Usted se hizo famoso con sus palabras “Respeten al fiscal”, y a mi me gusta esta frase. Un fiscal general que se hace respetar - ¿cuántos años no hemos esperado por esto?
Para mantenerme respetando al fiscal, por
favor sáqueme de un par de dudas. Cuando usted presentó el requerimiento contra
varios ex-funcionarios en el caso CEL-ENEL, mi amigo Billy Sol Bang (uno de los
principales acusados por usted) me dijo: Esto es una aberración, están tratando
de penalizar retrospectivamente una política pública. O sea, están acusando de
delitos penales a todos los funcionarios que implementaron la política
energética vigente de la época de los 90 y la primera década del siglo,
respaldada en aquel entonces por consenso mayoritario y por legislación…
Yo puedo entender que un partido que llega
al poder, cambia las políticas públicas. Es parte de la alternancia. Pero esto
no significa que sea correcto que Mauricio Funes, como presidente, declare
ilegal todo lo que anteriormente se ha hecho en materia de la explotación
geotérmica. Bueno, todavía se puede entender, aunque no aprobar, que un
presidente actúe así en el calor de las batallas políticas y electorales. ¿Pero
la Fiscalía General de la República? No way, José…
Y aquí me entra una terrible duda: ¿La
fiscalía no estará haciendo lo mismo, o algo parecido, con su investigación de la
tregua? Desde junio del 2013, exactamente cuando el nuevo ministro de Justicia
y Seguridad, Ricardo Perdomo, se desmarca de la política de su antecesor David
Munguía Payes y se una a usted, el fiscal general, en su férrea oposición a la
tregua, la fiscalía comienza una oscura (o sea, una muy poco transparente)
investigación de la tregua. Y esta investigación, aunque nunca termina en
acusaciones formales, se extiende por más de un año. Comienza con citar al
ex-viceministro de Seguridad Douglas Moreno, al ex director general de Centros
Penales, Nelson Rauda, a los directores de los penales de Ciudad Barrios y
Cojutepeque, y a mi persona, por haber acompañado a dos pandilleros presos a
una entrevista en el canal de Toby. Segundo paso: alguien en la fiscalía filtra
ilegalmente los audios de varios de los testimonios. Aparecen en internet. De
todo esto, no salió ni siquiera la definición de un posible delito. Pero en vez
de archivar el “caso”, la fiscalía lo mantiene a fuego lento por un año – para
al fin, en junio de 2014, llamar a testificar al general Munguía Payes, y a los
dos mediadores, monseñor Fabio Colindres y Raul Mijango.
Ojo, señor fiscal, todos los aquí
mencionados fueron citados de testigos, y en cada caso los fiscales se no
podían identificar qué tipo de delito están investigando. Esto se llama expedición de pesca: tirar anzuelos, para
ver qué cae. También se puede llamar acto arbitrario de la fiscalía.
Y nuevamente el mismo patrón: Usted y el
nuevo ministro difieren de una política pública anteriormente vigente y oficial
del gobierno, y deciden abrir una investigación para ver si pueden penalizar a
los que han actuado en el cumplimiento de esta política. Sobre todo para los
que han sido funcionarios, por ejemplo los directores de penales, esto
constituye una intolerable injusticia.
Usted sabe mejor que yo que en ambos ejemplos
(ENEL y tregua), sus casos no van a proceder jurídicamente. Sostenerlos por
razones políticas es un grave error, señor fiscal.
Todavía, a pesar de todo, con un resto de
respeto, Paolo Lüers
(Mas!/EDH)
