Urgen medidas, pero inusuales

En Alemania, en los años 70, nació una iniciativa muy famosa y exitosa –yo diría genial- llamada “Bureau für ungewöhnliche Massnahmen” (Buró para medidas inusuales). Intelectuales, escritores, artistas y activistas de movimientos sociales se juntaron para iniciar acciones públicas, happenings, campañas, hechos políticos, manifestaciones. Siempre eran eventos de gran creatividad y capacidad de provocación. Los objetivos: sacudir la opinión pública; retar a la clase política; poner un tema en la agenda nacional; provocar reflexiones o incluso acciones políticas y legislativas.

Este Buró –no sé si todavía existe- no necesariamente se dedicaba a realizar los eventos, sino de imaginárselos, proponerlos, provocar que los lleven a la práctica los que tenían que hacerlo...
Algo parecido necesitamos en El Salvador. Ciertas situaciones -de estancamiento, de bloqueo, de inercia, de falta de iniciativa- requieren de medidas inusuales. Y para no recurrir a la violencia, mejor a la creatividad. La creatividad siendo la mejor vacuna preventiva a la violencia.
Imagínense que la próxima vez que los encapuchados que se hacen pasar de revolucionarios se tomen la Universidad de El Salvador -cerrándola, dejando afuera a 30 mil estudiantes-, un contingente de excombatientes guerrilleros tome control del campus universitario. Pacíficamente, porque andan armados de la razón histórica y de la autoridad moral que les da su trayectoria. Imagínense que los guerrilleros retomen la universidad, pero no para cerrarla, sino para abrirla, para protegerla, para brindarle seguridad para que funcione libremente; para entregarla a los estudiantes, a los docentes y a rectora que tanto ha luchado por ella, a veces incluso sola... Imagínense un comunicado de los ex-guerrilleros diciendo que “hemos luchado toda una guerra para conquistar para nuestros hijos el derecho a la educación y para que el Estado respete y financie una universidad al servicio del país - y no vamos a permitir que unos impostores con discurso revolucionario siembren terror y violencia en la universidad para seguirla explotando, manipulando, manoseando, negándole al país el derecho de tener una universidad con excelencia académica, misión social y visión para el país.” ¿No sería una medida inusual pero efectiva para resolver una situación inaceptable?

O imagínense una iniciativa conjunta de ex-militares y ex-guerrilleros de erigir, en las plazas de varios de los pueblos más golpeados por la guerra, monumentos dedicados a las víctimas civiles - indistintamente de la afiliación ideológica de víctimas y victimarios. Imagínense que en los actos de inauguración hablen jefes militares y comandantes guerrilleros, reconociendo sus violaciones a los derechos humanos y pidiendo perdón a las víctimas y sus familias.

O imagínense un evento público donde empresarios hartos de las políticas de exclusión de ARENA, juntos con intelectuales de izquierda cansados de las políticas seudo-radicales del FMLN presenten a la nación propuestas de solución en los distintos campos: educación, salud, medio ambiente, fomento de la productividad, transporte público, planificación urbana, reforma fiscal etc. Imagínense que de esta manera de repente quede manifiesto que derecha e izquierda sí pueden llegar a propuestas conjuntas y factibles, siempre y cuando se liberen de las direcciones partidarias cuya apuesta principal es la polarización.

O imagínense el impacto que tendría en la opinión pública el hecho que una serie de políticos reciclados –de todos los colores y sabores- publiquen una declaración conjunta titulada “Hicimos lo que pudimos – hoy les toca a la generación post guerra”, comprometiéndose de sacar sus manos de la política, no solo de las candidaturas, sino también del conspire detrás de bambalinas. Imagínese que esta declaración fuera firmada por Rubén Zamora, Armando Calderón Sol, Facundo Guardado, Mario Acosta, Héctor Dada, Francisco Jovel, Abraham Rodríguez, Francisco Flores, Alfredo Cristiani, Salvador Samayoa, Hugo Barrera y Héctor Silva, quienes al mismo tiempo hacen un llamado urgente de adherirse a este compromiso a Ciro Cruz Zepeda, Leonel González, Mauricio Sandoval, René Figueroa, Salvador Arias, Humberto Centeno, Will Salgado y Alberto Arene… (El hecho que hay políticos, cuyos nombres que no aparecen en esta lista, no necesariamente significa una invitación de seguir en la arena política-electoral.)

Otras medidas que podría provocar el Buró Salvadoreño de Medidas Inusuales:

La adquisición de un buldózer viejo que circule por el centro de San Salvador, ofreciendo servicio gratis a cualquiera que necesite limpiar la salida de su casa o negocio de basura, champas, comedores, tiendas de campaña, etcétera. Ofreciendo servicio gratis también a cualquiera que quiere botar su edificio dañado desde el terremoto del 1996 y convertir su terreno en un parque, una cancha o un jardín…

La formación de brigadas juveniles en las comunidades que con apoyo logístico de la Fuerza Armada y apoyo económico y organizativo del gobierno, de las alcaldías, de las iglesias y de las universidades implementan programas de limpieza, salud, educación, reconstrucción y organización en sus propias comunidades. Adiós al asistencialismo. Que cada uno meta mano a su problema - y para esto, reciba apoyo.

Abrir las canchas y los patios de las escuelas para el uso de la comunidad en las noches, fines de semana y vacaciones, siempre y cuando exista organización comunal que se haga responsable.
Miles de familias o negocios adoptan los dos o tres postes de luz o telefonía que tienen en frente de su casa, tienda u oficina. Los limpian, los pintan bonito y les ponen rotulitos diciendo: “Poste libre de contaminación política, por favor no hacer pintas ni pegas. Gracias, los vecinos”. Y siempre cuando un partido los mancha, en la mañana los vecinos vuelven a limpiarlos. Si es necesario, todos los días.

Y los artistas del país, convirtiendo los postes limpios en obras de arte…

Etcétera, etcétera, etcétera…

¿Le parecen muy inusuales estas medidas? Claro, de esto se trata. Porque, ¿hasta dónde hemos llegado con las medidas usuales?

Rufina y el coronel

El héroe declarado de la Fuerza Armada en la guerra civil salvadoreña es el coronel Domingo Monterrosa. Su némesis, Rufina.

El término némesis deviene de la diosa griega de este nombre. Némesis es conocida en la mitología griega como la diosa de la venganza. Pero esto es la versión popular. Realmente Némesis es la diosa que castiga la soberbia. Es la diosa que se encarga de la caída de los personajes que han llegado a un elevado estatus social -poder, riqueza, reconocimiento o fama- por medios ilícitos, contrarios a las leyes y la decencia. El ejemplo clásico: la caída de Creso, el poderoso e inmensamente rico rey de Lidia, quien al ser demasiado soberbio fue arrastrado por Némesis a una guerra contra el rey persa Ciro que provocó su ruina. (Busque “Némesis” en Wikipedia).

Rufina Amaya, una campesina de Morazán, sobreviviente y testiga de la masacre de El Mozote, es el obstáculo inamovible, insuperable e invencible para el coronel Monterrosa para convertirse en héroe nacional en la memoria colectiva. Para siempre queda en la historia del país como el responsable de la masacre de El Mozote. Muy a pesar de los intentos de sus compañeros de armas de escribir otra historia, gracias a Rufina Amaya se conoce la historia real: un militar de grandes capacidades y de extraordinario liderazgo, la estrella entre sus camaradas, el niño mimado de los asesores gringos que quieren hacer de El Salvador el experimento exitoso de cómo ganar una guerra contrainsurgente sin intervenir directamente sino más bien a control remoto vía entrenamiento y asesoramiento.

En esta estrategia, Monterrosa era una figura central. Por esto, los asesores gringos le ponen al frente de la primer unidad contrainsurgente entrenado por ellos, el batallón Atlacatl. Y ahí iba Monterrosa, la esperanza de los gringos, el líder carismático de la tropa, el macho por excelencia, queriendo enseñar a la vieja casta de militares corruptos cómo enfrentar y vencer a la insurgencia. Monterrosa iba con todo y a ganar, primero el poder en el ejército, luego la guerra, luego el país.

Y en la primera gran acción de su batallón estrella, echa a perder todo. El gran estreno del batallón Atlacatl bajo el mando de Monterrosa: la masacre de El Mozote. Sube el Atlacatl, bajo el mando de Monterrosa, al norte de Morazán para golpear a la guerrilla. El golpe cae al vacío. Monterrosa no encuentra campamentos a destruir, sólo campamentos abandonados. No encuentra tropa a cercar, sólo unidades guerrilleras invisibles que le causan docenas de bajas. ¿Cómo justificar le pérdida de tantos hombres y armamentos sin haber matado a nadie? Entonces, se va a El Mozote, el único lugar donde la población, como era evangélica y no colaboraba con la guerrilla, se había quedado en sus casas. El Mozote: el único lugar donde había gente para matar. El resultado: Mil civiles muertos. Varios caseríos erradicados del mapa, con todo: casas, ganado, pobladores.

Tal vez el error más grande: Dejaron viva a Rufina Amaya. Si estuviéramos en la Grecia antigua, la historia se hubiera contado más o menos así: Némesis, la diosa que no permite que la indecencia lleve al estrellato a los hombres, se apoya en una humilde muchacha campesina –Rufina Amaya- y le da un don muy poderoso y raro: la capacidad de contar la verdad de una forma que nadie podía dudar de ella.

Cuando los primeros guerrilleros llegamos a El Mozote después de la masacre, Rufina nos contó lo que había pasado. Me quedé congelado. Tanto que decidí, este mismo día, quedarme peleando esta guerra pasara lo que pasara. Después de escuchar a Rufina, el volado era conmigo. Ya no era un asunto de solidaridad sino un asunto personal.

Cuando trajimos a periodistas de los medios más influyentes de Estados Unidos a El Mozote, Rufina les contó lo que había pasado. Y un hombre tan escéptico (y tan honesto) como Ray Bonner del New York Times la interrogó diez veces sobre cada detalle, y al final me dijo: Yo no quisiera que fuera verdad, porque va contra todos los valores en los cuales yo como americano creo - pero esta señora dice la verdad y mi gobierno miente. Y así lo escribió en el New York Times. La verdad de Rufina –y de Bonner- fue tan opuesta a la verdad americana que Bonner perdió el empleo. Pero en Estados Unidos quedó la duda…

Hace poco, como 25 años después, fui nuevamente a El Mozote, con unos amigos de Europa y escuché a Rufina contarles su historia – y era igual. ¡25 años y la historia era igual! No había crecido, no era más dramática, no había más detalles. Era la historia de Rufina, la verdad.
Sigamos en la versión griega de la historia de Rufina y el coronel. Némesis hizo que Rufina sembrara la verdad. El coronel hizo lo posible para tapar la verdad y convertir la primera acción grande de su batallón estrella de masacre en victoria militar. Pero en los pasillos en Washington quedó sembrada la duda. El Congreso no soltó la ayuda militar como la necesitaban los militares. Sin embargo, no castigaron a Monterrosa. Por lo contrario, le dieron más poder dentro de la Fuerza Armada. Le hicieron jefe de la región donde sabían iban a perder o ganar la guerra, la tercera región militar que abarca todo Oriente. La región realmente en disputa de control entre gobierno y guerrilla.

Pero Némesis nunca tolera la soberbia. Y nunca tolera que los hombres alcancen poder con acciones de maldad. Preparó la caída definitiva del asesino convertido en poderoso líder militar. Obviamente, no fue la diosa que planificó la muerte de Monterrosa. De ésto se encargó Joaquín Villalobos, el máximo jefe de las guerrillas en Oriente. Aprovechándose de la soberbia de su adversario –que había estudiado pacientemente por años- le puso una trampa mortal. Sabiendo que el trofeo más deseado de guerra para el coronel era la Radio Venceremos –que nunca dejó de hablar de los niños muertos en El Mozote-, le puso un transmisor viejo de la Venceremos en el camino. Supo que Monterrosa no iba a permitir que nadie más que él mismo llegara al cuartel con el trofeo perseguido por años. Monterrosa inmediatamente voló al lugar del descubrimiento, subió el trofeo a su helicóptero, y murió. El trofeo contenía una bomba que fue activada por los guerrilleros bajo el mando de Villalobos, cuando vieron despegar al helicóptero.

Némesis no tolera la soberbia. No tolera que el mal que hace un hombre lo lleve al poder. Para materialmente destruir al hombre asesino que estaba al punto de abrazar el poder, Némesis se apoya en el comandante guerrillero –con tu perdón, Joaquín-, pero sobre todo en Rufina, la muchacha campesina que representa la verdad. A ella, Némesis le da el don de contar la historia de El Mozote tal cual. Le da este don raro de la verdad que no da espacio para la duda.

Muere Rufina, 26 años después de la masacre, pero no muere la verdad. Queda con nosotros la verdad de Rufina haciendo imposible que falsifiquen la historia. Haciendo imposible que a Monterrosa lo suban a estatus de héroe nacional. Queda en la memoria de la humanidad el coronel Monterrosa como el que echó a perder todo: sus ambiciones de ganar la guerra; sus ambiciones de llegar al poder político como el héroe que ganó la guerra contra el comunismo. Y de paso echó a perder el éxito de la nueva estrategia contrainsurgente norteamericana (la estrategia post-Vietnam), basada en el entrenamiento gringo de tropas elites y su conducción a control remoto, sin mancharse las manos blancas. Quedaron manchadas. Se quedaron sin poder vencer la insurgencia. Gracias a Rufina Amaya. Perdón, diosa, gracias a Némesis.

(Publicado en El Faro)

Sólo preguntando III o ¿hay conexión salvadoreña?

En mayo 2004 escribí: “No puedo opinar sobre este caso de trascendencia nacional. En un momento en que nadie habla en voz alta, pero todo el mundo, en privado, divulga especulaciones y teorías de las más insólitas, sólo me queda decir: me niego a opinar, porque para opinar primero necesito información; pero también me niego a callar, ya que en este tipo de casos, el silencio es lo que provoca más especulaciones, más veneno, más daño. Entonces, sólo me queda preguntar.” En aquel entonces, se trataba del asesinato de Federico Bloch.

Hoy debo decir lo mismo sobre el caso que ya no es el caso del asesinato de los tres diputados en Guatemala, sino del triángulo crimen organizado-policía-escuadrones de la muerte en Guatemala y, posiblemente, El Salvador.

No voy a entrar en especulaciones. Tampoco callar. Entonces, voy a preguntar.

El catálogo de 23 preguntas que a petición de un partido opositor tendrá que contestar el ministro de Gobernación Carlos Vielman ante el Congreso guatemalteco fue la publicación más relevante que La Prensa Gráfica ha hecho sobre el caso (cosa que habla mucho de la calidad informativa de La Prensa). El personaje clave en el catálogo de preguntas: un tal Víctor Rivera, conocido en los círculos de inteligencia, policial y hampa de El Salvador y Guatemala como “Zacarías”, señalado por un candidato a la presidencia de Guatemala como figura clave en este triángulo fatal de crimen organizado-policía-escuadrones. Lo raro: aunque el archivo de La Prensa Gráfica está lleno de información sobre este oscuro personaje, vinculado también en El Salvador al montaje de estructuras y operaciones paralelas a las institucionales y legales de la policía y de la inteligencia, muy poco quieren escribir de él, mucho menos de sus amigos. O sea, da la impresión que no quieren hablar de él porque saben quienes son sus amigos y de qué son capaces…

Esto nos lleva al primer grupo de preguntas, relacionadas todas con “Zacarías” y sus contactos históricos y actuales en El Salvador.

-¿Fueron realmente desmanteladas las estructuras paralelas a la PNC que “Zacarías” montó en los años 90 para Hugo Barrera, en aquel entonces vice-ministro de Seguridad?
-¿Qué pasó con los integrantes de la tal Unidad de Análisis Policial que manejaba “Zacarías”?

-¿Quiénes de los colaboradores de “Zacarías” en esta Unidad que posteriormente fueron incorporados a la PNC y cuáles son sus actuales cargos?

-¿Cómo fueron incorporados, pasaron o no por los mecanismos establecidos y por la Academia Nacional de Seguridad Pública?

-¿Hay o había personal de la ex Unidad de Análisis de “Zacarías” trabajando en empresas de Hugo Barrera?
-Dentro de las actividades de la Unidad de Análisis, ¿hubo ocasiones donde integrantes de esta unidad usaban placas de la PNC, aunque no eran miembros de la PNC?
-¿Tienen las autoridades salvadoreñas conocimiento de un viaje de “Zacarías” a San Salvador el día domingo 25 de febrero de 207, día del asesinato de los 4 policías acusados del asesinato de los tres diputados?

-¿Tienen conocimiento las autoridades salvadoreñas si en esta ocasión “Zacarías” se comunicó o encontró con integrantes de la PNC salvadoreña o con otros funcionarios públicos?
Se ha reportado en varios medios que los dos oficiales de la PNC guatemalteca destituidos (el jefe de la División de Investigación Criminal (DINC), Víctor Soto, y su jefe inmediato, el subdirector de investigaciones, Javier Figueroa) han viajado a El Salvador en fechas anteriores al asesinato de los diputados. ¿Tienen conocimiento las autoridades salvadoreñas si estos policías guatemaltecos han tenido contacto, en estos viajes, con integrantes o asesores de la PNC salvadoreña?
-¿Tenían las autoridades salvadoreñas conocimiento del hecho que “Zacarías” tenía participación en las investigaciones de la muerte de los diputados? ¿Sabían que “Zacarías” tuvo acceso directo a los cuatro policías detenidos?
-¿Existe una investigación en El Salvador de las personas y sobre todo de los funcionarios públicos salvadoreños que tienen contacto con “Zacarías”?

El segundo conjunto de preguntas tiene su escenario en Guatemala:

-¿Continúa “Zacarías” desempeñando su cargo en el ministerio de Gobernación de Guatemala?
-¿Continúa “Zacarías” participando en las investigaciones de los asesinatos de los diputados y de los asesinatos en el penal El Boquerón, teniendo acceso directo a testigos, evidencias, información sobre futuras investigaciones y detenciones?
-¿Cuál es la posición del gobierno salvadoreño sobre el papel de “Zacarías” dentro del aparato de seguridad de Guatemala y dentro de las investigaciones de los asesinatos?
-¿Dentro de las asignaciones que tenía “Zacarías” dentro del Ministerio de Gobernación, ha tenido autoridad o relaciones de trabajo con los seis policías que participaron en el asesinato de los diputados, con las autoridades de centros penales y del penal El Boquerón, con Víctor Soto y con Javier Figueroa?
-Cuando “Zacarías” se traslada de El Salvador a Guatemala, en 1997, para trabajar con el Ministerio de Gobernación, ¿es presentado, recomendado o avalado por algún funcionario salvadoreño?
-¿En qué momento y en qué función específica, el ex-director de Inteligencia y de la PNC salvadoreña, Mauricio Sandoval, se relaciona con la PNC o con el Ministerio de Gobernación en Guatemala?
S-i en algún momento Sandoval se desempeñó como asesor de autoridades guatemaltecas, ¿esto ha sido avalado o gestionado por el gobierno salvadoreño?
-¿Ha tenido Sandoval vínculos de trabajo con los oficiales de la PNC guatemalteca involucrados en el asesinato y en las investigaciones?
-¿Ha tenido Sandoval contacto directo con Víctor Rivera “Zacarías” en Guatemala?

Regresemos a El Salvador. Todavía preguntando.

-¿Existen en El Salvador, en el campo de seguridad, investigación e inteligencia, estructuras paralelas a la PNC, al Organismo de Inteligencia del Estado, financiadas y dirigidas por el gobierno, pero no sujeto a los controles legalmente institucionalizados para la PNC y la OIE?
-¿Existen y operan en El Salvador estructuras y equipos técnicos financiados por el Estado, con participación extraoficial de integrantes de la PNC u otras instituciones estatales, con el fin de monitorear comunicaciones telefónicas?
-¿Qué es el Grupo Omega? ¿Tiene relaciones con instituciones del Estado?
-¿En qué institución del Estado fueron a parar y equipos de escucha telefónica provenientes de Israel, adquiridos a finales del 2004 por el gobierno de El Salvador, por un monto de casi medio millón de dólares?

Cierro con las dos preguntas del millón: ¿Hay conexión salvadoreña? Y la otra: ¿Existen en El Salvador estructuras de seguridad e inteligencia paralelas?

Cabe señalar que algunas de mis preguntas no tienen relación con el caso actual de los diputados asesinados. Con las preguntas sobre estructuras paralelas en El Salvador –las que no tienen relación con “Zacarías”- no se quiere insinuar que estas tengan participación alguna con el crimen de los diputados. Personalmente creo que no las tienen. En el caso de las estructuras montadas en los años 90 por “Zacarías” dentro y fuera del aparato estatal de seguridad, hay razones por lo menos a investigar si tienen relación con los hechos en Guatemala – si es que siguen existiendo. Pero incluso las estructuras paralelas –si las hay- que no tienen ninguna relación ni con “Zararías” ni mucho menos con los crímenes en Guatemala, sí tienen que ver con el fenómeno de fondo que salta a la vista con el caso de los diputados, de los policías guatemaltecos y de “Zacarías”: el enorme peligro que constituyen las estructuras paralelas de seguridad e inteligencia. Incluso en caso que ahora estas estructuras paralelas sean útiles para resolver el caso de los diputados, siguen siendo peligrosas y dañinas.

(Publicado en El Faro)

Proteger a la PNC

En muchas pláticas sobre la tragedia guatemalteca de una policía enferma en cuerpo y cabeza del cáncer del crimen organizado escuché la opinión: ¿Cuál es la gran indignación sobre Guatemala, si nuestra PNC es igual?

Totalmente en desacuerdo con esta actitud. Es irresponsable. No tiene base histórica. Quien dice esto, no ha entendido nada de nuestra historia de guerra, paz negociada, reforma institucional, intentos de contrarreforma, defensa de las reformas…

Condenar a la PNC de manera general y sin base histórica, comparándola con la policía guatemalteca que tiene el mismo nombre pero otra historia totalmente diferente, no contribuye en nada a la urgente tarea de analizar cómo proteger a nuestra PNC, cómo fortalecerla y cómo recuperar y potenciar sus principales virtudes, que son su carácter civil, su carácter pluralista y su carácter apolítico.

Lo que ahora estamos viendo en Guatemala –una policía fuera del control civil; una policía y probablemente un gobierno infestados por el crimen organizado y por políticas fascistas de “limpieza social”- no es lo mismo que estamos viviendo en El Salvador. Tampoco es correcto entender esto como un problema genérico de las policías latinoamericanas. No toda policía tiene unidades que operan como bandas criminales o escuadrones de la muerte.
Por otra parte, ninguna policía está exenta de las tentaciones de la corrupción, del dinero fácil que ofrece el crimen organizado o de las operaciones extrajudiciales de limpieza social.
Si una policía se pudre o se cura, depende de las correlaciones de fuerza, de los mecanismos de control civil sobre los cuerpos de seguridad, del funcionamiento de las instituciones del Estado encargadas de las políticas de seguridad y de justicia.
En El Salvador tenemos que aprovechar la actual crisis guatemalteca, pero no para esconder los problemas graves que tiene nuestra PNC detrás de una cortina de resentimientos y valoraciones subjetivas, sino para analizar fríamente sus problemas y producir soluciones.
Si comparamos la PNC guatemalteca con la salvadoreña, llegamos a dos conclusiones paralelas: Todos los problemas que ahora detectamos en Guatemala, también existen aquí, pero de manera menos estructural; hay corrupción, pero de personas, no de estructuras enteras. Al mimo tiempo, la PNC salvadoreña tiene mecanismos de defensa mucho más fuertes, una institucionalidad más robusta, y sobre todo una composición diferente. Todos estos factores han permitido que en la PNC, aunque hay elementos corruptos y criminales, no existen unidades y cadenas de mando comprometidos y dirigidos por el crimen organizado.

Entonces, hay que reforzar y potenciar estos factores que en El Salvador operan como antídotos a la infestación criminal, a las filosofías de exterminio, a la corrupción.

Son tres los principales antídotos que tienen sus orígenes en el contexto histórico de la creación de la PNC salvadoreña como elemento central de los Acuerdos de Paz.

Primero, la ruptura institucional con la tradición de los cuerpos de seguridad. La desmilitarización de la policía. Su carácter civil, su supeditación a un gobierno civil. Todo esto combinado con un factor externo a la policía: la depuración de la Fuerza Armada y su separación estricta de la política.

Segundo: el pluralismo. La entrada a la nueva policía y sus estructuras de mando de un importante contingente de excombatientes de la guerrilla -en muchos casos de los mejores cuadros del ejército guerrillero, hace contrapeso efectivo a la influencia fuerte de ex integrantes de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad disueltos. Y se facilita y promueve la entrada masiva de civiles en todos los niveles de la PNC. Estos fenómenos internos se combinan y aseguran con un factor externo a la policía: la institucionalización del pluralismo en el sistema político e institucional del país.

Tercero, la mística: La nueva policía como garante de la democratización y de la vigencia de los derechos humanos. Nuevos contenidos y métodos en la Academia Nacional de Seguridad Pública.
Estas son las tres principales fortalezas de la policía salvadoreña. Y por más que estos tres virtudes de nacimiento hayan sufrido erosión en la práctica y bajo gobiernos adversos a la democratización de las instituciones de seguridad, estoy convencido que es gracias a ellas que nuestra policía no está enfrentando una crisis tan aguda y generalizada como en Guatemala. En Guatemala no hubo desmilitarización ni de la policía, ni hubo depuración y no hubo separación de la política del ejército y del ejército de la política. La policía guatemalteca es la misma de antes con otro nombre, no hubo cambio de su composición ni mucho menos hay nueva mística. Todos los jefes principales de la PNC guatemalteca provienen de la peor tradición represiva de la Fuerza Armada bajo las dictaduras militares – y a diferencia a El Salvador, donde lastimosamente también hay demasiados jefes policiales provenientes de los antiguos cuerpos de seguridad, no hay ningún contrapeso. En Guatemala no hay jefes policiales provenientes de la izquierda. Ni uno solo. Y casi no hay jefes policiales provenientes de la sociedad civil.
En El Salvador, cada una de las virtudes con los cuales nació la nueva policía, ha sufrido serias erosiones. Pero por más que directores de la PNC como Mauricio Sandoval y Ricardo Menesses han hecho para aislar a los mandos policiales provenientes de la guerrilla –pero no sólo a ellos, sino también a marginar a las mujeres de posiciones de mando, o sea a los elementos que más claramente simbolizan el carácter civil de la policía-, no han podido eliminar del todo el pluralismo dentro de la policía. Las mujeres y hombres con vocación democrática siguen existiendo en la policía, aunque muchas veces aislados por sus jefes. De hecho, cuando Rodrigo Ávila regresa a la dirección de la PNC, inmediatamente se apoya en los mandos marginados por sus antecesores –mujeres y ex insurgentes- para restablecer los equilibrios peligrosamente alterados por Sandoval y Menesses y sus protegidos dentro de la PNC. Son sus aliados naturales –independientemente de posiciones ideológicas, sino en base a coincidencias sobre el carácter de la policía- para combatir los lastres y los grupos de poder instalados en la policía bajo los directores anteriores.

Por más que los mandos policiales ineficaces, corruptos y represivos, que afianzaron su poder en la PNC bajo la dirección de Sandoval y, sobre todo, de Menesses, hicieran para dar al traste con la nueva mística democrática y civil construida en los primeros años de la PNC, no pudieron borrarla, ya que seguían en la policía miles de agentes y mandos comprometidos con este mística, seguía existiendo una Academia Nacional de Seguridad Pública fuera del control de la dirección de la PNC sino más bien bajo control e influencia de un Consejo Académico pluralista.
Lograron reducir a un ente conformista a la Inspectoría General de la policía, supeditándola a la dirección de la policía, pero ahora está sobre la mesa una propuesta de volver a darle a la Inspectoría la independencia que necesita para funcionar como entre controlador. Propuesta hecha por la Comisión de Seguridad con participación plural de la sociedad civil. Como primer paso, habría que apoyar y poner en práctica esta reforma.

Y en esta línea, aprovechando que las virtudes de nacimiento de nuestra policía (porque así como hay pecados de nacimiento en Guatemala, también existen virtudes de nacimiento que hay que entender para poderlas fortalecer) se han debilitado pero no borrado, habría que dar pasos concretos para fortalecer la PNC – no sólo en su capacidad profesional, que es indispensable, sino también en su compromiso con la democracia y los derechos humanos.

Esto sería la manera adecuada de reaccionar a la lección guatemalteca. No con resignación, metiendo a nuestra PNC en un mismo saco de basura con la PNC guatemalteca, sino fortaleciéndola en su carácter civil, profesional, democrático y plural.

Tal vez el miedo que a todos nos dan los sucesos guatemaltecos –el espectáculo de una policía podrida y un gobierno incapaz de controlarla- puede provocar a los partidos salvadoreños de unir criterios y esfuerzos para proteger a la PNC salvadoreña. Tal vez el pleito sobre los 100 millones de préstamo para seguridad puede resolverse con un debate sincero sobre qué necesita la PNC para blindarse contra las enfermedades guatemaltecas. Tal vez llegarían a la conclusión que en nuestra seguridad hay que invertir aun más que estos 100 millones, pero dirigiendo las inversiones a una obra que realmente ponga a la PNC, la fiscalía y el ministerio de Seguridad en condiciones de depurarse, de capacitarse, de protegerse. Inversiones que crean la capacidad de nuestras instituciones de seguridad pública de inmunizarse contra el crimen organizado, de inmunizarse contra tentaciones de exterminio social.

Por ejemplo: ¿Cómo hacer las carreras en la policía, en la fiscalía, en medicina legal, en la investigación criminológica tan atractivas que pueden atraer a los profesionales más capaces, más ambiciosos, más comprometidos con el futuro del país?

Siempre cuando alguien pone en la agenda el tema de los salarios que hay que pagar a nuestros policías para evitar la infiltración del crimen organizado, del narcotráfico, del crimen de cuello blanco, hay quienes sostienen que no hay salario que pueda competir con el dinero que ofrecen los narcos y la corrupción. Correcto. Debate cerrado. Error. Hay que pagar bien a los policías, los fiscales y los que llevan a cabo la investigación científica del delito, no para inmunizarlos con dinero contra las tentaciones de la corrupción, sino para atraer a nuestro aparato de seguridad a los mejores profesionales. Esto tiene que ver con salarios, pero además con formación académica, mística profesional, reconocimiento social y cultural.

Si se invierte en esto, pero de manera decidida y audaz, se asegura que a la policía no entren los mediocres o los que tienen afición por las armas, el poder y la vida militar, sino los civiles con vocación democrática, con ambición profesional y académica y con conciencia social. Necesitamos que para un abogado, un ingeniero, un psicólogo recién graduado de la universidad -igual que para un técnico, un mecánico, una enfermera- sea igualmente o más atractivo entrar a la PNC que entrar a la empresa privada. Necesitamos que para los mejores egresados de las escuelas de medicina sea atractivo especializarse en medicina forense o en investigación científica del delito que entrar a cirugía o pediatría.

Haciendo esta inversión ahora, podremos tener en 10 años una policía altamente motivada, capacitada y reconocida por la sociedad. Lo que es el mejor –talvez el único- antídoto a la corrupción.

Hay que repensar seriamente cómo asegurar el carácter civil de la policía. Con la actual estructura y filosofía, los destacamentos de policía en los pueblos parecen más bien tropas de ocupación. Son acuarteladas, de la misma manera como antes eran acuarteladas la GN y la PN. No tienen raíces en la comunidad, por lo tanto es difícil para la comunidad de ejercer su deber de control y escrutinio sobre la policía. Comunidad y policía no pueden ayudarse mucho mutuamente, en materia de prevención y detección de delitos, etc. Y una tropa acuartelada siempre tiende a desarrollar un espíritu de cuerpo que muchas veces es incompatible con la mística que debe tener una policía moderna, civil, democrática.

Todas las líneas de análisis de la situación de nuestra policía nos llevan a un elemento común: Hay que retomar las virtudes de nacimiento de la PNC. Hay que revertir las políticas que han llevado a una erosión de estas virtudes. Hay que construir de nuevo un consenso que trascienda intereses sectoriales y partidarios para proteger la PNC, darle capacidad, equilibrios internos y mecanismos externos de control.

ARENA, si sinceramente quiere seguir en el camino escogido de erradicar todas las influencias del crimen organizado sobre el partido y sobre el Estado, no tiene otro camino que apostar a una PNC profesional, apolítica, democrática. Así entendí al presidente Tony Saca cuando inmediatamente después de la ejecución de los tres diputados de ARENA dijo: Es un mensaje a nuestro partido y nuestro gobierno y no le vamos a hacer caso. No nos van a doblegar.

Y el FMLN, si en algún momento quiere gobernar, tiene que trabajar desde ya –junto con el gobierno- en el fortalecimiento institucional de la policía. Lo que menos le conviene a la oposición es retrasar más el esfuerzo –que por definición tiene que ser consensuado- de proteger a la PNC y dotar a la PNC y al resto de instituciones de los instrumentos y fondos necesarios para hacer irreversible su democratización y profesionalización.

Así que ambos partidos grandes, en vez de lanzarse mutuamente campañas de desprestigio en el tema préstamos, deberían decretar una moratoria en el pleito sobre los préstamos. Una moratoria para sentarse a concertar una política nacional de seguridad, incluyendo una reforma de la PNC, y después decidir conjuntamente de cómo financiar estos proyectos. Quedan suficientes temas para hacer campaña electoral de aquí al 2009. No vale la pena poner en peligro a la PNC por supuestas ventajas electorales. Hay suficientes temas para confrontar, para perfilarse, para distinguirse de aquí al 2009.

(Publicado en El Faro)

Guate-mala. No, peor

En casos tan delicados como el del asesinato de los tres diputados salvadoreños al Parlacen y su motorista en Guatemala, es irresponsable especular. Puede dañar a reputación de las víctimas. Puede dañar las investigaciones. Puede dañar la precaria capacidad de cooperación entre las autoridades guatemaltecas y salvadoreñas en la investigación y en la cooperación en materia de seguridad.

Entonces, nada de especulaciones. Más bien, es preciso reconocer al alto grado de responsabilidad con el cual el gobierno y los partidos políticos salvadoreños han manejado el caso. Incluyendo –y sobre todo- Roberto D’Aubuisson, el hermano de una de las víctimas. Esta actitud mesurada y responsable puede haber evitado reacciones y contra-reacciones peligrosas entre las militancias de cabeza caliente de los dos partidos grandes, en los críticos dos días entre el asesinato y la captura de los cuatro policías guatemaltecos, cuando mucha gente veía un crimen político ideológico en el contexto del reciente debate sobre el rol del mayor Roberto D’Aubuisson.

La sensatez y moderación mostrada por la clase política salvadoreña en esta crisis es muestra de un grado de madurez de nuestro proceso de paz que a veces no logramos ver, confundiendo la polarización política-partidaria típica de una democracia emergente con un estado de guerra política. El hecho de que el FMLN expresara, con toda claridad, que asume el crimen contra los tres diputados como una agresión al país –no sólo a ARENA- demuestra que la posición que ha tomado el FMLN contra la violencia política a raíz del 5 de julio de 2006 es mucha más que un movimiento táctico, defensivo o retórico.

Esta madurez mostrada aquí por toda la clase política contrasta mucho con la irresponsabilidad del presidente guatemalteco Oscar Berger. Es inaceptable cómo Berger, sin ningún indicio y adelantándose a la investigaciones, señalaba que se trataba de un pleito entre salvadoreños. Conociendo la autoría de los policías guatemaltecos, hay que entender esta intervención indebida e irresponsable del presidente de Guatemala como un burdo intento de distracción.

Con esto estamos en el centro de la problemática - hasta donde los hechos conocidos hasta la fecha nos permiten definirla. Porque mientras no conocemos los móviles de los policías asesinos, y mientras no sabemos si hay autores intelectuales fuera de la policía guatemalteca, la única cosa que sabemos es: Los cuatro salvadoreños fueron secuestrados, torturados y asesinados por una unidad elite de la PNC de Guatemala. Punto. O más bien, signo de exclamación. O signo de terror, si esto existiera.

Mientras no sabemos más, el centro del asunto es la incapacidad de Guatemala de controlar, depurar e investigar a su propia policía. El hecho que las autoridades salvadoreñas involucradas en la investigación no se cansan de reconocer –en público- la excelente colaboración y el profesionalismo de las autoridades guatemaltecas, hay que entenderlo como necesaria cortesía. Entiendo esta prudencia diplomática, pero por suerte en la prensa no la tenemos que emular.
El gobierno de Guatemala no puede mostrarse sorprendido por esta muestra de la existencia de estructuras criminales dentro de su policía. Casi todas las víctimas salvadoreñas de asaltos en Guatemala señalan que fueron asaltadas por policías. El jefe de su división contra el narcotráfico está preso en Estados Unidos – por narcotráfico. El gobierno de Guatemala no puede pintar estos casos como excepción, todo el mundo sabe que corresponde a un patrón. La PNC guatemalteca no es resultado de una seria refundación de la policía, como en caso salvadoreño. No ha pasado por la desarticulación de los cuerpos policiales de la dictadura militar. El problema de la PNC de Guatemala no es que tenga “malos elementos” que paulatinamente se eliminan con un sistema de depuración. Es un problema de estructuras criminales dentro de la policía, incluyendo sus mandos. Los diputados al Parlacen no fueron asesinados por individuos, sino por una unidad policial.

En cualquier investigación criminal que involucra a policías –y con mucho más urgencia cuando involucra toda una unidad orgánica- una línea principal, indispensable y prioritaria de investigación es todo el contorno dentro de la institución. Horizontal, para ver qué otros elementos están involucrados. Y vertical, para ver hasta donde está comprometida la cadena de mando. Se investiga a todos que están bajo el mando del acusado, y sobre todo se investiga a sus jefes, para ver si el oficial acusado actuaba bajo órdenes o contra órdenes.

El problema en nuestro caso es: Encima del acusado Luis Arturo Herrera López, jefe de Sección contra el Crimen Organizado de la PNC guatemalteca, no hay nadie que no esté involucrado directamente en la dirección de la investigación misma. Tan grave es: Encima del oficial policial que presuntamente mató a los diputados, sólo están el jefe y el subjefe de la DINC (dirección de investigaciones criminales), y el subdirector y el director de la policía. Y estos son precisamente los que controlan la investigación.

Quiere decir: Nadie puede garantizar que las investigaciones y las evidencias no estén comprometidas, porque nadie ha tenido ni el tiempo, ni la voluntad ni el poder de investigar a los investigadores. Si al jefe de la unidad contra el crimen organizado no lo hubieran detenido, debido a la coincidencia que interceptaron al vehículo de los diputados frente a una cámara de control de tráfico, con toda seguridad ahora fuera parte integral del equipo investigador.
La presencia y el rol activo que jugaron en la investigación Rodrigo Ávila y altos oficiales de la PNC y fiscalía de El Salvador, posiblemente pueden haber abortado o neutralizado cualquier intención de oficiales de la policía guatemalteca de encubrir, distraer, manipular evidencias. Ojalá.

Sin embargo, la policía guatemalteca –y posiblemente otras instituciones involucradas en la investigación- está tan gravemente comprometida que es imposible que se pueda investigar y depurar ella misma. El caso de los diputados es suficientemente grave para que los tres poderes del Estado guatemalteco instalen una Comisión Investigadora independiente, si es necesario con participación internacional, para investigar no sólo el caso de los diputados asesinados sino para investigar la existencia del crimen organizado dentro de la policía.

Nada de esto ha pasado. El presidente guatemalteco da declaraciones que pueden entenderse como el intento de dirigir las investigaciones a terrenos que le parecen más cómodos: primero hacia una conexión salvadoreña, después hacia el narcotráfico. Pero de todos modos, hacia fuera de las instituciones bajo su propia responsabilidad.

Ha pasado una semana y no ha entrado el FBI a la investigación. El FBI estaba listo para entrar desde el mismo lunes. Pudo haber movilizado equipos y personal en cuestión de horas. Sólo faltaba la luz verde del gobierno de Óscar Berger. Hoy dicen que el papel del FBI se va a limitar a pesquisas técnicas. Van a traer al FBI para examinar los vehículos involucrados, después de que han permanecido bajo control de los colegas de los acusados durante una semana. Pero, ¿va a meterse el FBI en la investigación de los investigadores? ¿Están solicitando esto Óscar Berger, su homólogo salvadoreño o el Parlacen?

Hasta este punto he llegado con mi columna, cuando a las 9:30 p.m. del día domingo 25 de febrero me entero que fueron ejecutados –en la cárcel donde supuestamente están bajo protección especial- los cuatro policías acusados de la muerte de los diputados. Si hace unos momentos todavía tuve alguna duda sobre lo que estaba escribiendo sobre Guatemala y sus instituciones de seguridad pública, ahora resulta que me quedé corto. Tenían razón las vallas que alguien puso en el año 2005 en la carretera hacía la frontera que decían: Guate-MALA. No se puede confiar en una investigación en manos de la policía guatemalteca.

Para medio terminar la argumentación, aunque con este ritmo de los acontecimientos en Guatemala, quién sabe si tiene validez mañana: Hay otra línea de investigación que es obligatoria en cualquier caso de asesinato: la rigurosa investigación de las víctimas. No estoy hablando de investigación contra las víctimas. No estoy hablando que haya sospecha contra las víctimas. Es simplemente un principio de investigación criminal: a veces algo en la vida, en el contorno, en la historia de la víctima da la pista para esclarecer el crimen, su móvil, sus autores materiales o intelectuales.

Con todo respeto por los diputados asesinados, alguien debería estar ahora investigando sus contactos, sus comunicaciones, sus movimientos, incluso sus familias y sus empresas. No para incriminarlos, sino para no dejar sin investigar ningún elemento que puede esclarecer el crimen contra ellos. Se entiende perfectamente que esto no se hace de manera pública, que hay que respetar el dolor y la privacidad de las víctimas, pero espero que los investigadores salvadoreños lo estén haciendo. Espero también que nadie ponga obstáculos a esta parte de la investigación, ni con la intención de proteger la reputación de las víctimas y sus familias. Precisamente para eliminar todas las especulaciones sobre vínculos de las víctimas con el crimen organizado que supuestamente dan un posible móvil de su ejecución, es indispensable que esta parte de la investigación se haga con toda profesionalidad e independencia.

Termino esta columna con la horrible sensación de que –bajo los acontecimientos de esta noche en Guatemala- la cosa es aún peor que uno se atrevía a imaginar, mucho menos a aportar al debate público.

(Publicado en El Faro)

En defensa de un enemigo

Es normal –y fácil- salir en defensa de los amigos. Sin embargo, no soy amigo de Geovanni Galeas, por lo contrario. Tenemos años de estar peleando. Nos separan mundos. Pocas veces coincidimos, casi siempre nuestras opiniones son contradictorias. Tampoco he sido admirador de su programa Universo Crítico que recién fue clausurado por el Ministerio de Educación al tomar control del Canal 10. A veces me pareció aburrido, a veces me pareció insoportable que Galeas no dejara hablar a su invitado, pero a veces los debates en Universo Crítico eran brillantes, cómicos, ilustradores. Tal vez a pesar de su conductor. Estaban mal realizados, como todo lo producido por Canal 10. Pero dieron espacio a pensamientos que de otra forma nunca hubieran tenido cabida en la televisión. Comparado con la basura generalmente transmitida por Canal 10, Universo Crítico era incomparablemente superior.

Sin embargo, cuando los nuevos “dueños” del Canal 10 –los titulares de Educación- suspendieron el programa de Galeas, no me provocó levantarme en ira y protestar. Los programas –los buenos como los malos- en algún momento llegan a su fin. Sea porque se agotan, sea porque hay propuestas nuevas y más atractivas que los aplacen. La verdad es que no le puso mucho coco al asunto de Universo Crítico, como tampoco al traspaso del Canal 10 de Concultura a Educación.

Pero cuando leí las declaraciones de José Luis Guzmán, quien como viceministro de Educación parece haber asumido la dirección del Canal 10, sobre el porque de la suspensión de Universo Crítico (y de PlaticArte, conducido por Héctor Sermeño, sobre el cual no puedo opinar porque nunca lo vi), se me encendieron todas las alarmas del complicado sistema que tengo instalado para protegerme de burócratas y ataques a la libertad de expresión.

“Lo quitamos porque era un programa personal y estaba utilizando recursos del canal y del Estado para un programa personal”, dice el viceministro de Educación. Y agrega: “Nuestro objetivo no es sacarlos (a los dos programas) para sustituirlos ya por otra cosa, el objetivo era resolver un problema administrativo.”

Vaya, licenciado. Por lo menos es sincero: Admite que no tienen con qué sustituir los programas suspendidos. Es más, admite que no tienen la más mínimo idea de qué hacer con el canal, hablando de contenidos, de formatos, de géneros. Pero que nadie se preocupe, ya saben cómo resolver este vacío intelectual: “Hemos hablado con el director de la Radio El Salvador, por ser también una emisora oficial, para conocer un poco más su trabajo…” Admite, entonces, que de convertir al Canal 10 en “emisora oficial” se trata.

Clara, ahora se entiende por qué el viceministro, interrogado sobre el porque del cierre de Universo Crítico y Platicarte, contesta: “Es un tema más institucional”, y después cuenta que ellos (el ministerio) les dijo a los conductores cesantes que la puerta queda abierta para que hagan una nueva propuesta al Canal 10, “pero hagan un planteamiento institucional al ministerio.”

Quieren una emisora oficial, institucional. No quieren “programas personales”, o sea no comprometidos con el lineamiento del Ministerio.

¿Cómo es esto de programas personales? Un artista, un intelectual, a quien encargan la conducción de un programa cultural, ¿cómo va a hacer que no sea personal? ¿Supeditándose a un control institucional en materia de crítica cultural? Claro que un programa como Universo Crítico es personal. No hay otra forma de hacerlo decentemente.

Acusar a un conductor de un programa (sea cultural, político o deportivo) en la televisión estatal de usar recursos estatales, es lo más absurdo que puede inventarse. De la boca de un burócrata que no hace otra cosa que usar recursos del Estado, sólo puede traducirse así: En Canal 10 estaban usando recursos estatales sin supeditarse a los intereses del partido gobernante. Vaya pecado. Ahora entiendo porque Canal 10 tenía que pasar de Concultura –institución que goza cierta autonomía y que además está siendo gobernada por un hombre con mente autónoma- al control directo de un ministerio, donde hay funcionarios que usar los recursos del estado sin interés personal, entiéndase con interés partidario.

De repente me parece que todos nosotros que necesitamos la libertad de expresión para sobrevivir –los artistas, los periodistas, los intelectuales, los independientes- nos hemos dormido. La mala calidad del Canal 10 nos tenía sedados e indiferentes. ¿Canal 10? ¿Televisión estatal? ¿Qué importa? Por esto, cuando empezaron a preparar el traspaso del canal de Concultura al Ministerio de Educación, no dijimos nada.

Perdimos la oportunidad de exigir que en vez de pasar la televisión pública del tutelaje de una burocracia a otra peor, se comience a debatir cómo crear una televisión pública independiente, autónoma, crítica, creativa, participativa.

Pero como dicen, nunca es tarde. No se trata de defender y preservar la mala calidad que tenía Canal 10 bajo Concultura. Se trata de la enorme potencialidad que podría tener una televisión pública, una televisión no comercial pero tampoco estatal, mucho menos gubernamental. Una televisión pública donde burócratas no tengan nada que mandar. Una televisión profesional, financiada por el Estado –por el público- pero producida por los mejores artistas, comunicadores, cineastas del país. Con un estatus de autonomía como lo tiene la BBC inglesa, o la ARD y la ZDF alemana, o la RTVE española o la PBS norteamericana – modelos hay suficientes, incluyendo modelos muy exitosos.

Que esto no se puede hacer con el personal de Canal 10 –el típico personal de una entidad estatal, burócratas en vez de profesionales- es obvio. Tampoco con gente como Guzmán quien quiere conductores sometidos a control político y burocrático. Pero una televisión pública autónoma es la única forma de hacer contrapeso a la televisión comercial que por lógica no va a invertir en una programación que no produzca ganancias.

No se trata de reinstalar a Galeas al esquema de una televisión gubernamental. Se trata de crear una televisión donde no manden ni los ministros ni los zares de la televisión comercial. El Salvador la merece. Y por supuesto que un Galeas, independientemente que me caiga bien o mal- tendría que caber en ella.

(Publicado en El Faro)

¿Cuál mafia?

Me pregunto cuál sería la razón de que La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy se han desempeñado a hablar de la ley antimafia, los tribunales antimafia y los jueces antimafia, cuando ninguna de estas cosas existe en el país. Y ojo, no son los reporteros, tienen que ser los editores. Porque en las notas casi siempre se habla correctamente de la Ley contra el Crimen Organizado, de los tribunales especializados y los jueces especializados. Sin embargo, en los títulos –los que ponen los editores- siempre se habla de la ley antimafia y los tribunales y jueces antimafia.

En las docenas de notas analizadas, no he encontrado ninguna fuente –ningún juez, ningún ministro, ningún diputado, ningún abogado- hablando de una ley antimafia, pero al final la nota lleva un título como: “Garantismo: duda sobre juez antimafia” (LPG del lunes 12 de febrero 2007) o “Ley antimafia va a debate legislativo” (EDH, 2 de noviembre 2006). En esta última citan a seis de los más influyentes legisladores de los partidos de la derecha – ninguno habla de la ley antimafia, todos hablan correctamente de la Ley contra el Crimen Organizado.

El Diario de Hoy publica el 24 de noviembre del año pasado una nota titulada ”CSJ urge a comisión ley antimafia.” Leyendo la nota, llaman la atención poderosamente dos cosas: primero, quien urge es un (en cifras 1) magistrado de la Corte Suprema de Justicia, hablando a título personal, no comunicando una posición consensuada de la Corte; y segundo, el reportero no habla de la ley antimafia. El trasfondo de estas contradicciones –o de este titular engañoso- es muy simple y muy obvio: la Corte Suprema nunca se pronunció presionando a la Comisión de Seguridad respecto a la su posición sobre la Ley contra el Crimen Organizado, y una ley antimafia jamás ha estado en discusión en El Salvador.

Lo último tiene una razón obvia: en El Salvador no hay mafia. Mafia no es un sinónimo para criminalidad. Tampoco para violencia. Tampoco para crimen organizado. La mafia es un crimen organizado muy específico, en su manera de organizarse, en su manera de infiltrar el Estado, en sus áreas de operación, en sus códigos de conducta. Por esto, aunque el término mafia surge para describir la cosa nostra siciliana, por su similitud con esta organización y su modus operandi se aplicó a otras bandas de otras regiones italianas, y después a bandas chinas y rusas. Es común hablar en Estados Unidos de la mafia rusa o de la mafia china, pero nunca hablan de la mafia mexicana o de la mafia salvadoreña. Porque las bandas latinas son de origen y forma totalmente diferentes. La diferencia principal: a diferencia a las mafias, surgen de problemas sociales.

Aquí no existe mafia. Existe crimen organizado. Hay maras juveniles que se están convirtiendo en crimen organizado; hay policías corruptos y delictivos que también son crimen organizado; hay corrupción que alcanza niveles de crimen organizado; y hay bandas que se dedican a delitos muy profitables de cuello blanco. Quiere decir que hay crimen organizado de múltiple tipo. Por esto hay que prestarle atención a Rodrigo Ávila cuando el dice que para enfrentarse al crimen organizado aparte de la Ley contra el Crimen Organizado ya aprobado se necesita algo parecido a la famosa ley RICO (Racketeering Influenced and Corrupt Organizations”.

Por que en una cosa tiene razón el director de la PNC, aunque no estoy muy claro si esta es la dirección adonde apuntaba: aquí no hay combate al crimen organizado, sólo a una parte que es la violencia de las maras. Si empezamos a discutir una ley RICO para El Salvador, que no sea nuevamente un instrumento que solo sirve para la campaña contra las maras, sino realmente contra todas las formas del crimen organizado existente en El Salvador. Rodrigo Avila estaba hablando de le ley RICO en el contexto de la condena contra dos pandilleros salvadoreños en Estados Unidos quienes fueron sentenciados aplicando esta ley federal. Pero la ley RICO puede aplicarse a mareros sólo cuando cumplen la definición de crimen organizado. RICO fue creado como instrumento contra la mafia y sus negocios ilícitos. Ha sido un instrumento legal muy efectivo para combatir la vinculación de la mafia con estructuras estatales, o sea su infiltración en la policía, gobiernos locales, sindicatos, etc.

Hablar de RICO aquí no cobra sentido sólo por el efecto colateral que permite en Estados Unidos aplicar esta ley a pandillas, sólo cuando son consideradas por los jueces federales organizaciones ilícitas que se dedican a negocios líticos. Si hablamos de RICO, hablemos entonces de todas las formas de crimen organizado. Hablemos del tipo de crimen contra el cual RICO fue creado: el crimen organizado mezclado con empresas poderosas, y sobre todo del crimen organizado con poder sobre decisiones estatales. Sería interesante. Me encanta la idea de aplicar la lógica de RICO a El Salvador.

Sin embargo, obviamente no es esta la intención de nuestra Prensa Gráfica de Hoy cuando cada rato está hablando de la mafia. Entonces, ¿por qué insisten, siempre cuando hablan de la nueva ley y de los tribunales y jueces especializados que ésta crea, a usar el término antimafia?

Toda la discusión sobre los tribunales especializados surge de la problemática de las pandillas, la violencia creada por las maras, el índice de homicidios relacionados con esta forma de crimen organizado. La nueva ley existe porque sus autores y defensores –el ministro de Seguridad Pública, su vice, el fiscal general, el partido ARENA, el magistrado de la Corte Suprema Ulices del Diós Guzmán- decían que sin una ley de este tipo, sin tribunales especializados, sin nuevas reglas de juego en cuanto a la admisión de pruebas, no podían efectivamente combatir a las maras. Punto. Para esto es la ley, para esto serán los tribunales.

Pero hay muchos quienes opinan que sin el componente de prevención -es decir sin una política que ataque de verdad a las raíces sociales de la violencia juvenil, a la marginación, al hacinamiento den los barrios y las comunidades marginales- ninguna ley especial tendrá efecto contra la violencia juvenil y pandillera.

Esto es el Estado actual del debate en nuestra sociedad. De este debate va a depender cómo la población votante va a percibir y evaluar la política de seguridad del gobierno. ¿Va a las raíces o queda en la superficie y la politiquería?

Otra vez, ¿cuál es le necedad de La Prensa de Hoy de hablar de políticas antimafia? Claro, si logro pintar el fenómeno detrás de la inseguridad como mafia, no tiene sentido hablar de prevención. Si de mafia se trataría, olvidémonos de pendejadas sociales. Contra la mafia no hay política social, sólo la estricta aplicación de la ley. Con una mejor policía y una mejor fiscalía –mejor financiados, mejor capacitados, libres de corrupción- se puede vencer la mafia.

Contra el tipo de violencia y delincuencia que vuelve inseguras nuestras calles, se necesita aplicar, aparte de las leyes, una política social de largo plazo, pero no de parches, sino de la transformación de los barrios, la transformación de las escuelas, la transformación del Estado paternalista en Estado social.

(Publicado en El Faro)