En esta calidad, emitió, el jueves 14 de julio, una orden a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega, de abrir una investigación a Henrique Capriles Radonski, gobernador de Miranda.
De repente Capriles, el más probable candidato a la presidencia, se vió amenazado de correr la misma suerte que muchos otros dirigentes opositores: ser inhabilitado en su derecho de ser candidato de elección popular, mientras esté pendiente una investigación de la fiscalía.
La orden que la magistrada presidente del órgano judicial emitió a la fiscal general se basó en la acusación formal que hace dos años hiciera un ciudadano de nombre Gerson Pérez contra Capriles, por presunta corrupción cuando era alcalde del municipio de Baruta entre 2000 y 2008, antes de ser electo gobernador del estado de Miranda. El señor Pérez acusaba a Capriles de mal manejo de licitaciones de obras municipales, entregando contratos a familiares.
Ahora que la mayoría de las encuestas ponen a Capriles con 10 puntos encima del presidente Hugo Chávez, alguien en la corte abrió la gaveta y sacó la denuncia del ciudadano Pérez.
Y comienza el drama: La presidenta de la máxima corte venezolana emite la orden; la fiscal general confirma la apertura oficial de la investigación; el gobernador Capriles declara que no tiene nada que temer; los medios y dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática denuncian que nuevamente el gobierno está poniendo al aparato de justicia en función de la persecución de candidatos y dirigentes de la oposición.
Suenan las alarmas, en el contexto que otro dirigente presidenciable de la oposición ya se encuentra inhabilitado para cualquier candidatura: Leopoldo López, el popular y carismático ex-alcalde de Chacao y líder del movimiento social Voluntad Popular; y que el dirigente socialdemócrata y ex-candidato presidencial del 2006, tuvo que salir al exilio debido a acusaciones parecidas como las que ahora le hacen al gobernador Capriles.
Parece que este tiro les salió por la culata a los chavistas. La opinión pública, en vez de poner en duda la ética de Capriles, pone en duda la ética de un régimen que aprovecha su control estricto sobre el órgano judicial y la fiscalía para perseguir y descalificar a dirigentes opositores. El Partido Socialista de Chávez, dándose cuenta que la persecución contra Capriles aumenta su popularidad, decide retractarse.
Y ahí el drama se vuelve comedia. El dirigente del partido oficial y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Aristóbulo Istúriz, declaró que la demanda contra Capriles no procede. Lo insólito es la razón que da el dirigente del PSUV: "Este compatriota (Gerson Pérez) no ha sido autorizado por el partido para realizar una acción de este tipo, por el contrario, está expulsado del partido."
Istúriz dio esta declaración el día lunes 18 de julio. El día siguiente, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, la magistrada Luisa Estella Morales, la misma que había girado la orden de abrir la investigación contra el gobernador Henrique Capriles, giró una nueva orden oficial a la fiscalía de cerrar el expediente y la investigación.
Y por pura coincidencia, la razón que alega la magistrada para la anulación de la orden anterior es que "el demandante Gerson Pérez se identificó como comisionado del Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV" y que "por notoriedad comunicacional se tuvo conocimiento de la falta de cualidad" del demandante.
Más claro sólo el agua: Si un encargado del partido oficial presenta una demanda contra un dirigente opositor, la demanda procede. Si un dirigente partidario de mayor rango desautoriza la demanda, ya no procede.
Esto es la tragicomedia de la justicia en Venezuela.
La pregunta es: ¿Por qué el PSUV se retracta de prácticas que hasta ahora ha aplicado a la oposición? ¿Tiene esto que ver con la enfermedad de Hugo Chávez y su ausencia el país, o con una mayor fuerza de la oposición? Para buscar respuestas a estas y otras preguntas, este columnista se encuentra en Venezuela...(El Diario de Hoy)
