sábado, 28 de junio de 2025

Carta sobre la nueva pandilla. De Paolo Luers

 

"Quien sigue creyendo que ahora, a 38 meses de estado de excepción, tenemos una seguridad ciudadana que garantiza a toda la gente poder vivir sin miedo, vaya a ver los barrios de los pobres. La “nueva pandilla” no se está formando en los institutos nacionales, sino en los cuarteles y delegaciones policiales."

Publicado en MAS!  y El DIARIO DE HOY, sábado 28 junio 2025

"Antes de llorar, mejor reír. 

Y si te queda voz, burlate..."

Sabiduría campesina de Morazán

 

Cuando la máquina trituradora del régimen de excepción se queda sin pandilleros a encarcelar, se inventan una nueva pandilla – o números locos sobre 40 mil pandilleros escondidos que hacen falta buscar. Por tanto, se necesita mantener vigente el estado de excepción.


La cifra de los 40 mil se la inventó la inteligencia policial, y la filtró, como regalo de despedida, al colombiano Andrés Guzmán, quien figuró varios años como Comisionado de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, hasta que se fue sin pena ni gloria para buscar consultorías en Washington, la otra capital de los Derechos Humanos. La matemática fue simple: la inteligencia policial contó 120 mil pandilleros. Capturaron, aunque sin pruebas, a 100 mil supuestos mareros. Pero, de estos un mínimo de 20 mil resultaron ser “daños colaterales”, o sea bichos pobres que estaban en el momento y lugar equivocado, normalmente en una barrio marginal. Entonces, según ellos, faltan 40 mil terroristas por buscar, capturar y encerrar. Hoy, Andrés Guzmán, difunde esta matemática desde Washington, pensando que le ayudará a conseguir su nueva consultoría en Derechos Humanos.

 

Más en serio va la fiscalía con su nueva pandilla. Agarraron a 40 bichos de varios institutos nacionales, donde según ellos, estudian los maleantes, y los presentaron como reclutadores de una nueva mara, que tratará de ocupar el espacio y los negocios de las clásicas pandillas MS13 y Barrio 18.


Las pruebas que publicó la fiscalía son extraordinarias: en una foto, tomada en la casa de uno de los estudiantes, se ven 3 billetes, uno de $1, otro de 10$ y otro que no se sabe de cuanto, más unas monedas. En otra foto sale una billetera, en la cual se ve un fajo de billetes, pero no se han tomado la molestia de exhibir el contenido. También hay una foto de un altar de San Simón, un santo popular no reconocido por la Iglesia Católica, a quien los pobres rezan por su protección. Muchos recordamos la figura de San Simón que vigilaba el bar La Luna. ¿Será que por esto que la fiscalía la toma como prueba de malicia? Quien sabe...

 

5 de los bichos detenidos tienen el agravante de ser brigadistas voluntarios de la Cruz Verde. Para esconder su vida delictiva pasan los fines de semana en las calles para socorrer a víctimas de accidentes o desastres naturales.

 

La fiscalía ha presentado ante las cámaras de la prensa fotos de jóvenes detenidos, pero curiosamente sin detallar sus edades. Así que no sabemos si los fiscales y policías violaron la ley que les prohíbe publicar las caras de menores de edad. Si lo hicieron, debemos asumir que es por “seguridad nacional”. Aunque a uno le pueden asaltar dudas, viendo una foto en la cual aparecen, formados en fila, 11 de los bichos detenidos. Parecen más a un equipo de fútbol de la Sub18 que a mareros. Sólo que los vistieron en blanco para dejar claro que son delincuentes. 

 

La trituradora de pobres necesita materia prima. Sigue encontrándola entre los jóvenes marginados. Si esta maquinaria va al ritmo del cerco militar de San Bartolo, con 200 efectivos, deteniendo a un solo presunto pandillero- tendremos régimen de excepción para siempre.

 

Ahora hablando en serio: Quien sigue creyendo que ahora, a 38 meses de estado de excepción, tenemos una seguridad ciudadana que garantiza a toda la gente poder vivir sin miedo, vaya a ver los barrios de los pobres. La “nueva pandilla” no se está formando en los institutos nacionales, sino en los cuarteles y delegaciones policiales.

Saludos, 









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jueves, 26 de junio de 2025

Carta a los líderes empresariales: Resistan a la presión de hacerse cómplices. De Paolo Luers

 


"Si existiera un estado de derecho con seguridad jurídica para todos, hubiera un boom de inversión en El Salvador, una vez resuelto el problema de las pandillas. No existe tal boom y no existirá sin seguridad jurídica para todos."

Publicado en MAS!  y El DIARIO DE HOY, jueves 26 junio 2025

Estimados amigos:

Cuando todos callan -por miedo, por prudencia, por oportunismo, por lo que sea- quedarse callado ya no parece prueba suficiente de que un empresario es leal al dictador. El hombre comienza a exigir más que silencio. Exige que salgan a apoyarlo. Gobernar un país, en el cual la clase empresarial mantiene un sospechoso silencio, no se ve bien.

 

El dictador exige que los líderes del sector privado que pongan su apellido, su prestigio, el legado de su familia en línea para apoyar, avalar y legitimar su forma de gobernar.  

 

¿Será por esto que algunos, luego de un largo tiempo de absteneree de declaraciones políticas, comienzan a echar flores a Nayib Bukele, tratándolo como si fuera el “Salvador de la patria” – grandes palabras para describir a alguien que dio al país seguridad al precio de la libertad y la democracia. 

 

Nayib no es el que salvó la patria de la delincuencia. El descenso de los homicidios no comenzó con Bukele, sino en el 2016. Comenzó a darse un estado fallido en El Salvador con el pacto electoral que Bukele hizo con las pandillas para llegar al poder en las elecciones del 2019 y luego en las elecciones legislativas del 2021 para consolidar su control total del Estado. Cuando el gobierno necesita pactar con el crimen organizado para poder gobernar, podemos haber de un estado fallido.

 

El famoso “modelo Bukele de Seguridad” se implementa luego de que este pacto fallara al no poder honrar el gobierno sus compromisos adquiridos con las pandillas: el estado de excepción permanente, que dura hasta la fecha y despoja al ciudadano de sus derechos fundamentales, con 100 mil encarcelados sin debido proceso. Si para garantizar la seguridad ciudadana el Estado debe actuar sistemáticamente encima de la ley y suspender el Estado de Derecho, es un estado fallido. 

 

Ustedes son de los empresarios más poderosos del país y de la región. Los conozco como protagonistas de la responsabilidad social de la empresa privada. O sea, son conscientes de su responsabilidad para el país. No puede ser que no hayan observado el sistemático desmontaje del Estado de Derecho.

 

Siempre he dicho que entiendo y respeto que los empresarios, que tienen responsabilidad sobre corporaciones grandes y sobre miles de empleados, opten por no confrontar con el gobierno, aún cuando éste se esté volviendo autoritario, abusivo y corrupto. Entiendo la prudencia de quedarse callado y tratar de proteger sus empresas. Me enteré que la presión estáaumentando sobre ustedes de pasar del silencio al apoyo abierto al gobierno. Pero

empresarios tan poderosos y además inteligentes y socialmente sensibles como ustedes no deberían hacerlo. no pueden volverse defensores del modelo Bukele. Saben lo que está a la vista: En El Salvador ya no existe un estado de derecho. Luego de la captura de dos de los críticos más prestigiosos y visibles del modelo Bukele, como los abogados Ruth López y Enrique Anaya, ¿cómo podrían decir que en El Salvador existe libertad de expresión? 

 

Hasta el enviado de Donald Trump, el vicesecretario del Departamento de Estado Christopher Landau, dijo luego de su visita a El Salvador: “Nadie va a querer invertir en un país donde no hay certidumbre jurídica”. Con estas palabras, puso el dedo en la llaga donde duele. ¿Por qué en El Salvador, luego de resolverse el problema de la inseguridad que durante una década frenó la inversión, no se está dando un “bono de paz”, un boom de inversión - así como lo hubo al terminar la guerra civil. En los años noventa, se invirtió en la reconstrucción del país todo el capital retenido debido a la inseguridad de los años ochenta. 

 

Si existiera un estado de derecho con seguridad jurídica para todos, hubiera un boom de inversión en El Salvador, una vez resuelto el problema de las pandillas. No existe tal boom y no existirá sin seguridad jurídica para todos.

 

Espero que asuman la responsabilidad que tienen como líderes empresariales y no se vuelvan cómplices en la destrucción del estado de derecho – en el interés del país y de la empresa privada.

Saludos, 






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Columna Transversal: El pecado de origen es el pacto carcelario entre Bukele y Trump. De Paolo Luers

 

"El acuerdo carcelario que la administración Trump tiene con el gobierno Bukele es ilegal. No sólo porque no ha sido formalizado como convenio bilateral, debidamente ratificado por el Congreso de EEUU y la Asamblea Legislativa salvadoreña, sino porque el objeto del acuerdo en sí es ilegal."

Publicado en  El DIARIO DE HOY, miércoles 25 junio 2025

Voy a hacer lo posible para lograr algo muy difícil:

sustituir la acostumbrada columna de Enrique Anaya 

mientras esté inhibido por el régimen de escribirla.

 

Han pasado 3 meses desde que el primer contingente de migrantes deportados ilegalmente por Estados Unidos llegó a El Salvador – y directamente al CECOT. Causó indignación en todo el mundo. Mucho se ha escrito sobre la ilegalidad de esta acción, basada en un acuerdo secreto entre el presidente Bukele y la administración Trump. Pero el meollo del asunto no se ha tocado, ni en los cientos de notas periodísticas, ni en las múltiples declaraciones de políticos, ni tampoco en las docenas de demandas presentadas ante cortes de Estados Unidos, ni en las resoluciones de los jueces.

 

Todo se ha concentrado en la ilegalidad de las detenciones y de las subsiguientes deportaciones, o sea en el hecho que las autoridades federales (ICE, Homeland Security) procedieron sin autorización de jueces de inmigración. También se ha documentado, por parte de equipos de defensores y de periodistas de varios medios de comunicación de Estados Unidos, que la afirmación de que se trata de miembros de pandillas, criminales u otros delincuentes eran falsas en casi la totalidad de los casos.

 

Pero hasta ahí se ha tratado estos casos como si fueran simples deportaciones ejecutadas al margen de la ley. Muchos han dicho correctamente que en el caso de los venezolanos y salvadoreños transportados a El Salvador y recluidos en el CECOT u otras cárceles salvadoreñas se trataba de secuestros y de privación ilegal de libertad. Pues, existe una ilegalidad de fondo que no ha sido discutida en su dimensión y que no ha tenido ninguna consecuencia legal. Tiene que ver con la ilegalidad de origen: El acuerdo que la administración Trump tiene con el gobierno Bukele es ilegal. No sólo porque no ha sido formalizado como convenio bilateral, debidamente ratificado por el Congreso de EEUU y la Asamblea Legislativa salvadoreña, sino porque el objeto del acuerdo en sí es ilegal.


Así se negociaron Bukele y Rubio el pacto carcelario 

Aunque los procedimientos de las detenciones efectuadas en Estados Unidos fueran de acuerdo a las leyes migratorias, de ninguna manera sería legal meter a los detenidos en un avión para El Salvador y encargar al gobierno salvadoreño desaparecerlos en sus cárceles, sin juicio, ni orden judicial, sin contacto con sus familias y sus defensores. Tendrían que ser sometidos a los procedimientos regulares de deportación y ser deportados a sus países de origen.

 

El hecho que ciudadanos venezolanos, como consecuencia de este acuerdo ilegal, estén encarcelados en El Salvador, sin que exista juicio ni ninguna condena, ni siquiera una acusación formal, ni en Estados Unidos ni en El Salvador, es un absurdo y una absoluta ilegalidad. Es una aberración jurídica, que tendría que tener objetando y protestando a los constitucionalistas de Estados Unidos y de El Salvador. De esta aberración se derivan responsabilidades penales por parte de las autoridades estadounidenses que mandaron a los deportados a El Salvador, así como de las autoridades salvadoreñas que avalan su ilegal detención, los reciben y los mantienen privados de libertad.

 

Lo mismo es cierto incluso para los ciudadanos salvadoreños deportados juntos con los venezolanos. El único mecanismo legal sería aplicarles el procedimiento regular de deportación por causas migratorias – y si en El Salvador tienen órdenes de captura o condenas, que las autoridades procedan de acuerdo a la ley. Pero ahora tenemos a ciudadanos salvadoreños sometidos a encarcelamiento sin que haya habido juicios ni hayan sido acusados, ni mucho menos condenados por ningún tribunal. Están presos por un acuerdo entre gobiernos, no de la justicia.

 

Tanto en el caso de los venezolanos como de los salvadoreños es irrelevante si de hecho han cometido delitos o no. Uno solo puede estar preso porque ha sido formalmente acusado de un delito, esperando su juicio, o porque ha sido condenado. Cualquier otra forma de privación de libertad es ilegal y punible. El delito tiene que haberse comprobado en un juicio justo, con debido proceso y con derecho a defensa. Nada de esto es el caso de los deportados ilegalmente por los Estados Unidos para ser encarcelados ilegalmente en El Salvador - sean de la nacionalidad que sean. 

 

El acuerdo que ha pactado de manera de facto el gobierno salvadoreño de albergar en sus cárceles a migrantes expulsados por Estados Unidos al margen de los procedimientos legales de deportación es el pecado de origen de todo esta aberración jurídica, hayan cometido delitos o no. Ni siquiera existe un procedimiento penal que en El Salvador se podría aplicar a venezolanos que han cometido delitos en Estados Unidos, aparte del procedimiento de extradición, que obviamente no aplica a quienes han sido deportados por Estados Unidos. 

 

Toda la discusión política, mediática y legal sobre el Airbnb carcelario que El Salvador ofrece a Estados Unidos va por las ramas. Las ramas son importantes, como se ha mostrado en el caso de Kilmar Ábrego. Pero es tiempo que se atienda el meollo del asunto: el pecado de origen que cometieron Bukele y Trump. Este pecado es un delito continuo, mientras existan en las cárceles salvadoreños deportados sin causa penal, sin acusación formal, sin condena y sin derecho a defensa.





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viernes, 20 de junio de 2025

Carta a las casas encuestadoras: En El Salvador las encuestas ya no reflejan la realidad. De Paolo Luers

 

"Cuesta aceptarlo, pero El Salvador, a esta altura, ya es una dictadura más, con un gobierno que controla y sanciona todo – y con una población con miedo de hablar. En este clima de amenaza y miedo ya no se puede hacer encuestas serias. Las respuestas ya no son confiables y no hay manera de filtrarlas para encontrar la verdadera opinión de la gente." 

En la voz del autor: ENCUESTA UCA.mp3



Publicado en MAS!   El DIARIO DE HOY, viernes 20 junio 2025

Estimados profesionales de los sondeos de opinión pública:

 

Todos ustedes ya conocen y habrán discutido esta lámina de la reciente encuesta de la UCA.

 


El 48.3% dice que “sería detenido o encarcelado quien exprese una opinión crítica sobre el gobierno y el presidente”. Un 30% adicional dice que quien critica puede recibir otro tipo de sanciones. Es un 78.3% que dice que expresarse libremente tiene un costo muy alto en tiempos de Bukele. 

 

Todas las encuestas serias han arrojado resultados similares. Demuestran lo obvio que de todos modos todos estamos sintiendo todos los días: La mayoría de los salvadoreños tiene miedo de expresar opiniones políticas, ni hablar cuando sean críticas al gobierno – y Dios guarde cuando sean críticas al todopoderoso presidente. Por tanto prefiere callarse – o incluso mentir sobre sus opiniones políticas.

Con esto, con una sólo lámina, que es la única relevante, se cae toda la encuesta de la UCA. Ya no confío en ninguna de su cifras. Es más, se caen las encuestas en general. Porque en este clima de amenaza y miedo ya no se puede hacer encuestas serias. Las respuestas ya no son confiables y no hay manera de filtrarlas para encontrar la verdadera opinión de la gente. 

 

A las encuestas chafas, que se venden al mayor postor, no les causa problemas que sea así. Pero a las universidades, como la UCA y la Gavidia, así como a La Prensa Gráfica, que tienen larga trayectoria de medir la opinión pública de la manera más profesional y responsable posible, se presenta un dilema que ya no tiene solución. Es mejor que se abstengan de hacer y publicar encuestas, para no dar sus sellos de aprobación a los resultados manipulados que las casas encuestadoras prepago publican. 

 

Tampoco a nadie se ocurre hacer encuestas serias en Nicaragua, en Irán, en Rusia o en Corea del Norte. Se sabe que no hay manera que una población, que trata de sobrevivir bajo una dictadura, va a revelar sus opiniones políticas. Cuesta aceptarlo, pero El Salvador, a esta altura, ya es una dictadura más, con un gobierno que controla y sanciona todo – y con una población con miedo de hablar.

 

Con todo respeto por su trabajo y sus intenciones, recomiendo a los institutos serios de opinión pública que en vez de hacer encuestas imposibles exploren otros métodos de medición que no requieren de entrevistas – metodologías del tipo social listening, desarrollando aplicaciones digitales para rastrear en el Internet y en las redes sociales las interactuaciones con posiciones publicadas por el gobierno y sus agentes, por opositores, por periodistas, investigadores y por organizaciones gremiales o de derechos humanos. Para las universidades hay mucho por hacer en este campo, mucho que experimentar – para llegar a resultados más auténticos y menos afectados por el clima de represión y miedo.

 

Disculpen mis consejos atrevidos. Ustedes van a decidir, yo sólo opino.


Saludos,






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jueves, 19 de junio de 2025

Una carta resignada: No habrá adultos en los ministerios del país. De Paolo Luers

 

"Un gobernante con diseños autoritarios, como Nayib Bukele, piensa que tener adultos en su gobierno es peligroso, y que necesita personajes dóciles que ni siquiera intentan tener propuestas propias, elaboradas por equipos profesionales con criterios autónomos." 

En la voz del autor: ADULTOS.mp3


Publicado en MAS!   El DIARIO DE HOY, jueves 19 junio 2025

“Nadie sabe lo que yo voy a hacer con Irán”, dice Trump, cuando todo el mundo mira a Washington para saber si Estados Unidos va a intervenir en la guerra de Israel contra el régimen de los ayatolas. Nadie significa que ni siquiera él mismo, el presidente...

Algo parecido podría decir Nayib Bukele: “Nadie sabe qué voy a hacer con Los Chorros.” Aunque no lo diga, el hecho que no dice nada sobre el tema significa lo mismo - cuando todo el país observa que hagan lo que hagan con su mega proyecto Los Chorros, siempre fracasan. El presidente no tiene idea cómo resolver este problema. Ni su ministro. Siguen improvisando, cada vez gastando millones adicionales – y nada funciona. Cada lluvia, cada temblor vuelve a deshacer lo hecho.

 

El viaducto Los Chorros es la mancha que va a quedar sobre la presidencia de Bukele, símbolo de las principales características de su gestión: improvisación y corrupción. Mancha que no se puede esconder, porque es el cuello de botella de la conexión vital entre la capital y Occidente.

El CECOT será la otra mancha imborrable, símbolo de la otra característica fundamental del régimen Bukele: la represión.

 

Mientras el presidente no meta a adultos en su equipo de gobierno, personas con experiencia, criterio profesional y capacidad de ejecución, van a fracasar. Mientras apuesta a cheros, primos, seguidores incondicionales, aunque no tengan las calificaciones mínimas para sus cargos, su gestión va a seguir produciendo fracasos. Y más corrupción, ya que el caos es el caldo en el que se cultiva la corrupción. Por un tiempo se pudo tapar todo esto con la incesante y masiva propaganda, pero ya está a la vista de la gente. Lo expresan en las encuestas.

 

Quedemos con el ejemplo de Los Chorros, o sea con el MOP, o sea con el ministro Romeo Rodríguez Herrera. Está en su cargo por ser chero incondicional del presidente. Mientras no llegue al MOP un adulto que reconstruya la capacidad profesional del ministerio, van a seguir fracasando. No se puede tener en un ministerio tan técnico e importante como el MOP a un ministro cuya principal función es tapar la corrupción. El megaproyecto fracasado del Viaducto Los Chorros es el ejemplo que confirma la tesis que en la corrupción estatal el daño colateral es diez veces más grande que el daño directo, o sea el total de comisiones y otros fondos mal habidos. A veces roban un miserable millón, pero al fin causan daños de miles de millones.

 

¿Qué significaría un adulto en el MOP? Significaría un funcionario que no sigue ciegamente las indicaciones de un presidente, sino asume plenamente la responsabilidad sobre su cartera y los proyectos a ejecutar. Significaría un ministro con el valor y los conocimientos para parase al presidente y decir: Lo que usted me ordena no es factible, la geología y la física tienen reglas. Significaría un profesional con criterio propio y la valentía de defenderlo ante Casa Presidencial. Significaría un ministro que se niega a supeditar sus proyectos a diseños de propaganda, sino solamente a criterios de factibilidad y de utilidad pública.

 

Con esta definición ya queda claro que Nayib Bukele nunca va a meter a adultos al MOP - ni en Educación, ni en Salud, ni en el ISSS, ni en Vivienda. Es por esto que las escuelas, a pesar de todas la grandes promesas, están en un estado indigno para la juventud del país. Es por esto que la atención médica sigue siendo un insulto a la población; que no hay vivienda digna y pagable para la gente. Y es por esto que tienen que cerrar la carretera de Los Chorros cada rato, a pesar de que están metiendo millones en su pelea inútil con la física, los taludes y los cerros.

 

Un gobernante con diseños autoritarios, como Nayib Bukele, piensa que tener adultos en su gobierno es peligroso, y que necesita personajes dóciles que ni siquiera intentan tener propuestas propias, elaboradas por equipos profesionales con criterios autónomos. 

 

Así que el presidente no sabe como resolver lo de Los Chorros y tampoco pondrá a nadie para poner orden y buscar soluciones. Vamos a seguir sufriendo las consecuencias.

 

Saludos, 







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