Elías Antonio Saca tiene el derecho de enfrentar la voluntad de los votantes. Y los ciudadanos tenemos derecho a votar por él, los que así decidan; o de votar contra él, los que decidan llevar al poder a ARENA, el proyecto político declarado muerto por quien fue su máximo dirigente durante su presidencia.
Es esencial para nuestra democracia que
en un caso tan clave como el de Elías Antonio Saca el veredicto esté en manos
de los ciudadanos, y no de una Sala de la Corte. ¿Por qué? Porque la pretensión
de Saca de recuperar el poder no es un problema jurídico, sino un problema
eminentemente político, que no se resuelve por una sentencia judicial. Sólo se
resolverá por la decisión del votante. Ustedes, como jueces, pueden sacarlo de
la carrera, pero no pueden curar la enfermedad política y ética detrás de la
candidatura de Saca. El único punto final irreversible es cuando sufra la clara
derrota electoral que se le avecina. Una sentencia de ustedes, que inhabilite
su candidatura, sería todo lo contrario - le daría oxígeno a Saca,
convirtiéndole en víctima y ahorrándole la humillación del desastre electoral.
La práctica de intervenir en procesos
electorales mediante la inhabilitación de candidatos es propia de regímenes
autoritarios. Veamos lo que está pasando en Venezuela: El gobierno se hizo del
control de instituciones originalmente creadas para controlar el poder, como la
fiscalía, la Corte de Cuentas (que allá se llama Contraloría General), y las
usa para abrir expedientes contra candidatos opositores y luego declararlos
“inhabilitados” a ser electos. En estos días, faltando dos semanas a las
elecciones municipales, nuevamente los periódicos de Venezuela están llenos de
estos casos.
Apliquemos la fórmula básica de la
democracia: Que decida el pueblo. Sólo en casos muy extremos y cristalinamente
claros deberíamos permitir que sobre las candidaturas decidan magistrados de la
Corte de Cuentas o de la Corte Suprema de Justicia. Esto obviamente no es el
caso en las demandas que existen contra las candidaturas de Saca, Quijano y
Sánchez Cerén.
Confío en su sabiduría y su
responsabilidad, magistrados. Hasta ahora, (casi) no me han fallado. Y la vez
que sentí que sí fallaron, fue precisamente cuando cometieron el error de
judicializar la política - sin defender un derecho constitucional de la ciudadanía.
Fue cuando inhabilitaron a dos ex-militares a ejercer cargos de seguridad
pública, y con esto descarrillaron toda una política de seguridad pública.
Por esto repito: Cuidado con la
inhabilitaciones vía sentencias. Dejen que inhabilitemos en las urnas a
candidatos corruptos o autoritarios.
Saludos, Paolo Lüers
(Más!/EDH)
