Carta a los diplomáticos: Hablen más claro, por favor

Estimados embajadores y representantes de organismos internacionales:
Todos ustedes están tratando de mandar un mensaje al gobierno salvadoreño, pero mientras no hablen un poco más claros, nuestros políticos se van a seguir haciendo los majes.

El mensaje que ustedes están mandando es sencillo, peo tal vez no completo: Apoyamos el Plan El Salvador Seguro, estamos dispuestos a contribuir con fondos, con expertos, con convenios, con lo que sea, para que El Salvador pueda salir de esta crisis de violencia. Así lo dijo el jueves Mari Carmen Aponte, embajadora de Estados Unidos, dirigiéndose al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Así lo manifestaron, desde meses, los embajadores europeos y los representantes de Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea, y hasta del Banco Mundial. Y no sólo la comunidad internacional, igual la sociedad salvadoreña ha dicho al gobierno: Si implementan el “Plan El Salvador Seguro”, cuenten con nosotros. Lo han dicho empresarios, religiosos y hasta la oposición política.

Por que este plan (aunque no completo, en partes mal enfocado, y elaborado por un Consejo que nunca asumió plenamente su carácter independiente del gobierno), es un paso positivo. Es esencialmente un plan de inversión social, de prevención y de reinserción. Define con claridad que la prevención tiene prioridad sobre la represión.

Lo que el gobierno se niega a entender y aceptar es que todas estas voces que le urgen a no continuar perdiendo tiempo y al fin implementar el plan “El Salvador Seguro”, al mismo tiempo le quieren decir: Paren este plan de Mano Dura, que están lanzando en los territorios, y que ha multiplicado la violencia y la cantidad de víctimas.

Esta parte del mensaje, señoras y señores de la comunidad internacional, la tienen que decir con más claridad, porque es obvio que el gobierno no lo quiere entender. Tal vez algunos dentro del gabinete de seguridad piensan que pueden seguir apostando a una solución militar al problema, matando a los pandilleros, reprimiendo comunidades enteras, callando a sus críticos – y que el “Plan El Salvador Seguro” y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana son la fachada ideal, detrás de la cual pueden seguir haciendo lo mismo… y además bajarles pisto a la comunidad internacional…

Para estos dentro del gobierno, el mensaje de ustedes tiene que ser claro y contundente: Nuestro apoyo es para el plan que prioriza la prevención y la intervención social – no para el plan mano dura que ha llevado al país a 900 homicidios en un solo mes. Decídanse por el plan que tiene consenso nacional y apoyo internacional, no por el otro que divide la sociedad y resta respaldo internacional…

Así tal vez entienden. Así tal vez podemos arrancar con un plan que todos podemos apoyar. Pero si el gobierno sigue con su doble juego de un plan que implementan en el terreno, usando la fuerza pública de manera represiva y hasta al borde de la legalidad – y de otro plan bonito que discuten en consejos y reuniones internacionales, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar hacia una solución del problema de violencia, y tampoco hacia la construcción de un acuerdo nacional que todos podremos apoyar.

Se entiende que el lenguaje diplomático es así… diplomático. Pero a veces hay que hablar claro y pelado, como lo hizo su colega de Alemania. No se dejen engañar por dobles juegos. Exijan que el gobierno se decida por cuál camino quiere transitar.

Gracias por tratar de ayudarnos. Saludos,

 

(Mas!/El Diario de Hoy)

Carta a los organismos financieros internacionales. De Paolo Luers

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, jueves 10 septiembre 2015

Señores:

El 16 de abril de 2015, la Asamblea Legislativa ratificó un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un total de $100,000,000. Destino: “Apoyo a proyectos de inversión productiva y social”.

 

En vez de ejecutar los “proyectos de inversión productiva y social”, parece que el gobierno tiene estos 100 millones como fondo de reserva: Cada vez que tienen un problema de liquidez, que es frecuente, corren a la Asamblea para que les permitan reasignar un pedacito de este fondo para pagar sus cuentas.

 

Primero se recetaron 13 millones para pagar los salarios de la Fuerza Armada. Indudablemente es necesario para a los soldados, pero esto está ya contemplado en el presupuesto nacional de la nación – y si no lo es, cometieron una inconstitucionalidad. De todos modos, no es “Apoyo a proyectos de inversión productiva y social”, que el giro del préstamo.

 

Luego se recetaron (siempre del mismo fondo del BCIE) otros 15 millones para los famosos bonos a los policías. Otro gasto necesario. Pero nuevamente la pregunta: ¿Por qué no lo incluyeron en el presupuesto? Y ciertamente, tampoco es “inversión [productiva y social”.

 

Pero esto no es todo: Pasaron por la Asamblea la autorización de reasignar $5,063,010 a Hacienda. ¿Saben para qué? Para pagar las cuotas para organismos internacionales. Gastos absolutamente previsibles, que tienen que estar incluidos en el presupuesto. Obviarlos es un delito…

 

Ya que Hacienda se recetó una parte de los fondos destinados para inversión social, de un solo agarró otro pedacito sabroso: $6,100,000 para –¡no lo van a adivinar!- la deuda política que Hacienda tiene que pagar a los partidos. Otra inversión productiva que va a sacar adelante nuestra economía…

 

Y de último viene Casa Presidencial exigiendo su tajada: 4 millones para “gastos administrativos” – aprobados por la Asamblea sin que nadie informara de qué tipo de gastos se trataba. Hasta después nos dimos cuenta que esta pedazo del pastel incluía 1.5 millones para que el alcalde Miguel Pereira del FMLN pueda cumplir su promesa de reconstruir el Estadio Juan Francisco Barraza en San Miguel.

 

Me encanta que los migueleños tengan su estadio, pero por qué esconden su financiamiento dentro de “gastos administrativos” de Casa Presidencial y dentro de un préstamo para “inversiones productivos y sociales”? ¿Por qué, si no es para consumo de propaganda, será Casa Presidencial que regala a los migueleños un estadio?

Con estos 5 pedazos de pastel ya le quitaron al fondo de inversión social un total de $43,163,010, o sea el 43%.

 

¿Qué tiene que decir el BCIE de esto? ¿Qué dicen los expertos del Banco Mundial, de Fomilenio, del Fondo Monetario del hecho que el gobierno usa préstamos para inversión productiva y social para solventar sus gastos corrientes? ¿Qué dice la Asamblea Legislativa, que aprobó un presupuesto nacional, el cual por ley tiene que incluir todos los gastos previsibles, y luego resulta que los salarios y bonos de Fuerza Armada y PNC, así como la deuda política de los partidos y las cuotas de mebresía de Naciones Unudas y OEA no estaban incluidos?

 

¿Y cuándo va a haber inversión productiva y social?

No se hagan de ojo pacho con un gobierno sin responsabilidad fiscal, señores. 

Saludos, 

 

Carta a los chapines: el punto sin retorno

Queridos vecinos:
Hace unos años, cuando en su país se hizo deporte emboscar, robar y matar a turistas salvadoreñas, en El Salvador se puso vallas que decían GUATE-MALA.

Hoy que ustedes nos dan lecciones en democracia, deberíamos poner vallas que digan: GUATE-BUENA. Y hoy a lo mejor ustedes tienen temor de viajar a El Salvador…

Ustedes obligaron a las instituciones y a la justicia que funcionaran, y hoy tienen una fiscalía y una CICIG que nos dan envidia y ánimo. Sus ciudadanos se unificaron sin distinción de colores partidarios, y se movilizaron hasta que renunciaran y enfrentaran a la justicia la vicepresidenta y el presidente de la República. Ni la policía, ni el ejército, ni los grupos de choque de partidos reprimieron las manifestaciones. No por tradición democrática, por que no existe, sino por miedo al poder de la movilización ciudadana. Y para coronar la gesta cívica, fueron masivamente a elecciones – y en primera ronda desbancaron al más corrupto de los candidatos, hasta entonces líder en todas las encuestas.

65% de participación electoral en una contienda donde no hay candidato bueno, donde se trata de escoger al menos malo y darle un mandato de reforma política y respeto irrestricto a la legalidad – esto es una muestra de madurez de la ciudadanía guatemalteca que es ejemplar para América Latina. Mi respeto.

Van a tener un presidente mediocre y un Congreso igual de mafioso que el anterior. Pero si ustedes logran mantener la presión ciudadana, ellos no van a poder detener las reformas políticas y electorales pendientes.

Guatemala ya pasó del punto sin retorno (el famoso “point of no return” de los pilotos). Una vez pasado este punto, frenar lleva al desastre. Esto lo entendió incluso Otto Pérez – y por esto no hizo uso de la represión para quedarse en el poder.

Así que no frenen. Solo les queda acelerar y despegar.

Nosotros, sus vecinos en el Triángulo Norte de Centroamérica -unidos por historias comunes de violencia, mal gobierno, impunidad, y pobreza- estamos ante el reto de aprender de las lecciones que ustedes nos están dando. Imitar no se vale. El Salvador y Honduras no son iguales a Guatemala. Aquí no se trata de botar presidentes o gobiernos. En nuestro caso, en El Salvador, hay partidos fuertes que canalizan las expectativas de amplios sectores. Y ni siquiera se ha dado el primer paso: crear instituciones incorruptibles que pueden investigar la corrupción. Aquí todavía hay que superar la tentación de condenar antes de investigar.

El primer paso en Guatemala fue la CICIG y una fiscalía independiente. Exigir este primer paso debe ser el denominador común de la movilización ciudadana. Nada menos y nada más.

Una vez que CICIES y fiscalía hagan su trabajo, investiguen y haya resultados contundentes, tendrá sentido pedir renuncias, condenas, cárcel para ex funcionarios o funcionarios. Pedir esto antes, solo crea divisiones. Pedir investigación es el único punto unificador. Esto es lo que saca de las lecciones guatemaltecas.

Gracias, chapines, y sigan adelante. El único apoyo que podemos darles es convertir lo que ustedes comenzaron, en una tendencia regional.

Saludos,

(Mas!/El Diario de Hoy)

Columna transversal: Ataco: ¿Hay voluntad de cambiar el rumbo?

Surgió de la reunión interpartidaria una “Declaratoria Conjunta de Ataco”. Menos mal que no lo llamaron “Pacto de Ataco”, porque todos lo hubiéramos comparado con el “Pacto de San Andrés” del 1994, que nada aportó a la unidad nacional, sino más bien profundizó la polarización: Fue un pacto entre ARENA y un grupo de disidentes del FMLN, excluyendo al FMLN. Y al fin no sirvió para más que para subir el IVA del 10 a 13%. Todos los demás declaraciones de buena voluntad quedaron en… declaraciones de buena voluntad. Sin embargo, no hubo voluntad…

También el papel de Ataco está lleno de buenas intenciones: “compromiso de respeto a la Constitución”; “rechazo a todas las formas de violencia”; “voluntad al diálogo”; “generar un ambiente respetuoso”; “solución integral a la problemática de la seguridad ciudadana”… Estas declaraciones se escapan de cualquier análisis crítico, porque son tan básicos como decir: No vamos a hacer nada ilegal. El tiempo juzgará, más temprano que tarde.

Mejor vamos a los acuerdos más concretos, todos en el marco de Seguridad.

¿Prevención o represión?

“a) Conformación de un comité interpartidario que facilite la creación de un marco específico relativo a la prevención, readaptación, reinserción y rehabilitación, acorde con el Resultado 5 del Plan El Salvador Seguro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, tomando como base el anteproyecto de la ley de reinserción y rehabilitación que se encuentra en consulta, y previendo medidas acorde a la situación de violencia actual, de conformidad al artículo 13 de la Constitución.”

Esto provoca inmediatamente algunas preguntas y dudas.

Primero: ¿Estarán el gobierno y el FMLN dispuestos a rediseñar el anteproyecto de Ley de Reinserción, de manera que deje de ser una ley de rendición para delincuentes individuales, y se convierta en un real incentivo para las pandillas a reinsertarse?

Segundo: ¿Cómo piensan promover la reinserción sin hablar y dialogar con los que hay que reinsertar? O sea, ¿están dispuestos a abrir caminos de diálogo?

Tercero: El artículo 13 de la Constitución que citan contiene las garantías contra detenciones arbitrarias (“La detención para inquirir no pasará de setenta y dos horas y el tribunal correspondiente estará obligado a notificar al detenido en persona el motivo de su detención, a recibir su indagatoria y a decretar su libertad o detención provisional, dentro de dicho término”), pero también medidas de excepcionalidad: “Por razones de defensa social, podrán ser sometidos a medidas de seguridad reeducativas o de readaptación, los sujetos que por su actividad antisocial, inmoral o dañosa, revelen un estado peligroso y ofrezcan riesgos inminentes para la sociedad o para los individuos. Dichas medidas de seguridad deben estar estrictamente reglamentadas por la ley y sometidas a la competencia del Órgano Judicial.” 

¿A cuál de las dos se refieren los partidos? ¿La garantía constitucional o las medidas excepcionales? ¿Están todos los firmantes hablando de lo mismo, o hablan unos de reforzar las garantías constitucionales y otros de un estado de excepción?

Los medios

“d) En el marco del respeto irrestricto a la libertad de prensa y libertad de expresión, exhortamos a los medios de comunicación social contribuyan en la construcción de un ambiente acorde a los avances y esfuerzos que institucionalmente se realizan en materia de seguridad ciudadana.”

¿Realmente hay existen avances en materia de seguridad pública? ¿Realmente los partidos tienen coincidencia sobre esto? Yo lo dudo. ¿Y qué esperan que los medios hagan cuando encuentren indicios que no hay avances sino serios retrocesos, o indicios que en materia de seguridad existen esfuerzos extra-institucionales y extra-legales para combatir la delincuencia? ¿Vamos los medios tener que enfrentarse a un frente unido de partidos para cumplir su tarea de informar a los ciudadanos y de controlar el ejercicio del poder? ¿Sobre esto hay consenso? Yo lo dudo.

¿Hay voluntad de enderezar el rumbo?

Detrás de todas estas dudas hay una de fondo: ¿Realmente la oposición acepta respaldar el plan de seguridad del actual gobierno?

¿O será que el FMLN ha expresado voluntad de cambiar su estrategia actual, la cual, lejos de disminuir la violencia, la ha incrementado? Eugenio Chicas, en su entrevista el martes 1 de septiembre con Nacho Castillo, dijo que en Ataco la oposición avaló el plan de seguridad del gobierno y prometió colaborar en su financiamiento. Esta es la forma como el gobierno y el FMLN quieren proyectar la reunión de Ataco: un pacto de apoyo al gobierno. Hasta spot de TV está saliendo ya…

Jorge Velado desmiente a Eugenio Chicas: No es un pacto de apoyo a las políticas del gobierno. Es un intento de enderezar el rumbo. Parece que no están hablando de la misma reunión.

Ahí está precisamente el problema: ¿Qué sentido tienen “acuerdos nacionales”, si no llevan a cambios de rumbo? ¿Qué mecanismos pueden incluirse en los acuerdos interpartidarios para evitar que el gobierno siga haciendo lo mismo?

En el tema Seguridad este dilema se hace evidente. El FMLN pone sobre la mesa de negociación el “Plan El Salvador Seguro”, que surgió del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Pero este no es el plan de seguridad que el gobierno está ejecutando. Por incompleto e impreciso que sea el “Plan El Salvador Seguro”, si se hubiera ejecutado en lo que va del año 2015, ahora no tuviéramos 900 homicidios al mes. El plan de seguridad que el gobierno (y sus fuerzas públicas) están ejecutando en la realidad no es el que se discutió en el Consejo – y tampoco estaba sobre la mesa en Ataco. Es un plan de súper mano dura.

Los préstamos

Donde de manera más clara se hace manifiesto el dilema de la oposición es en el punto que toca los 900 millones de dólares:

“e) Solicitud a la Asamblea Legislativa para que envía una exhortación a la honorable Sala de lo Constitucional para que agilice la resolución del proceso 35/2015 relativo al recurso de inconstitucionalidad con relación a la contratación de préstamos y colocación de bonos por 900 millones de dólares.”

El gobierno y el FMLN interpretan este párrafo como compromiso de la oposición de aprobar al gobierno los 900 millones, una vez que la Sala regrese la pelota a la Asamblea. Pero ARENA obviamente no firmó ningún compromiso de este tipo. Esto paso cuando con el afán de producir algún resultado se deja afuera de la negociación los puntos primordiales. La negociación verdadera, la que cuenta, será en el Asamblea a la hora de votar o no por los 900 millones – y votar o no por una Ley de Responsabilidad Fiscal con dientes. Ahí veremos si el paseo a Ataco sirvió para algo…

Otra vez: El rumbo

Me quedo con la interrogante principal: ¿Cómo dar sentido real a “acuerdos nacionales”? Hay que buscar formas que aseguren que salgan políticas nuevas y que no se siega en el rumbo equivocado. Y de repente la sorprendente reflexión que hace poco publicó Luis Mario Rodríguez sobre un “Gobierno de Unidad Nacional” ya no parece tan descabellada. Por lo menos invita a entrar en serio en este debate: ¿Cómo enderezar el rumbo del país?

(El Diario de Hoy) 

Ataco: ¿Hay voluntad de cambiar el rumbo?

Surgió de la reunión interpartidaria una “Declaratoria Conjunta de Ataco”. Menos mal que no lo llamaron “Pacto de Ataco”, porque todos lo hubiéramos comparado con el “Pacto de San Andrés” del 1994, que nada aportó a la unidad nacional, sino más bien profundizó la polarización: Fue un pacto entre ARENA y un grupo de disidentes del FMLN, excluyendo al FMLN. Y al fin no sirvió para más que para subir el IVA del 10 a 13%. Todos los demás declaraciones de buena voluntad quedaron en… declaraciones de buena voluntad. Sin embargo, no hubo voluntad…

También el papel de Ataco está lleno de buenas intenciones: “compromiso de respeto a la Constitución”; “rechazo a todas las formas de violencia”; “voluntad al diálogo”; “generar un ambiente respetuoso”; “solución integral a la problemática de la seguridad ciudadana”… Estas declaraciones se escapan de cualquier análisis crítico, porque son tan básicos como decir: No vamos a hacer nada ilegal. El tiempo juzgará, más temprano que tarde.

Mejor vamos a los acuerdos más concretos, todos en el marco de Seguridad.

¿Prevención o represión?

“a) Conformación de un comité interpartidario que facilite la creación de un marco específico relativo a la prevención, readaptación, reinserción y rehabilitación, acorde con el Resultado 5 del Plan El Salvador Seguro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, tomando como base el anteproyecto de la ley de reinserción y rehabilitación que se encuentra en consulta, y previendo medidas acorde a la situación de violencia actual, de conformidad al artículo 13 de la Constitución.”

Esto provoca inmediatamente algunas preguntas y dudas.

Primero: ¿Estarán el gobierno y el FMLN dispuestos a rediseñar el anteproyecto de Ley de Reinserción, de manera que deje de ser una ley de rendición para delincuentes individuales, y se convierta en un real incentivo para las pandillas a reinsertarse?

Segundo: ¿Cómo piensan promover la reinserción sin hablar y dialogar con los que hay que reinsertar? O sea, ¿están dispuestos a abrir caminos de diálogo?

Tercero: El artículo 13 de la Constitución que citan contiene las garantías contra detenciones arbitrarias (“La detención para inquirir no pasará de setenta y dos horas y el tribunal correspondiente estará obligado a notificar al detenido en persona el motivo de su detención, a recibir su indagatoria y a decretar su libertad o detención provisional, dentro de dicho término”), pero también medidas de excepcionalidad: “Por razones de defensa social, podrán ser sometidos a medidas de seguridad reeducativas o de readaptación, los sujetos que por su actividad antisocial, inmoral o dañosa, revelen un estado peligroso y ofrezcan riesgos inminentes para la sociedad o para los individuos. Dichas medidas de seguridad deben estar estrictamente reglamentadas por la ley y sometidas a la competencia del Órgano Judicial.” ¿A cuál de las dos se refieren los partidos? ¿La garantía constitucional o las medidas excepcionales? ¿Están todos los firmantes hablando de lo mismo, o hablan unos de reforzar las garantías constitucionales y otros de un estado de excepción?

Los medios

“d) En el marco del respeto irrestricto a la libertad de prensa y libertad de expresión, exhortamos a los medios de comunicación social contribuyan en la construcción de un ambiente acorde a los avances y esfuerzos que institucionalmente se realizan en materia de seguridad ciudadana.”

¿Realmente hay existen avances en materia de seguridad pública? ¿Realmente los partidos tienen coincidencia sobre esto? Yo lo dudo. ¿Y qué esperan que los medios hagan cuando encuentren indicios que no hay avances sino serios retrocesos, o indicios que en materia de seguridad existen esfuerzos extra-institucionales y extra-legales para combatir la delincuencia? ¿Vamos los medios tener que enfrentarse a un frente unido de partidos para cumplir su tarea de informar a los ciudadanos y de controlar el ejercicio del poder? ¿Sobre esto hay consenso? Yo lo dudo.

¿Hay voluntad de enderezar el rumbo?

Detrás de todas estas dudas hay una de fondo: ¿Realmente la oposición acepta respaldar el plan de seguridad del actual gobierno?

¿O será que el FMLN ha expresado voluntad de cambiar su estrategia actual, la cual, lejos de disminuir la violencia, la ha incrementado? Eugenio Chicas, en su entrevista el martes 1 de septiembre con Nacho Castillo, dijo que en Ataco la oposición avaló el plan de seguridad del gobierno y prometió colaborar en su financiamiento. Esta es la forma como el gobierno y el FMLN quieren proyectar la reunión de Ataco: un pacto de apoyo al gobierno. Hasta spot de TV está saliendo ya…

Jorge Velado desmiente a Eugenio Chicas: No es un pacto de apoyo a las políticas del gobierno. Es un intento de enderezar el rumbo. Parece que no están hablando de la misma reunión.

Ahí está precisamente el problema: ¿Qué sentido tienen “acuerdos nacionales”, si no llevan a cambios de rumbo? ¿Qué mecanismos pueden incluirse en los acuerdos interpartidarios para evitar que el gobierno siga haciendo lo mismo?

En el tema Seguridad este dilema se hace evidente. El FMLN pone sobre la mesa de negociación el “Plan El Salvador Seguro”, que surgió del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Pero este no es el plan de seguridad que el gobierno está ejecutando. Por incompleto e impreciso que sea el “Plan El Salvador Seguro”, si se hubiera ejecutado en lo que va del año 2015, ahora no tuviéramos 900 homicidios al mes. El plan de seguridad que el gobierno (y sus fuerzas públicas) están ejecutando en la realidad no es el que se discutió en el Consejo – y tampoco estaba sobre la mesa en Ataco. Es un plan de súper mano dura.

Los préstamos

Donde de manera más clara se hace manifiesto el dilema de la oposición es en el punto que toca los 900 millones de dólares:

“e) Solicitud a la Asamblea Legislativa para que envía una exhortación a la honorable Sala de lo Constitucional para que agilice la resolución del proceso 35/2015 relativo al recurso de inconstitucionalidad con relación a la contratación de préstamos y colocación de bonos por 900 millones de dólares.”

El gobierno y el FMLN interpretan este párrafo como compromiso de la oposición de aprobar al gobierno los 900 millones, una vez que la Sala regrese la pelota a la Asamblea. Pero ARENA obviamente no firmó ningún compromiso de este tipo. Esto paso cuando con el afán de producir algún resultado se deja afuera de la negociación los puntos primordiales. La negociación verdadera, la que cuenta, será en el Asamblea a la hora de votar o no por los 900 millones – y votar o no por una Ley de Responsabilidad Fiscal con dientes. Ahí veremos si el paseo a Ataco sirvió para algo…

Otra vez: El rumbo

Me quedo con la interrogante principal: ¿Cómo dar sentido real a “acuerdos nacionales”? Hay que buscar formas que aseguren que salgan políticas nuevas y que no se siega en el rumbo equivocado. Y de repente la sorprendente reflexión que hace poco publicó Luis Mario Rodríguez sobre un “Gobierno de Unidad Nacional” ya no parece tan descabellada. Por lo menos invita a entrar en serio en este debate: ¿Cómo enderezar el rumbo del país?

(El Diario de Hoy) 

Carta a la alcaldía de San Salvador

Estimados señores:
Impresionante la rapidez con la cual respondieron a la grave emergencia, que el otro día se había generado en la Plaza Sandino. Alguien se había atrevido a poner en esta plaza un montón de cruces que simbolizaban los 907 muertos por homicidio en agosto. ¡Sin permiso de la alcaldía! Así no más, ciudadanos tomándose la libertad de usar un espacio público para una acción política-cultural que, además, podía ofender a alguien. Peor: podía ofender a alguien poderoso…

Y cabal, pasó por la Plaza Sandino la diputada Nidia Díaz, vio las cruces, entendió el mensaje - y se declaró ofendida. Tomó su celular, hizo fotos, expresó su indignación (“Es una medida de desestabilización…” - e hizo un par de llamadas.

La reacción de la alcaldía fue inmediata: Al rato llegaron agentes del CAM y personal de mantenimientos de parques y removieron las cruces y pancartas desestabilizadoras, antes de que saliera seriamente perturbada la paz social de la capital…

Casi un record en cuanto respuesta inmediata a emergencias. Una muestra que nuestra alcaldía, la de las “nuevas ideas”, está a la altura de los bomberos y de los fuerzas especiales de la PNC, cuando se trata de atender amenazas a la tranquilidad de los ciudadanos.

Porque de esto, indudable y pérfidamente, se trataba. Alguien había puesto estas cruces con la clara intención de sacudir a la ciudadanía y sacarla de su excesiva tranquilidad y pasividad ante el drama de violencia que vivimos. Como dijo luego la diputada Nidia Díaz: “Este tipo de acciones sobrepasa una libertad de expresión y organización, porque están haciendo como mucho temor a la población.” 

Así que según la dirigente del FMLN son las cruces que causan temor a la población- no la ola de homicidios, y mucho menos la incapacidad del gobierno de pararla. 

Claro, en esta lógica, una acción como esta es desestabilizadora, porque -¡Dios guarde!- podría despertar a los ciudadanos. Y esto, desde el punto de vista de los gobernantes, es una amenaza, una pesadilla. Miren lo que está pasando en Guatemala…

Pero bueno, gracias a su sabio líder y la advertencia de la diputada, nuestra alcaldía resolvió el problema antes de que causara mayores peligros para la seguridad del Estado. La tranquilidad de los ciudadanos está garantizada, pueden seguir durmiendo tranquilo, a pesar de los 907 muertos de agosto…

¿Y la libertad de expresión? Bueno, parece que tiene que supeditarse a las ordenanzas administrativas de la alcaldía. Imagínense: Ni siquiera han sacado un permiso para intervenir una plaza pública. No han presentado el correspondiente formulario #SOS-907 que toca llenar. Y no han esperado las dos semanas para que les dieran o les denegaran el permiso. 

Que bueno que tenemos una alcaldía que no permite que la ciudadanía, con el pretexto de la libertad de expresión, se pase encima de una ordenanza - y de la tranquilidad de los capitalinos. Y de los gobernantes.

Felicidades a la alcaldía. Con ustedes vigilando podemos dormir tranquilos. Paolo Lüers

(Mas!/El Diario de Hoy)

Carta a los que convocan a la Manifestación contra la Impunidad

Estimados ciudadanos:
Lo de Guatemala (mejor Guate-buena) entusiasma a todos: Se instaló una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG); comenzaron las investigaciones pertinentes; esto le despertó en la gente una esperanza y confianza perdidas durante décadas; a presión de la ciudadanía se eligió a una mujer independiente y valiente como Fiscal General; se profundizaron las investigaciones; cayó la vice-presidenta y sale señalado el presidente de la República en multimillonaria corrupción – y de repente la gente supera el miedo, la indiferencia, la pasividad. El resultado: manifestaciones de la ciudadanía que insiste en la renuncia del presidente y elecciones limpias.

Cualquiera se entusiasma con esto. ¿Cómo que no?: De repente operan instituciones limpias de investigación - y la ciudadanía puede jugar un rol decisivo. Yo igual me entusiasmo con esto. Por esto voy a participar en la marcha que ustedes convocaron para sábado 5 en Fuentes Beethoven.

Pero cuidadito: No se dejen llevar por un entusiasmo equivocado. No confundan Guatemala con El Salvador. Aquí no se trata de botar gobierno. Aquí faltan los primeros pasos que en Guate los dieron hace años: la elección de un Fiscal General independiente, capaz, valiente y no corruptible – y un acuerdo nacional para instalar en El Salvador una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES), dentro o fuera de la fiscalía, que trabaje de la mano con el nuevo Fiscal General.
De esto se trata, entiendo yo, el sábado 5. Exigir esto. Porque ninguno de esto dos pasos fundamentales se dará sin la movilización de la ciudadanía: sin tintes partidarias, pero también sin exclusiones.

Quien ahora pide que este incipiente movimiento ciudadano sea anti-FMLN, o anti-ARENA, o anti-gobierno o anti-partidos, solo abona al aborto de la iniciativa. Esta movilización tendrá éxito si tiene un objetivo claro, simple y realista: abrir campo a que se elija a un Fiscal General y se instale una CICIES, que juntos acepten el reto de investigar y perseguir la corrupción de donde venga. Punto.

Que algunos piensan que la corrupción es un lastre histótico de la derecha y otros que es un lastre de la izquierda autoritaria – eso no debe importar. Lo importante que ambos se junten contra la corrupción de donde venga. Punto.

A los partidos más les vale quedarse al margen de esta campaña cívica. Lo que toca a los partidos es hacer, cada uno, una reflexión profunda y aceptar que sus funcionarios,  ex funcionarios y aliados sean investigados. Y si resultan culpables, que sean sancionados. Punto.

Si esto se desliza hacía una cacería de brujas o una cadena de venganzas, no lleva a nada más que a otro triste capítulo de la polarización estéril. Necesitamos fiscales y una CICIES que actúen ideológicamente independientes. Y esto na nacerá de un movimiento cívico con colores y resentimientos partidarios. Esto no significa que militantes y simpatizantes del FMLN o de ARENA no se puedan incorporar – con tal que estén dispuestos que se investigue también a los suyos. Al fin, son ciudadanos. Al fin deberán tener necesidad que sus partidos sean limpios…

Yo ni siquiera sé quienes son ustedes quienes convocan y organizan esta manifestación. Como muchos, les voy a confiar y los voy a acompañar.

Nos vemos el sábado 5 de septiembre, a las 4 de la tarde, en las Fuentes Beethoven.
Saludos, Paolo Lüers
(Mas!/El Diario de Hoy)