Hay que nacionalizar a MIDES. Talvez tambien intervenir a las alcaldías metropolitanas. La recolección y disposición final de la basura son servicios públicos de vital interés para los ciudadanos. La salud pública depende de estos servicios.
No tengo ninguna fobia a las privatizaciones. Tampoco a un Estado fuerte. Si la empresa privada se puede encargar de un servicio público de manera más eficiente, bienvenido sea. Pero esto no quita la responsabilidad del Estado. El Estado tiene que crear instituciones, mecanismos, criterios, procedimientos para garantizar que los servicios públicos funcionen. Por esto existen superintendencias estatales que regulan y supervisan y pueden sancionar e intervenir las empresas privadas que operan servicios públicos, por ejemplo de telecomunicación, energía, pensiones e incluso del sector financiero. No se trata de analizar ahora si en El Salvador cumplen su función estas instancias estatales de supervisión y regulación de los servicios públicos. El enfoque es: ¿Por qué no existe instancia estatal que interviene cuando servicios públicos de interés vital para la población como la recolección y la disposición de la basura (o el transporte público de personas) no funcionan?
Por un pleito legal entre algunas alcaldías metropolitanas y la empresa casi monopolio de disposición final (MIDES), la basura de casi todo el Gran San Salvador no tiene un destino que cumple con las más mínimas leyes de protección ambiental y de higiene. Como las alcaldías –por el pleito con MIDES- no tienen donde depositar la basura, tampoco funciona la recolección. La capital está llena de basura, con todas las consecuencias de insalubridad que esto tiene.
En este contexto es absolutamente insignificante si MIDES le debe a las alcaldías o al revés. No importa quien tenga la razón en este pleito, lo que no se puede permitir es que un pleito sobre cobros paralice un servicio público hunda la ciudad en basura, tufo y pudrición. Tampoco tiene importancia quienes son los actuales dueños de MIDES. No importa que ayer fueran aliados de los alcaldes del FMLN. No importa que hoy sean amigos de los Areneros.
Lo que no puede ser es que nadie intervenga. No sé si existe facultad legal para que el gobierno intervenga. Si no existe, hay que crear la facultad para hacerlo - para hacerlo eficientemente. Si la alcaldía no está en capacidad de recoger la basura, el gobierno debe tener la autoridad –el deber- de intervenir. Puede ser que le eche la mano a la alcaldía, así como lo hizo hace unos meses cuando mandó camiones del MOP y de la Fuerza Armada a recoger la basura que la alcaldía no estaba en condiciones de recoger. O, si el problema es más estructural, incluso debe haber facultad para intervenir de manera más drástica, asumiendo el gobierno temporalmente el servicio que la alcaldía no cumple.
Y en el caso de la disposición final, queda comprobado que la empresa MIDES, con su decisión de bloquear la entrada de los camiones de basura de Gran San Salvador, está inhabilitando un servicio público de vital interés y, de esta manera, atentando contra la salud pública de la población.
Esto requiere de una inmediata intervención del Estado. Si no hay bases legales para esto –como me imagino que no las hay en un país gobernado por “estadofóbicos”-, urge crearlas para poder intervenir y, si fuera necesario, nacionalizar a MIDES. A lo mejor a todas la empresas de disposición final de la basura. Y para intervenir las alcaldías que no logran recolectar, de manera eficiente, la basura.
Urge crear superintendencias fuertes y con capacidad de supervisión, regulación y –al ser necesario- intervención efectiva para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos. Esta es la condición indispensable para que sean asumidos por la empresa privada. De la misma manera, una supervisión eficiente y autoridad de intervención son condiciones indispensables para seguir adelante con la descentralización del Estado que pone una gran parte de las responsabilidades del Estado (incluyendo servicios públicos como salud, transporte y educación) en manos de los gobiernos municipales .
Ni privatización ni descentralización de los servicios públicos sin fuertes instancias de regulación, supervisión y –en última instancia- intervención del Estado.
Efectivamente, en la lista de servicios públicos que el Estado tiene que garantizar –o proporcionándolos o supervisándolos- se encuentran la recolección y la disposición final de la basura. A MIDES –y tal vez paralelamente a algunas alcaldías- hay que intervenirlas ya. Hay que restablecer los servicios y después buscar la forma como asegurarlas sostenidamente. En el caso de MIDES, lo más lógico sería nacionalizarlo y después crear una empresa de utilidad pública que se haga cargo de la disposición final. Cosa parecida hay que hacer en el campo del transporte público. Quiere valor hacerlo, pero el costo de no hacerlo es mucho más alto.
El obstáculo principal para hacerlo: la irracional ideologización de este problema. La ortodoxia de los dos lados, unos defendiendo a capa y espada la privatización, aunque hunda la ciudad en basura. Los otros defendiendo a capa y espada la autonomía municipal, con el mismo efecto desastroso.
Pero ni la privatización ni la autonomía ni la intervención estatal son valores por sí. Son instrumentos para asegurar el bienestar público. Tienen que ser eficientes y responsables o ser sujetos a cambios.
Muchos tenemos miedo a un Estado demasiado fuerte. Con razón. Pero más aun hay que tener miedo a un Estado débil. Débil frente a grupos económicos. Un Estado débil que no asume su responsabilidad con el bienestar de sus ciudadanos.
No queremos a un Estado que se mete en nuestras vidas personales. Pero tampoco un Estado que permite que empresas monopolistas (o alcaldías inoperantes) nos jodan la vida.
(Publicado en El Faro)
