Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 21 septiembre 2019
Estimado Chato:
Mientras estábamos los dos en Morazán (vos como jefe del destacamento militar IV de Gotera, yo como fotógrafo y documentalista de Radio Venceremos), éramos enemigos a muerte. Al tener la oportunidad, nos hubiéramos matado.
Mientras estábamos los dos en Morazán (vos como jefe del destacamento militar IV de Gotera, yo como fotógrafo y documentalista de Radio Venceremos), éramos enemigos a muerte. Al tener la oportunidad, nos hubiéramos matado.
Luego de que firmamos la paz, hasta amigos nos hicimos. Con diferencias cuando hablamos de la guerra (aunque tampoco en todos los aspectos), pero con bastante coincidencia cuando hablamos de cómo avanzar como país (tampoco en todos los aspectos). A veces nos hablamos para intercambiar opiniones, por ejemplo sobre la ley de reconciliación o temas de seguridad.
Ahora discutamos en público, pero de la misma manera fraterna. Publicaste el viernes la columna 'No hay militarización en la seguridad pública', y yo te contesto con 'Sí hay militarización'.
Primero las coincidencias. Los Acuerdos de Paz pusieron fin al militarismo. La esencia del acuerdo: Los militares se quedan con las armas, pero dejan de meterse en política. (Y la contraparte: La guerrilla depone las armas y se convierte en fuerza política). Este acuerdo lo supimos cumplir perfectamente. Es un gran logro, del cual todos debemos sentirnos orgullosos, sobre todo ustedes, los militares.
Pero hay otro aspecto de la militarización, que los Acuerdos de Paz trataron con la misma rigurosidad: La separación de la Seguridad Nacional, al cargo de la Fuerza Armada, de la Seguridad Pública, al cargo exclusivamente de la Policía Nacional CIVIL. Para esto cambiamos la Constitución.
Pero ante la incapacidad de los diferentes gobiernos de enfrentar la violencia delictiva, sobre todo de las pandillas, tomaron decisiones equivocadas y peligrosas. En vez de invertir en mejorar y aumentar la policía, hicieron uso de una facultad excepcional del presidente: En situaciones de emergencia puede autorizar, de manera temporal, el uso de la fuerza armada para apoyar la PNC. Sólo que lo temporal se ha hecho permanente, y de manera creciente. Así que hoy tenemos toda la Fuerza Armada desplegada en tareas de Seguridad Pública - en todo el país, todo el tiempo.
El presidente Bukele heredó esta situación inconstitucional de los gobiernos del FMLN, pero en vez de comenzar a revertirla, la profundiza. En vez de ordenar que recluten y entrenen con urgencia mil policías (o el número que sea necesario para que la PNC pueda cumplir su misión sin apoyo de la Fuerza Armada), ordena a la Fuerza Armada a reclutar soldados.
Pero este no es el síntoma más preocupante de la militarización. Mucho más peligrosa es la militarización de la misma policía, que de esta manera deja de ser CIVIL. Paradójicamente, también es herencia del FMLN. Y hasta ahora el gobierno Bukele no está haciendo nada para corregir esta herencia.
¿En qué consiste la militarización de la PNC? En cambios de su organización interna, privilegiando unidades de élite, agrupados en batallones móviles, que no tienen ningún arraigo territorial y social. Y estas fuerzas especiales tienen entrenamiento, armamento y formas operativas, que en esencia no son policiales, sino que tienen carácter militar. El operativo policial es diseñado para prevenir delitos, revisar a sospechosos y arrestar a delincuentes. Opera con el armamento adecuado y las tácticas necesarias para este fin. No busca enfrentamientos. El operativo militar es para provocar el enfrentamiento con el enemigo y aniquilarlo. El operativo policial no conoce enemigos, solo presuntos delincuentes. Fuerza letal para la policía es permitida sólo en autodefensa, nunca para tomarse una posición, desmantelar una estructura delictiva o para evitar una fuga. Efectivos desplegados en operativos militares no tienen estas limitaciones, su objetivo son bajas, no capturas.
El sorprendente auge de enfrentamientos y bajas en el año 2015 fue debido a esta militarización de la manera de operar de la PNC. Para no causar malentendidos: No fue responsabilidad de la Fuerza Armada, la cual incluso hizo mucho para no verse involucrada en esta ola de enfrentamientos. Fue resultado de la militarización de la policía. Y esta militarización, aunque por decisiones políticas del nuevo gobierno actualmente no se refleja en operativos de choque, no está siendo debatida y analizada adecuadamente. Y no está siendo revertida.
Mi respuesta a tu columna es: Como militar y diputado no debes aportar a que se vuelva a confundir y mezclar la seguridad nacional con la seguridad pública. La delincuencia que tenemos, por muy violenta que sea, no constituye una amenaza a la seguridad nacional que justifique el involucramiento de la Fuerza Armada. Hay que exigir una reforma de la PNC para que sea capaz de garantizar la seguridad pública, sin muletas como el apoyo de la Fuerza Armada y la mutación de la PNC en batallones especiales.
Saludos,
No hay militarización de la seguridad pública. De Mauricio Vargas
EL DIARIO DE HOY, 20 septiembre 2019
La militarización se refiere al uso de armamento propio del ámbito militar en otras áreas del quehacer nacional; utilizar estrategias de control castrense, inculcar valores, perspectivas e ideales militares, jerarquía, disciplina y estructuras de mando, entrenamiento militar, uso de armas, logística, movilización y transporte, importancia del secreto.
Es un proceso mediante el cual el estamento militar participa e incide en una sociedad determinada. En lo político se concreta con la asunción por parte de militares a las responsabilidades políticas. Estas son razones de la no existencia de militarización, no se plasma con la sola presencia de miembros de las Fuerzas Armadas.
Hay diversas opiniones de militarización, como la potencialización de las fuerzas armadas, utilización de las mismas en tareas no tradicionales como el desarrollo, el uso de las fuerzas armadas para el combate de amenazas internas, de carácter no militar, o realizar misiones que le competen a la policía, como combatir el crimen organizado y la existencia de facto de un gobierno militar.
En la actualidad experimentamos situaciones especiales, en las que inevitablemente se tiene que considerar la participación de la Fuerza Armada en funciones de seguridad. El aumento de los delitos de crimen organizado, narcotráfico, pandillas y el temor de la población, están en el top de la agenda pública. La percepción de ineficiencia y la realidad del control de los territorios por la criminalidad, sumados a la corrupción policial y del sistema de justicia, son, entre otras, algunas de las principales razones para recurrir a los militares en apoyo de esas funciones.
El aumento de los delitos violentos, proliferación de armas de grueso y pequeño calibre, la exigencia ciudadana de respuestas efectivas y la confianza de la población en los militares en consideración de efectividad en el control de estos problemas, son excepcionalidades que debemos aceptar pero que no se deben tomar como militarización.
Debemos saber debatir el tema en el ambiente en que cada país se encuentra y en este caso nuestro país está en procesos de consolidación democrática aun incipientes y se requiere fortalecer las políticas públicas de seguridad.
Es evidente que cualquier gobierno democrático siente la responsabilidad de ser eficiente frente a la criminalidad, saben que las soluciones son de largo plazo pero los ciclos electorales son de cinco años y no quieren asumir costos de corto plazo, con reformas cuyos frutos no se verán enseguida, por lo que vemos medidas y acciones simbólicas , instalando una lógica perversa donde las políticas responden a la ansiedad pública en el menor tiempo posible, impactando negativamente en la calidad para enfrentar la criminalidad.
Con el fin de la Guerra Fría, las funciones históricas cambiaron. Con los atentados del 11S se perfiló una amenaza a la región y a las naciones, experimentando un modelo antiterrorista, situación especial donde se debe considerar inevitablemente la presencia militar. El crimen organizado se convierte en amenaza de la seguridad nacional, lo que vuelve necesaria esa fusión con la comunidad de inteligencia, agencias policiales y las fuerzas armadas. . La inseguridad para la población que tiene que convivir con las pandillas y bajo sus reglas, es un tema no solo principal, sino el de mayor prioridad.
La lógica de la eficiencia y la disponibilidad hacen una práctica inevitable la participación institucional de las fuerzas armadas en políticas públicas de seguridad; así lo demanda la realidad actual, existiendo una tensión política estructural aunque puedan existir limitaciones.
Esto último presenta el reconocimiento y justifica la excepcionalidad por la cual los militares son llamados a participar en el combate contra la delincuencia, ya que la institucionalidad falló en dar respuesta a esta crisis.
Los reclamos de enfermizos antimilitarismos, temerarios justicieros que buscan excluir del componente militar en la violencia, deben perder relevancia en el contexto actual marcado por la urgencia de proliferación de armas de pequeño calibre, el mercado negro de las armas, la percepción de ineficiencia de la policía y el sector justicia, así como la exigencia ciudadana de respuestas efectivas. La criminalidad, especialmente aquella de carácter organizado y global, requiere respuestas complejas y súper coordinadas por los estados nacionales.
