En mayo de este año, cuando la nueva Asamblea Legislativa tiene que renovar a 5 de los 15 magistrados de la Corte Suprema, dos de ellos son para completar la Sala de lo Contencioso, que ve demandas de ciudadanos contra el Estado. Pero entre los 30 candidatos propuestos no existen 2 abogados calificados en derecho administrativo. Sólo existe uno, y quién sabe si los diputados lo van a tener en cuenta, ya que además es un tipo ajeno al juego partidario. Teóricamente, estas dos cualidades deberían asegurarle a este candidato una de las magistraturas vacantes en la Sala de lo Contencioso. Pero lamentablemente, la pericia específica para al cargo específico en la Corte es el criterio menos tomado en cuenta en la elección de magistrados.
Es como si en un hospital necesitan un jefe de cirugía y a un jefe de pediatría, y en las ternas presentadas hay médicos de todo tipo, menos cirujanos y pediatras.
Es una falacia simplemente actuar como si se tratara de elegir a 5 magistrados. Se trata de elegir a dos magistrados para la Sala de lo Contencioso, y que necesitan ser abogados expertos en derecho administrativo; más llenar una vacante en la Sala de lo Constitucional, pero con un constitucionalista; más un magistrado para la Sala de lo Penal y uno para la Sala de lo Civil. En estos últimos dos casos, no habrá problema porque hay suficientes candidatos que representan estas ramas del derecho.
Quedemos un rato más analizando el problema de la Sala de lo Contencioso. En El Salvador, como en muchos países con trayectoria autoritaria, esta rama de la justicia es la más atrasada. Como siempre se elige a los magistrados con criterios políticos y nunca profesionales, esta Sala nunca ha tenido cuatro magistrados académicamente idóneas. Además, es una cabeza sin cuerpo y manos: no existen juzgados ni cámara de lo contencioso, sólo existe la Sala de la Corte Suprema de Justicia. Claro que este campo del derecho ha quedado subdesarrollado y tiene la mora más grande. Por eso, a casi nadie se le ocurre demandar al Estado. Lástima, porque el derecho de las empresas y de los ciudadanos de demandar a las alcaldías, a los ministerios o cualquier otra institución del Estado es uno de los índices significativos para el Estado de Derecho.
Tampoco veo a ningún constitucionalista en la lista de 30 candidatos, de la cual los diputados tienen que escoger a un magistrado para completar la Sala de lo Constitucional. Otros dicen que existe uno. ¿Pero qué tipo de elección es cuando sólo hay un candidato idóneo?
Todo esto demuestra que nuestro sistema de selección de candidatos no correspondelas necesidades reales de la justicia. Urge una reforma de este sistema que garantice que a las salas especificas lleguen magistrados con pericia específica. Para esto hay que crear listas específicas para cada Sala.
Pero mientras tanto, ahora en mayo hay que elegir a cinco magistrados. La nueva Asamblea hará bien en empezar el proceso con un estudio exhaustivo de la idoneidad profesional y académica, cargo por cargo, sala por sala. Y si realmente no hay candidatos académicamente idóneos para completar las Salas de lo Contencioso y de lo Constitucional, habrá que analizar la posibilidad de ampliar la lista de candidatos.
Esta es la verdadera tarea que espera a la nueva Asamblea, no seguir eligiendo con criterios partidarios. A la larga, sólo una Corte compuesta por magistrados académicamente idóneos puede aplicar con independencia y excelencia la justicia.
(El Diario de Hoy)
