Todo el mundo habla de corrupción. Detrás de la palabra corrupción se esconden todos los delitos donde un funcionario público consigue beneficios personales, aprovechándose de su cargo. La gama de actos de corrupción va de robar dinero del Estado hasta recibir sobornos para favorecer a terceros, o cobrar comisiones sobre contratos del Estado.
Cuando un funcionario se apropia de fondos públicos, los juristas hablan de malversación de fondos o de peculado. Pero estos son términos técnicos y jurídicos para un hecho simple que hay que llamar por su nombre: robo. Si las acusaciones contra Tony Saca y su secretario privado Elmer Charlaix se comprueban, nos seguirán hablando de malversación o peculado, pero de hecho habrán cometido un robo al Estado. O sea, a nosotros. Y así hay que llamarlo.
La otra forma de corrupción que un funcionario puede cometer es apropiarse de fondos de terceros, normalmente de empresas. El funcionario lo puede hacer cobrando comisión sobre un proyecto público. Ahí nos van a hablar de negociación ilícita: Yo te consigo el contrato (para diseñar, ejecutar o supervisar) un proyecto de construcción, o yo te consigo la concesión de un servicio – y tú me vas a dar a mí un porcentaje del monto que cobrás al Estado. Los juristas van a pelear si este delito es cohecho, tráfico de influencia, negociación ilícita, o la combinación de todos, pero en el fondo siempre es un vil soborno: alguien compra la voluntad del presidente, ministro o funcionario con poder, para beneficiarse del Estado y sus fondos.
Igual es soborno cuando alguien paga al funcionario para que no le sancione, no le investigue, o para que tome ciertas decisiones que le favorecen económicamente. Lean las noticias sobre el caso del exfiscal Luis Martínez, y entenderán qué es soborno… Está acusado de cobrar soborno a Enrique Rais y a Mauricio Funes para manipular la justicia. Y a saber a quiénes más…
En todos estos casos de soborno, el funcionario se enriquece de fondos privados (a menos que el que compra la voluntad del funcionario corrupto es otro funcionario, como en el caso del pago mensual que los presidentes Funes y Sánchez Cerén hicieron llegar al exfiscal Luis Martínez según dijo). Pero aunque el soborno salga del bolsillo privado, siempre hay un daño directo al Estado. Para pagarle a un ministro de Obras Públicas 10 o 15 % de comisión sobre proyectos de construcción, antes tienen que inflar los costos. O cuando sobornan a un funcionario para que no investigue delitos económicos, o para no sancionar empresas que cometieron faltas, el Estado deja de percibir ingresos.
Usualmente el costo colateral de la corrupción es mucho más alto que el costo directo del soborno: El presidente Funes habrá usado tal vez 1 millón de fondos públicos para sobornar al fiscal Luis Martínez para que inicie una persecución jurídica contra la empresa italiana ENEL y contra un grupo de exfuncionarios de ARENA – pero el daño que esto hizo a las finanzas de la CEL, de la GEO y del Estado es mil veces más grande que la suma que Funes ilegalmente y presuntamente pagó a Luis Martínez.
Llegamos al tema de los sobresueldos. Lo que Funes y Sánchez Cerén presuntamente pagaron a Luis Martínez no es sobresueldo. Es un vil soborno. Casa Presidencial no tiene nada que ver con el sueldo de un fiscal (o magistrado, o diputado, o cualquier otro funcionario de un órgano del Estado que por Constitución debe ser independiente del Ejecutivo). Se trata de soborno la compra de voluntad de un funcionario cuyo deber es controlar al gobierno, es un acto anticonstitucional. Igual será si en algún momento se comprobaría que desde los maletines negros de la presidencia se han comprado diputados, con el fin de que abandonen la oposición y voten en favor del gobierno.
El término de sobresueldo solo aplica cuando el que paga el salario de un funcionario paga algo extra. Puede ser una forma de atraer a profesionales que fuera del gobierno ganan más que el salario asignado en el servicio público. Pero puede ser también una forma de comprar silencio y complicidad de un funcionario. En este caso también es soborno.
¿En qué categoría cae la práctica de la Asamblea de otorgar donaciones a fundaciones o asociaciones, de las cuales se benefician ciertos diputados o sus familiares (como en el caso de Guillermo Gallegos), o sus partidos? Puede ser que hubo negociación ilícita, puede ser que hubo financiamiento ilícito de partidos, puede ser que hubo malversación de fondos. Depende de lo que arrojen las investigaciones que deberían hacerse en todos estos casos. Pero no nos dejemos enredar en terminología jurídica: es otra forma de robo y de soborno.
La palabra que más suena en el contexto de la corrupción es enriquecimiento ilícito, por una simple razón: la actual lucha contra la corrupción no nace en la fiscalía, sino en la Sección Probidad de la Corte Suprema. Y su vehículo jurídico es la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito. Pero ya sabemos que detrás de este término jurídico siempre hay un robo o un soborno. Repito: Hay que llamar las cosas por su nombre.
(El Diario de Hoy)
