porque nadie ha tenido ni el tiempo, ni la voluntad ni el poder de investigar a los investigadores. Si al jefe de la unidad contra el crimen organizado no lo hubieran detenido, debido a la coincidencia que interceptaron al vehículo de los diputados frente a una cámara de control de tráfico, con toda seguridad ahora fuera parte integral del equipo investigador.
La presencia y el rol activo que jugaron en la investigación Rodrigo Ávila y altos oficiales de la PNC y fiscalía de El Salvador, posiblemente pueden haber abortado o neutralizado cualquier intención de oficiales de la policía guatemalteca de encubrir, distraer, manipular evidencias. Ojalá.

Sin embargo, la policía guatemalteca –y posiblemente otras instituciones involucradas en la investigación- está tan gravemente comprometida que es imposible que se pueda investigar y depurar ella misma. El caso de los diputados es suficientemente grave para que los tres poderes del Estado guatemalteco instalen una Comisión Investigadora independiente, si es necesario con participación internacional, para investigar no sólo el caso de los diputados asesinados sino para investigar la existencia del crimen organizado dentro de la policía.

Nada de esto ha pasado. El presidente guatemalteco da declaraciones que pueden entenderse como el intento de dirigir las investigaciones a terrenos que le parecen más cómodos: primero hacia una conexión salvadoreña, después hacia el narcotráfico. Pero de todos modos, hacia fuera de las instituciones bajo su propia responsabilidad.

Ha pasado una semana y no ha entrado el FBI a la investigación. El FBI estaba listo para entrar desde el mismo lunes. Pudo haber movilizado equipos y personal en cuestión de horas. Sólo faltaba la luz verde del gobierno de Óscar Berger. Hoy dicen que el papel del FBI se va a limitar a pesquisas técnicas. Van a traer al FBI para examinar los vehículos involucrados, después de que han permanecido bajo control de los colegas de los acusados durante una semana. Pero, ¿va a meterse el FBI en la investigación de los investigadores? ¿Están solicitando esto Óscar Berger, su homólogo salvadoreño o el Parlacen?

Hasta este punto he llegado con mi columna, cuando a las 9:30 p.m. del día domingo 25 de febrero me entero que fueron ejecutados –en la cárcel donde supuestamente están bajo protección especial- los cuatro policías acusados de la muerte de los diputados. Si hace unos momentos todavía tuve alguna duda sobre lo que estaba escribiendo sobre Guatemala y sus instituciones de seguridad pública, ahora resulta que me quedé corto. Tenían razón las vallas que alguien puso en el año 2005 en la carretera hacía la frontera que decían: Guate-MALA. No se puede confiar en una investigación en manos de la policía guatemalteca.

Para medio terminar la argumentación, aunque con este ritmo de los acontecimientos en Guatemala, quién sabe si tiene validez mañana: Hay otra línea de investigación que es obligatoria en cualquier caso de asesinato: la rigurosa investigación de las víctimas. No estoy hablando de investigación contra las víctimas. No estoy hablando que haya sospecha contra las víctimas. Es simplemente un principio de investigación criminal: a veces algo en la vida, en el contorno, en la historia de la víctima da la pista para esclarecer el crimen, su móvil, sus autores materiales o intelectuales.

Con todo respeto por los diputados asesinados, alguien debería estar ahora investigando sus contactos, sus comunicaciones, sus movimientos, incluso sus familias y sus empresas. No para incriminarlos, sino para no dejar sin investigar ningún elemento que puede esclarecer el crimen contra ellos. Se entiende perfectamente que esto no se hace de manera pública, que hay que respetar el dolor y la privacidad de las víctimas, pero espero que los investigadores salvadoreños lo estén haciendo. Espero también que nadie ponga obstáculos a esta parte de la investigación, ni con la intención de proteger la reputación de las víctimas y sus familias. Precisamente para eliminar todas las especulaciones sobre vínculos de las víctimas con el crimen organizado que supuestamente dan un posible móvil de su ejecución, es indispensable que esta parte de la investigación se haga con toda profesionalidad e independencia.

Termino esta columna con la horrible sensación de que –bajo los acontecimientos de esta noche en Guatemala- la cosa es aún peor que uno se atrevía a imaginar, mucho menos a aportar al debate público.

(Publicado en El Faro)

En defensa de un enemigo

Es normal –y fácil- salir en defensa de los amigos. Sin embargo, no soy amigo de Geovanni Galeas, por lo contrario. Tenemos años de estar peleando. Nos separan mundos. Pocas veces coincidimos, casi siempre nuestras opiniones son contradictorias. Tampoco he sido admirador de su programa Universo Crítico que recién fue clausurado por el Ministerio de Educación al tomar control del Canal 10. A veces me pareció aburrido, a veces me pareció insoportable que Galeas no dejara hablar a su invitado, pero a veces los debates en Universo Crítico eran brillantes, cómicos, ilustradores. Tal vez a pesar de su conductor. Estaban mal realizados, como todo lo producido por Canal 10. Pero dieron espacio a pensamientos que de otra forma nunca hubieran tenido cabida en la televisión. Comparado con la basura generalmente transmitida por Canal 10, Universo Crítico era incomparablemente superior.

Sin embargo, cuando los nuevos “dueños” del Canal 10 –los titulares de Educación- suspendieron el programa de Galeas, no me provocó levantarme en ira y protestar. Los programas –los buenos como los malos- en algún momento llegan a su fin. Sea porque se agotan, sea porque hay propuestas nuevas y más atractivas que los aplacen. La verdad es que no le puso mucho coco al asunto de Universo Crítico, como tampoco al traspaso del Canal 10 de Concultura a Educación.

Pero cuando leí las declaraciones de José Luis Guzmán, quien como viceministro de Educación parece haber asumido la dirección del Canal 10, sobre el porque de la suspensión de Universo Crítico (y de PlaticArte, conducido por Héctor Sermeño, sobre el cual no puedo opinar porque nunca lo vi), se me encendieron todas las alarmas del complicado sistema que tengo instalado para protegerme de burócratas y ataques a la libertad de expresión.

“Lo quitamos porque era un programa personal y estaba utilizando recursos del canal y del Estado para un programa personal”, dice el viceministro de Educación. Y agrega: “Nuestro objetivo no es sacarlos (a los dos programas) para sustituirlos ya por otra cosa, el objetivo era resolver un problema administrativo.”

Vaya, licenciado. Por lo menos es sincero: Admite que no tienen con qué sustituir los programas suspendidos. Es más, admite que no tienen la más mínimo idea de qué hacer con el canal, hablando de contenidos, de formatos, de géneros. Pero que nadie se preocupe, ya saben cómo resolver este vacío intelectual: “Hemos hablado con el director de la Radio El Salvador, por ser también una emisora oficial, para conocer un poco más su trabajo…” Admite, entonces, que de convertir al Canal 10 en “emisora oficial” se trata.

Clara, ahora se entiende por qué el viceministro, interrogado sobre el porque del cierre de Universo Crítico y Platicarte, contesta: “Es un tema más institucional”, y después cuenta que ellos (el ministerio) les dijo a los conductores cesantes que la puerta queda abierta para que hagan una nueva propuesta al Canal 10, “pero hagan un planteamiento institucional al ministerio.”

Quieren una emisora oficial, institucional. No quieren “programas personales”, o sea no comprometidos con el lineamiento del Ministerio.

¿Cómo es esto de programas personales? Un artista, un intelectual, a quien encargan la conducción de un programa cultural, ¿cómo va a hacer que no sea personal? ¿Supeditándose a un control institucional en materia de crítica cultural? Claro que un programa como Universo Crítico es personal. No hay otra forma de hacerlo decentemente.

Acusar a un conductor de un programa (sea cultural, político o deportivo) en la televisión estatal de usar recursos estatales, es lo más absurdo que puede inventarse. De la boca de un burócrata que no hace otra cosa que usar recursos del Estado, sólo puede traducirse así: En Canal 10 estaban usando recursos estatales sin supeditarse a los intereses del partido gobernante. Vaya pecado. Ahora entiendo porque Canal 10 tenía que pasar de Concultura –institución que goza cierta autonomía y que además está siendo gobernada por un hombre con mente autónoma- al control directo de un ministerio, donde hay funcionarios que usar los recursos del estado sin interés personal, entiéndase con interés partidario.

De repente me parece que todos nosotros que necesitamos la libertad de expresión para sobrevivir –los artistas, los periodistas, los intelectuales, los independientes- nos hemos dormido. La mala calidad del Canal 10 nos tenía sedados e indiferentes. ¿Canal 10? ¿Televisión estatal? ¿Qué importa? Por esto, cuando empezaron a preparar el traspaso del canal de Concultura al Ministerio de Educación, no dijimos nada.

Perdimos la oportunidad de exigir que en vez de pasar la televisión pública del tutelaje de una burocracia a otra peor, se comience a debatir cómo crear una televisión pública independiente, autónoma, crítica, creativa, participativa.

Pero como dicen, nunca es tarde. No se trata de defender y preservar la mala calidad que tenía Canal 10 bajo Concultura. Se trata de la enorme potencialidad que podría tener una televisión pública, una televisión no comercial pero tampoco estatal, mucho menos gubernamental. Una televisión pública donde burócratas no tengan nada que mandar. Una televisión profesional, financiada por el Estado –por el público- pero producida por los mejores artistas, comunicadores, cineastas del país. Con un estatus de autonomía como lo tiene la BBC inglesa, o la ARD y la ZDF alemana, o la RTVE española o la PBS norteamericana – modelos hay suficientes, incluyendo modelos muy exitosos.

Que esto no se puede hacer con el personal de Canal 10 –el típico personal de una entidad estatal, burócratas en vez de profesionales- es obvio. Tampoco con gente como Guzmán quien quiere conductores sometidos a control político y burocrático. Pero una televisión pública autónoma es la única forma de hacer contrapeso a la televisión comercial que por lógica no va a invertir en una programación que no produzca ganancias.

No se trata de reinstalar a Galeas al esquema de una televisión gubernamental. Se trata de crear una televisión donde no manden ni los ministros ni los zares de la televisión comercial. El Salvador la merece. Y por supuesto que un Galeas, independientemente que me caiga bien o mal- tendría que caber en ella.

(Publicado en El Faro)

¿Cuál mafia?

Me pregunto cuál sería la razón de que La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy se han desempeñado a hablar de la ley antimafia, los tribunales antimafia y los jueces antimafia, cuando ninguna de estas cosas existe en el país. Y ojo, no son los reporteros, tienen que ser los editores. Porque en las notas casi siempre se habla correctamente de la Ley contra el Crimen Organizado, de los tribunales especializados y los jueces especializados. Sin embargo, en los títulos –los que ponen los editores- siempre se habla de la ley antimafia y los tribunales y jueces antimafia.

En las docenas de notas analizadas, no he encontrado ninguna fuente –ningún juez, ningún ministro, ningún diputado, ningún abogado- hablando de una ley antimafia, pero al final la nota lleva un título como: “Garantismo: duda sobre juez antimafia” (LPG del lunes 12 de febrero 2007) o “Ley antimafia va a debate legislativo” (EDH, 2 de noviembre 2006). En esta última citan a seis de los más influyentes legisladores de los partidos de la derecha – ninguno habla de la ley antimafia, todos hablan correctamente de la Ley contra el Crimen Organizado.

El Diario de Hoy publica el 24 de noviembre del año pasado una nota titulada ”CSJ urge a comisión ley antimafia.” Leyendo la nota, llaman la atención poderosamente dos cosas: primero, quien urge es un (en cifras 1) magistrado de la Corte Suprema de Justicia, hablando a título personal, no comunicando una posición consensuada de la Corte; y segundo, el reportero no habla de la ley antimafia. El trasfondo de estas contradicciones –o de este titular engañoso- es muy simple y muy obvio: la Corte Suprema nunca se pronunció presionando a la Comisión de Seguridad respecto a la su posición sobre la Ley contra el Crimen Organizado, y una ley antimafia jamás ha estado en discusión en El Salvador.

Lo último tiene una razón obvia: en El Salvador no hay mafia. Mafia no es un sinónimo para criminalidad. Tampoco para violencia. Tampoco para crimen organizado. La mafia es un crimen organizado muy específico, en su manera de organizarse, en su manera de infiltrar el Estado, en sus áreas de operación, en sus códigos de conducta. Por esto, aunque el término mafia surge para describir la cosa nostra siciliana, por su similitud con esta organización y su modus operandi se aplicó a otras bandas de otras regiones italianas, y después a bandas chinas y rusas. Es común hablar en Estados Unidos de la mafia rusa o de la mafia china, pero nunca hablan de la mafia mexicana o de la mafia salvadoreña. Porque las bandas latinas son de origen y forma totalmente diferentes. La diferencia principal: a diferencia a las mafias, surgen de problemas sociales.

Aquí no existe mafia. Existe crimen organizado. Hay maras juveniles que se están convirtiendo en crimen organizado; hay policías corruptos y delictivos que también son crimen organizado; hay corrupción que alcanza niveles de crimen organizado; y hay bandas que se dedican a delitos muy profitables de cuello blanco. Quiere decir que hay crimen organizado de múltiple tipo. Por esto hay que prestarle atención a Rodrigo Ávila cuando el dice que para enfrentarse al crimen organizado aparte de la Ley contra el Crimen Organizado ya aprobado se necesita algo parecido a la famosa ley RICO (Racketeering Influenced and Corrupt Organizations”.

Por que en una cosa tiene razón el director de la PNC, aunque no estoy muy claro si esta es la dirección adonde apuntaba: aquí no hay combate al crimen organizado, sólo a una parte que es la violencia de las maras. Si empezamos a discutir una ley RICO para El Salvador, que no sea nuevamente un instrumento que solo sirve para la campaña contra las maras, sino realmente contra todas las formas del crimen organizado existente en El Salvador. Rodrigo Avila estaba hablando de le ley RICO en el contexto de la condena contra dos pandilleros salvadoreños en Estados Unidos quienes fueron sentenciados aplicando esta ley federal. Pero la ley RICO puede aplicarse a mareros sólo cuando cumplen la definición de crimen organizado. RICO fue creado como instrumento contra la mafia y sus negocios ilícitos. Ha sido un instrumento legal muy efectivo para combatir la vinculación de la mafia con estructuras estatales, o sea su infiltración en la policía, gobiernos locales, sindicatos, etc.

Hablar de RICO aquí no cobra sentido sólo por el efecto colateral que permite en Estados Unidos aplicar esta ley a pandillas, sólo cuando son consideradas por los jueces federales organizaciones ilícitas que se dedican a negocios líticos. Si hablamos de RICO, hablemos entonces de todas las formas de crimen organizado. Hablemos del tipo de crimen contra el cual RICO fue creado: el crimen organizado mezclado con empresas poderosas, y sobre todo del crimen organizado con poder sobre decisiones estatales. Sería interesante. Me encanta la idea de aplicar la lógica de RICO a El Salvador.

Sin embargo, obviamente no es esta la intención de nuestra Prensa Gráfica de Hoy cuando cada rato está hablando de la mafia. Entonces, ¿por qué insisten, siempre cuando hablan de la nueva ley y de los tribunales y jueces especializados que ésta crea, a usar el término antimafia?

Toda la discusión sobre los tribunales especializados surge de la problemática de las pandillas, la violencia creada por las maras, el índice de homicidios relacionados con esta forma de crimen organizado. La nueva ley existe porque sus autores y defensores –el ministro de Seguridad Pública, su vice, el fiscal general, el partido ARENA, el magistrado de la Corte Suprema Ulices del Diós Guzmán- decían que sin una ley de este tipo, sin tribunales especializados, sin nuevas reglas de juego en cuanto a la admisión de pruebas, no podían efectivamente combatir a las maras. Punto. Para esto es la ley, para esto serán los tribunales.

Pero hay muchos quienes opinan que sin el componente de prevención -es decir sin una política que ataque de verdad a las raíces sociales de la violencia juvenil, a la marginación, al hacinamiento den los barrios y las comunidades marginales- ninguna ley especial tendrá efecto contra la violencia juvenil y pandillera.

Esto es el Estado actual del debate en nuestra sociedad. De este debate va a depender cómo la población votante va a percibir y evaluar la política de seguridad del gobierno. ¿Va a las raíces o queda en la superficie y la politiquería?

Otra vez, ¿cuál es le necedad de La Prensa de Hoy de hablar de políticas antimafia? Claro, si logro pintar el fenómeno detrás de la inseguridad como mafia, no tiene sentido hablar de prevención. Si de mafia se trataría, olvidémonos de pendejadas sociales. Contra la mafia no hay política social, sólo la estricta aplicación de la ley. Con una mejor policía y una mejor fiscalía –mejor financiados, mejor capacitados, libres de corrupción- se puede vencer la mafia.

Contra el tipo de violencia y delincuencia que vuelve inseguras nuestras calles, se necesita aplicar, aparte de las leyes, una política social de largo plazo, pero no de parches, sino de la transformación de los barrios, la transformación de las escuelas, la transformación del Estado paternalista en Estado social.

(Publicado en El Faro)

Uno se fue de bocón, el otro de pendejo

Iba a escribir sobre el relajo que se le armó a Will Salgado quien se fue de bocón con un periodista del Washington Post. Sólo que se me adelantó mi amigo José Luis Sanz con su columna en La Prensa Gráfica de hoy domingo 4 de febrero. Con el artículo de José Luis Sanz, casi todo está dicho sobre el tema. Y bien dicho.

Sólo falta hablar de otro aspecto. No tengo razón ninguna de dudar que Will Salgado haya contado al reportero del Washington Post que él coleccionaba y guardada en su casa calaveras de bebés asesinados por tropas gubernamentales en El Mozote. Me cuesta imaginar que el reportero se haya inventado esta historia. Por otra parte, no me cuesta nada imaginarme que el mismo Will Salgado se lo haya inventado.

La pregunta no es: ¿Qué mente tan torcida tiene uno de nuestros políticos prominentes de haber coleccionado calaveras de niños? Tampoco la pregunta es: ¿Qué estúpido puede ser un político de reconocer públicamente este lado oscuro de su pasado? La verdadera interrogante de este caso es aun más aterradora: ¿Qué mente enferma tiene un pretendiente a presidente de la República que es capaz de inventarse que anduvo recogiendo, como recuerdos, calaveras de niños en El Mozote?

Porque Will Salgado no ha recogido calaveras en El Mozote meses después de la masacre de diciembre de 1981, como contó al reportero del Washington Post, simplemente porque no era parte de las tropas que anduvieron por estos lados a esta altura de la guerra.

Posiblemente recogió calaveras en otras partes y otros años. No sería el único con hábitos tan deshumanizados. Y cuando un reportero norteamericano viene a entrevistarlo en el contexto de del quinceavo aniversario de la firma de la paz, a Will Salgado le parece más interesante decir que anduvo en El Mozote. Le pareció atractivo inventarse que sus souvenir macabros eran de niños de El Mozote, no de unos muertos desconocidos en un lugar desconocido. Si de arrepentirse se trata, por lo menos en el contexto de una masacre mundialmente conocida…
La otra interrogante: ¿Por qué habrá que creer a Will Salgado cuando en el mismo cuento se presenta como arrepentido, casi como víctima? Me engañaron, me dijeron que había que defender la patria contra los comunistas, y hasta después me di cuenta que mi coronel Domingo Monterrosa era un criminal de guerra…

Da lástima el pobre reportero del Washington Post. No sólo anduvo perdido en el mapa, confundiendo las montañas de La Guacamaya, donde le enseñaron la “cueva de las pasiones” de la Radio Venceremos, con el Cerro Cacahuatique, que a lo mejor es el único cerro que sale con nombre en el mapa que anduvo. No sólo entrevistó a Walter Araujo pensando que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. También se topó con un señor bocón llamado Will Salgado pensando que estaba hablando con un ejemplo de reconciliación. Imagínense, un ex-soldado que haya llegado al extremo de exhibir en su casa calaveras de niños masacrados por su entonces ídolo Domingo Monterrosa – y hoy, convenientemente reflexionando sobre guerra y paz cuando un reportero aterriza del Washington Post para hacer el balance de guerra y paz, considera a su ex jefe Monterrosa un genocida comparable con Hitler.

Da lástima el reportero del Washington Post quien se topa con un tipo como Will Salgado y después le retrata como un hombre que guardaba las calaveras para nunca olvidarse de lo profunda de su deshumanización durante la guerra, y como símbolo de su concientización.

Tiene que llegar uno de muy, pero muy lejos de El Salvador para ser tan ingenuo. Tiene que ser muy grande ese deseo de encontrar ejemplos de reconciliación para aceptar a Will Salgado como uno. La próxima vez que llegue a El Salvador –si es que profesionalmente sobreviva este desastre de reportaje- me ofrezco a llevarlo al Bajo Lempa, donde las cooperativas de excombatientes de ejército y guerrilla son vecinos, compartiendo el abandono, las inundaciones, las promesas no cumplidas. Cuesta un poco más que tocar las puertas de un alcalde enfermo de egocentrismo y deseo de protagonismo, pero en estas cooperativas se puede hacer un estudio sobre la reconciliación entre los combatientes en la guerra enfrentados.

Valdría la pena ver cómo guerreros de los dos bandos conviven, no sólo pacíficamente, sino solidariamente.

Will Salgado, para hacer el reportaje que quiso hacer nuestro reportero sobre la reconciliación, era el personaje equivocado. Will Salgado no salió de la guerra arrepentido de los crímenes de guerra. Salió de la guerra convencido que era pérdida de tiempo estarse matando por ideologías cuando esta misma guerra ofrecía la posibilidad de hacerse rico vía contrabando. La gente como Will Salgado no peleó por principios, por eso es imposible que se desengañara. Y de la misma manera opera en política: sin principios y siempre ganando.

El hecho que hoy Will Salgado no quiere hacerse cargo de sus propios inventos, no significa nada. Tampoco se hace cargo de la Sombra Negra. Se fue de bocón y el otro, haciéndole caso, de pendejo.

(Publicado en El Faro)