Están circulando en redes sociales copias de supuestos recibos de
“sobresueldos” y otros de honorarios que la Casa Presidencial pagó a los
miembros de la extinta Comisión Nacional de Desarrollo. Fiesta para los
troles y sus “periódicos” digitales…
En
medio de esta campaña de tirar excremento al ventilador, nos enteramos
de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar a Probidad que
investigue los patrimonios de todos que han ejercidos cargos en el
período de Mauricio Funes, incluyendo todo su gabinete, magistrados
electorales, jefes militares y diputados.
Y ahora resulta que El Faro tiene en su posesión (y comienza a publicar) cuadernos de la contabilidad paralela que en Casa Presidencial llevaron de la famosa “partida secreta” correspondiente a los gobiernos de Calderón Sol, Francisco Flores y Tony Saca.
Todo esto se suma a los juicios a los últimos tres presidentes: Flores por las donaciones de Taiwán; Saca por robo de más de 200 millones; Funes por enriquecimiento ilícito y por la corrupción en El Chaparral.
Pareciera
que toda la clase política de nuestro país es una sola cloaca de
corrupción. Pero es una percepción equivocada. Por el perverso carácter
de los “fondos reservados”, donde se mezclan gastos legítimos con otros
cuestionables o ilegales; y por la negligencia de la Corte de Cuentas,
todo esto resulta una inmensa zona gris – y en las publicaciones,
denuncias y juicios salen a bailar justos y pecadores.
Esta zona gris hay que eliminarla.
Por esto la Sala declaró inconstitucional la “partida secreta”; y por esto urge regular y transparentar también el subterfugio que crearon después: los “fondos reservados”. No podemos permitir que por el mal manejo de unos pocos todo el sistema de gobierno, todos los políticos y funcionarios públicos estén bajo permanente sospecha.
Por ejemplo: entre los acusados en el caso Saca se encuentran ex funcionarios de la Oficina de Inteligencia del Estado, que no han hecho otra cosa que ejecutar el presupuesto de su institución. Ellos no tienen culpa que CAPRES y Corte de Cuentas no hayan querido establecer una forma transparente (aunque por razones obvias no pública) de supervisar la ejecución del presupuesto y del trabajo de la Inteligencia del Estado.
El Consejo Nacional de Desarrollo fue una institución legítima y además muy prestigiosa, cuyos integrantes por supuesto recibieron honorarios por su excelentes aportes. Este tipo de instituciones no deberían relacionarse con la zona gris, ni mucho menos con corrupción.
Solo porque ya sabemos de los presuntos manejos mafiosos de Tony Saca y Mauricio Funes, no podemos asumir que todos sus ministros y funcionarios hayan sido partícipes de la corrupción. No podemos concluir culpabilidad por asociación en juicios mediáticos.
Y no todos los “sobresueldos” implican compra de voluntades. No es lo mismo pagar algo “extra” a un ministro, que de todos modos es súbdito del presidente, que a un fiscal general, magistrado o diputado.
Que Probidad haga sus investigaciones, y si hay indicios de enriquecimiento ilícito, que los pase a la fiscalía y los tribunales. Pero lo más importante es que la Asamblea tome acción legislativa para eliminar la zona gris de los “fondos reservados”, reformar de fondo la Corte de Cuentas y dictar una Ley de Salarios en el Servicio Público.
Saludos,
(MAS!/ El Diario de Hoy)