Tenemos casi 100 días sin Sala de lo Constitucional – y ya nos toca comenzar a discutir sobre la elección del próximo fiscal general. Es inevitable, porque el mandato del actual titular termina en enero próximo.
Más nos vale comenzar desde ya a analizar la situación de la fiscalía y determinar qué tipo de liderazgo necesita, porque viendo lo que está pasando en la Asamblea, corremos el peligro que arranquemos el año 2019 sin fiscal – y posiblemente sin Sala…
En medio de esta situación, el actual fiscal general lanzó otro caso espectacular, que revela la corrupción dentro de la misma fiscalía: una red encabezada por el ex general fiscal Luis Martínez, que involucra a ex jefes fiscales de mucho poder – pero según Douglas Meléndez con la posibilidad que también salgan comprometidos actuales funcionarios de su institución.
No estamos hablando de delitos aislados, sino de una corrupción sistemática, tanto para sustraer fondos de la fiscalía, como para pervertir la justicia, vendiendo al mejor postor (funcionarios públicos y empresarios) protección contra investigaciones de la fiscalía y el servicio de manipulación de evidencias.
Si el fiscal logra sustentar estas acusaciones, sería un paso muy positivo y probablemente el logro más importante de su gestión: el inicio de la depuración de la fiscalía.
¿Será suficiente para llegar a la conclusión que Douglas Meléndez merece la reelección? Indudablemente será un elemento a su favor, pero faltan otros que hay que analizar con cabeza fría. Otro elemento a su favor: Independientemente de si estamos satisfechos con el desenlace del caso Tony Saca y con el tortuoso avance de las múltiples acusaciones contra Mauricio Funes, la fiscalía de Meléndez ha logrado algo muy importante: descubrir los mecanismos y el funcionamiento del sistema de la corrupción institucionalizada en Casa Presidencial: las transferencias tramposas, los fondos secretos, reservados y discrecionales, la abundancia de pagos en efectivo, la falta de auditorías… Gracias a esto, ahora sabemos dónde y cómo hay que cerrar los vacíos de control y las válvulas de escape de fondos públicos.
La verdadera depuración no es solo de personas, sino de mecanismos y subterfugios que permiten el abuso. No es suficiente identificar a las manzanas podridas y apartarlas, hace falta erradicar los vacíos de ley y de control y los mecanismos específicos creados para poder robar impunemente. Y este paso, en el caso de la depuración de la fiscalía, todavía no se ha dado.
¿Cómo fue posible que Luis Martínez pudo apropiarse de buena parte de los 15 millones de dólares de los “narcobarriles” – y nadie se dio cuenta? ¿Cómo no hubo ningún mecanismo de control sobre el uso de tarjetas institucionales de crédito? ¿Cómo puede un fiscal general ordenar que se manipulen procedimientos o archiven investigaciones no concluidas – sin que nadie lo cuestione?
Ya sabemos cuáles son las válvulas que hay que cerrar en Casa Presidencial para prevenir futuros robos. Pero en el caso de la Fiscalía General, no. Al próximo fiscal general le toca hacer una reingeniería integral de su institución, para hacerla eficiente y transparente, y para blindarla contra manipulaciones jurídicas, políticas y financieras. Esto tendrá que ser el criterio principal para escoger al próximo fiscal general – incluyendo para la decisión de reelegir o no al actual titular.
Saludos,
(MAS! y EL DIARIO DE HOY)