Una noticia hizo impacto fuerte esta
semana: El fiscal Douglas Meléndez dio a conocer una cifra de
desaparecidos que es casi igual de alta como la de los homicidios. Según
la fiscalía, en 2014 hubo 4,525 desapariciones (homicidios: 3,894); en
2015: 4.203 desapariciones (6,657 homicidios); y en 2016: 3,847
desapariciones (5,274 homicidios). Estos serían para los últimos tres
años 12,575 desapariciones versus 15,825 homicidios.
“Hay un margen de disminución de los homicidios, pero un margen elevado
de desapariciones,” declaró Douglas Meléndez en la Asamblea
Legislativa. Y agregó que “pueden ser más”.
Es falso: Sólo pueden ser menos. Veamos porqué.
La
policía maneja números muy distintos: 2,900 desaparecidos en 2014;
1,959 en 2015, y 1,778 en 2016. Sería para los tres años del 2014 al
2016 un total de 6,637 desaparecidos. ¿Cómo es posible que la fiscalía
registra lo doble de desapariciones que la PNC? El mismo fiscal dio una
pista: Reconoció que por falta de fondos la FGR no tiene capacidad de
verificar sus propios números. Cabe la pregunta: ¿Entonces, para qué los
divulga? ¿Será parte de su estrategia para obligar al gobierno a darle
el presupuesto que exige?Incluso, la PNC se contradice en sus propios datos. Al cierre del año 2012 hablaba de 612 desaparecidos, pero ahora la PNC habla de 1,555 para este mismo año. Extraño: la cifra de desaparecidos puede disminuirse retrospectivamente, pero no aumentarse.
¿O será todo esto parte del eterno pleito sobre el enfoque de las políticas de Seguridad? En los años de la tregua, el director de Medica Legal permanentemente publicaba cifras de desaparecidos mucho más altas que las de la PNC. Su tesis (por cierto compartida con el entonces fiscal general Luis Martínez) era que la PNC, para legitimar la tregua con su notable disminución de homicidios, no quería reconocer que hubo un incremento de desapariciones por parte de las pandillas. ¿Tenemos ahora una nueva edición de este pleito?
Independiente de los manejos
políticos que todos los involucrados hacen del drama de los
desaparecidos, ¿cuál es el problema de fondo?
Es la irresponsabilidad del Estado, que
para desapariciones no ha creado un mecanismo interinstitucional,
profesional y confiable de confrontar y depurar los datos. Para
homicidios existe un mecanismo tripartita de verificación y seguimiento.
Para desapariciones, los números son tan discrepantes porque cada
institución trabaja con diferentes fuentes. El IML registra las
denuncias de personas que acuden a sus morgues buscando a sus
familiares. No es su trabajo dar seguimiento a estos casos y depurar la
estadística, a menos que las personas en algún momento aparezcan
muertas. En este caso se suman a la estadística de homicidios. Pero
cuando aparecen vivas, o resultan que salieron del país o se unieron a
la pandillas, el IML no tiene como saberlo.
La PNC y la FGR establecen sus estadísticas de desaparecidos a partir de denuncias formales. Pero sólo la policía investiga estos casos y depura la lista. Persona que luego aparece muerta o viva, es descontada. En el caso de la fiscalía, no está claro con qué datos nutre su estadística. Las familias normalmente no acuden a la fiscalía para reportar personas desaparecidas, sino a Medicina Legal y la PNC. La fiscalía simplemente retoma los números de la PNC, pero como reconoce Douglas Martínez, no tiene capacidad de dar seguimiento a los casos mientras no se judicialicen. Y como no hay mecanismo interinstitucional de verificación y seguimiento a los datos, la fiscalía simplemente se queda con el dato “bruto” – o sea con todos los casos que en algún momento han sido reportados.
Necesitamos un mecanismo independiente y profesional de monitoreo
Para tener una estadística confiable de
desapariciones, es indispensable establecer un mecanismo
interinstitucional entre IML, PNC y FGR. Cada institución tendría que
acumular en una sola base de datos consolidada todas las denuncias de
desapariciones. Luego, cada institución, sobre todo la PNC, debería
pasar a esta base de datos los resultados de sus investigaciones:
desaparecidos encontrados muertos; desaparecidos que aparecen vivos;
denuncias que resultan falsas; desaparecidos que luego se sabe que
emigraron o que se unieron a las pandillas. Descontando todos estos
casos, al final quedaría un saldo de casos no resueltos,
que pueden caracterizarse como desaparecidos. Mientras tanto, el manejo
de la estadística de desaparecidos sigue siendo sujeto a manipulación y
propaganda barata.
Si el país tuviera este mecanismo institucional, las cifras de desaparecidos (los que realmente nadie sabe qué pasó con ellos; si están vivos o muertos; si son víctimas o no; o si simplemente decidieron desaparecer por las razones que sean) estarían mucho más cerca de las cifras de la PNC que de los que tan irresponsablemente maneja el fiscal. Digo irresponsable, porque es una manera no profesional, sin ningún mecanismo de depuración, sin investigación y seguimiento de cada caso reportado.
El país ya está suficientemente golpeado por la violencia como para aumentar las angustias con cifras infladas de desaparecidos. El drama de las desapariciones es suficiente traumático, incluso si asumimos las cifras más conservadoras. Cada caso es una tragedia. La Constitución manda a las instituciones a colaborar para buscar el beneficio de la ciudadanía. ¿Será mucho pedir que al fin se crea una Comisión Interinstitucional de Monitoreo de la Violencia? Necesitamos una entidad profesional e independiente que evita las manipulaciones políticas y mediáticas del dolor de las familias.
(El Diario de Hoy)
