sábado, 29 de agosto de 2020

Carta a los cotizantes: El Seguro Social es nuestro. De Paolo Luers

 

Hospital General del Seguro Social


Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, sábado 29 agosto 2020


Estimados amigos:

Los que tenemos el privilegio de tener un trabajo formal, somos los dueños del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en partes iguales con las empresas que nos emplean, porque esta institución la financiamos entre los dos. Nosotros financiamos al ISSS mes a mes con la cuota que nos retienen del salario (3%) y la cuota que adicionalmente pone la patronal (7.5% del monto de nuestro salario). Si alguien gana $1,000, unos $30 de nuestro salario van al Seguro Social, y el patrón tiene que pagar otros $75. Con la suma de todas nuestras cotizaciones vive el Seguro Social, con sus hospitales, su personal, sus servicios de consulta atención médica. No vive de los impuestos de toda la población que maneja el gobierno.

Entonces, hay que preguntarse:

• ¿Por qué el ISSS es administrado por el gobierno, y no por autoridades nombradas por sus verdaderos dueños?

• ¿Por qué el director general del ISSS y su vice son nombrados por el presidente de la República, sin consultar a nadie, como si se tratara de un nombramiento político-partidario?

• ¿Por qué el gobierno puede incluso disponer de fondos del Seguro Social para fines ajenos a la institución y sus cotizantes? El actual gobierno se sirvió $25 millones, de la caja del ISSS y además lo obligó a financiar el equipamiento de su Hospital CIFCO.

• ¿Por qué llaman “beneficiarios” a los que financiamos el Seguro Social, como si el Estado o el gobierno nos estuviera dando algún beneficio?

Por ley el ISSS es una autónoma, y debería ser administrado con criterios profesionales y estrictamente para servir a los intereses de sus cotizantes. Pero en la práctica la ley actual permite que el gobierno lo maneja con sus criterios políticos ajenos al bienestar de los cotizantes.

Siempre he argumentado que ciertas entidades públicas (y el ISSS es y siempre será una entidad pública), que tradicionalmente han estado bajo el control de los gobiernos de turno, deberían tener un régimen real de autonomía. El ejemplo clásico es la Universidad de El Salvador, que es pública y estatal, pero goza de un régimen legal que garantiza su absoluta independencia del gobierno. Sería impensable que el rector de la universidad fuera nombrado por el presidente de la República.

Aparte de la Universidad de El Salvador, de este mismo régimen de autogobierno en independencia del gobierno de turno debería gozar el Seguro Social y otras instituciones como la televisión y la radio pública. Les hago una pregunta: ¿El alto grado de autonomía y autogobierno que tiene la UES la convierte en universidad privada? Obviamente que no. Sigue siendo pública. Sirve mejor a la sociedad que una universidad bajo el gobierno de turno.

Público no es lo mismo que gubernamental. Dar al Seguro Social el carácter público-autónomo, bajo el control de quienes lo financiamos y que somos sus usuarios, no tiene absolutamente nada de privatización.

La reforma a la Ley del Seguro Social ahora en discusión en la Asamblea, no tiene nada de privatización. Privatización sería vender los hospitales del Seguro Social a un consorcio privado para que los explote para maximizar ganancias privadas. Nadie está pensando en una locura de este tipo.

Se proponen dos cosas en la reforma: que los cupos que la patronal tiene reservados en el Consejo Directivo, la máxima autoridad de s ISSS, sean “elegidos por la entidad más representativa de los empleadores”, que sin duda es la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP; y que sea el Consejo Directivo y no el presidente de la República que nombre al director general del Seguro Social y su vice.

Es una reforma muy moderada y nada radical. No cambia la correlación de fuerzas en el Consejo Directivo entre representantes de los trabajadores, de los empleadores, de la sociedad civil y del gobierno. Quienes denuncian que con esta reforma se pretende privatizar al Seguro Social solo quieren mantener el control del gobierno sobre la autónoma, para seguirla utilizando para sus fines políticos y financieros.

El fantasma de la privatización, en el caso del Seguro Social es irreal. No así el fantasma del abuso del poder ejecutivo. Este sí es real. 

Saludos, 



jueves, 27 de agosto de 2020

Carta (actualizada) a los pandilleros: Pararon la matanza. De Paolo Luers

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 27 agosto 2020


El 23 de agosto 2019, publiqué esta carta. Hoy, un año más tarde, se sostiene la radical reducción de la violencia de las pandillas. Vale la pena volver a publicar esta carta, con algunas actualizaciones.

Si ustedes han decidido parar la matanza, hay que felicitarles. Si ustedes han tenido la capacidad de implementar esta decisión durante 15 meses, hay que felicitarles. En todo este tiempo, la cifra de homicidios ha bajado a menos de 4 diarios. Insólito. Aunque el gobierno nos quiere convencer de que esto es resultado de su operativo llamado ‘Control Territorial’, solo hace falta darse unas vueltas en las comunidades y los barrios donde ustedes viven para darse cuenta que es paja.

Cualquiera que ha estudiado el fenómeno de las pandillas no se deja engañar por los noticieros, las declaraciones triunfales de los miembros del gabinete de Seguridad y los videos de campaña publicitaria. Detrás de la imagen que quieren vendernos, no es difícil detectar que los movimientos de la PNC y de la Fuerza Armada no están diseñados para provocar enfrentamientos y causarles bajas o capturas a las pandillas. Por lo contrario, las patrullas se mueven bajo un esquema de evitar cualquier enfrentamiento y a veces en zonas donde ni siquiera hay con quien chocar.

Si fue sorpresa que buena parte de los operativos de la PNC resultaron siendo cachetadas de payaso, más sorpresa fue cuando nos dimos cuenta que al mismo tiempo ustedes se replegaron de cualquier acción violenta. Cero ataques a policías y soldados y la ausencia casi total de homicidios. Pero la mayor sorpresa fue que incluso cuando el gobierno aplicó medidas muy fuertes y humillantes en los centros penales, ustedes no respondieron con nuevos ataques.

No sabemos cómo y por qué ustedes tomaron esta decisión. No sabemos si esta decisión la tomaron las ranflas que guardan prisión o las jefaturas en el terreno. No sabemos cómo se pusieron de acuerdo las diferentes pandillas. No sabemos si les ofrecieron algo a cambio de abstenerse de cometer homicidios. No sabemos si ustedes quieren cambiar la situación y el ambiente nacional para luego proponer entendimientos, o si simplemente es una decisión unilateral porque están cansados de una guerra que nadie puede ganar.

Yo no lo sé y tampoco conviene especular. De todos modos, bienvenido sea que tengamos menos violencia, menos muertos, menos familias dolientes. La sociedad salvadoreña siempre ha tenido la sospecha de que ustedes usan su capacidad de bajar o aumentar la cifra de muertes para chantajear al Estado y conseguir beneficios. Se dice que en “la tregua” ustedes jugaron con el dolor de la gente. Fui testigo que no fue del todo así, que hubo un interés genuino de buscar alternativas a la violencia. Si no, yo no hubiera participado de “la tregua”.

Esperamos que hoy tampoco sea así. Esperamos que detrás de su decisión actual de cesar la matanza haya un interés auténtico en abrir espacio para soluciones pacíficas. Esperamos no volver nunca a vivir meses sangrientos como aquellos del 2015, luego de que el gobierno del FMLN hizo colapsar todo lo logrado con la tregua y ambas partes regresaron a la guerra con ánimos de venganza.

En estos 15 meses que han parado la matanza, ustedes mismos deben haber sentido cómo cambió para mejor la vida de sus comunidades y sus propias familias. Esto es suficiente incentivo para mantener en pie esta decisión. No usen la violencia como moneda de cambio en un juego perverso con políticos que los quieren usar para sus fines partidarios. Si lo han hecho anteriormente, en el 2014, ya vieron a qué desastre este juego nos ha llevado a todos en los años sangrientos del 2015 y 2016.

Ustedes han mostrado que pueden parar la matanza. Lo mostraron en el 2012, pero la politiquería no permitió que fuera sostenible. No permitan que de nuevo la politiquería se imponga. Que no les quepa duda de que de nuevo hay políticos gobernantes que quieren usarlos para fines oscuros. 

Les hablo en serio,  




martes, 25 de agosto de 2020

Carta a los economistas de quinta que tenemos en el gobierno. De Paolo Luers

 

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, martes 25 agosto 2020

Hace poco, Genaro Ramírez les dio cátedra, diciendo en la entrevista con El Diario de HoySi nosotros no salimos, el resto de la empresa privada no va a poder funcionar completamente, como se debería”. Se refirió a los buses del transporte públicoY tomen en cuenta que Genaro está sosteniendo esta tesis no desde hoy que al fin se reactiva el transporte público. Él y otros lo hemos sostenido durante meses.

Dudo que Genaro, el elocuente vocero de los buseros, haya tenido que sacar esta conclusión de la reciente columna que Manuel Hinds publicó la semana pasada bajo el ingenioso título “La economía no es un salami”. Habla desde la experiencia y desde el sentido común, cosas que a ustedes les hace falta.

Manuel Hinds, en la citada columna, lo puso así: Abrir una economía por pedazos puede ser mucho más desordenado que abrirla toda de una vez, y puede causar mucho más problemas económicos y de salud”. Y el gremio de Genaro es un ejemplo válido para esta tesis. Al tener paralizado el sistema de transporte público por meses, no solo se complicó el trabajo de los sectores de producción, comercio y servicio público que continuó sus labores, sino también se complicó el combate al contagio masivo. Aunque el gobierno siempre dijo que viajar en los buses era de alto riesgo de contagio, la alternativa fue peor: el transporte informal en pickups, con alto grado de hacinamiento y sin las más mínimas medidas de bioseguridad. 

Continúa explicando Manuel Hinds: “(Así como en nuestro cuerpo) el funcionamiento de unos órganos depende del funcionamiento de otros. Igual pasa en todos los sistemas extremadamente complejos, como es la economía”.

La conclusión es la misma que expresó Genero: Sin el engranaje de todos los servicios (privados y estatales), producciones y comercios, la apertura no desarrolla la dinámica necesaria para echar andar la economía. Lo que es cierto para los buses, igual lo es para el aeropuerto. Sin vuelos de pasajeros, no habrá turismo y los hoteles y la gastronomía, aunque ya abren, van a operar con pérdidas. Sin un pronto regreso a las aulas de los niños, muchas mujeres no podrán regresar a sus trabajos, o el sistema de clases online, que de todos modos no estaba funcionando bien para los alumnos que más lo necesitan, va a terminar colapsando, porque no funciona sin presencia y participación de los padres.

En este sentido, es positivo que al fin la apertura económica no se haga en fases, sino de un solo. La sociedad salvadoreña, tanto los ciudadanos como las empresas, han aprendido en estos meses a vivir con la epidemia. Solo falta que el gobierno no estorbe. Tiene que ejercer su responsabilidad de regular y supervisar las medidas sanitarias necesarias, y tiene todos los elementos legales para hacerlo. No necesita ni estado de excepción ni declaración de emergencia. 

Lo mejor que puede hacer el gobierno es ponerse a la altura del proceso de apertura que el país ya está poniendo en marcha, y reactivar también, a la brevedad posible, los servicios estatales: tráfico aéreo, fronteras terrestres, universidades, escuelas. Cada uno con sus medidas sanitarias bien planificadas. Hay muy pocas actividades que con buena prevención no se pueda abrir, como por ejemplo salas de cine, conciertos, discotecas.

No hay razón para postergar la apertura integral, porque los riesgos que implica la apertura no serán diferentes en septiembre, octubre, noviembre o diciembre que ahora. 

Pónganse a trabajar. Saludos, 




domingo, 23 de agosto de 2020

Delega la Fiscalía las investigaciones al gobierno? Columna Transversal de Paolo Luers

 Publicado en EL DIARIO DE HOY, domingo 23 agosto 2020

Hace poco tuve una controversia amable con una gran amiga (qué bueno que no siempre pensamos igual). Muchos dijimos que el fiscal general había desinformado, igual que el presidente de la República, en el caso Intratext, diciendo que se trataba de una evasión de $293 millones, cuando el mismo requerimiento fiscal habla de $5.33 millones. Ella dijo que fue un error, que el fiscal general ya había admitido y que es diferente a desinformar, es decir, dar una información mala a propósito. Yo le contesté que “El problema es que no le creemos. Bukele cometió el mismo ‘error’. Difícil creer en coincidencias…”.

Pensándolo bien, llego a la conclusión de que mi amiga puede haber tenido razón. A lo mejor el fiscal general no estaba mintiendo conscientemente; simplemente no conocía el fondo del caso. Por una simple razón: es uno de los casos que no nacen de una investigación propia de la Fiscalía, sino de una supuesta investigación de una entidad del Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Hacienda. El ministerio llevó esta caso, con toda la documentación, a la Fiscalía. Hasta ahí no hay problema: el gobierno, como cualquier otro, puede hacer llegar demandas o avisos a la Fiscalía. La cosa se vuelve problemática cuando la Fiscalía no hace su trabajo y no hace su propia investigación, antes de presentar cargos ante un juzgado.

Lo que tiene que hacer la Fiscalía (y lo tiene que asegurar el fiscal general) es someter la documentación entregada por un ministerio a un minucioso examen, incorporando otros elementos, incluyendo elementos de descarga. ¿Por qué es tan crucial e indispensable esto? Porque los ministerios son entidades políticas cuya acción puede estar contaminada por intereses partidarios, sobre todo en una situación tan polarizada como lo ha creado la administración Bukele en el país, y aún más cuando se acercan elecciones.

Este examen la Fiscalía no lo ha hecho en el caso Intratext, en el cual el gobierno acusa a una empresa bajo régimen de zona franca de evasión de impuestos -con gran despliegue propagandístico, en el cual sistemáticamente mencionan el nombre de Javier Simán. Ni siquiera ha examinado si el caso que le entregó el Ministerio de Hacienda cumple un requisito indispensable: que todos los pasos administrativos ante el Ministerio, ante el Tribunal de Apelaciones y ante la Sala de lo Contencioso estén agotados antes de que la Fiscalía pueda tomar acción penal. Ni hablar del examen de los datos que el Ministerio de Hacienda entregó a la Fiscalía. El hecho de que la Fiscalía y su titular se pudieron equivocar tan drásticamente con el monto de la presunta evasión ilustra esto. Confundir los $293 de ganancia presuntamente gravada con los $5.33 millones impuesto que presuntamente había que pagar sobre este monto no es un errorcito que puede pasar a cualquiera, sino muestra un profundo desconocimiento del caso que acaban de presentar al juzgado, incluso emitiendo una orden administrativa de captura y tratando al gerente de la empresa como si fuera un capo como el Chapo.

El mismo comunicado con el cual la Fiscalía rectifica su “errorcito” de los $293 millones demuestra que los fiscales no tienen conocimiento propio del caso y sus datos, sino simplemente dependen de lo que el ministerio les entregó. Dice: “De acuerdo al aviso entregado por el ministerio de Hacienda, se evadió el pago de impuesto sobre la renta por no haber declarado $293 millones en concepto de ingresos gravados…”. Ojo, no dice “de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía”. La cosa es que no había investigación propia, apenas comienza, pero no antes sino después de presentar la acusación y ordenar una captura.

Lamentablemente, no es un caso aislado. La misma negligencia se muestra en el caso de la permuta de armas, donde la Fiscalía acusó y mandó a arrestar a Gustavo López Davidson, dueño de la empresa de armas Centrum, y los ex ministros de Defensa, Atilio Benítez y David Munguía Payés. El mismo esquema: el presidente acusa mediáticamente a López Davidson, en este momento presidente de ARENA; el ministerio hace una “investigación interna” y entrega toda una documentación a la Fiscalía para avisar de delitos cometidos. La Fiscalía, sin hacer un examen minucioso de los datos, documentos, testimonios que entregó el ministerio de Defensa, redacta un requerimiento fiscal basado en las “pruebas” proporcionadas por el gobierno y abre ante un juzgado la acción penal.

El fiscal general, como máximo y único responsable de las actuaciones de todos sus fiscales adjuntos, tiene que poner a funcionar un mecanismo riguroso y confiable de examinar todos los casos antes de autorizar la acción penal. Sobre todo dos clases de casos: los que ha heredado de administraciones anteriores de la Fiscalía General; y los casos cuya documentación proviene de entidades interesadas y posiblemente motivadas por intereses políticos-partidarios. Si el fiscal general no instituye este tipo de filtros, no solo se hace culpable de negligencia sino posiblemente de complicidad en intentos de usar la justicia con fines políticos.

Y la otra conclusión: Si en la Fiscalía no funcionan estos filtros, se vuelve más indispensable que los apliquen los medios de comunicación y los jueces.


sábado, 22 de agosto de 2020

Carta al ministro de Defensa: El deshonor de un soldado. De Paolo Luers

  

El ministro de Defensa René Marino Monroy entrando a la Asamblea Legislativa, acompañado por el candidato del partido Nuevas Ideas para la alcaldía de San Salvador, Mario Durán

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, sábado 22 agosto 2020


Estimado señor contralmirante René Merino Monroy:

El honor es un concepto esencial para la Fuerza Armada. Es su alma. Sólo pueden asumir la responsabilidad de llevar armas a nombre del Estado mujeres y hombres de honor. Sólo pueden asumir el mando sobre unidades armadas personas de honor. Su pérdida causa baja deshonorable.

Usted perdió el honor al mentir. Un oficial que miente ante un órgano del Estado que tiene el derecho constitucional de interpelar e interrogarlo, no puede continuar siendo miembro del Alto Mando, ni servir de ministro de Defensa Nacional. Es su deber renunciar al gabinete y al uniforme. No lo va a hacer, porque está seguro tener el respaldo total y absoluto del presidente de la República. Pero no tiene el respaldo de la Constitución.

La mentira: No recibí ninguna orden del presidente para el dispositivo militar en la Asamblea, el 9 de febrero. Los efectivos militares actuaron en el contexto del procedimiento del Estado Mayor Presidencial para brindar seguridad al presidente de la República.

Esto es falso. Ningún procedimiento de seguridad para el mandatario incluye la presencia masiva en el Salón Azul de unidades con armas largas y que no están bajo el mando del Estado Mayor Presidencial.

De todos modos, si fuera el procedimiento rutinario a cargo del Estado Mayor Presidencial, ¿por qué se apersonaron usted y el Director General de la PNC y asumieron el mando? Si el 9 de febrero no pasó nada que requería instrucciones del presidente, ¿a qué se refería usted cuando en la noche anterior dirigió un mensaje de Twitter al presidente, diciéndole: “Estamos esperando órdenes de nuestro Comandante General Nayib Bukele”?

Todas sus demás mentiras (y las contínuas respuestas evasivas) se derivan de la mentira madre, en la que usted incurrió al negar que el presidente le dio las instrucciones y usted las trsladó a los efectivos militares a que tomaran control del recinto parlamentario. 

Con esta mentira madre usted protege al presidente y se protege usted mismo, porque al reconocer que el presidente ordenó ocupar militarmente la Asamblea lo acusaría de un delito grave; y al reconocer que usted trasladó estas órdenes confesaría el mismo delito. Porque su deber como soldado hubiera sido rechazar una orden tan claramente ilegal.  

Si de protegerse de posibles acusaciones penales se trataba, por lógica usted tenía que negar incluso la existencia de un operativo militar y alegar que sólo se trataba de asegurar la seguridad y vida del presidente. Dos alegatos absurdos. 

Ambos, el presidente y usted, cometieron el 9 de febrero graves delitos que tocará a la fiscalía definir y acusar en su momento, o sea cuando ya no les proteja el fuero que gozan. Ayer tuvo usted, ante la Asamblea y la nación, la oportunidad de oro de salvar su honor, haciéndose cargo de su responsabilidad de las graves violaciones de la Constitución que cometieron el 9 de febrero. No tuvo el valor ni la dignidad de hacerlo. Usted prefirió cambiar su honor de militar fiel a la Constitución contra una actitud de un militante fiel a un líder partidario. Son dos lealtades incompatibles, y usted escogió mal.

Es por esto que le digo que perdió el derecho de vestir el uniforme y dirigir a la Fuerza Armada. Porque personas como usted la dirigen al pasado militarista.

Saludos,

jueves, 20 de agosto de 2020

Carta a los diputados: Tópenlo al cerco. De Paolo Luers

 

El ministro de Defensa, contralmirante René Merino Monroy, dando el informe de su gestión en la Asamblea Legislativa


Publicado en MAS! y EL DAIRIO DE HOY, jueves 20 agosto 2020 


Estimados amigos:
Al fin el ministro de Defensa ma
ñana tendrá que rendir cuentas ante la Asamblea, a la cual ofendió e insultó el 9 de febrero, ocupándola con fuerzas de asalto, permitiendo al presidente de entrar al Salón Azul, ocupar ilegalmente el lugar del presidente del Legislativo y proclamar que ha tomado control del parlamento.

 

Sólo les pido que lo traten con respeto, aunque él no respetó a la institución legislativa, pero no con guantes de seda. Lo grave de los hechos del 9 de febrero requiere que lo topen al cerco y dejen claro que el país que ustedes representan no tolera que sus militares se presten a juegos golpistas, en el mal entendido que tienen que cumplir órdenes del presidente aunque sean inconstitucionales.

 

Y ahí estamos ante la esencia del problema que van a discutir mañana con el contralmirante René Merino Monroy: ¿Quién ordenó al ministro de Defensa movilizar tropas fuertemente armadas para tomar control de la Asamblea? ¿Y cómo es posible que un oficial de nuestra Fuerza Armada haya cumplido esta orden ilegal, aunque toda la doctrina ética militar de la postguerra le dicta lo contrario?

 

Este problema se anunció el día que el presidente formalmente asumió su cargo de Comandante General de la Fuerza Armada, el 1 de junio 2019, y en vez de jurar ante la tropa que va a defender el rol constitucional de la Fuerza Armada, su carácter apolítico y no partidario, hizo a los soldados jurar lealtad a él: “Como su Comandante General les voy a dar una orden. Y les pido que hagan un juramento.: ¿Juran defender a nuestra patria de las amenazas externas e internas, de los enemigos externos e internos? ¿Juran cumplir las órdenes de su Comandante General y juran ser leales hacía este servidor? ¿Juráis?”

 

Muy parecido fue la extraña manera en que este mismo día en la Plaza Barrios hizo jurar a miles de activistas de Nuevas Ideas. Cuando a él le tocó jurar que va a defender la Constitución, hizo jurar al ‘pueblo’ defenderlo a él y su proyecto político “contra todos los enemigos, obstáculos y muros”. Tampoco olvídense de la arenga que el candidato Bukele hizo en la UES, anunciando que para exigirle a los diputados aumento del presupuesto para la universidad él como presidente y Comandante en Jefe iba a marchar a la Asamblea con ‘el pueblo’, la Fuerza Armada y la Policía.

 

El ministro de Defensa, como máximo representante del Alto Mando Militar, hubiera tenido que señalar al presidente, ese mismo día cuando le entregó el bastón de mando, que el compromiso de la Fuerza Armada es con la Constitución y no con el presidente cuando este emite órdenes que contravienen la Carta Magna. Obviamente no lo hizo. La prueba de fuego fue el 9 de febrero – y el ministro falló. En la noche antes de la toma de la Asamblea, cuando ya conocía el plan del presidente de ocupar la Asamblea, el ministro de Defensa publicó su consentimiento en Twitter: “Estamos esperando órdenes de nuestro Comandante General Nayib Bukele.” Y su colega, el Director General de la PNC Mauricio Arriaza confirmó al presidente vía Twitter que en la misma noche del 8 de febrero se había reunido con los altos jefes de la PNC y que estaban listos para lo que ordenara. De paso les pregunto: ¿Por qué Arriaza no fue interpelado junto a Merino Monroy?

 

A la base de la crisis constitucional que ustedes van a discutir con el ministro de Defensa está el peligroso concepto asumido por Bukele que él como presidente, como Comandante General de la Fuerza Armada y como máximo responsable de la PNC puede hacer uso de las dos instituciones armadas para sus luchas personales y partidarias. Lo grave es que los oficiales al mando de estas instituciones armadas se prestan a estos juegos del poder.

 

Tanto Merino Monroy como Arriaza deberían de renunciar. Su permanencia al mando de la Fuerza Armada y de la PNC pone en peligro la República. En esencia, esto es lo que ustedes tienen que discutir con el ministro de Defensa cuando se presente ante la Asamblea. 

 

Saludos, 


martes, 18 de agosto de 2020

Carta al ministro de Hacienda: No comemos su cuento. De Paolo Luers

 

Conferencia de prensa de los ministros de Haciendo y Seguridad, domingo 16 agosto


Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, MARTES 18 agosto 2020

Hace poco, alguien (creo que fue Erick Iván Ortiz, el aventado candidato a diputado de Nuestro Tiempo) puso en Twitter: “Nos gobierna una agencia de publicidad”. Me encantó este tuit. Solo que ahora, a la luz de los hechos de los últimos días, haría una pequeña modificación: “Nos gobierna un gigantesco troll center”, porque las agencias de publicidad se rigen por un código ético básico…

Veamos lo que pasó el domingo pasado. En la tarde se conoció que fue allanada la oficina de la fábrica de textil Intertext en Soyapango y al mismo tiempo detenido el representante legal de esa empresa. La acusación de la Fiscalía: evasión fiscal. El monto de impuestos en disputa: $5.33 millones.
Pero las cuentas de Twitter de la Fiscalía General y del presidente hablaron de un monto defraudado al fisco de $293 millones. FGR: “FGR ordena detención por evasión de impuestos por más de $293 millones.”Bukele inmediatamente retomó esta mentira, y luego de verla en el tuit presidencial, uno tras otros de sus ministros la repitieron.

Tal vez ni el fiscal general ni el presidente tienen la cabeza amueblada para darse cuenta que una evasión fiscal de $293 millones solo la podría realizar una empresa que tenga utilidades de aproximadamente $1,000 millones, y que en El Salvador no existe una empresa tan exitosa. No vamos a esperar que el exadministrador de discotecas (que por cierto las quebró) sepa hacer operaciones matemáticas tan avanzadas o distinguir entre renta gravada y el monto del impuesto a pagar sobre ella. Vamos a darle el beneficio de la duda y asumir que fue ignorancia en vez de mentira.
¿Pero el ministro de Hacienda? Fue él quien, todavía en el cargo de viceministro de ingresos, llevó el caso Intratext a la Fiscalía, con todas su cifras y documentos. Es imposible que se equivoque de manera tan grotesca. Sin embargo, en una conferencia de prensa armada la misma noche de domingo, el ministro de Haciendo José Alejandro Zelaya dijo literalmente: “Son $293 millones que debemos de recuperar”, y agregó que con el dinero defraudado por malos empresarios se podría haber financiado el combate a la epidemia y la reapertura económica.
Claro, ¿cómo pensar que un ministro de este gabinete contradiga a su presidente? Si el jefe da línea al troll center que nos gobierna de que hay que decir a todos los vientos que son $293 millones, ningún ministro se va a salir del huacal. 
De estas declaraciones intencionalmente falsas del ministro, la misma noche, editaron un video con musiquita y lo lanzaron por las redes sociales. Aunque luego se conocerá la verdad, el golpe mediático que necesitaban está dado.
Hay otro aspecto de esta conferencia de prensa que vale la pena destacar. La dio el ministro de Hacienda junto con el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas. Este, por su parte, se hizo acompañar de sus principales jefes policiales. Pero no fue suficiente esto: rompiendo todas las normas legales y éticas, llevaron al detenido del caso (al representante legal de Intratext), amarrado y vigilado como si fuera el mero Chapo Guzmán, a que aparezca ante los ministros y las cámaras. Un detenido por la PNC tiene que ser puesto a disposición de la justicia, no del gabinete de gobierno.
Usted, ministro Zelaya, no solo supo perfectamente que el monto en disputa entre Hacienda y Intratext no es de $293, sino de $5.33 millones. Por oficio también sabe que Javier Simán, desde hace años, ni siquiera es accionista de esta empresa. Pero se queda callado, viendo que desde su gobierno acusan al presidente de ANEP de esta supuesta evasión de impuestos. Ustedes saben también que Salvador Simán murió hace 14 años, pero siguen mencionándolo como accionista principal de la empresa. 
Y, por supuesto, como ex auditor y ex jefe de Ingresos, usted también sabe perfectamente que van a perder este caso, porque no hubo evasión, aplicando correctamente las leyes. Pero esto no importa, porque cuando pierdan el caso ya habrán pasado las elecciones del 2021.
Saludos, 

domingo, 16 de agosto de 2020

Columna Transversal: Derrotados por la realidad. De Paolo Luers

Publicado en EL DIARIO DE HOY, domingo 16 agosto 2020

El gobierno perdió el control sobre cómo la sociedad salvadoreña enfrenta la epidemia y el desorden económico creado por su incapacidad de salir del falso dilema entre salud y empleo. Se le notó el desgano al presidente en su última cadena. Siguió peleando con la Sala de lo Constitucional, por haber declarado inconstitucional el decreto 32, su instrumento para administrar la reactivación económica. Pero ya no luchó para recuperar el terreno perdido, sino se limitó a echar la culpa del desastre a otros. Como todos nosotros, el presidente sabe que no es la Sala que le hizo perder esta batalla por el control de la apertura económica y laboral, sino que es la sociedad que simplemente entró en otra dinámica, que ya no depende de la voluntad del gobernante, sino de la necesidad de la gente de valerse por sí misma. Porque nadie quiere seguir viviendo de bolsas alimenticias. No es tampoco la oposición que le hizo a Bukele retroceder, lo venció la realidad…

Bukele se resignó como niño berrinchudo: Si no me dejan controlar la manera de regresar al trabajo, hagan lo que quieran y asuman las consecuencias…

Ya no tiene sentido insistir en una ley de cuarentena, ni siquiera en una ley que regule las fases de la apertura. Si no toma la iniciativa la Sala, declarando constitucional el decreto legislativo 661 vetado por el presidente (decreto que sí regulaba las fases de apertura), o la Asamblea aprobando otra ley, que a partir del 24 de agosto todo el mundo tendrá libertad de volver a producir, comerciar y trabajar.

Y aunque a muchos les asusta esta posibilidad, es lo mejor que puede pasar al país. Y no es el paso al vacío, al caos, que necesariamente va a provocar nuevas olas de contagio. Todos los sectores, desde hace tiempo, tienen listos (y concertados con los ministerios de Trabajo y Salud) los protocolos de bioseguridad. Los únicos que no los tienen son los informales, pero ellos ya han vuelto a operar desde hace semanas. La apertura de comercios y fábricas a partir del 24, cumpliendo estos protocolos, no tiene nada de caos. Las empresas que durante todo el tiempo de cuarentena han continuado operando (bancos, supermercados, producción de alimentos etc.) no se han convertido en focos de contagio, a diferencia de las instituciones bajo control del gobierno (PNC, asilos de niños y ancianos, centros de cuarentena “controlada”, transporte contratado por el gobierno…).

Además es mentira que sin decreto o legislación que regule la transición a la apertura económica el gobierno se queda sin instrumentos para asegurar que se implementen las medidas sanitarias necesarias. Los códigos de Salud y de Trabajo les dan amplias facultades para supervisar, regular e incluso sancionar. Lo que no les da es facultad de suspender derechos, pero es mentira que esto sea indispensable para abrir la economía. Nadie (y ciertamente no la Sala) va a objetar que el gobierno aplique las medidas contempladas en estos códigos para asegurar la salud de trabajadores, clientes y usuarios.

Así que no hay que tener miedo al 24 de agosto. No hay que tener miedo a que vuelvan a funcionar las líneas de buses, siempre con los protocolos de bioseguridad ya acordados. El transporte será más seguro que el caótico transporte informal, con camiones y pickups, que ha funcionado por la suspensión de las líneas formales y reguladas.

No hay que tener miedo, si todo nos comportamos responsables, aplicando las medidas que ya todo el mundo conoce, sobre todo el uso de mascarillas. El gobierno, en vez de mantener a la gente sin trabajar y con bolsas alimenticias, debería gastar mejor en abastecer a la gente con mascarillas adecuadas. Son la mejor prevención, pero no son accesibles para todos.

No hay que tener miedo a la libertad, sino asumirla con responsabilidad, iniciativa propia y sentido de solidaridad. Abramos de un solo todo nuestra economía productiva y comercial, en vez de esperar que un gobierno nos diga quien puede trabajar y quien no. Tenemos que aprender a vivir con el virus, y no podemos vivir sin trabajar.