Con la misma mayoría ‘funista’, la Asamblea puede salir fácil de la tarea de elegir a los magistrados de la Corte de Cuentas. Incluso el partido FMLNGANA solo puede lo puede hacer. Absurdamente, sólo se necesitan los 43 votos de la mayoría simple.
El problema es que nuevamente quedarían mal ante la opinión pública, que desde hace años exige una Corte de Cuentas independiente que realmente controle y fiscalice a administración pública. Que ponga fin a la impunidad para la corrupción.
Los ciudadanos, ya frustrados con la reforma electoral traicionada, observarán con atención cómo se comportan los partidos que les piden el voto para las elecciones del 2012. La opinión pública ya no está dispuesta a tolerar una Corte de Cuentas en manos de un partido corrupto. Tampoco que la reparten entre varios partidos corruptos. Tampoco que la agarre el partido oficial. Tampoco que la ocupe ARENA, aunque este peligro ahora no existe.
Durante décadas la Corte de Cuentas, diseñada como instrumento de transparencia y rendición de cuentas, ha sido instrumento de impunidad y palanca de chantaje a alcaldes y otros funcionarios. Todo el mundo lo sabe. Uno de los pecados más reprochables de ARENA ha sido este: comprar la gobernabilidad, garantizando al PCN el derecho de abusar de esta institución, a un altísimo costo para la institucionalidad del país.
No hay que permitir que el FMLN siga con esta perversa herencia. Hay que tomarlo de su palabra y exigirle que dé espacio para una Corte de Cuentas profesional, institucional, independiente, e imparcial.
La cosa no es nada complicada. Primero, una reforma constitucional que cambie la manera de elegir a los magistrados de la Corte de Cuentas. No hay ninguna razón para no exigir para su elección la misma mayoría calificada que necesitan los magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Electoral. Esta reforma podrá entrar en vigencia en el 2012, cuando la nueva Asamblea la ratifica.
No sé si se necesitan otras reformas a la Constitución u otras leyes para hacer funcionar bien a la Corte de Cuentas. Hay quienes plantean que hay que convertirla en una Contraloría de la República. Puede ser que sea conveniente, pero estoy convencido que el problema no son las leyes, sino la falta de voluntad de los partidos de delegar la fiscalización de la administración pública a una entidad fuera de la partidocracia.
Antes de hacer una reforma complicada, que de por si misma tampoco garantiza independencia ni transparencia, hay que intentar lo simple: poner a magistrados probos, independientes y valientes. Esto lo pueden hacer mañana si tienen la voluntad.
A esta altura de la discusión siempre salen algunos (normalmente interesados) diciendo que ‘aquí nadie es independiente’, que ‘aquí todos tienen preferencias partidarias e ideológicas’. Es una ofensa a los profesionales salvadoreños. Es cierto que aquí hay una cultura de corrupción, pero cuidado con proyectar la enfermedad de los partidos a toda la sociedad. La nueva Sala de lo Constitucional es la prueba de que sí existen profesionales independientes que pueden rescatar la institucionalidad.
Es mentira que aquí no haya profesionales capaces, probos, valientes y que sepan separar su preferencia electoral de su desempeño institucional. Incluso yo, que no conozco muchos de los profesionales elegibles, puedo proponer a suficientes como para llenar la Corte de Cuentas de gente idónea que serían una garantía que en este país haya transparencia, rendición de cuentas y cero tolerancia a la corrupción.
Alguien pondrá en duda la idoneidad o la probidad del ex-magistrado de la Corte Suprema René Fortín Magaña? O del ex-jefe de Probidad en la Corte Suprema, Pino Cáceres? El último tiene la desventaja de ser hermano del ministro de Hacienda y del operador político de Casa Presidencial, lo que probablemente le inhibe asumir una magistratura en la Corte de Cuentas, ¿pero alguien tiene duda que Pino Cáceres sería mil veces más autónomo en sus decisiones que cualquiera que hasta ahora ha tenido este cargo?
Tampoco se trata de buscar personas políticamente asépticas, sino gente con criterio y valor de independencia. En este sentido, ¿alguien tendría argumentos para objetar a Chico Bertrand Galindo, aunque haya sido ministro de seguridad del presidente Flores? ¿O a Celina Escolán, aunque haya sido superintendente de competencia de saca y ahora sea asesora de Norman Quijano? ¿Alguien se atrevería a cuestionar la idoneidad de Claudia Umaña, quien desde FUSADES está haciendo una labor impecable en pro de la transparencia?
A esta altura alguien dirá: Ve, ¡todos son de derecha! Bueno, aquí algunos nombres de candidatos de izquierda: Rubén Zamora, actualmente embajador en la India; Chico Díaz, actualmente superintendente de competencia; la ex-magistrada de la Corte Suprema Aronette Díaz, viuda del fiscal general asesinado Mario Zamora.
(El Diario de Hoy)
