sábado, 21 de mayo de 2016

Carta al Fiscal General: Reprobado


Estimado Douglas Martínez, disculpe: Meléndez
No está haciendo su trabajo. Lo eligieron -casi unánimemente- para que proceda contra la impunidad y la corrupción. La Corte Suprema le hizo casi todo el trabajo, mandándole los casos de Probidad: Mauricio Funes, Tony Saca, etc. Además usted heredó el caso Chaparral, listo para proceder contra una red de corrupción cultivada alrededor de la CEL.


Usted asumió la fiscalía con la correlación de fuerzas necesaria para ir contra la corrupción. Para ir contra los grandes, que normalmente quedan impunes.
Y se va contra los indefensos. Se deja ir en un caso donde sabe que no va a chocar con nadie grande, pero que sí va a tener grandes éxitos mediáticos – y sin pagar costo político, porque no va a chocar contra ningún poder. El “caso tregua”. El caso contra Raúl Mijango, a quien la izquierda detesta por disidente y la derecha teme por revolucionario – el hombre ideal para joderlo. El hombre ideal para humillarlo, llevándolo al centro judicial en ropa interior blanca. El caso además contra policías y funcionarios que no tienen protección política ni partidaria. Y que no han hecho otra cosa que implementar una política que en aquel entonces fue política pública oficial: facilitar la tregua entre las pandillas…
Y en este caso estrella, el único importante que ha presentado, usted y su “nueva fiscalía” tampoco han hecho su tarea. Ahora nos damos cuenta que todo el tamal ya estaba hecho por Luis Martínez: el requerimiento fiscal contra Raúl Mijango y los otros 20 acusados en el “caso tregua” es idéntico documento acusador redactado por los hombres de confianza de Luis Martínez. El único trabajo que hizo la “nueva fiscalía” fue quitar de la lista de acusados al ministro de Defensa, David Munguía Payés. Y esconder el documento complementario: la solicitud de antejuicio contra el ministro.
El resultado: una chambonada. Usted llegó a la conclusión, así como lo dijo en su conferencia de prensa, que no puede perseguir la tregua entre las pandillas, su facilitación por parte del Estado y la labor de los mediadores, simplemente porque no constituyen delitos. En cambio, Luis Martínez sí, los consideraba delitos, así lo predicaba a los cuatro vientos - y así mandó a redactar la acusación. Entonces, si usted sabe que estos delitos no existen, y que por tanto no puede acusar al ministro Munguía Payés, ¿por qué no mandó a redactar una acusación nueva – una acusación que corresponde a los delitos que usted imputa a los 21 que acusados?
Pero no, usted presenta a la corte y tira al ventilador de los medios de comunicación la misma escritura elaborada por la FGR de Luis Martínez, solo quitando a David Munguía Payés de la lista de acusados. Pero en todo el escrito, página por página, sigue apareciendo como “mastermind” de una “trama” contra el Estado y a favor de las pandillas. Todo esta montaña para parir un ratón: acusar a 21 personas de delitos menores como “introducción de ilícitos” – y esto, para más joder, sin ninguna prueba.
Que bueno que aparecieron a la luz pública los documentos originales de esta acusación, con escudo de la Fiscalía General de la República. Aunque usted lo niegue, estos documentos comprueban que usted no hizo su trabajo. Todo esta acusación solo tendrá lógica si usted lograra clasificar la política pública del gobierno anterior como delito. Y como esto no es posible jurídicamente, como usted mismo dijo, todo el caso se le cae. En vez de solo sacar al ministro, usted hubiera tenido que archivar todo el caso, como una adefesio impresentable más de la fiscalía de Luis Martínez.
Pero usted quería su “caso estrella”. Tan así que cometió otro error imperdonable. Como el objetivo suyo era mediático, no solicitó reserva sobre el caso, como hubiera sido oportuno para proteger la identidad y seguridad de varios de los acusados y sus familias. No, usted tiró la acusación al público, y cuando ya todo estaba publicado, solicitó reserva – para que nadie pueda refutar sus acusaciones.
Reprobado, señor fiscal. Saludos, Paolo Luers
(Mas!/El Diario de Hoy) 
 

Columna transversal: Cuatro de los ocho logros de la paz están en peligro

En una charla con jóvenes universitarios, me preguntaron cuáles eran los logros más importantes de los Acuerdos de Paz - las conquistas por las cuales valió hacer la guerra y  terminarla negociando.

Les nombré 8 logros:
1. La desmilitarización de la sociedad salvadoreña. Con una Fuerza Armada que ya no se mete en política ni viola los Derechos Humanos.
2. La creación de una policía de carácter civil.
3. Una Procuraduría de DDHH que vigila al Estado.
4. Una justicia que no se presta a persecuciones políticas.
5. Garantía absoluta de la libertad de expresión.
6. Un acuerdo nacional amplio y profundo de erradicar toda forma de violencia política, tanto para llegar al poder, como para defenderlo.
7. Garantía de elecciones libres y justas.
8. El pluralismo político con la plena incorporación de la izquierda al sistema político.
Los primeros cuatro de estos logros principales hoy están en peligro y en diferentes estados de erosión. La mitad – un balance preocupante.
La desmilitarización ha sido el corazón de la nueva República fundada por los Acuerdos de Paz. Y el más grande de sus éxitos. La Fuerza Armada se ha mantenido, de manera impecable, al margen de la política. Esto, por suerte, no está en peligro y no hay erosión. Pero por la políticas implementadas por el actual gobierno, la Fuerza Armada nuevamente se ve involucrada en violaciones de Derechos Humanos, por el excesivo rol que el gobierno le ha asignado en Seguridad Pública, en particular en su “enfrentamiento frontal” contra las pandillas. Este rol ya no ex transitorio y excepcional, como manda la Constitución, sino permanente, regular y masivo. Esto es un problema muy serio para la Fuerza Armada, porque tiene miles de efectivos en el terreno, actuando en la guerra contra las pandillas, pero tiene cero control de la planificación, de la elaboración de los lineamientos y de la conducción de sus acciones. Todo esto está concentrado en la PNC y el ministerio de Seguridad dirigido por un policía.
Con esto llegamos al otro pilar de la democratización del país que hoy, mucho más que la Fuerza Armada, enfrenta una seria y profunda erosión de sus valores y principios fundadoras: la PNC. El real problema de militarización que enfrenta hoy el país no reside en el excesivo uso de la Fuerza Armada en misiones de Seguridad, sino en la militarización de la misma policía. Con los resultados que todos conocemos, pero que pocos quieren enfrentar o denunciar: violaciones masivas de Derechos Humanos por parte de una policía cuyos operativos ya no se concentran en la localización y detención de delincuentes, sino en el objetivo de comprometerlos en enfrentamientos de carácter militar y eliminarlos. A esta militarización de la PNC y de sus modo operando se suman las ejecuciones extralegales, cometidos por policías o por comandos de “limpieza social” con apoyo y encubrimiento de la policía.
Ante esta situación, la Procuraduría de Derechos Humanos, otro de los logros de los Acuerdos de Paz, debería permanente e insistentemente investigar y denunciar los abusos policiales o militares. Lastimosamente, la Procuraduría, desde que la izquierda asumió el gobierno en 2009, ha dejado de ejercer con rigurosidad e independencia su mandato central: vigilar al Estado en cuanto a Derechos Humanos.
El cuarto de los logros principales del proceso de paz igualmente está en peligro de erosión y perversión. Renace el viejo fantasma: Nuevamente, la justicia está siendo usada para persecución política. Los casos de CEL-ENEL y del ex presidente Flores se han manejado con intenciones y métodos políticos, creando pre-condenas mediáticas que impiden juicios penales justos. En el actual “caso tregua”, lamentablemente el nuevo fiscal general usa el mismo método: fabricar una acusación eminentemente política, dirigida contra una política pública oficial del gobierno anterior, pero sin poderlas calificar como delitos - para aterrizar en imputaciones de delitos concretos de menor escala y con pruebas muy débiles o inexistentes. Esto da para una impactante acusación mediática y política, y para una muy débil acusación penal.
Por suerte, en el sistema de justicia hay contrapesos comprometidos con una justicia no politizada y con juicios justos. La batalla no está perdida, ni para los políticamente perseguidos, ni para la democracia. Pero los peligros persisten.
La buena noticia es que los últimos 4 logros democráticos de mi lista permaneces sólidos, por una simple razón: han sido asimilados a profundidad por toda la ciudadanía – tan así que nadie puede atentar contra ellos sin pagar un altísimo costo político y electoral. La libertad de expresión es sacrosanta en El Salvador, igual que la libertad del voto. cualquier tipo de violencia política enfrenta un rechazo social inmediato. El pluralismo -incluyendo la alternancia en el ejercicio del poder- son pasos irreversibles. Estos 4 logros hay que defender y fortalecerlos con todo el poder de la ciudadanía, porque solo así tendremos la fuerza para reparar el daño ya causado a los primeros 4 logros de la paz y de la democracia. Para decirlo de otra manera: Sin hacer uso valiente de la libertad de expresión, no lograremos enfrentar el nuevo militarismo.
(El Diario de Hoy)


martes, 17 de mayo de 2016

Carta al presidente: sobre “golpes de Estado”

Estimado ciudadano Salvador Sánchez:
Las relaciones diplomáticas son entre estados y países, no entre gobiernos, mucho menos entre presidentes o partidos de gobierno. La afinidad ideológica de los gobernantes puede ser un elemento para mejorar las relaciones entre países, pero nunca puede ser condición para las buenas relaciones. Nuestras relaciones con un país tan importante como Brasil no pueden depender de si a usted o la Comisión Política del FMLN le caiga bien o mal el que gobierna este país. El sábado pasado, usted anunció en su mitin electoral en Izalco que ha dado instrucciones de retirar a nuestro embajador de Brasil, con la siguiente justificación: “Hemos analizado la situación y hemos tomado la decisión de no reconocer ese gobierno provisional de Brasil porque hay una manipulación política”.

La cancillería salvadoreña dijo en un comunicado: “Asistimos, desafortunadamente, a la configuración de un golpe de Estado”. Y la Comisión Política del FMLN, lamentablemente rectora de nuestra política internacional, habla de un “golpe de Estado Parlamentario perpetrado contra la legítima presidenta de la República Federativa de Brasil, Dilma Rousseff”.

¿Qué significa esto de un “golpe de Estado parlamentario”? Todo el mundo en América Latina sabe qué es un golpe de Estado: Significa la ruptura del orden constitucional, efectuada por la fuerza, normalmente por las Fuerzas Armadas. A la presidenta Dilma Rousseff no la apartó de la presidencia el ejército o paramilitares de la derecha, sino el senado de Brasil, a solicitud de la cámara de diputados, usando un mecanismo establecido por la Constitución. El Senado abre una investigación de los cargos contra la presidenta, y en 180 días tiene que declararla culpable o no culpable. Si no es culpable, retoma la presidencia. Si es culpable, es apartada definitivamente.

¿A dónde está el uso de la fuerza? ¿A dónde está el golpe de Estado? ¿A dónde está la ruptura del orden constitucional? Todas las instituciones constitucionales (cámara de diputados, senado, Corte Suprema, Corte Constitucional, Fiscalía, etc.) siguen funcionando sin alteración ninguna. Solo cambia, transitoriamente, el poder ejecutivo, porque está bajo investigación.

Si el FMLN habla de un “golpe de Estado parlamentario”, mañana va a hablar de “golpe de Estado electoral”, cuando la oposición propone elegir, en el 2019, un gobierno diferente.

El FMLN también ha dicho que los que exigimos para El Salvador una Comisión Internacional contra la Impunidad y Corrupción, como existe en Guatemala, estamos preparando un golpe de Estado. O sea, ¿en Guatemala el presidente Otto Pérez, investigado por fiscalía y CICIG, sufrió un “golpe de Estado judicial”? O incluso un “golpe de Estado ciudadano”, tomando en cuenta las manifestaciones multitudinarias que exigían su renuncia…

¿Y el referéndum de revocatoria contra Maduro, anclado en la Constitución venezolana, es para el FMLN un “golpe de estado constitucional”. Para el FMLN, la “participación ciudadana” solo es buena para fortalecer a un gobierno de izquierda, nunca para cuestionarlo…

Es una estupidez e irresponsabilidad supeditar la política exterior y nuestras relaciones con países aliados como Brasil a prejuicios ideológicos. Causa grave daño al país.

Solidaridad partidaria es una cosa, relaciones entre Estados son otra - y nunca hay que mezclarlas -. Con 7 años en Casa Presidencial, usted ya hubiera tenido que aprender esto.

Saludos, Paolo Lüers

De paso sea dicho: A mí tampoco me gusta el proceso contra la presidenta Rousseff por una simple razón: No veo que esto en Brasil pueda llevar a un gobierno menos corrupto.


(Mas!/El Diario deHoy)

sábado, 14 de mayo de 2016

Carta al director de la PNC: ¿Para este tipo de policía luchamos?

Estimado Howard:
¿Cómo el director de la policía puede permitir que en el lugar de un accidente de tráfico con un motociclista muerto, llegan unos pistoleros, amenazan y apartan a los agentes de la PNC y remueven el vehículo del responsable? O sea, ¿cómo puedes permitir que traten a tus policías como si fueran payasos que regulan el tráfico, sólo porque el vehículo que causó el accidente y la muerte de un ciudadano era de Casa Presidencial? Y sólo porque el segundo vehículo que llegó al lugar también era de Casa Presidencial, y los hombres armados que intervinieron en la investigación policial eran de la seguridad presidencial…

El accidente pasó el 1 de mayo, y hasta la fecha ustedes no han identificado quién manejaba el vehículo de CAPRES. Tampoco han identificado a quién estaba adscrito este vehículo y qué estaba haciendo el domingo 1 de mayo en el puerto de Libertad.

¿Te pregunto, comisionado Cotto: ¿En dos semanas el aparato investigativo de a PNC y de la fiscalía no ha podido establecer quiénes andaban en la camioneta, en qué misión, en qué estado? Esto nadie te lo cree. Tanto Casa Presidencial como la PNC como la fiscalía deben saber qué pasó. Y deberían acusar al responsable, sea quien sea, sea un motorista o un funcionario de CAPRES, o un familiar de funcionario. Y deberían procesar a los agentes de CAPRES que intervinieron con la investigación policial – y tal vez incluso a los policías que lo permitieron.

Esto se llama encubrimiento. Desde el momento que los policías permitieron que agentes armados de CAPRES impidieran la revisión del vehículo, la captura y el examen toxicológico de quien manejaba y que causó el accidente fatal, es un claro caso de encubrimiento.

Así operaban los militares en tiempos de los gobiernos de coroneles. En cualquier caso que salió involucrado un oficial militar en un delito o accidente, llegaban vehículos y efectivos de la Fuerza Armada para retirar las pruebas, intimidar a testigos, para garantizar la impunidad del responsable.

Tanto vos como yo y miles de otros nos metimos a la guerrilla para combatir estos abusos, esta impunidad, esta falta de justicia. ¿Y luego de la guerra vos te metiste en la nueva policía, la Policía Civil creada por los Acuerdos de Paz, para hacer exactamente lo mismo? ¿Para seguir dando impunidad a los altos funcionarios?

Si bien me recuerdo vos fuiste comisionado de la PNC cuando un Ferrari se accidentó en el redondel Masferrer. En esta ocasión también se presentaron miembros de la Seguridad Presidencial, tomaron control de la escena, y removieron el vehículo, que tenía rastros de sangre – y nunca se supo quién manejó el Ferrari, quiénes más iban en el vehículo, de quién era la sangre en el parabrisas. Luego se supo que una muchacha que probablemente iba en el Ferrari, fue trasladas a un hospital en Guatemala, donde falleció. Nunca se esclareció el caso, debido al encubrimiento que los responsables de la PNC permitieron.

¿Permite la PNC y sus altos mandos que en ciertos casos exista encubrimiento e impunidad? Todo indica que sí. A cualquier ciudadano normal lo llevan preso y lo investigan cuando causa un accidente con víctima fatal. Pero a algunos no. En el caso del Ferrari se rumoraba que tenía relación con Casa Presidencial, por el simple hecho que los que tomaron control de la escena removiendo evidencias eran miembros de la Seguridad Presidencial. En este nuevo caso del puerto de La Libertad está claro que el vehículo que causó la muerte del motociclista, pero esto es todo lo que sabemos a ciencia cierta.

Conseguiste llegar a la cúpula de la PNC, Howard. Sos el jefe de la policía. Lo hiciste. Llegaste. Felicidades. ¿Y ahora qué? ¿Para qué? ¿Para que todo siga igual? La historia de un guerrillero que quiso reformar la policía…

Y ya que te estoy reclamando: ¿Qué ondas con los tres compañeros oficiales tuyos que están bajo arresto en el “caso tregua”? ¿Qué estás haciendo como jefe de los inspectores Aguilar Marín y Castillo Díaz para garantizar que no sean chivos expiatorios en un caso eminentemente político? Bien sabés que ambos cumplieron misiones encubiertas, pudiendo perder su vida en el momento que se supiera que eran oficiales de inteligencia policial. ¿Cómo el director de la PNC pudo permitir que el mismo Estado, que les encomendó sus misiones encubiertas, hoy les quita la cobertura y los expone en público, con todos los riesgos que significa para ellos y sus familias?

¿Para tener este tipo de policía luchamos? Yo no. Saludos,

 
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(MAS!/El Diario de Hoy)

jueves, 12 de mayo de 2016

Carta a Guillermo Gallegos: El que comete apología del delito es usted

Ya tiene una semana se andar diciendo a cualquier micrófono que le pongan enfrente: “¡Metan preso a Paolo Luers!” Por suerte mía (y del país), usted no es fiscal, ni juez, sino diputado, y además de los diputados sin ninguna credibilidad.

Anteriormente, usted se dedicó a exigir que me expulsen del país, probablemente ignorando que en nuestra República y en nuestra Constitución se ha erradicado la práctica de los regímenes militares de expatriar a sus críticos.
Desde el fuero de diputado que lo protege, usted me ha acusado, siempre en público, de ser “traficante de armas” (vea mi carta a usted titulada “Carta a un mentiroso compulsivo del 12 de febrero 2014) y “vocero de pandillas” y otras cosas por el estilo.
A mi me llena de orgullo tener a usted como enemigo. Los hombres decentes no podemos ser sino enemigos de los sinvergüenzas y de los predicadores del odio.
¿Cómo no ser enemigo de un dirigente político que promueve la pena de muerte y al no encontrar eco, abiertamente apoya la triste práctica de los comandos de exterminio, diciendo: “legal o ilegalmente, la pena de muerte en el país es necesaria”?
¿Y cómo no ser enemigo de un político que habla así en twitter?

Puedo perfectamente entender que así reaccionan las víctimas de la violencia. Pero no un diputado. A los diputados y funcionarios loselegimos para que no nos gobierna el higado, sino la racioanlidad.
Y este hombre que pide sangre me acusa a mí de apología del delito y de la violencia…
Por más que usted exija que me arresten y me acusen del delito de haber sido mediador de la tregua, esto no va a pasar. Y es más, también Raúl Mijango y los otros acusados en el “caso tregua” van a salir libres, una vez que se asienta el polvo de la acusación política y mediática y la justicia comience a revisar en serio las pruebas. A pesar de todo, a pesar incluso del populismo judicial en el caso de Raúl Mijango, yo sigo creyendo en nuestro sistema de justicia. Yo sigo confiando que no se preste a juicios políticos.
Mauricio Funes promovió los juicios políticos contra Don Billy Sol Bang  y a Francisco Flores – y mire quien al final va a tener que enfrentar la justicia…
Usted va a terminar este año siendo presidente de la Asamblea Legislativa, porque lamentablemente así el FMLN se compró “gobernabilidad” para su gobierno. El precio que vamos a pagar como país, será inmenso. Ya vimos en Guatemala y Brasil qué puede pasar cuando ponen al frente del parlamento a personajes sin moral.
La única manera que usted puede cumplir con el país sería renunciar a la presidencia de la Asamblea.

 (Mas!/El Diario de Hoy)

martes, 10 de mayo de 2016

Carta a Mauricios Funes: El gran odio

Concedo el espacio de mi carta a mi amigo José Antonio Rodríguez Rivas, hijo de Antonio Rodríguez Porth, ministro de Presidencia de Alfredo Cristiani asesinado en junio del 1989 por un comando guerrillero. Le tiene mucho que decir a usted:


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El gran odio
Yo vivía en Canadá en 1992. Tenía un trabajo estable haciendo mapas con imágenes de radar por todo el mundo. Mi primer hijo acababa de nacer cuando se firmaron los acuerdos de paz en El Salvador. Después del asesinato de mi padre, yo pensé que no regresaría nunca a vivir a El Salvador, pero en un viaje de negocios a mi tierra natal, sentí que se respiraban aires distintos, aires de reconciliación, y decidí volver.

En aquellas épocas, abrieron sus puertas La Luna y La Ventana, unos establecimientos donde uno se podía encontrar con exguerrilleros departiendo en la mesa próxima a los hijos del Presidente. Era un ambiente de apertura, de tolerancia a las diferencias ideológicas, de amor a la vida, de esperanza. En ese ambiente crecieron mis hijos, reconstruimos el país y para impulsar esa esperanza triplicamos la generación de energía geotérmica limpia en El Salvador, manteniendo el costo relativamente bajo para el consumidor. Me queda la satisfacción de que por lo menos en geotermia El Salvador tomó una posición de merecido liderazgo regional.

En aquel entonces nos referíamos a los años de guerra como “el conflicto” o “la guerra”, pero considerábamos que era algo del pasado, aunque siempre hubo nubarrones negros en el ambiente. El asesinato de mi padre quedó impune, nadie se hizo cargo. La Comisión de la Verdad consideró su magnicidio “irrelevante”. Pero el país progresaba, pese a los problemas.

Mauricio Funes fue el encargado de destapar el gran odio, mismo que ahora lo consume a él mismo. El resentimiento latente se manifestó de lleno. Los trabajadores dejaron de ocultar su odio por los empresarios. Todo el mundo empezó a clamar por que zamparan preso a su vecino y mejor si se le humillaba públicamente primero. Ahora, el que piensa diferente y lo expresa abiertamente se expone al linchamiento público. Y como todos piensan diferente a alguien, todos pueden ser linchados. Los órganos del Estado - los tres - se han volcado en contra de la gente. Se han perdido principios de justicia y convivencia esenciales, como la presunción de inocencia, la tolerancia a las diferencias y la capacidad de diálogo y debate. Todo esto ha sido reemplazado por el odio exacerbado, los comentarios fuera de tono en los medios sociales, la descalificación, la fabricación de acusaciones judiciales sin mayor fundamento, los juicios y los prejuicios mediáticos.

Veo que la gente está ciega y sorda, pero no muda. No veo que en El Salvador se pueda tener justicia, tolerancia, diálogo razonado, ni mucho menos unidad, en los próximos cinco años, por lo menos. El FMLN vive del odio y por eso lo atiza, y ARENA se despedaza al interno por la desconfianza y la descalificación. Y a la gente le ha gustado este ambiente de linchamientos públicos. Les ha gustado el espectáculo. Si alguien sale razonando sus opiniones, los que comentan en los medios sociales se lo acaban y demandan su muerte o encarcelamiento. Hay unos pocos que luchan porque la gente no pierda la esperanza, pero están peleando cuesta arriba en una cuesta que se pone más empinada a medida que pasa el tiempo. La gente ya perdió la esperanza y recuperarla va a tomar unos diez años, por lo menos. Por ahora, el público disfruta del espectáculo que trae el odio. Las frases como “es que todos son corruptos”, y “que zampen preso a ese ‘h.d.p.’” han reemplazado todo diálogo civilizado. Creo que así como ahora nos referimos al período de 1980-1992 como “la guerra” o “el conflicto armado”, en el futuro la historia se va a referir al período que empezó con la campaña presidencial de Mauricio Funes como “el gran odio”. Seguramente, este odio y este resentimiento van a marcar este período histórico.

Al igual que tantos compatriotas, decidí repatriarme a Canadá. Celebro orgulloso mi día de repatriación con mis conciudadanos canadienses, cada 4 de octubre. Aquí soy diferente, igual que todos los demás, y soy libre de serlo. Las diferencias se celebran, no se reprimen. A veces me siento culpable por haber puesto primero el bienestar y la sanidad de mi familia por encima de “La Patria”, pero luego me recuerdo que en el altar de “la patria” sacrificaron a mi padre y a mi cuñado y que “la patria” consume a otros de mis seres queridos. Entonces mejor le doy gracias al pueblo canadiense, que es tan ejemplar, por haberme acogido a mi regreso. “Por la Patria” regresé a El Salvador en 1992. Ese fue tal vez el gran error de mi vida. Con dolor infinito, he llegado a esa conclusión.

                                                                                                            José Antonio Rodríguez Rivas

                  -------
Sin nada que agregar. Paolo Lüers.

                                                                                                                                                    (Mas! / EL Diario de Hoy)

sábado, 7 de mayo de 2016

Columna transversal: ¿Volveremos a tener presos políticos?

Cuando acusaron a los exfuncionarios públicos en el caso de CEL-Enel, les congelaron sus cuentas, les prohibieron viajar fuera del país, y los exhibieron en público como delincuentes, estábamos ante un fenómeno nuevo: un gobierno y un Fiscal General tratando de enjuiciar y penalizar la política pública de un gobierno anterior. Esto fue obra de Luis Martínez – y para que esto no haga escuela y se repita, como sociedad civil lo quitamos de la Fiscalía General. Pensábamos que con esto, este lamentable capítulo de juicios políticos, estaba cerrado. Pensábamos que por presión de la sociedad civil el país había logrado limpiar la justicia y la fiscalía de la contaminación política.

Hoy resulta que el nuevo Fiscal General cae en el mismo error. Ya tenemos otro juicio político-mediático: el “caso tregua”. El Fiscal General dijo que esta acusación no es contra la política pública vigente en los años 2012-2013, cuando el gobierno decidió permitir y facilitar una tregua entre las pandillas. Esto puede ser cierto en la acusación formal que en estos días tiene que presentar contra Raúl Mijango, el principal mediador de la tregua, y 20 personas más. Pero en la acusación mediática y política, empezando con su misma conferencia de prensa, el Fiscal General va contra “la tregua” como componente de la política de Seguridad definida por el entonces ministro David Munguía Payés y autorizada por el presidente Funes. Los tres oficiales de la PNC, y los funcionarios de Centros Penales están acusados por haber implementado una política oficial de su gobierno. Están ahora sentados en bartolinas policiales preguntándose cómo es posible que el mismo Estado que les encomendó la implementación de un plan estratégico, ahora los persigue y los exhibe como delincuentes. En el caso de dos de los oficiales de la PNC acusados es aún más grave y absurdo: ellos asumieron, con altos riesgos, una misión encubierta; la cumplieron con excelencia – y ahora el mismo Estado rompe su cobertura, los exhibe y expone a ellos y sus familias a riesgos mucho más grave de estar encarcelados. Pueden perder la vida.

¿Cómo el Estado va a exigir a sus funcionarios, sobre todo los que trabajan en áreas tan delicadas como los policías y el personal de centros penales, que asuman sus responsabilidades con dedicatoria, lealtad y espíritu de sacrificio, si el Estado no les da la seguridad jurídica que si el próximo gobierno o el próximo fiscal general los va a sancionar, encarcelar y exhibir públicamente? Ninguno de los policías o directores de penales se ha metido en esto por iniciativa propia, mucho menos por afinidad a las pandillas. Se definió una política para parar la guerra fratricida entre las pandillas, y de manera patriótica y desinteresada hicieron su aporte al propósito de ahorrarle al país un eterno baño de sangre.

Uno no puede estar de acuerdo con lo que se intentó hacer con la tregua y todo el proyecto de usar el diálogo y la mediación para reducir la violencia. De hecho, la mayoría de los salvadoreños no está de acuerdo. El siguiente gobierno y el siguiente fiscal pueden cambiar esta política – pero lo que no se vale es criminalizar la anterior política y perseguir a los servidores públicos que la han implementado. No se valió en el caso CEL-Enel, y no se vale ahora con el “caso tregua”.

Raúl Mijango está preso y enfrentará un juicio penal, porque ofreció sus buenos oficios como mediador, sabiendo que no puede ser el Gobierno que abra canales de diálogo con grupos fuera de la ley. Raúl Mijango ahora es el malo de la película, porque estaba dispuesto de asumir una tarea sumamente impopular. Aceptó y desarrolló con mucho sacrificio el rol de mediador, y termina siendo acusado de ser cómplice de grupos criminales.

Vamos a ver si nuestro sistema judicial funciona y si realmente se ha liberado de sus vicios políticos: Si a Raúl Mijango y los demás acusados no les devuelven su libertad, para que se puedan defender en condiciones dignas de las acusaciones, habrá regresado un fantasma del pasado: tendríamos nuevamente presos políticos.

El sistema judicial no se debe dejar intimidar ni influenciar por el carácter mediático de la acusación del fiscal, ni por una opinión pública claramente desfavorable para la tregua y sus protagonistas. No puede ser que las existencias y el honor de los acusados sean destruidas teniéndolos durante meses encarcelados, cuando es muy probable que al final la fiscalía no tendrá capacidad de sustentar y comprobar las acusaciones concretas contra ellos. Estarían presos, no por la gravedad de los delitos concretos que se les imputan, sino por lo fuerte de la condena que la opinión pública (y la opinión publicada) expresan contra el fantasma de “la tregua”. Aunque, como el Fiscal General dijo correctamente, la tregua y la mediación para reducir la violencia no constituyen delito.
(El Diario de Hoy)