Estimado Luis Martínez:
Nunca quise polemizar ni mucho menos confrontar con usted. Porque sigo convencido de lo que le expresé en un mensaje en twitter hace un par de semanas: “Usted tiene la obligación de perseguir el crimen, nosotros tratamos de prevenirlo. No puedo creer que las dos tareas no sean compatibles.” Cuando digo ‘nosotros’, me refiero a todos que estamos en el esfuerzo de reducción de la violencia que empezó con la tregua entre pandillas, pero que hace ratos la trascendió...
Así que hoy tampoco voy a polemizar. Pero como usted decidió avisarme por los medios de comunicación, y no de forma personal o con citación formal, que la fiscalía me quiere ‘entrevistar’, también le contesto en un medio: Con mucho gusto participaré en esta entrevista, aunque no tengo claro qué es una entrevista en la fiscalía: ¿Es un interrogatorio? ¿Es un testimonio? ¿O es para recibir alguna notificación que seré sujeto de investigación?
Uno de mis amigos juristas me informó que al decir en público la fiscalía que me citará en el contexto de una investigación, tengo que mandar a mi abogado a indagar en qué calidad y con qué propósito me quieren citar: testigo, sujeto de investigación o acusado de un delito...
Sin embargo, se trata de un problema político más que jurídico. Por la simple razón que participando en la organización de la entrevista a los pandilleros no puedo haber cometido ningún delito. Pero sí me metí en el ojo de un huracán político y mediático.
Entiendo que el único hecho con posible relevancia jurídica que usted puede investigar es el permiso de traslado de los reos. La entrevista como tal, como hecho mediático, religioso y político, no puede ser sujeto de investigación. Por esto no entiendo en qué calidad y con qué propósito la fiscalía quiere “entrevistar” al entrevistador, el pastor Toby jr, o a este servidor. Hay quienes piensan que fue ilegal que a los dos reos los hayan trasladado de su respectiva cárcel al Tabernáculo. Yo no comparte esto. Pero bueno, esto es sujeto de investigación. Pero nadie puede racionar que realizar la entrevista (en el caso de Toby) o incluso proponer su realización (en el caso mío) puede ser un delito.
Ciertamente ni Toby ni yo somos ejecutores de la Ley Penitenciaria. No formamos parte de la toma de decisiones sobre permisos o traslados de reos. Difícilmente un comunicador comete delito al mandar cualquier solicitud, incluso la más descabellada e imposible de atender positivamente por parte de las autoridades. Así que al pastor y a mi persona, si nos quieren investigar, estarían investigando un acto periodístico – y esto, usted bien sabe, sería muy delicado.
Así lo veo, fiel a mi convicción que la aplicación de la justicia no puede ser otra cosa que la aplicación de la razón común. Y la razón común me indica, repito, que el caso en discusión es un asunto político y no realmente jurídico. Esto lo confirma su propia decisión de incluir en su “investigación” a los actores que intervienen políticamente y como comunicadores, pero que administrativamente no tienen nada que ver con el sujeto de esta investigación: la manera que fueron otorgados los permisos que hicieron posible la participación y los traslados de los privados de libertad. Si usted tiene otra opinión y considera sujeto de investigación también la parte periodística del asunto, por favor nos notifique debidamente esta decisión de abrir una investigación que compromete la libertad de prensa.
Me es casi imposible imaginarme esto, conociendo su profesionalidad y su compromiso con el estado de derecho.
Con mucho respeto y toda confianza le saluda Paolo Lüers
(Más!/EDH)
