Estimados amigos:
Ahora que la primera generación del Instituto de Acceso a la Información Pública comienza a ser relevada -y cuando existen indicios que el gobierno quiere manipular la elección de sus sucesores- déjenme decirles que han logrado incomodar a los corruptos. Les han levantado un poco el manto de secretividad bajo el cual operaban con impunidad. Mi respeto.
Ahora que la primera generación del Instituto de Acceso a la Información Pública comienza a ser relevada -y cuando existen indicios que el gobierno quiere manipular la elección de sus sucesores- déjenme decirles que han logrado incomodar a los corruptos. Les han levantado un poco el manto de secretividad bajo el cual operaban con impunidad. Mi respeto.
Pero ustedes saben mejor que cualquier otro que falta mucho por hacer para que la transparencia se convierta en la regla en esta sociedad. Porque sigue siendo la excepción. Sigue siendo algo que uno tiene que pelear. Sigue siendo algo que cuesta paciencia para conseguir. Sigue siendo no accesible para todo el mundo, porque el trámite es complicado, burocrático, tardado, lleno de trampas, y obstaculizado por lenguaje jurídico.
¿Por
qué han permitido ustedes que el reglamento de la Ley de Acceso a la
Información Pública quede a cargo de Casa Presidencial, o sea de una de
las instancias más frecuentemente demandadas por negación de
información? Dicen que “hecha la ley, hecha la trampa” – y en muchos
casos las trampas están en los reglamentos. Ustedes, los comisionados,
hubieran tenido que pelear el reglamento.La primera vez que hice uso del derecho a la información pública, me topé con una muralla: Casa Presidencial. Estaba investigando cuánto nos cuesta cada segundo sábado el reality show del presidente: “Gobernando con la Gente”. Me contestaron que 5 mil dólares, o sea me vieron cara de tonto (a mi y a ustedes, los comisionados). Ustedes ordenaron a CAPRES relevar más datos (o sea más de los costos reales), y al fin reconocieron un costo de 35 mil dólares. Pero ustedes se quedaron cortos: no obligaron a CAPRES a revelar todo. Hice el cálculo sin datos oficiales y resulta que el costo real llega a casi 100 mil dólares. Cada dos semanas.
Los periodistas usamos el acceso a la
información pública para nuestras investigaciones. De nada nos sirve
conseguir datos o documentos escondidos en 4 meses, cuando la noticia ya
pasó. Yo investigué el “caso Daniel Alemán”, que se convirtió en el
“caso PNC” – y en un caso penal contra dos agentes que habían arrestado
ilegalmente a Daniel, acusándolo con pruebas materiales
que ellos mismos le habían puesto -. Pedí a la PNC el expediente de su
Unidad de Control que investigó a los agentes y estableció el fraude
procesal. La PNC me negó la información. Puse la demanda ante ustedes – a
tiempo, pensaba yo, para que la información solicitada saliera antes de
la audiencia de instrucción contra Daniel -. Pensé mal. El caso penal
ya terminó y hasta la fecha ustedes no han convocado la audiencia para
resolver si la PNC me tiene que entregar el expediente que comprueba la
inocencia de Daniel y la culpabilidad de los agentes de la PNC. Presenté
la solicitud oficial el 16 de febrero 2017, y la apelación el 23 de
marzo. Cuatro meses sin respuesta, ni de la PNC ni de su Instituto (por
suerte, conseguimos el expediente por “vía no oficial”, y Daniel quedó
sobreseído de los cargos falsos).En muchos casos, retrasar la información solicitada por meses es equivalente a negarla. Incluso si después es entregada, la información ya no es relevante. Si ustedes no logran agilizar el proceso de acceso a la información pública, y si no pelean que las instituciones demandadas entreguen la información completa, la ley no sirve para mucho.
Les queda mucho trabajo y mucho pleito.
Saludos,
(MAS! y El Diario de Hoy)
