viernes, 22 de noviembre de 2019

Carta a los que nos enfrentamos con argumentos. De Paolo Luers


Publicado en MAS!y EL DIARIO DE HOY, 23 noviembre 2019


Mis amigos, críticos, adversarios:
En enero 2020 voy a cumplir 39 años de vivir en El Salvador y hace 11 años me juramenté como ciudadano salvadoreño, sabiendo que mi país natal Alemania me iba a retirar el pasaporte porque no acepta que sus ciudadanos acepten otra nacionalidad.
Lo hice para adquirir en el país donde vivo y trabajo, donde nacieron mis hijos, donde vi a amigos morir por la libertad, el derecho de ejercer todos los derechos de un ciudadano, sobre todo el derecho irrestricto de expresar mis ideas y críticas y de participar en política.
Me hice parte de un país, en el cual estalló una guerra civil por la restricción sistemática de estos dos derechos, pero que al terminar la guerra lo hizo con un consenso nacional amplio y sólido de garantizarlos por siempre y para todos.
Me hice parte de un país en el cual ya no existía la vieja práctica del destierro, de obligar a los opositores demasiados críticos a dejar atrás su tierra y vivir en el exilio.
A pesar de todo esto, cada vez que una de mis columnas o cartas toca un punto sensible de quienes actualmente gobiernan, las redes sociales se llenan de amenazas de sacarme del país y de invitaciones de abandonarlo “antes de que sea tarde”. Este regreso de la intolerancia en gran parte es resultado de la contaminación de las redes sociales con troles. Digamos que los troles le dan volumen a esta nueva intolerancia, pero solo son los altavoces de mensajes que provienen, de manera sistemática y planificada, de los propagandistas profesionales que se dedican a proteger al presidente, su gobierno, su partido y sus aliados de la crítica y del escrutinio público.
Esto es lo que vuelve esta nueva intolerancia sistemática un fenómeno que requiere atención. El mero hecho de que algunos propagandistas como Walter Araujo o Ernesto Sanabria están tratando de intimidarme a mí con mensajes de odio es tan irrelevante como son sus autores como personas. Se vuelve relevante porque no son unos locos que tratan de compensar sus traumas y frustraciones emitiendo mensajes de odio. Son funcionarios del Gobierno, algunos, y otros son personajes muy ligados al movimiento gobernante, asumiendo papeles de cheerleaders.
El resto que no estamos en este negocio de la difamación, intimidación y de echar excrementos al ventilador, sino que nos dedicamos al debate político, a la crítica o la construcción de propuestas políticas, debemos tener un sumo cuidado de no dejarnos contaminar por la intolerancia y la violencia verbal que se está promoviendo, pero tampoco de dejarnos intimidar y abstenernos de la crítica necesaria en una sociedad democrática.
Podemos representar corrientes de pensamiento diferentes, podemos disentir mutuamente en nuestros planteamientos, podemos incluso criticarnos de manera dura, pero siempre con argumentos y con respeto a la dignidad del otro, aunque sea adversario intelectual o político.
Yo pego fuerte en mis cartas y no tengo ningún problema con que me critiquen de la misma manera. Así generamos debate, que es el combustible de la democracia. Si un funcionario y líder político, en este contexto de un debate franco, me quiere decir “pluma pagada”, que por lo menos no sea para luego pasarse a insultos que por su carácter lesivo rompen el diálogo.
Pero quiero dejar una cosa clara: Digan lo que digan en redes sociales, no van a lograr intimidarme. No fui a una guerra luchando por la libertad de expresión para luego dejarme intimidar o callar por gente armada de iPhones.
Saludos, 


jueves, 21 de noviembre de 2019

Carta a los areneros: El último que apague la luz. De Paolo Luers



Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 21 noviembre 2019


¿Qué pasa en ARENA? Les voy a poner las cosas como desde afuera las observamos. Pueden ser un montón de eventos aislados, pero igual pueden ser los síntomas de una enfermedad fatal.

Renunció Hugo Barrera a ARENA, dejando ver que no se siente cómodo con la elección de Gustavo López. ¿Qué debate ha creado este paso de un líder veterano? Ninguno.

Bukele ataca —personalmente, más que políticamente— a Gustavo López y Norman Quijano, acusándolos de delitos graves. Pocos areneros levantan la voz para defenderlos. ¿Tienen miedo de quedar en la mira presidencial?

El presidente anuncia que el recién electo presidente de ARENA no es interlocutor para el gobierno y Neto Muyshondt, el alcalde capitalino, se ofrece como interlocutor.

Dos figuras importantes del equipo político del alcalde Muyshondt, Gustavo Moreno y Diego Echegoyen Rivera (que no son militantes de ARENA), publican artículos de opinión para insistir en la urgencia de un relevo generacional en la conducción del país, empleando discursos que parecen calcados de Nuevas Ideas.

Aparece en Twitter una cuenta llamada @VoxElSalvador que promete una refundación de la “verdadera derecha”, a la semejanza del partido VOX, que en España se ha situado a la derecha del Partido Popular.

Los cuatro diputados (¿disidentes? ¿tránsfugas?), Milena Mayorga, Felissa Cristales, Gustavo Escalante y Arturo Magaña, quienes aparecen más en redes sociales y medios de comunicación que los voceros del partido, repiten y avalan todos los mensajes de Nayib Bukele, incluyendo los ataques al presidente del COENA.

Las instancias de control no funcionan, el Tribunal Ético no concluye los casos contra los cuatro diputados. ¿Por qué nadie los enfrenta políticamente, en un debate de principios y contenidos?

Todos los liderazgos renovadores, quienes en los últimos años provocaron debates creativos y la acumulación de una masa crítica dentro de ARENA, se apartaron y dejaron de participar en el debate interno: Edwin Zamora, Javier Simán, Carlos Calleja, Carmen Aída Lazo, Johnny Wright, Juan Valiente, Ana Vilma de Escobar… ¿Por qué se apartaron? ¿Por qué no hay acumulación de renovación?


No hay manera de detectar, desde afuera, líneas estratégicas en el trabajo legislativo de la fracción arenera. Da la impresión que cada uno va por su lado, no hay conducción, tampoco hay debate para construir estrategia. Se cumple diligentemente con las rutina legislativa en las comisiones. Pero las iniciativas legislativas no se deben a una estrategia, sino son reactivas a la opinión pública.


Y todo esto en una situación del país que a gritos exige que el mayor partido de oposición asuma su rol, construya alianzas, haga propuestas inteligentes, someta a escrutinio crítico las políticas públicas del gobierno, no deje de pasar acciones de abuso de poder ni violaciones al orden constitucional, a los Derechos Humanos y a la estabilidad fiscal del país.

Y en todo esto, ¿adónde están los areneros en los sectores, entre los profesionales, los líderes comunales y municipales? No pueden quedarse como simples observadores.

Todas las situaciones aquí descritas tienen soluciones y reparos, solo necesitan de participación de las bases, volver a debatir sobre política y enfrentarse al oportunismo que se está abriendo campo en el vacío de liderazgo e iniciativa. Repito: describo lo que veo desde afuera. Ojalá esté equivocado y adentro ya se esté resolviendo la crisis.

Si no enfrentan los problemas, su partido se va a desarticular y los pedazos van a quedar en manos de los oportunistas que ya están al acecho. Y no habrá quien se le pare al presidente sediento de poder.

Saludos,





martes, 19 de noviembre de 2019

Carta al gobierno: ¿Quién pagó el viaje de Osiris y qué hizo en México? De Paolo Luers



Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 19 noviembre 2019


De repente les surge oposición, pero no en la Asamblea, no entre los partidos políticos, sino donde pensaba que tenía el absoluto dominio: en la jodarria diaria en las redes sociales. Se hizo viral una frase, y no como lo sabe organizar el Brozo dirigiendo desde CAPRES las legiones de troles, sino espontáneamente, uno tras otro tuiteros reales preguntan ¿#QuienPagoElViajeDeOsiris
Obviamente, la pregunta se refiere al viaje que el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, hizo a México, y del cual aparecieron en Internet fotos que lo muestran sentado en un jet ejecutivo privado, acompañado de una señora que dicen que es una empleada de Centros Penales elevada y secretaria privada. Y cuando surgió la pregunta lógica de qué estaba haciendo un funcionario del gobierno en un jet ejecutivo en México, su máximo jefe, el presidente Bukele, dio la explicación que nadie se cree: que estaba en misión oficial en México, conociendo proyectos relacionados con Seguridad Pública, y que la institución anfitriona le proporcionaba los vuelos en jet ejecutivo…
Nadie cree que pudo haber sido AMLO quien se mostrara tan generoso con un funcionario salvadoreño de segunda categoría, brindándole a él y su acompañante lujos que no permite a sus propios ministros. Entonces, ¿quién le pagó los viajes en jet ejecutivo a Osiris? ¿Alguna compañía, algún donante altruista? ¿Con qué interés, y a cambio de qué?
Y así surge el hashtag que sacó de la oscuridad a un funcionario cuestionado desde el inicio de este gobierno: #QuienPagóElViajedeOsiris… Y como era de esperar, nadie de su gobierno dio ninguna respuesta.
¿Cómo se llama la película?
Veamos cómo Osiris Luna Meza, de diputado novato e insignificante de GANA (que solo se dedicaba a hacer eco a su mentor Guillermo Gallegos, cuando este exigía la pena de muerte y armar ‘defensas civiles’ para matar a pandilleros) se convirtió en miembro clave del gabinete de Seguridad.
Por sorpresa de propios y ajenos, Bukele lo nombró Director General de Centros Penales. Un defensor a ultranza de la filosofía de mano dura como máximo carcelero, ¿a qué estará jugando el nuevo gobierno?, se preguntaron muchos. 
Pero hubo un pequeño problema legal que el gobierno consideró irrelevante: Osiris era diputado. La Constitución permite a los diputados asumir determinados cargos políticos (ministro, viceministro, presidente de una autónoma), pero director de Centros Penales no califica. Así que la Asamblea rechazó la solicitud de Osiris de concederle permiso en la Asamblea para desempeñarse en Centros Penales. 
Este problemita legal lo resolvió el presidente a su manera. Publicó en Twitter, el 18 de junio 2019: “Para sortear el impedimento de que @OsirisLunaMeza pueda fungir como Director de Centros Penales, he decidido nombrarlo viceministro de Seguridad Pública y asignarle adicionalmente las responsabilidades de la Dirección de Centros Penales Ad Honorem.” 
Esto es lo que llaman ‘fraude de ley’. ¿Qué es un fraude de ley? Según el Diccionario del español jurídico de la Real Academia Española es una “actuación aparentemente lícita que en realidad persigue evitar la aplicación de la norma establecida para la ocasión”. 
Osiris no fue nombrado viceministro para ejercer este cargo, sino para ejercer otro cargo diferente para el que no le facultaba pedir permiso a la Asamblea. Nunca ha ejercido como viceministro de Seguridad Pública, y tampoco estaría capacitado para hacerlo. Es un cargo de pura apariencia, o sea de mentira. Simplemente fue un truco (fraude de ley) “para evitar la aplicación de la norma establecida”: nuestra Constitución. 
Que la Asamblea Legislativa se dejó engañar por este truco solo es una muestra más de la debilidad de este órgano del estado frente a un Ejecutivo poco preocupado por la legalidad de sus actuaciones.
Pero ahora surge oposición en la ciudadanía, donde cada día hay más gente que insiste en hacerle al Ejecutivo preguntas incómodas e insistentes, haciendo uso creativo y irreverente de las redes sociales. Enhorabuena. 
Entonces, ¿quién pagó el viaje a Osiris y por qué? ¿Cuál fue su misión en México y ante quiénes? ¿Por qué pusieron al frente de nuestro sistema penitenciario a un ideólogo de la represión que está poniendo en escena espectáculos de mano dura en los penales, mientras el Gobierno construye su política de Seguridad sobre la voluntad de las pandillas de reducir la violencia? 

¿Por qué tantas contradicciones que nadie explica?
Saludos, 

sábado, 16 de noviembre de 2019

Carta a los diputados: $1,261 millones de déficit. De Paolo Luers



Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 16 noviembre 2019


Estimados diputados:
Primero, no dejen pasar al Gobierno la mentira de que el déficit fiscal del 2020 será de $755 millones. La verdad es que será de $1,261 millones si ustedes aprueban el presupuesto y los préstamos así como el gobierno los presentó. 
El Gobierno presentó un presupuesto con $755 millones de déficit y solicita cubrirlo con un préstamo. Pero, contrario a lo que dicta la Constitución, no metieron todos los gastos previsibles en su presupuesto. Para cubrir los gastos que quieren hacer, porque no los incluyeron en el presupuesto, solicitan paralelamente varios préstamos.
$91 millones              Plan Control Territorial, fase 2
$109 millones           Plan Control Territorial, fase 3
$200 millones          Banco Mundial para FISDL-Municipios
$86 millones             Reactivación del café
$20 millones             Para Bandesal, para emitir créditos
$755 millones           Brecha entre gastos e ingresos en el presupuesto 2020
$1,261                      Total del déficit 2020
Primera pregunta: si ya el gobierno calcula todos estos gastos extras a la hora de presentar el presupuesto, ¿por qué no los incluye en la Ley de Presupuesto 2020? Hay una explicación: porque entonces el déficit que hay que cubrir prestando sería de $1,261 millones. O sea, este número puede asustar a cualquiera…
Los presupuestos extraordinarios, financiados por préstamos adicionales, son para gastos que no se podían prever a la hora de elaborar el presupuesto general. Estas solicitudes se presentan en el curso del año fiscal. Pero ahora la Asamblea recibe al mismo tiempo el presupuesto y los complementos, y esto es inconstitucional. Por ello, antes de discutir el presupuesto rubro por rubro, exijan al gobierno que incluya los gastos que ahora tiene en las solicitudes de préstamos.
En los préstamos para la Fase 2 del Plan de Control Territorial, como abarca gastos que no son estrictamente para seguridad, sino para medidas de prevención e inversión social, hay rubros que a todas luces corresponden a Educación, Salud y MOP. La única forma en que ustedes pueden examinar si tienen sentido estos gastos es en el contexto de los planes generales y del presupuesto general para los respectivos ministerios. Si no se consolidan de esta manera, puede haber gastos de personal, compras y proyectos repetitivos (tal vez esto sea incluso la intención).
Si el planteamiento del Gobierno es que su concepto integral para la Seguridad exige que se definan de otra manera las prioridades en Educación, Salud, MOP y otras dependencias, entonces esto tiene que reflejarse en el presupuesto de cada ministerio. Los presupuestos son los documentos que ordenan y priorizan los gastos. Son el plan de gobierno traducido en números, o sea “sin paja”. Pero solo lo son cuando nadie miente, encubre, confunde, como es el caso de este presupuesto, el primero del gobierno Bukele.
La Asamblea debe ser muy estricta, exigiendo que el Gobierno incluya en su presupuesto todos los gastos e ingresos previsibles y todo el déficit que habrá que cubrir. Una vez que el Gobierno haya cumplido esto, ustedes pueden comenzar a cuestionar y, si hay necesidad, cortar gastos. No se olviden, ustedes como diputados no pueden aumentar gastos, pero sí pueden reducirlos o reorientarlos.  
Por ejemplo, al consolidar todos los diferentes presupuestos en uno, ustedes verán que los $28 millones para las capacitaciones en el CIFCO no corresponden a ningún plan integral ni de educación ni de ninguna otra institución, y pueden proponer al gobierno a reorientar estos fondos para que instituciones como INSAFORP o el ITCA asuman estos proyectos de educación vocacional. Y si quieren cambiar su plan, ustedes tienen todo el derecho de no aprobar estos fondos.
Al comparar los gastos regulares con los extraordinarios (de los préstamos) se darán cuenta de múltiples ejemplos como el del CIFCO. 
Mucho trabajo por hacer. 
Saludos, 

jueves, 14 de noviembre de 2019

Carta a todos que están de acuerdo en que cerremos bien el capítulo de la guerra civil. De Paolo Luers (+el texto del proyecto de Ley de Reconciliación)



Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 14 noviembre 2019


“¡Desacato!, gritaron algunos. La Asamblea desobedeció. Es bastante simple“, sentenció un connotado abogado.
No es cierto. No es nada simple. Es cierto que la Sala le dio un plazo a la Asamblea para aprobar una Ley de Reconciliación que llene el vacío dejado por la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía del 1993. Es cierto que la Sala dijo que este plazo es “improrrogable”.

Lea el texto completo del 
anteproyecto de la Ley de Reconciliación 
al pie de esta nota
Pero antes de indignarse, reflexionen un rato: es fácil dar órdenes, pero a veces es muy difícil o incluso imposible obligar a su cumplimiento. ¿Cómo se obliga a que un parlamento llegue a un acuerdo político, sobre todo en un tema tan sensible y que casi vuelve obligatorio que sea avalado por una amplia mayoría?
A una instancia administrativa se puede ordenar que cumpla con una sentencia en determinado plazo, pero la Asamblea consiste de 84 diputados que por Constitución tienen plena autonomía de decisión. No hay forma de obligar a un acuerdo legislativo.
La Asamblea hizo lo correcto al pedirle a la Sala una nueva prórroga. ¿Cuál hubiera sido la alternativa? ¿Someter a votación los dos proyectos de ley existentes y ver cuál llega a 43 votos? Construir acuerdos cuesta el tiempo necesario y no es conveniente someterlo a plazos.
Leyendo la propuesta actual de la subcomisión correspondiente, nos damos cuenta que los diputados han avanzado bastante y en la dirección correcta, comparado con los borradores que hace unos meses no encontraron apoyo mayoritario ni en la Asamblea ni en el debate nacional. ¿Y cómo avanzaron? Haciendo al fin lo que muchos desde el principio les urgimos, abrir el proceso de debate y de construcción de una propuesta.
El intento de consensuar esta ley entre los dos bandos enfrentados en la guerra, ambos con cuentas abiertas con la justicia y la verdad, era torpe y contaminó el pozo. Yo lo advertí en varias columnas
Al ver el rechazo y la desconfianza a su primera propuesta, los diputados entendieron el mensaje y abrieron el debate. Había dos formas de abrir el debate que se propusieron y que se enfrentan hasta hoy. Una decía que hay que concertar la ley con las víctimas, o más bien con las organizaciones que pretenden representar a las víctimas, aunque es obvio que no existen “las víctimas” como sector. Las víctimas que estas organizaciones pretenden representar son exclusivamente las víctimas de la represión gubernamental y militar. Es lo que se puede llamar la propuesta simplista, que negocien con las víctimas. Y el punto central, las penas de cárcel para los victimarios. Es una vista muy simplista del conflicto y por ende, de la tarea de la reconciliación.
La otra manera de ampliar el debate era involucrar algunas de las figuras sensatas del país, personas que pueden ejercer interlocución de confianza con los diferentes actores y afectados, como los diferentes partidos, militares y excombatientes, la academia, iglesia, organizaciones de derechos humanos. No se trata de una negociación, sino de construir con ellos una nueva propuesta que tome en cuenta las necesidades y sensibilidades de todos los actores. 
Esta segunda vía fue exitosa. La propuesta que surgió se centra no en castigo, sino en verdad y reconciliación, y luego de mucha discusión fue asumida por varios partidos, incluyendo ARENA y FMLN, pero también PCN y PDC. Hubo consenso de que esta propuesta vuelve obsoletas las propuestas originales resultadas de negociaciones entre los partidos. Se convirtió en la propuesta de los partidos. 

El problema es la férrea oposición que contra esta y cualquier otra propuesta que no sea de ellos organizan un conjunto de organizaciones que dicen que hablan a nombre de las víctimas. Por negligencia de todos los demás, fueron ellas las que monopolizaron durante años el debate sobre justicia y verdad, memoria y reconciliación. Hoy sienten que solo ellas tienen autoridad para proponer o avalar una ley de reconciliación. Por presión de este sector, tanto el FMLN como otros sectores que ya habían expresado su apoyo a la propuesta, medio se replegaron y vuelven a plantear que hay que tomar en cuenta el proyecto de ley alternativo presentado por las organizaciones de derechos humanos. El hecho que el presidente de la República está tratando de pescar en las aguas revueltas de este conflicto, tampoco ayuda…
Ahora hay que aprovechar la nueva prórroga para someter al debate nacional las dos propuestas y sus lógicas opuestas: la lógica de verdad y reconciliación versus la lógica del castigo. Es un asunto que trasciende los bandos del conflicto, víctimas y victimarios, y los intereses partidarios actuales. 
Saludos, 

Lea también: 

Mejor no legislar que mal legislar

Cállese, señor presidente




EL ANTEPROYECTO DE LEY





















martes, 12 de noviembre de 2019

Carta al ministro de Defensa: La historia de los obuses sin municiones. De Paolo Luers



Publicado en MAS! y EL DAIRIO DE HOY, 12 noviembre 2019


Estimado señor capitán de navío René Francis Merino Monroy:
Me estoy preguntando con base en qué información el presidente de la República se atrevió a publicar este tuit, dándole a usted una orden explícita: Señor Ministro Merino Monroy, prepare e interponga la denuncia ante la Fiscalía General contra Gustavo López Davidson por el hurto de cargamentos de armamento de la Fuerza Armada, así como por estafa agravada a las institución”.
Es imposible que el presidente de la República se haya dado cuenta ni siquiera de la existencia de un negocio de armas entre el Ministerio de Defensa y la empresa Centrum, de López Davidson, realizado en 2013, sin que usted le haya informado. Y no solo informado: Tiene que haberle dicho al presidente que en este negocio hubo delitos como “hurto” y “estafa agravada” por parte del señor López Davidson. ¿De qué otra manera al presidente de la República una buena noche a las 7:49 pm se le ocurre hacer semejantes acusaciones al presidente del principal partido de oposición?
Hay otra cosa que cuesta entender: luego de que usted informa al presidente, recibe a las 7:49 pm del jueves 7 de noviembre la orden presidencial de proceder con una denuncia ante la Fiscalía. Sin perder tiempo, usted se presenta a la Fiscalía, a la primera hora del día siguiente. Y ahí la cosa insólita: usted presenta un “aviso verbal”, o sea sin entregar ninguna documentación sobre el negocio entre Centrum y Defensa y los presuntos delitos.
¿Anuncio verbal? Esto lo puede hacer un ciudadano, cuando de alguna forma se dio cuenta de un delito. Un ciudadano no tiene cómo tener acceso a la documentación que comprueba el delito. Pero un ministro de Defensa, en un caso que surgió dentro de su ministerio, donde él tiene acceso ilimitado a todos los archivos y a los subalternos involucrados, ¿cómo puede ir a la Fiscalía y hacer un anuncio verbal, sin documentar las acusaciones graves contra uno de los líderes políticos de la oposición? Es más, ministro, para informar al presidente, usted ya tiene que haber documentado el caso de antemano. ¿Cómo se le ocurre no entregarla a la Fiscalía?
Por una simple razón: no hay caso. No hay documento alguno en los archivos del Ministerio de Defensa que indique que en el contexto de los negocios entre el ministerio y la empresa Centrum se hayan dado delitos como hurto y estafa.
A mí como civil me costó un par de llamadas y un almuerzo para confirmar con fuentes militares activas y otros retirados que por parte de Defensa nunca hubo el mínimo reclamo a la empresa Centrum en la adquisición de dos obuses de fabricación israelí (el calibre hasta la fecha es información reservada). Fueron adquiridos en 2013, previo viaje a Israel de varios oficiales para probar los equipos. Los equipos fueron entregados debidamente, pero con el acuerdo de que iban a quedar empacados hasta que la Fuerza Armada adquiriese las municiones y Centrum pudiese dar el entrenamiento final. Esto nunca se dio, porque nunca compraron las municiones de obús porque son muy caras. Entonces, nunca se desempacaron, nunca se probaron en suelo salvadoreño. Por tanto, no puede haber ningún indicio de que sean deficientes. O sea, las armas que compraron a López Davidson no funcionan porque no compraron munición.
Como era un convenio de permuta, los obús (con valor de 2 millones de dólares) no se pagaron, sino que Defensa entregó a Centrum lotes de armas obsoletas, muchas de ellas de uso excesivo durante la guerra civil, que luego fueron vendidas todas previamente inhabilitadas a empresas en Estados Unidas que se dedican a la reconstrucción de armas. Nuevamente, en los archivos de Defensa no se encuentra ninguna documentación que podría indicar que este trato haya sido desfavorable para Defensa, ni hablar de delitos.
Usted como ministro tiene acceso a toda esta información. Cualquiera en Casa Presidencial, con menos esfuerzo y tiempo que yo como periodista, hubiera podido comprobar que no hay documentos que indican el cometimiento de ningún delito en el contexto de la adquisición de los obuses israelíes. 
Entonces, nuevamente: ¿cómo se atreve el presidente de la República a públicamente acusar a López Davidson de hurto y estafa agravada? Obviamente no tiene nada que ver con la búsqueda de verdad y justicia, mucho menos con un esfuerzo de preservar los derechos del Estado. Tiene que ver exclusivamente con un ataque político, partidario y personal del presidente al jefe de un partido opositor que se niega a someterse a imposiciones del gobierno. Se trata de la reacción del presidente a declaraciones recientes de Gustavo López Davidson que significan una oposición más consistente que la de ARENA en la Asamblea.
Lo triste es que la irresponsabilidad del presidente está comprometiendo al ministro de Defensa y la Fuerza Armada que dirige.
Saludos,