Hoy 8 de mayo 2012 entra en plena vigencia la ‘Ley de Acceso a la Información Pública’, aprobada en abril del 2011.
Esta ley tiene dos reglas muy simples, pero nuevas para El Salvador: Todas las entidades estatales deben de informar a los ciudadanos sobre todo lo que hacen, sus presupuestos, sus gastos, sus contratos, sus licitaciones, lo que pagan a asesores... Y la segunda regla: Lo que no publica el Estado de manera voluntaria, debida y completa, el ciudadano tiene derecho de preguntar y el Estado el deber de contestar.
A mi como ciudadano me valen un comino todos los pretextos: que el reglamento que hizo Casa Presidencial no sirve; que el presidente no ha nombrado los comisionados para el Instituto que tiene que supervisar que el Estado cumpla con la nueva ley – yo a partir de hoy exijo que el Estado me responda. Aquí mis primeras solicitudes de información:
1) Asamblea Legislativa: Quiero conocer hasta el último detalle el presupuesto y la ejecución del presupuesto de la Asamblea. Esto incluye el personal contratado de cada fracción, con nombres y apellidos, con el salario de cada uno, y con la hoja de estudios y laboral de cada uno de los empleados de la Asamblea y sus fracciones.
2) Corte Suprema: Presupuesto específico de funcionamiento de la Corte Suprema. Esto incluye: ¿en qué ha gastada cada uno de los magistrados sus fondos de representación? ¿Cómo han sido contratados cada uno de los asesores y otros empleados que corresponden a cada magistrado y cada Sala?
3) Casa Presidencial: a) Todos los gastos de publicidad de Casa Presidencial, incluyendo los contratos con agencias, productoras y medios. b) Todas las transferencias de fondos de ministerios a Casa Presidencial: de dónde venían y en que se han gasto los fondos transferidos. Esto para el periodo antes de que la Sala declarara inconstitucional estas transferencias, y para el período después. c) Todos los gastos relacionados con viajes del presidente; compras del mandatario y sus familiares efectuadas en el exterior; listado completo de vehículos que usan el mandatario y miembros de su familia, especificando cuáles son propiedad del estado, cuáles son propiedad del presidente o su familia, y cuales son propiedad de terceros. En este último caso, exijo saber quiénes son los propietarios, cuál es su relación con el presidente, y bajo qué condiciones y acuerdos ceden el uso de sus bienes al ciudadano presidente de la República...
Se me acabó el espacio, pero no las interrogantes. Faltan ministerios, alcaldías, y las ‘autónomas’...
Espero pronta respuesta de las entidades mencionadas, bajo le nueva Ley de Acceso a la Información Pública que supuestamente entra en plena vigencia hoy.
Saludos, Paolo
(Más!/EDH)
