Todos los que de alguna manera
participamos en política partimos de que somos sujeto a escuchas
telefónicas. Legales o ilegales. Legales si hay un fiscal que pida
autorización a un juez, y si hay un juez que estima que hay causa
probable. Ilegal, si un fiscal lo ordena la intervención sin
autorización de un juez. O ilegal cuando la instancia que interviene
nuestras comunicaciones no es el Centro de Escuchas Telefónicas – que es
la única que por ley está facultada para violar, previa autorización de
un juez, la privacidad de nuestras comunicaciones (teléfono, email,
correo, mensajes digitales).
Entonces, cualquier ciudadano inocente (en los dos sentidos de la palabra) preguntaría: ¿Pero existen en El Salvador centros ilegales de escucha telefónica? ¿Y no es la Constitución que dice: “Se prohíbe la interferencia y la intervención de las comunicaciones telefónicas.”
Y todos los ciudadanos un poco menos inocentes (por lo menos en el sentido de ingenuidad) contestamos: Claro que existe. Y todo el mundo comienza a contar que en su teléfono se escuchan unos ‘clics’ sospechosos, y que mejor hay que usar línea fija – o hablar por whatsup… que esto sí no lo pueden interceptar, ni legal ni ilegalmente…
Bueno, pero todo esto puede ser cierto, o medio cierto, o puede ser paja del imaginario popular. Pero entonces, toma la palabra un hombre que supuestamente sabe del tema: el señor fiscal general de la República, Douglas Martínez. En su entrevista en TCS le cuenta a Moisés Urbina que nada menos él, el poderoso jefe de la fiscalía y el único que maneja un centro de escucha telefónica autorizada por la ley, es sujeto de intervenciones ilegales de sus comunicaciones. Bueno, este no es cualquier hijo de vecino hablando babosadas. Es el fiscal general…
Este es el punto donde voy a contar algo que fue dicho en una plática cuyo contenido originalmente no fue para publicarlo. Una plática nada menos con el entonces fiscal general de la República, Luis Martínez, hoy hospedado en una bartolina u oficina de la famosa DAN (la División Antinarcóticos, que la PNC usa para albergar a detenidos prominentes, como Paco Flores, Raul Mijango, Enrique Rais, y… Luis Martínez). Hoy decido revelar el contendido, porque respetar la confidencialidad significa proteger la impunidad. Además, el mismo Luis Martínez hoy está siendo acusado, por su sucesor Douglas Meléndez, de haber violado la privacidad de las telecomunicaciones para manipular un caso penal.
En la mencionada conversación, Luis
Martínez dijo que su oficina tenía documentados, con todos los detalles
(nombres, apellidos, responsables, direcciones) por lo menos de 4
centros ilegales de escucha telefónica que estaban operando en el país. Y
detalló: Uno de cada uno de los dos partidos mayoritarios (FMLN y
ARENA); uno de una instancia del ejecutivo; y una que responde a un
gobierno extranjero. “Y uno de ellos opera en frente de mi oficina, al
otra lado de la calle”, agregó.
Hubo un silencio alargado. No tanto por la revelación, ya que esta no nos sorprendió. Más bien todos silenciosamente nos hicimos la pregunta que al final yo le expresé en vos alta a nuestro invitado: “Bueno, usted es fiscal general de la República, el hombre tal vez más poderoso del país. El garante de la legalidad. Si tiene conocimiento de dónde operan estructuras ilegales de escucha telefónica, y además sabe quiénes están atrás de ellos, ¿por qué no los cierra, no decomisa los equipos y no arresta a los operadores y los autores intelectuales?”
Sólo una risa me dio el señor fiscal general – de estas risas que de te dicen que tu pregunta es tonta.
Tonta o no, hoy hago esta misma pregunta
al nuevo fiscal general: En vez de lloriquear que está siendo
intervenida su comunicación, ¿por qué no les cae encima, con todo el
peso de la ley, a los centros ilegales de intervención telefónica, sea
quien sea quién esté detrás? Si no tiene las direcciones y los nombres,
ya sabe adonde está Luis Martínez para pedirle que le explique todo.
(El Diario de Hoy)
