Compremos el diario antes de que lo arruinen

De repente, el destino del periódico más prestigioso de la ciudad está en la boca de todos. Descontenta con la manera en que los dueños lo manejan, la ciudad, la comunidad, sus líderes empresariales e intelectuales toman la palabra y dicen: Este periódico es una institución, no simplemente una inversión; tiene que reflejar los intereses de la comunidad, de la sociedad civil de esta ciudad, no los intereses de los dueños de aumentar su rentabilidad; su función principal es informativa, no monetaria.

Y comienzan estas voces desde la comunidad metropolitana a imputar las decisiones que los dueños del periódico han tomado. No aceptan que las decisiones estratégicas sean tomadas en función de maximizar la ganancia, exigen que sean tomadas en función del rol informativo, cultural, institucional que el periódico tiene para la ciudad y sus habitantes.

Prominentes líderes empresariales de la ciudad, quienes durante años han usado su inmensa riqueza para financiar proyectos de salud, educativos y culturales en la ciudad, se oponen a la sustitución del gerente general y, poco después, del editor jefe del periódico. Ambos habían retado a los dueños negándose a implementar sus planes de corte de personal y de gastos de redacción. Su sustitución por ejecutivos fieles a los intereses de los dueños había encontrado primero resistencia, luego frustración y fatalismo en las filas de los periodistas, editores y columnistas del periódico. Pero lo realmente nuevo: también en las filas de los lectores e incluso de los anunciantes.

Cuando los dueños no cedieron ante las críticas ni de los periodistas, ni de los lectores y tampoco de los prominentes empresarios locales, algunos de ellos tomaron acción en el asunto: presentaron a los dueños ofertas de comprar el periódico. En el momento hay por lo menos tres ofertas multimillonarias serias sobre la mesa. Compiten entre ellas, pero tienen un elemento básico en común: el propósito de convertir al periódico en una institución sólida que prioriza su función informativa y en beneficio de la comunidad metropolitana encima de la maximización de la ganancia.

Las personas detrás de estas ofertas no son intelectuales izquierdosos, ni sindicalistas, ni soñadores románticos (normalmente no tienen la liquidez necesaria para comprar periódicos grandes), sino empresarios que tienen esta liquidez precisamente porque han probado, en el duro mundo de los negocios y las finanzas, que saben administrar, saben competir, saben de costos y su relación con los ingresos. Uno hizo su dinero en construcción e inmuebles y se unió con otro que se hizo millonario con sus supermercados; la segunda oferta proviene de uno de los personeros más ricos y prominentes del país, cuya riqueza proviene de su liderazgo en el mundo del entretenimiento; y la tercera oferta –hasta ahora la menos consolidada pero la más interesante- fue hecha por un miembro disidente de la familia fundadora del periódico y de la junta supervisora de la empresa que ahora es dueña del periódico. Este hombre con su apellido tan aristocrático, cuyos predecesores determinaron la historia de la ciudad, quiere movilizar a los lectores y anunciantes del periódico a crear un fondo común para recuperar el periódico, modernizarlo y usarlo para fomentar el desarrollo de la comunidad metropolitana. Sobre todo: para hacerlo, de una vez por todas, independiente del gran capital financiero y sus intereses.
El actual estado de las cosas: Los dueños del periódico dejaron saber que no están interesados en vender el periódico a nadie. Por lo contrario, anuncian seguir adelante con sus planes de reducir costos y personal y sustituir a todos los ejecutivos opuestos a esta política.

Entonces, los empresarios interesados en comprar el periódico aumentaron su apuesta: quieren comprar todo el consorcio dueño del periódico, desmembrarlo y quedarse con el periódico que consideran institución insignia de su ciudad digna de recuperar, sanear y fortalecer en independencia editorial y en su misión informativa, cultural y fiscalizadora.

Me imagino que a esta altura el último de mis lectores se ha dado cuenta que no estoy hablando de La Prensa Gráfica ni de El Diario de Hoy. No que no sean dignas de una acción decidida de recuperación. No que en estos periódicos no sea necesaria la intervención de empresarios visionarios…

Lastimosamente, en El Salvador no han aparecido ni editores ni mucho menos gerentes generales de periódicos dispuestos a arriesgar su carrera oponiéndose a los intereses de los dueños. Lastimosamente tampoco han aparecido empresarios dispuestos a invertir e intervenir en el rescate de nuestros periódicos. No tenemos empresarios tan visionarios que estén decididos a financiar medios para que sean fuertes, profesionales e independientes – incluso de ellos mismos. No han tomado acción aquí empresarios que apuestan a un medio que, en vez de depender de ellos y servir sus intereses, dependan del conjunto: la ciudad, el país y de la comunidad.

Sin embargo, la historia aquí contada no es invento. Es la historia reciente de Los Angeles Times, uno de los tres periódicos líderes de Estados Unidos. Lanzado por la familia Chandler en 1886, fue vendido en 2000 a la Tribune Company con sede en Chicago, la cual, a su vez, es controlada por inversionistas de Wall Street.

En seis años, los nuevos dueños han cambiado tres veces a los máximos ejecutivos de dirección del Los Angeles Times para reducir personal y costos editoriales. En Octubre del 2006, obligaron a renunciar al publisher (gerente general) Jeff Johnson, porque junto al editor (jefe de redacción) Dean Baquet, se negó a ejecutar los planes de reducción de personal y gastos, con el argumento que “periódicos no pueden abrir su camino hacia el futuro con recortes”. Un mes más tarde, también el editor jefe Dean Baquet es forzado a renunciar. Su pecado: En vez de despedir a sus colaboradores, convocó una conferencia de editores de todos los medios que propiedad de la Tribune Company, organizando la resistencia contra la casa matriz. Sí, existen editores con columna vertebral intacta…

Tampoco los empresarios visionarios son invento mío. Existen. Por lo menos en Los Ángeles: por ejemplo Eli Broad, quien se hizo multi-billionario en el mercado de construcción y famoso por sus donaciones –igualmente billionarias- a las instituciones culturales de su ciudad; por ejemplo Ron Burkle, quien hizo su fortuna con supermercados; por ejemplo David Geffen, magnate de la industria musical y cinematográfica, amigo personal de Bill Clinton, ex novio de Cher.
También es personaje real el heredero rebelde: Harry B. Chandler, bisnieto del fundador del periódico e hijo del último Chandler al mando del periódico. Tampoco es un hippie o romántico. Representa los intereses de la familia Chandler en la junta del Tribune Company. Este heredero de una familia que durante décadas controlaba buena parte de los destinos de Los Ángeles, dice lo siguiente: “Todos deberíamos estar preocupados ante la posibilidad de una venta del LA Times a unos dueños que le quieren exprimir incluso más ganancias; o a un empresario egocéntrico con una agenda personal. Por Dios, mi bisabuelo fue este tipo de personaje, y a mi papá le costó el trabajo de medio siglo para deshacer este legado de un periódico como instrumento de una persona y convertirlo en el gran periódico que es ahora.”

Por esto, Harry B. Chandler, en vez de apoyar a los diferentes billonarios que quieren comprar el LA Times, propone un modelo “más allá de las corporaciones y de los especulantes de la bolas de valores”: amplia distribución de las acciones entre los lectores y la comunidad de Los Ángeles.
Leyendo las distintas declaraciones de los tres grupos que quieren comprar y rescatar al LA Times, parece que todos quieren, aunque con métodos y enfoques diferentes, lo mismo: un periódico al servicio de Los ángeles; un periódico libre de intereses foráneos, incluyendo los de Wall Street. Un periódico profesional, donde los criterios periodísticos prevalecen sobre los intereses financieros. Un periódico que sea financieramente sano, pero en función de su misión editorial.

Que bueno que hay periodistas, editores, gerentes y potenciales inversionistas capaces de compartir este sueño. Aunque lastimosamente, no en San Salvador… Pero como dicen: Cuando el chucho ladra en Estados Unidos, nosotros movemos la cola. Ojalá.

PD. Este es una columna de opinión, no una investigación. Toda la información se basa en dos artículos en Los Angeles Times: de James Rainey/Thomas S. Mulligan del 9 de noviembre de 2006; y de James Rainey del 6 de noviembre de 2006; y uno de Eva Schweitzer en Die Zeit (Alemania) del 28 de noviembre de 2006.

(Publicado en El Faro)

Enfermedades no se curan con promesas, ni con buenas intenciones

Al fin el señor Boris Eserski, el don de la televisión nacional (y de mucho más), hizo lo que nadie se hubiera imaginado: una autocrítica pública –aunque no explícita-, confesando que sus noticieros, durante años, han irrespetado la dignidad de las víctimas de la delincuencia; que tampoco han respetado la presunción de inocencia que la Constitución garantiza a cualquier detenido o acusado del crimen que sea; que han sido sensacionalistas; que han magnificado los crímenes; que han transmitido operativos policiales como si fueran espectáculos o escenas de Miami Vice; que han marginado o callado los temas de prevención y reinserción….

Más sorprendente aun: Los dueños y directores de la Prensa Gráfica, de El Mundo, de CoLatino, de los canales 33, 12 y 21 han suscrito la misma autocrítica. Tan contagiante ha sido el arrepentimiento colectivo de los más poderosos de los medios salvadoreños que hasta los que casi no han pecado se unieron al coro. Sólo El Diario de Hoy no quiso suscribir el manifiesto de mea culpa, pero expresó su manifiesto de no cometer los pecados que no reconoce haber cometido.

El manifiesto “Medios por una cultura de paz” -resultado de una iniciativa de TCS y suscrito por casi todos los medios informativos salvadoreños- se lee como el catálogo de pecados de TCS. Bueno, no sólo de TCS, sino igualmente del periódico Más y su papá, El Diario de Hoy, y –en menor escala- de los demás medios. Pecados que durante años han sido señalados por analistas y periodistas – sin ninguna reacción de parte de los medios y sus ejecutivos. Con una excepción: La Prensa Gráfica, que el año pasado salió con la célebre edición en blanco y negro y con el compromiso de desarrollar un tratamiento periodístico más responsable de la violencia.

Una vez que don Boris, sus ejecutivos y sus homólogos tenían estos raros momentos de reflexión, autocrítica y sinceridad, aprovecharon a hacer un reconocimiento especial a El Faro, su competidor digital. El hecho que a nadie se le ocurrió a invitar a El Faro al confesionario colectivo y a suscribir el manifiesto en el cual se comprometen a ser responsables en vez de seguir actuando de manera irresponsable, constituye el reconocimiento tácito que El Faro respeta la dignidad, no convierte crímenes y operativos policiales en espectáculos, respeta la presunción de inocencia, critica al gobierno por la falta de información confiable sobre la delincuencia - y sobre todo, que tiene ratos de “crear conciencia en las autoridades y en la población de que la seguridad pública es un tema de nación”. Gracias.

Mucha gente ha dicho: ¿Acaso no es positivo que los medios se comprometan públicamente con principios tan indiscutibles como la dignidad de las víctimas, la presunción de inocencia de los acusados y la negativa al morbo? Bueno, es tan positivo que es un manifiesto donde todos nosotros reafirmemos que no vamos a violar las leyes.

Varios de los 11 puntos suscritos por los dueños y los directores de nuestros principales medios son precisamente normas universalmente reconocidas de nuestra profesión. Pero los que ahora los convierten en manifiesto, siempre se han negado a suscribir el código de ética profesional propuesto por la Asociación de Periodistas de El Salvador, que contiene estos principios y otros más, aun no reconocidos por nuestros medios.

Veamos los principales puntos de la declaración “Medios por una cultura de paz”, una por una: (1) “No mostrar cadáveres ni escenas de sangre”. Esto es caer de un extremo al otro: Durante años nos asaltan con un exceso de imágenes sangrientas – y ahora los quieren eliminar del todo. Hay un criterio de responsabilidad y otro de derecho de información. Los periodistas tenemos que saber evaluar, definir prioridades, caso por caso, dependiendo de las circunstancias, del contexto. Puede ser irresponsable mostrar ciertas imágenes - y puede ser irresponsable no mostrarlas, en otras situaciones. La clave es responsabilidad. Lo mismo aplica a la norma (5): “No mostrar imágenes que correspondan a la simbología de las pandillas.” Tampoco suscribiría esta norma. Es cierto que no hay que hacerle eco al exhibicionismo de los mareros, a su afán de marcar territorio pero puede haber muchos contextos donde es conveniente, legítimo, necesario reproducir imágenes que contienen los grafitis, tatuajes, etc. Nuevamente, la responsabilidad y la priorización de valores conflictivos no se pueden sustituir con reglas fijas.

Otra cosa son la norma (2) que dice: “Tratar con respeto la dignidad de las víctimas y sus familias” y la norma (8): “Respetar la presunción de inocencia”. Estas son normas que no permiten excepción ninguna. Y son las normas que más sistemáticamente han sido violadas por muchas de las empresas mediáticas que hoy suscriben el manifiesto. Y que sea claro: No han sido violadas por falta de mecanismo de control a los periodistas, sino que violarlas ha sido política definida de las empresas, impuesta de arriba para abajo.

Dicho sea de paso, me estaba preguntando si las buenas intenciones y el compromiso público con una nueva ética mediática incluiría una práctica de nuestros medios que siempre me ha chocado de sobremanera: acudir a las citas de la PNC o la fiscalía y tomar –y después difundir- las imágenes de los detenidos en exhibición forzada. He visto como ante las cámaras de televisión y prensa los agentes jalan a los detenidos del pelo hasta que muestren sus caras. Este tipo de fotos ningún medio debería tomarlas, mucho menos publicarlas. Obviamente, la nueva ética mediática no llega hasta ésto, porque se siguen publicando estas fotos de exhibición forzosa de detenidos (en La Prensa Gráfica del sábado 18 de noviembre hay una), sólo que ahora se cuidan que no salgan los tatuajes y las señas de dedos, para no violar el mandamiento quinto que no permite imágenes que corresponden a la simbología de los pandilleros, pero sí permite imágenes de exhibición forzosa. ¿Y el octavo mandamiento de los dones? ¿Y la presunción de inocencia?
La norma (3) es una de las más interesantes: “La cobertura periodística no magnificará los crímenes violentos y evitará el morbo, el sensacionalismo y la espectacularización del accionar policial.” Nada de Rambos botando puertas ante las cámaras de televisión – que están casualmente en el sitio y lugar de un cateo. Nunca más tomas del director de la PNC vestido de comando. Esto para matar esto de la “espectacularización” - ¡qué palabrota! Espero que la haya aportado uno de los administradores de medios, no un periodista.

¿Y el morbo? Según la Real Academia Española esta palabra tiene tres aceptaciones: “enfermedad”, “interés malsano por personas o cosas”, y “atracción hacia acontecimientos desagradables”. El denominador común es que es enfermizo. Pero las enfermedades no se curan con promesas, ni siquiera con buenas intenciones. El antídoto al morbo es análisis, contexto, investigación, reflexión. Lo que más brilla por su ausencia en nuestros medios.

Nos queda lo de la magnificación del crimen. Disculpen, señores Eserski, Dutriz, Altamirano: no es un problema de magnificación. De la misma manera que ustedes tienden a magnificar los crímenes que emanan de los sectores marginados, minimizan los crímenes que emanan de las clases altas: corrupción, narcotráfico, lavado de dinero mal habido y fraude bancario. Ustedes tienen políticas bien definidas de magnificación y de minimización, según la conveniencia. Hasta el extremo que el hecho de que en la vecina Honduras existe una investigación y órdenes de captura contra los directores del Banco Cuscatlán, simplemente no encontró mención en la mayor parte de los medios que suscriben la nueva ética periodística. Mientras el problema de la isla del Conejo, absolutamente insignificante, lo hacen parecer crisis internacional.

No se trata de magnificación ni minimización, sino de la justa dimensión. Otra vez: Esto sólo es posible mediante el enfoque crítico, el análisis, la investigación y la puesta de las noticias en su contexto. No hay regla. No hay válvula que se puede abrir y cerrar. No hay dosificación.

El más sorprendente de los mandamientos es el número (4): “No hacer apología del delito.” Que yo sepa, aquí los únicos delitos que reciben apología en los medios son los de cuello blanco y corrupción gubernamental. Entonces, si los dueños de los medios incluyen, en sus mandamientos, un punto explícito para erradicar la apología del delito, sólo a estos delitos se pueden referir. Esto sí es positivo. Esto sí es avance. Felicitaciones.

Porque nunca he visto –por lo menos no en los medios grandes- apología a los delitos que cometen mareros. ¿O será que con “apología” se refieren a los pocos intentos serios de analizar los orígenes de esta forma de violencia? ¿Querrán decir que ya nadie se moleste –o atreva- de profundizar estos análisis?

El mandamiento (7) no lo entiendo. Parece que ellos mismos tampoco. En la versión completa del manifiesto, reproducida por La Prensa Gráfica, dice así: “Espacios de expresión para el público. Los lectores, radioescuchas, y televidentes podrán participar desde los medios con sus inquietudes y sugerencias.” En el comunicado que publicado con los logotipos de todos los medios participantes hay otra versión: “Abrir espacio de opinión o investigación para promover y cuidar la salud mental de la familia frente a la delincuencia.” Son dos cosas diferentes. ¿O quieren decir que los espacios de participación del público tienen una función terapeutica?

Además hay algunos mandamientos que nada tienen que ver con normas de tratamiento periodístico de la violencia, sino con una propuesta de agenda temática. Por ejemplo (6) “Promover contenidos positivos e historias de éxito en la prevención y la rehabilitación.” De acuerdo, siempre lo positivo es más agradable. Siempre cuando la promoción de los contenidos positivos –combinado con la no magnificación de la violencia- no sirve para salvarle la cara a un gobierno que ha fallado en priorizar las políticas que producen noticias positivas y a combatir las realidades que producen noticias de violencia. Conociendo la trayectoria de algunos de los medios firmantes –los más grandes-, no parece descabellada esta sospecha. Todos sabemos: las malas noticias son malas para la inversión y el turismo – y para futuras elecciones.

Como ciudadano, quiero ser informado de todo lo que afecta la seguridad ciudadana, o sea la mía, de mi familia, de mi comunidad. Sin filtros. Sin dosificación. Sin editores que reciben líneas editoriales de magnificación de unas y minimización de otras noticias. En este sentido, tengo que contradecir, por primera vez, a mi amiga y colega Sandra de Barraza quien enfáticamente apoya a la iniciativa de los medios. Sandra escribe en su columna del 17 de noviembre: “Exigimos que no se oculte la verdad, pero es necesario dosificar y balancear…” No, Sandra, lo que necesitamos no es dosificación. El balance tiene que salir de la verdad y toda la verdad, puesta en su contexto, presentada con responsabilidad y valor. ¿Y de qué balance estamos hablando? Los periodistas no podemos establecer, por voluntad nuestra o de nuestros dones, equilibrios entre lo negativo y lo positivo donde el balance real es negativo.

Todos anhelamos una sociedad donde haya balance, armonía, paz. Pero esto hay que construir en la realidad, no en la percepción.

En conclusión: las buenas intenciones nunca hacen daño. A menos que sirven para esconder malas intenciones. Este periodista, para curarse en salud, toma el manifiesto de los dones de la comunicación como autocrítica a sus pecados, como rectificación de sus políticas equivocadas. El resto hay que observarlo. Críticamente.

(Publicado en El Faro)

Combatientes contra la violencia

Todo indicaba que era una idea demasiado atrevida y que no iba a funcionar: reunir en Morazán a un millar de excombatientes guerrilleros bajo el lema “No a la violencia”. Llovió en chorros. Tuvieron de un día al otro que conseguir otro local para la fiesta, ya que el FMLN local se había encargado de sabotear el evento; lo mismo pasó a última hora con el equipo de sonido, con los buses contratados para movilizar a la gente de los diferentes puntos de Morazán. Hubo chantajes, rumores sobre la inminencia de violencia, amenazas. Todo bajo el lema: “Joaquín Villalbos viene a Morazán a fundar un partido – y no lo vamos a permitir.”

Sin embargo, el pasado sábado -17 aniversario del inicio de la ofensiva guerrillera de 1989- al mediodía empezaron a llegar a Perquín caravanas de buses, camiones, carros, todos repletos de excombatientes del ERP y sus familias. El turicentro “Cueva del ratón” se empezó a llenar de hombres y mujeres -la mayoría entre 35 y 60 años de edad. El típico rango de edad de ex-combatientes de la guerra civil salvadoreña. Se llenó también de niños, sobre todo de 15 para abajo. Los niños de la paz. A las 5 de la tarde, por arte de magia para quienes no se acuerdan de la creatividad, capacidad de improvisación y del genio logístico de los guerrilleros de Morazán, estaban ahí unas dos mil quinientas personas - mil de ellos ex-guerrilleros y ex-guerrilleras, el resto sus hijos, sus esposas, sus esposos. La mayoría de los veteranos vistiendo una camiseta gris que en el pecho luce el emblema de la BRAZ – la temible Brigada Rafael Arce Zablah del ERP, nacida y entrenada en estas tierras de Morazán. 11 de noviembre, aniversario de la ofensiva “Al tope y punto” del 1989 – ¿un evento más de nostalgia guerrillera, de consignas inflamatorias, de romanticismo revolucionario, de quejas interminables? No, todo lo contrario. La camiseta gris lleva en la espalda las letras: “Veteranos del ERP - ¡No a la violencia 2006!”

“No a la violencia” - consigna llevada con visible orgullo por hombres y mujeres curtidos en cientos de combates. Por los guerreros más temibles de la guerrilla salvadoreña. De adultos que en su juventud fueron entrenados como fuerzas especiales.

“Veteranos guerrilleros”: gente que ha dicho sí a la violencia cuando se trataba de erradicar del país al terrorismo de Estado, la tortura, la represión. Hoy dicen “No a la violencia 2006”, porque están dispuestos a defender la paz conquistada por ellos: contra el autoritarismo del Estado de 2006; contra el aventurismo de la izquierda que produjo un 5 de julio y sigue produciendo tomas violentas de la Universidad y de hospitales; y también -me consta de todas las pláticas con mis ex-compañeros de armas en el turicentro “Cueva de ratón”- en contra de la violencia delincuencial y la violencia estructural que la produce.

Los veteranos del ERP y sus miles de bases sociales históricas -campesinos ambos en su gran mayoría- se encuentran dispersos, no organizados, no representados. Pocos de ellos siguen militando en el FMLN. Algunos se han incorporado en otros partidos, del CD y FDR hasta el PDC e incluso ARENA. La gran mayoría -como la mayoría de la población- no tiene partido.

La gran sorpresa del 11 de noviembre en Perquín: Por muy dispersos que estén, siguen siendo organizadores, militantes de causas progresistas, activistas, soñadores. De guerrilleros se han convertido en ciudadanos. Lo que el FMLN no ha podido hacer – de partido de cuadros, de “vanguardia revolucionaria” convertirse en expresión de la sociedad civil, los veteranos del ERP lo han hecho, cada uno o en pequeños grupos, obligados por las exigencias de la sobrevivencia, combinados con las exigencias de su conciencia y por el abandono en que la dirección del ERP dejó a sus bases después de los Acuerdos de Paz. El gran potencial de esta militancia histórica del ERP (cientos de ex-combatientes, ex-jefes, ex-comandantes, ex-colaboradores, ex-organizadores, ex-conspiradores, ex-contrabandistas de armas, ex-agentes de inteligencia que en este histórico reencuentro en Perquín se proclamaron “combatientes de la paz” y “guerrilleros contra la violencia”) reside precisamente en esto: Son ciudadanos, no funcionan con lógica de partido sino con lógica de sociedad, con la lógica de país.

El FMLN puede dormir tranquilo: Ahí no se está gestionando un nuevo partido. Nadie está pensando en refundar el ERP. No hace falta sabotear, chantajear, amenazar. Y Joaquín Villalosbos, aunque hubiese querido –lo que dudo-, no hubiera podido fundar un partido.

O tal vez los responsables locales del FMLN en Morazán -quienes obviamente conocen lo que era el ERP y saben que ahí están enfrentándose no con una organización sino con un estilo de trabajo, con una manera de asumir compromisos, con una capacidad de movilizar y potenciar recursos populares- temen precisamente esto: que los miles de veteranos del ERP, una vez que salgan de su dispersión, incomunicación y automarginación de la política se conviertan en catalizadores de la sociedad civil. Talvez por esto trataron tan arduamente de sabotear el reencuentro del ERP.

Claro, en este encuentro -una vez que “Los Torogoces” instalaron su equipo de sonido y cantaron las viejas canciones guerrilleras, una vez que hicieron aparición y hablaron los hombres que simbolizan la historia del “Morazán heroico”: el padre Rogelio, la “voz guerrillera” Santiago, el comandante Jonás- se gritaron las viejas consignas, se expresaron las emociones. Tal vez por ratos se calentaron los corazones, pero no las cabezas. En el fondo, por más que le causen emociones estas caras casi mitológicas y el sonido de las viejas consignas, en el fondo nadie de estos viejos guerreros cree ni en mitos ni en consignas. En el fondo, no fue un encuentro político, mucho menos partidario, sino un encuentro social, mejor: un reencuentro humano. No fue un mitin combativo, sino reflexivo.

En el fondo, todos los que estábamos en esa extraña fiesta de lodo, tamales, música, memorias y abrazos sabemos que nuestra fuerza no reside en la unidad sino en la diversidad. En esta fiesta estaban veteranos guerrilleros convertidos en militantes de todos los partidos existentes en el país; gente que trabaja en medios generando opinión pública; gente que trabaja creativamente en sistemas de fomento a microempresas, cooperativismo, movimientos sociales y gremiales... Y parece que todos siguen compartiendo el mismo ideario que los unió en la guerra: justicia, libertad, creatividad, pluralidad. Y sobre todo el compromiso de ser eficientes, no quedarse en teorías, no darse pajas, sino trabajar, hacer, mover, transformar.

Hay otra cosa que para mí -y creo que para muchos- era un sueño hecho realidad este fin de semana en Morazán: ver a mis hijos jugar, bailar, coquetear, bañarse en ríos... con los hijos de mis ex-compañeros de armas. ¿Y no es esto lo que hemos soñado cuando anduvimos aquí comiendo mierda, subiendo cuestas, tirando balas: Primero, tener hijos; segundo, verlos crecer juntos, el mío urbano con el otro campesino, hermanos en una sociedad en paz, tercero, tener ríos y montes donde podemos ir a pasear tranquilos y seguros?

¿No era esta nuestra utopía? Entonces, ¿cómo no vamos a defender esta paz contra lo que sea y desarrollarla para que sea integral?

Veteranos de 1981-1992 contra la violencia de 2006. Genial. Tres o cinco ex-combatientes que viven en Morazán tuvieron el sueño de reunir a todos los veteranos del ERP bajo este lema. Y lo lograron, sin fondos, en contra de sabotajes y chantajes. Y miles llegaron, a pesar de todo: a pesar del tiempo que ha pasado, a pesar de la lluvia, a pesar de su dispersión, a pesar de lo que les ha costado su reinserción, a pesar del sabotaje por parte del partido que dice que los representa.

Regreso de este viaje con una reflexión que no me deja en paz: ¿Será que lo extremadamente duro que ha sido para la mayoría de las bases del ERP su reinserción -porque no han tenido un partido que los tome de la mano; porque el ERP se fue y se disolvió; porque en el FMLN no se sintieron a gusto- ahora resulta que ha sido una gran ventaja? Porque ha obligado a los ex-combatientes y bases a insertarse de verdad en la sociedad civil, convertirse en ciudadanos – sin perder su capacidad organizativa, su capacidad de asumir compromisos. No estoy seguro. Pero lo que he encontrado en Perquín, Morazán, no es una masa que espera partido que la organice y dirija. He encontrado -en este reencuentro- un montón de personas muy probadas, muy capacitadas, muy maduras y muy comprometidas que están buscando cómo ponerse en función de una sociedad civil que quiere defender y profundizar la paz.

(Publicado en El Faro)

Mejorar la calidad de vida es combatir la delincuencia

Todo el mundo está discutiendo sobre seguridad pública, sobre la ley contra el crimen organizado, sobre los tribunales especiales anti-pandillas. En medio de este debate que ocupa todos los canales de expresión, La Prensa Gráfica publica dos entrevistas largas en un fin de semana, una el sábado 28 y la otra el domingo 29 de octubre. Una con el director de la PNC, Rodrigo Ávila. Interesante, pero no trascendente. La otra con un señor que vino al país para hablar del transporte público. Y es esta segunda que enfoca de manera sorprendente, trascendente y profunda el problema de la inseguridad pública. Claro, el entrevistado –Enrique Peñalosa- ha sido alcalde de Bogotá en un período cuando se logró bajar la delincuencia, la violencia, la tasa de homicidios de un nivel comparable con el que sufrimos aquí a un nivel comparable con países civilizados.

Lo más sorprendente: No es que este señor, invitado a presentar y explicar el éxito del sistema de transporte público de Bogotá, llamado Transmilenio, de repente haya cambiado el tema para hablar de seguridad pública; sobre cómo han reducido en Bogotá le delincuencia y la violencia. No, disertando sobre la trascendencia del transporte masivo, sobre el derecho de los peatones, sobre el ancho que deben tener las aceras, sobre la vital importancia de espacio públicos para una ciudad y para el tejido social... este señor hizo el aporte más importante a nuestro actual debate sobre seguridad pública que he visto en meses. (De paso, hay que felicitar a los colegas de La Prensa Gráfica por esta entrevista de fondo – arte que últimamente están desarrollando con admirable profesionalidad).

La tesis de Peñalosa es tan simple como inusual: Para la reducción de la delincuencia, más estratégico que la presencia policial, es “el mejoramiento de los espacios públicos”. Una policía efectiva –y sobre todo un policía que goce de legitimidad, credibilidad y confianza en la población- es importante. Pero mucho más importante aún –porque afecta las raíces del problema, no los síntomas- es que las ciudades, las comunidades, los vecindarios donde vivimos mejoren la calidad de vida. Peñalosa no usa este término, pero toda su argumentación sobre cómo hay que concebir el desarrollo de las ciudades –priorizando el derecho del ciudadano de a pie sobre las necesidades del tráfico de vehículos individuales; recreando los espacios públicos como lugares de encuentro, comunicación y diversión; limitando la inmanejable expansión de las ciudades que requiere cada vez más infraestructura vial- se puede resumir de esta manera tan sorprendente como positiva: para tener más seguridad, hay que elevar la calidad de la vida.

Así de simple. Construir una sociedad menos insegura no es tanto un asunto de tener más policías, más cárceles, tribunales más eficientes. Todo esto, obviamente, se necesita urgentemente - pero no toca la raíz del problema. Por otra parte, construir una sociedad menos insegura tampoco es un problema de altruismo. No es una tarea misionaria como erradicar la pobreza, ayudar a los marginados o superar la ignorancia - todas ellas causas nobles y necesarias - pero en el fondo altruistas. Porque normalmente no son los analfabetas los que emprenden la obra de erradicar la ignorancia, sino los ilustrados y bien intencionados; no son los pobres que diseñan estrategias de superación de la pobreza, sino políticos y expertos bien intencionados y bien comidos.

Construir seguridad –si seguimos la línea de enfoque trazada por Peñalosa - es una cosa que nada tiene que ver con altruismo y mucho con el sentido interés de cada uno de los ciudadanos: aumentar la calidad de vida, mejorar nuestras ciudades y barrios, recuperar nuestros espacios públicos secuestrados por vías express mal concebidas y ejecutadas (ejemplo: 49 Avenida Sur; el desmadre de carreteras que hicieron en El Espino), por centros comerciales exclusivos, o simplemente secuestrados por el desorden, el irrespeto y el abandono: aceras ocupadas de carros parqueados o por vendedores o por comedores; parques sucios y no iluminados, etcétera, etcétera, todos conocemos la larga y triste lista.

¿Qué tiene que ver el espacio público con la delincuencia? Todo. Dice Peñalosa: “Lo mínimo a pedir es que haya espacios peatonales que muestren respeto por el ser humano. En un parque es donde todos somos iguales. En Central Park, en Nueva York, se encuentra gente que no sabe donde va a dormir el día siguiente con otros que ganan $20 mil mensuales. Además, en el espacio público ordenado, limpio e iluminado, el delincuente se siente menos seguro.”

O para decirlo al revés: Mientras en nuestras ciudades nadie respeta el derecho y la vida de los peatones, mientras el desorden impere en los centros, mientras los ricos se diviertan en sus clubes exclusivos, la case media en los centros comerciales y los pobres en ninguna parte, no habrá solución al problema de la violencia.

Para tener seguridad, mejorar la calidad de vida. Tan simple. Y tan realista. Hoy los parques son territorio de inseguridad. Para hacerlos seguros, no hay que poner un policía debajo de cada árbol, basta tenerlos limpios, bellos, iluminados, atractivos. Entonces, se van a llenar con gente paseando, jugando, comiendo helado, divirtiéndose. Donde hay vida, luz y alegría, no hay espacio para maleantes. Y así las calles, los barrios, los pueblos, los centros de las ciudades...

Para hacer las ciudades amigables, hay que romper la dictadura del carro. Es una cuestión de prioridades. En vez de seguir construyendo carreteras más grandes, desniveles, autopistas urbanas –todo para resolver el caos vehicular- invertir en mejorar, hacer atractivo y efectivo el transporte público. Dice Peñalosa, el ex-alcalde de Bogotá, donde se hizo exactamente esto: “La consecuencia de todo esto es que se liberaron recursos para parques, mejoramiento de barrios marginales, hicimos una vía peatonal de 23 kilómetros y un gran parque en el centro. Ahí estaba más invadido que el centro de San Salvador.”

Es todo un proceso a desarrollar y aplicar una visión nueva de la ciudad y de las prioridades. Al final del proceso se tiene: un sistema eficiente de transporte masivo; menos carros, menos embotellamientos; más y mejores espacios públicos y parques. Y sobre todo: más seguridad, menos delincuencia. Aparte se ha dicho: sin haber aumentado la policía. Más bien, invirtiendo en la calidad, la eficiencia y la credibilidad de la policía.

Es obvio que El Salvador, en esta encrucijada que se encuentra ahora en cuanto a la seguridad como requisito para su desarrollo, puede aprender mucho de experiencias como la de Bogotá – y también Medellín, otra ciudad anteriormente famosa por sus niveles de violencia.

De repente nos damos cuenta que el viejo debate sobre cómo recuperar los centros de nuestras ciudades (al que ya casi nadie aquí le pone ganas) y el debate sobre cómo prevenir la delincuencia y la violencia no son dos temas separados, sino dos caras de la misma moneda. Y ojo, no se trata solamente de San Salvador; no sólo de las otras ciudades grandes – se trata de casi todas las ciudades, grandes o pequeñas. Si no, vayan a dar una vuelta a pie por el centro de San Martín, Aguilares o Usulután...

Y tampoco es un problema solamente de los centros. Igualmente –o aun más- es un problema de los cordones suburbanos. Si no, los invito a hacer un paseo por el Distrito Italia en Tonacatepeque o por lugares comparables en Ilopango, Soyapango o Auyutuxtepeque. O a visitar los suburbios de París o Marsella, Berlín o Los Ángeles. Es evidente la relación directa entre la falta de calidad de vida –y la ausencia de espacios públicos para una vida social digna- en estas aberraciones urbanísticas y los índices de violencia. En El Salvador, en Francia y en Estados Unidos. (En este caso, en la China no, pero sospecho que es por el funcionamiento inquebrantado del autoritarismo dictatorial.)

Escribo todo esto por una razón: Siento que el debate que -¡al fin!- se desató en el país sobre cómo parar la delincuencia corre el peligro de quedarse nuevamente corto. Todo lo que ahora se está discutiendo es importante: el presupuesto de la PNC, las deficiencias de la fiscalía, la necesidad imperante de construir cárceles que realmente saquen del juego a los delincuentes, la revisión de las leyes penales. Todo esto hay que resolverlo – y que bueno que ahora, gracias al malestar de la ciudadanía, de ANEP y del señor embajador Douglas Barclay, está en la agenda de la sociedad, de la opinión pública y de la política.

Sin embargo –como decía mi amigo Francisco Díaz en un debate el otro día- esto es como pedir que un carro tenga cuatro llantas para caminar. No dice nada sobre el rumbo del viaje. Hay que poner las 4 llantas: cárceles que no sean escuela superior y estado mayor de la delincuencia; presupuestos adecuados para PNC y fiscalía; capacidad de investigación del delito; y una depuración del órgano judicial, de pie a cabeza. Entonces, tendríamos un carro completo.

¿Y el rumbo? Para definir el rumbo necesitamos debates como el que nos provoca Peñalosa. Solicito que la nueva Comisión que nombró el presidente invite y escuche no sólo a expertos en derecho penal, sino a los alcaldes y ex-alcaldes de ciudades como Bogotá y Medellín, como Nueva York y Los Ángeles. No sólo a criminólogos, sino a urbanistas y sociólogos que han investigado la relación entre calidad de vida y violencia.

A mi me fascina la pista que nos ha dejado Peñalosa: que para construir seguridad hay que empezar -cada uno en su ámbito y desde su función- a mejorar la calidad de vida; hay que empezar a reconstruir el tejido social a nivel de vecindario, colonia, ciudad; a recuperar los espacios públicos y darles vida, belleza y alegría. No es –parafraseando la absurda campaña del Ministerio de Turismo- “la tarea de todos”: es el interés propio, la oportunidad de cada comunidad, cada familia, cada persona de mejorar la calidad de su propia vida; de arrancarle al caos imperante un pedazo de orden, de paz, de respeto y de amabilidad. La suma de todos estos esfuerzos será un país más seguro. Así de simple, porque significa que no hay que esperar que el presidente, el director de la policía o una nueva comisión tome la iniciativa. Empieza en lo chiquito, tiene resultados pequeños inmediatos – y crea una situación que obliga a la política, al gobierno y al Estado a hacer lo suyo.

(Publicado en El Faro)

Esta historia no cuadra, señores

Imagínese la siguiente historia: Detectan que en El Salvador reside el “tercero en el mando” de uno de los poderosos carteles colombianos de droga; un hombre que “era prácticamente el tesorero” nada menos del capo de los capos de la droga, Pablo Escobar Gaviria.

Imagínese además que esto lo dicen no solamente La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy –medios que en este caso no se destacaron por investigación rigurosa, sino por la reproducción irresponsable de fuentes oficiales irresponsables-, sino lo dice (¡literalmente!) el presidente de la República, Elías Antonio Saca. Asistido por su ministro de gobernación, René Figueroa, quien habla de “el señor de las tinieblas”. Y por el Fiscal General de la República, Félix Garrid Safie, quien habla de “uno de los más buscados acusado de tráfico de drogas”.

Imagínese que además detectan que este señor planeaba asesinar al presidente Elías Antonio Saca.
¿Y qué pasa? Lo arrestan y lo deportan. A Honduras, pero en un vuelo a Washington, donde es arrestado por las autoridades de Estados Unidos.

¿Algo de esta historia le parece coherente? – Ni a mi. Es la historia de George Nayor. Si sólo la mitad de esta historia fuera verdad, habría que exigir la renuncia de todos los funcionarios encargados de investigar este tipo de situaciones - y de mantener informado al presidente.
Obviamente no es cierto. No puede ser. Porque –contrario a lo que los funcionarios y sus cajas de resonancia, los periódicos salvadoreños, informaron durante semanas- el mencionado “señor de las tinieblas” vivió, trabajó, mantuvo negocios muy visibles durante muchos años en El Salvador; inauguró plazas públicas y fue fuente importante de El Diario de Hoy.

Hoy sabemos que contra Nayor –así lo vamos a llamar mientras no sepamos quien es realmente- existe una orden de captura de una corte de Miami desde el año 1994. Sin embargo, durante todos este tiempo se pasó de lo más publico en El Salvador. ¿Y ni la embajada norteamericana ni la DEA, ni la Fiscalía, y ni la INTERPOL se dieron cuenta? Muy poco creíble. Pero el pequeño resto de probabilidad que Nayor, según Figueroa “unos de los más buscados por tráfico de drogas”, haya pasado desapercibido en El Salvador durante todos estos años, se esfuma cuando nos enteramos que el mismo Nayor (y bajo este mismo nombre, no bajo uno de sus múltiples identidades falsas que ahora reportan nuestras autoridades) figuró como representante de Triple Canopy en El Salvador, compañía de seguridad norteamericana que reclutaba y mandaba guardias de seguridad a Irak para custodiar instalaciones norteamericanas.
¿Realmente nos quieren hacer creer este cuento? Un cuento que los norteamericanos no investigaron muy de fondo a un señor que les recluta y ofrece mercenarios para que cuiden sus instalaciones en Irak. Con el cual contratan personal de seguridad que antes de ir a Irak tiene que ser entrenado (e investigado) por los mismos norteamericanos, en instalaciones militares en Estados Unidos y Kuwait.

A esta altura, con tantas cortinas de humo difundidas por las autoridades y reproducidas –sin investigación propia, sin ni siquiera cuestionamientos- por El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, es imposible saber qué realmente pasó. Es imposible saber quién es Nayor y para quien trabajaba.

Lo único que podemos hacer –y lo mínimo que debemos hacer si somos periodistas- en este momento es hacer un inventario de todas las incongruencias y contradicciones que rodean este caso.

Empezando con el señor presidente que en entrevista con La Prensa Gráfica habla del autor del plan contra su propia vida “prácticamente tesorero del fallecido Pablo Escobar Gaviria”, pero al mismo tiempo lo nombra como “tercero al mando del cartel de Cali”. Eso es como acusar a alguien de ser el lugarteniente del Viejo Lin y dirigente de la 18.

Siguiendo con el pequeño detalle de la deportación de Nayor. Dice el presidente, literalmente, según El Diario de Hoy del 13 de octubre: “Como gobierno combatimos al narcotráfico, deportamos a gente que comete delito grave”. De veras, ¿es política de El Salvador deportar a los acusados de narcotráfico, en vez de enjuiciarlos? ¿Será política del gobierno Saca deportar a alguien acusado de ser capo de la droga, incluso antes de poder investigarlo bien? ¿Y será política oficial deportar a un sujeto acusado por el señor presidente de haber conspirado a matarlo antes de poder completar la investigación?

La única respuesta lógica es: No. Ningún gobierno hace esto. La única explicación lógica: No hubo tal plan de atentado. Fuentes muy cercanas a Casa Presidencial –que por razones obvias no pueden ser identificadas- indican que, contrario a las declaraciones del mismo presidente, la Oficina de Inteligencia del Estado no tenía ningún reporte sobre el tal atentado con cohetes y el rol de Nayor en esta historia. Parece que fue Gobernación que informó mal al presidente, induciéndole a dar declaraciones no sustentadas sobre el plan de atentado.

Regresemos a la deportación de Nayor. El Diario de Hoy escribe el 13 de octubre: “Garrid Safie (el Fiscal General de la República) explicó que la salida de Nayor se debió estrictamente a motivos migratorios y no a su vinculación a carteles de droga". Pero el mismo Safie, en la misma edición del mismo diario, dos páginas más adelante, explica la deportación de Nayor de otra manera: “El Fiscal sostuvo que actuaron en pleno derecho constitucional ya que se trataba de una persona reclamada por las autoridades de Estados Unidos.”

Claro, esto lo explica de otra manera inexplicable: que para deportar a Nayor a Honduras, lo metieron en un vuelo a Washington DC, donde fue apresado.

Dicho sea de paso: el Diario de Hoy no repara en el hecho que el mismo funcionario, el mismo día, le da dos explicaciones diferentes sobre el mismo hecho.

Como tampoco a los medios les extrañó que el mismo presidente de la República declarara sobre Nayor: “El capturado fue deportado a Estados Unidos por tráfico de drogas y terrorismo”, – cuando la versión oficial es que fue deportado a Honduras, sólo que en el camino –que casualmente pasaba por Washington; pues si, casi todos los caminos llevan a Tegucigalpa-- fue arrestado por los norteamericanos.

Tampoco nuestra prensa reparó en el hecho que la afirmación del presidente Saca –que Nayor está siendo acusado en Miami de terrorismo- ya no aparece en ningún reporte desde Estados Unidos. ¿Otro pequeño lapso de un jefe de Estado, como lo del plan de un atentado contra él, como lo de los informes de la inteligencia del Estado, o como la afirmación de dudable sostenibilidad jurídica de que “deportamos a gente que comete delitos graves”?

Regresemos por un momento a la compañía Triple Canopy. El Diario de Hoy publicó varios reportajes sobre el reclutamiento que esta compañía hace de personal de seguridad para Irak. Entrevistaron a Nayor en noviembre de 2004, como representante de Triple Canopy. En esta nota y otra publicada en Octubre de 2004 informan de la salida a Irak de los guardias privados contratados por Triple Canopy, hablan del entrenamiento: “Cada una de las personas que viaja a Iraq debe de recibir un entrenamiento en los Estados Unidos. La capacitación se realiza en las ciudades de Miami y Houston. (...) Luego viajan a Jordania y Kuwait, desde donde se trasladan a Iraq” (EDH, 29 de nov. 2004). Meses después, el Diario de Hoy reporta sobre el regreso de los mercenarios salvadoreños. Les cuentan de sus aventuras y penas sobre los conflictos laborales con Triple Canopy. (EDH 19 de abril 2005).

Pero ahora que Nayor sale a la luz como capo de la droga y terrorista con planes de matar al presidente, El Diario de Hoy tiene amnesia. El 6 de octubre escribe: “Estuvo entrevistando a militares, policías, enfermeras y médicos, supuestamente para contratarlos y enviarlos a trabajar en Irak. Sin embargo nunca fue comprobado que enviara a algún grupo.” Entonces, los sendos reportajes del Diario de Hoy sobre los mercenarios en Irak, ¿puro invento? O más bien, ahora que Nayor es terrorista y “más buscado” desde 1984 ya no conviene acordar que tuvo tanta visibilidad en El Salvador.

El 5 de octubre de 2006, El Diario de Hoy reporta que “fuentes policiales confirmaron que el sujeto (Nayor) era de tendencia comunista.” Vaya, aun más misteriosos se vuelve el caso. Un comunista reconocido como tal por la policía salvadoreña facilita seguridad privada a las instalaciones de Estados Unios en Irak – y nadie lo investiga. Porque, al investigarlo, se hubieran dado cuenta que era narcotraficante con orden de arresto de una corte en Miami.

Y ni cuando El Diario de Hoy hizo la serie de reportajes sobre las actividades extrañas en El Salvador de Triple Canopy –reportajes que siempre tenían como una de las fuentes principales al comunista, capo del cartel de Cali... perdón Medellín, dueño de un famoso gimnasio frecuentado por la farándula salvadoreña, Nayor- nadie realmente investigó a esta extraña empresa Triple Canopy que se dedica, a nivel mundial, al reclutamiento y alquiler de mercenarios. ¿Quiénes son los socios de Triple Canopy en El Salvador? ¿Qué rol juegan altos militares salvadoreños en esta empresa?

Tampoco lo investigan ahora que Nayor, el representante de esta compañía en el 2004-2005, adquiere tanta fama.

¿O estoy equivocado? ¿Será que ya en 2004 investigaron a Triple Canopy y a Nayor? Sabiendo perfectamente quien era, ¿cuáles eran sus vínculos con el narcotráfico y –quien sabe- con qué agencias norteamericanas? Sólo que de esto nadie quiere hablar. No sería tan extraño. O digamos, no más extraño que todo lo demás en el caso Nayor, su deportación, su conspiración de matar al presidente. Tampoco más extraño que la forma en que las autoridades y los medios (des)informan sobre todo esto.

Cuando en la entrevista de La Prensa Gráfica preguntan al presidente de cuál fue su reacción al conocer del atentado en su contra, Saca contesta: “El pensamiento más grande que tuve es decir: “Este trabajo como presidente está dando resultados”. Si el crimen organizado y el narcotráfico quieren asesinarme, es porque los estamos golpeando.” O, como decía el Don de los Dones en El Padrino: Por más enemigos, más honor...

¿Realmente? Adonde están las cabezas del narcotráfico en El Salvador. En la cárcel no están. ¿Adonde están los criminales de cuello blanco? En las cárceles sólo vemos los hijos de familias pobres. ¿Hay tanta presión sobre el crimen organizado y blanco que se vuelva lógico atentar contra el presidente? ¿Qué es ficción y que es verdad detrás de tantas cortinas de humo?

(Publicado en El Faro)

Pensando positivo

He hecho un ensayo: traducir la crítica, el escepticismo, la frustración de los expertos medioambientalistas en medidas positivas. Mi manera de procesar el debate que tuvimos en Encuentros – y mi manera de evitar caer en depresión.

Entonces, si le hacemos caso a nuestra conciencia, El Salvador podría ser así en 10 años.

Un presidente que gana las elecciones con el compromiso de dar prioridad máxima el medioambiente.

Un gabinete en el cual el Ministro de Medioambiente, a la par del Ministro de Desarrollo Productivo son los hombres fuertes que presiden gabinetes especiales, cada uno en su rubro.

Un presupuesto de la nación que dedica más del 20% a la cartera de medio ambiente, incluyendo inversiones en el tratamiento de aguas negras, parques nacionales y en el Instituto Nacional de Investigaciones Ecológicas.

Un Ministerio de Planificación al cargo de la elaboración de los planes de ordenamiento territorial y descentralización administrativa y productiva.

Impuestos mensuales sobre la tenencia de vehículos, con tasas progresivas para vehículos de lujo, “todoterrenos” y los segundos y terceros vehículos de cada familia. Impuesto sobre la gasolina. De ambos impuestos se nutre el presupuesto del Ministerio del Medioambiente y las inversiones del Estado en las plantas de tratamiento a las aguas negras, la recuperación de los lagos y ríos, y en empresas de utilidad ecológica, como por ejemplo en el transporte público.

Alcaldías asociadas en regiones. Autoridades regionales, con participación del gobierno central y las municipalidades, de Planificación y Desarrollo que autorizan, regulan y supervisan todo tipo de construcciones, proyectos de infraestructuras.

Un sistema nacional de disposición final de la basura, manejado por una empresa de utilidad pública y de capital mixto: gobierno, alcaldías, empresa privada.

Una autoridad metropolitana de transporte público que maneja las rutas de buses y construye y operará los sistemas de tranvías urbanos y trenes suburbanos.

El 20% del territorio nacional convertido en áreas protegidas, reservas forestales, parques nacionales - la mayor parte bajo administración de iniciativas ciudadana, organizaciones no gubernamentales, fundaciones.

Considerables incentivos fiscales para personas o empresas que poseen o compran tierras y las ponen bajo régimen de área protegida bajo supervisión de las autoridades regionales y centrales.

Incentivos fiscales para inversiones en reforestación, turismo ecológico, producción ecológica certificada, tecnologías medioambientales.

Una Escuela Nacional del Medio Ambiente y un Instituto Nacional de Investigaciones Ecológicas adscritos a la Universidad de El Salvador, con presupuestos especiales provenientes del Ministerio de Medio Ambiente.

Un Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible con amplia participación ciudadana, de las municipalidades, las universidades, las iglesias, los partidos y el gobierno, al cargo de elaborar políticas de desarrollo y de protección medioambiental.

Un fuerte movimiento verde, con capacidad de presión sobre los partidos, los gobiernos locales, el ejecutivo nacional y la empresa privada, con presencia local y territorial, sin amarres partidarios, pero radical, persistente, paciente...

Todo esto podría ser realidad o estar en gestión en nuestro país. No en un futuro lejano, sino en 10 años.

El único requisito: Dejarnos de paja, dejarnos de quejas, ponernos de acuerdo, presionar, y hacer ya lo que todo el mundo sabe que alguien lo tiene que hacer en el futuro. Nada del escenario aquí descrito es utópico, cada una de las medidas es razonable, viable, financiable. El único elemento utópico: la voluntad política.

(Publicado en El Faro)

Nacionalicemos a MIDES

Hay que nacionalizar a MIDES. Talvez tambien intervenir a las alcaldías metropolitanas. La recolección y disposición final de la basura son servicios públicos de vital interés para los ciudadanos. La salud pública depende de estos servicios.

No tengo ninguna fobia a las privatizaciones. Tampoco a un Estado fuerte. Si la empresa privada se puede encargar de un servicio público de manera más eficiente, bienvenido sea. Pero esto no quita la responsabilidad del Estado. El Estado tiene que crear instituciones, mecanismos, criterios, procedimientos para garantizar que los servicios públicos funcionen. Por esto existen superintendencias estatales que regulan y supervisan y pueden sancionar e intervenir las empresas privadas que operan servicios públicos, por ejemplo de telecomunicación, energía, pensiones e incluso del sector financiero. No se trata de analizar ahora si en El Salvador cumplen su función estas instancias estatales de supervisión y regulación de los servicios públicos. El enfoque es: ¿Por qué no existe instancia estatal que interviene cuando servicios públicos de interés vital para la población como la recolección y la disposición de la basura (o el transporte público de personas) no funcionan?

Por un pleito legal entre algunas alcaldías metropolitanas y la empresa casi monopolio de disposición final (MIDES), la basura de casi todo el Gran San Salvador no tiene un destino que cumple con las más mínimas leyes de protección ambiental y de higiene. Como las alcaldías –por el pleito con MIDES- no tienen donde depositar la basura, tampoco funciona la recolección. La capital está llena de basura, con todas las consecuencias de insalubridad que esto tiene.

En este contexto es absolutamente insignificante si MIDES le debe a las alcaldías o al revés. No importa quien tenga la razón en este pleito, lo que no se puede permitir es que un pleito sobre cobros paralice un servicio público hunda la ciudad en basura, tufo y pudrición. Tampoco tiene importancia quienes son los actuales dueños de MIDES. No importa que ayer fueran aliados de los alcaldes del FMLN. No importa que hoy sean amigos de los Areneros.

Lo que no puede ser es que nadie intervenga. No sé si existe facultad legal para que el gobierno intervenga. Si no existe, hay que crear la facultad para hacerlo - para hacerlo eficientemente. Si la alcaldía no está en capacidad de recoger la basura, el gobierno debe tener la autoridad –el deber- de intervenir. Puede ser que le eche la mano a la alcaldía, así como lo hizo hace unos meses cuando mandó camiones del MOP y de la Fuerza Armada a recoger la basura que la alcaldía no estaba en condiciones de recoger. O, si el problema es más estructural, incluso debe haber facultad para intervenir de manera más drástica, asumiendo el gobierno temporalmente el servicio que la alcaldía no cumple.

Y en el caso de la disposición final, queda comprobado que la empresa MIDES, con su decisión de bloquear la entrada de los camiones de basura de Gran San Salvador, está inhabilitando un servicio público de vital interés y, de esta manera, atentando contra la salud pública de la población.

Esto requiere de una inmediata intervención del Estado. Si no hay bases legales para esto –como me imagino que no las hay en un país gobernado por “estadofóbicos”-, urge crearlas para poder intervenir y, si fuera necesario, nacionalizar a MIDES. A lo mejor a todas la empresas de disposición final de la basura. Y para intervenir las alcaldías que no logran recolectar, de manera eficiente, la basura.

Urge crear superintendencias fuertes y con capacidad de supervisión, regulación y –al ser necesario- intervención efectiva para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos. Esta es la condición indispensable para que sean asumidos por la empresa privada. De la misma manera, una supervisión eficiente y autoridad de intervención son condiciones indispensables para seguir adelante con la descentralización del Estado que pone una gran parte de las responsabilidades del Estado (incluyendo servicios públicos como salud, transporte y educación) en manos de los gobiernos municipales .

Ni privatización ni descentralización de los servicios públicos sin fuertes instancias de regulación, supervisión y –en última instancia- intervención del Estado.

Efectivamente, en la lista de servicios públicos que el Estado tiene que garantizar –o proporcionándolos o supervisándolos- se encuentran la recolección y la disposición final de la basura. A MIDES –y tal vez paralelamente a algunas alcaldías- hay que intervenirlas ya. Hay que restablecer los servicios y después buscar la forma como asegurarlas sostenidamente. En el caso de MIDES, lo más lógico sería nacionalizarlo y después crear una empresa de utilidad pública que se haga cargo de la disposición final. Cosa parecida hay que hacer en el campo del transporte público. Quiere valor hacerlo, pero el costo de no hacerlo es mucho más alto.

El obstáculo principal para hacerlo: la irracional ideologización de este problema. La ortodoxia de los dos lados, unos defendiendo a capa y espada la privatización, aunque hunda la ciudad en basura. Los otros defendiendo a capa y espada la autonomía municipal, con el mismo efecto desastroso.

Pero ni la privatización ni la autonomía ni la intervención estatal son valores por sí. Son instrumentos para asegurar el bienestar público. Tienen que ser eficientes y responsables o ser sujetos a cambios.

Muchos tenemos miedo a un Estado demasiado fuerte. Con razón. Pero más aun hay que tener miedo a un Estado débil. Débil frente a grupos económicos. Un Estado débil que no asume su responsabilidad con el bienestar de sus ciudadanos.

No queremos a un Estado que se mete en nuestras vidas personales. Pero tampoco un Estado que permite que empresas monopolistas (o alcaldías inoperantes) nos jodan la vida.

(Publicado en El Faro)