Lo que aprobaron los diputados prorrogando las “medidas extraordinarias” es un Estado de Excepción

 

En la plenaria de jueves 9 de febrero 2017, la Asamblea aprobó la solicitud del gobierno de prorrogar por un año más la vigencia del Decreto 321 conocido como “medidas extraordinarias”. El FMLN logró el apoyo de todos los partidos, incluyendo la oposición, con la única excepción del diputado arenero Johnny Wright Sol, quien votó en contra.

El debate en la plenaria mostró que los diputados ni siquiera han vuelto a leer el Decreto 321. Debatieron sobre prevención, sobre el Plan El Salvador Seguro, sobre el control territorial, sobre los fondos de las contribuciones especiales para Seguridad, sobre los bonos para policías, etc. – todas cosas que no tienen nada que ver con las medidas contenidas en el decreto.

Lo único que hace el decreto es declarar un Estado de Excepción parcial en los centros penales, suspendiendo explícitamente (Art. 10) los derechos de los internos garantizados en la Ley Penitenciaria (vea anexo abajo).

Nadie discutió esto en la Asamblea. Nadie reflexionó que las garantías establecidas en la Ley Penitenciaria reflejan garantías constitucionales y normas de Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos y sobre Tortura y Trata Inhumano a Privados de Libertad. Los partidos debatieron y votaron como si se tratara de dar un voto de confianza al “Plan El Salvador Seguro”, aunque este no menciona ningún Estado de Excepción ni suspensión de garantías, sino principalmente enfoca en prevención. Las declaraciones de los representantes del gobierno, p.ej. el vicepresidente Oscar Ortiz, luego de la votación indican que el gobierno interpreta esta votación como aval a su política de Seguridad y como cheque en blanco para seguirlo implementando en todos sus componentes, incluyendo la militarización de la PNC, el despliegue de la Fuerza Armada en tareas de seguridad, las operaciones de exterminio y la política de detenciones masivas, a pesar de que no hay espacios en bartolinas ni penales que garanticen protegen de los Derechos Humanos de los internos, incluyendo miles de ciudadanos en detención preventiva y sin condenas.

Con esta nueva prorroga de las medidas extraordinarias y transitorias, las mismas definitivamente se vuelven ordinarias y permanentes. Además las medidas no se aplican en casos individualizados, sino de manera general a poblaciones enteras de 7 penales, independientemente de las evaluaciones individuales de cada interno por parte de los Consejos Técnicos. Esta dos características de las medidas las vuelven jurídicamente insostenibles.

La Asamblea hubiera podido prorrogar las medidas que tienen que ver con los sistemas de comunicación telefónica y digital, también las medidas para mejorar la organización y depuración del personal de Centros Penales, pero sin las disposiciones que de manera general, indiscriminada y permanente suspenden garantías constitucionales, incluyendo el derecho a una efectiva defensa y el derecho a salud.

Publicamos aquí el texto completo del Decreto 321 recién prorrogado por 12 meses, y partes de la Ley Penitenciaria. Ambos obviamente los diputados, con excepción de Johnny Wright Sol, no los han leído antes de votar. Lo triste de todo esto es la ausencia de un debate sobre un asunto tan importante y delicado. Parece que en este tema de Seguridad, nos gobierna una gran coalición de todos los partidos, conducida por cuadros del FMLN.

No tener oposición en este tema, que es el único campo donde el gobierno puede esperar conseguir apoyo popular, es un gran regalo para el FMLN y su estrategia electoral.

Paolo Luers

 

Ley Penitenciaria

 

(SEGUNDA VUELTA)

Carta a los miembros de la Asamblea: No están cumpliendo a la historia

Diputados:

Les dicen “padres de la patria”. Pero ser padre significa sobre todo: cuidar a su familia, protegerla de peligros, mantenerla unida a pesar de diferencias.

Viéndolo así, están fallando.

No estoy hablando de las tantas deudas que el órgano legislativo ha acumulado en asuntos de interés nacional no resueltos: reforma del sistema de pensiones; una reforma fiscal que regule los gastos del Estado y amplíe la base tributaria; presupuesto equilibrado y financiado; ley de la administración pública; reforma del sistema penitenciario…

Estoy hablando de algo aún más urgente. Ayer unos ciudadanos han entregado a la FGR demandas contra casi todos los dirigentes del FMLN histórico de la guerra y de los Acuerdos de Paz, para abrir las investigaciones de crímenes de guerra cometidos por la guerrilla. Por otra parte, ya hay una demanda parecida para reabrir el caso El Mozote contra oficiales de la Fuerza Armada.

Con la sentencia de la Sala de lo Constitucional que derogó la amnistía, se ha abierto la caja de Pandora, y ahora están saliendo los fantasmas. Si ustedes no paran esta locura, todos van a salir. Ambos bandos militares que firmaron la paz, serán envueltos en juicios. El país se va a fracturar entre quienes apoyan unos y otros. Esto sería un terremoto para el sistema político construido sobre los Acuerdos de Paz.

La culpa no es de la Sala, sino de la Asamblea. La sentencia explícitamente dejó abierta la posibilidad de que el Legislativo se haga cargo de la caja de Pandora y sus delicados contenidos antes de que explote – mediante una nueva Ley de Reconciliación que regule el derecho de las víctimas a que se conozca la verdad, pero que también evite que todos estos casos caigan a la justicia regular que no tendría capacidad de manejarlos. Pero la Asamblea no ha actuado, no existe este ley, ni siquiera un debate legislativo sobre cómo consensuarla.

Debido a esta negligencia, las víctimas no tienen otra opción que ir a la Fiscalía y hundir al sistema judicial con casos que necesitan otro tratamiento, por el contexto histórico en el que se dieron los hechos.

Si ustedes no actúan responsablemente, la locura va a andar suelta y nadie detendrá la nueva cadena de venganzas y persecuciones. Habrá docenas de casos en todos los juzgados de todo el país, el país de nuevo se envenenará, y las víctimas tampoco tendrían la justicia ni la verdad que buscan.

Los Acuerdos de Paz tenían como objetivo principal que los insurgentes que operaban fuera de la ley se pudiesen incorporarse al sistema político, creando el pluralismo incluyente que necesitaba el país. Todos los jefes guerrilleros ahora están siendo acusados ante la fiscalía, incluso el actual presidente de la República. Uno puede no estar de acuerdo con sus políticas, pero todos han cumplido los compromisos que asumieron al firmar la paz. Son parte de nuestro sistema político, con sus errores y aciertos. Igual que los militares.

Nunca me olvidaré de aquel día en enero del 1992 cuando todos los jefes militares y políticos de la guerrilla, llegando desde México bajaron del avión y fueron escoltados por miles de ciudadanos, observadores internacionales y embajadores al centro de la ciudad. Yo estuve en la multitud que los recibió en la plaza. Cuando los vi caminar por las calles del centro, esto fue el momento en que comencé a tener confianza en la paz. Comencé a caminar yo también por la ciudad sin miedo de venganzas o persecuciones. Este fue el día que terminó la guerra, no el día de la firma en Chapultepec. Este día comenzamos todos a pensar en el futuro y en cómo reconstruir el país…

¿Ustedes quieren permitir que esta confianza, compartida por miles (si no millones) de salvadoreños, se destruya 25 años después? No puede ser que pase esto, sólo porque no son capaces de cumplir su responsabilidad histórica y crear el marco legal que sustituya la amnistía? No podemos permitir que con la derogación de la amnistía quede un vacío legal y ético, en cual no habrá forma racional y responsable de lidiar con los pecados del pasado. Ustedes son los llamados de llenar este vacío – y no han hecho absolutamente nada al respecto.

Hagan lo que como padres de la patria les corresponde. ¡Pero háganlo ya!

Saludos,

(MAS!/El Diario de Hoy)

 

Carta al arzobispo de San Salvador: ¿Para adelante o para atrás?

Monseñor:

Usted se puso a la cabeza de una iniciativa de ley para prohibir la minería metálica. Ayer fue a la Asamblea para presentarla. Así que ahora los diputados tienen en sus manos un proyecto de ley avalado por todo el peso moral de la Iglesia Católica. Me imagino que aprovechó su visita para pedir a los diputados, a nombre de la Iglesia, lo que ya les dijo en su conferencia de prensa dominical: que prorroguen por un año más las “medidas extraordinarias transitorias”, aunque han sido señaladas como violatorias a los Derechos Humanos. Pero bueno, esto no es tema de esta carta…

Tampoco es el tema lo problemático que es que la Iglesia está tomando este rol en la política. Dejando esto aparte, hablemos de medio ambiente, economía y desarrollo.

Cuando era niño, muchos fines de semana fuimos a visitar unos tíos que tenían una hermosa casa en la ribera del rio Rin. No se imagina mi frustración cuando no me dejaban bañarme en el río, porque era una cloaca apestosa. Todavía habían peces en el Rin. Me dejaron que pescara, pero nunca pudimos comer los peces. A veces tenían tres ojos. Así era de contaminado el Rin, este rio emblemático de los poetas románticos alemanes. Lo habían matado las grandes industrias químicas de Suiza y Alemania asentadas en su orilla.

Años más tarde, en noviembre del 1986, en una de estas fábricas en Suiza, hubo un incendio que puso en grave peligro de intoxicación a cientos de miles de personas. Lo lograron apagar y evitar una catástrofe, pero creando otra: Millones de hectolitros de agua que usaron para apagar el incendio –agua roja, tóxica y pestilente- se derramaron al Rin, matando a todos los peces en su largo trayecto al mar.

¿Qué iban a hacer los países afectados? ¿Prohibir la industria química, motor de exportación e innovación tecnológica para Suiza, Francia y Alemania? Hubo quienes lo pidieron. Los gobiernos de estos países hicieron otra cosa: Obligaron a la industria a invertir miles de millones en sistemas de protección ambiental que garantizaran que en 20 años la recuperación del Rin como zona turística, con balnearios – e incluso como fuente de agua potable para las grandes conglomeraciones urbanas en su orilla.

La última vez que fue al Rin, me di cuenta que este plan se cumplió. Me bañé en el rio, como miles de veraneantes, comí pescados del río, y tomé el agua del Rin que las municipalidades procesan.

El Rin en Suiza, cerca del sitio del incendio de Sandoz de 1986, 30 años después

Regresemos a la minería metálica. Es obvio que no se puede permitir que la minería opere en El Salvador como antes, sin imponer a las empresas las mismas regulaciones ambientales que ellas cumplen en Canadá, Estados Unidos o Australia, que tienen leyes muy estrictas – y tienen minería metálica. Entonces, ¿por qué en vez de prohibir un rubro económico que puede generar empleo a la zona norte tan apartada del desarrollo económico y social del país, no creamos leyes de protección ambiental como los países del primer mundo? Las compañías que no están dispuestas a hacer las inversiones necesarias para cumplir con estas leyes, entonces no vendrán, porque no les damos permisos. Es el mismo efecto que tendrá la ley que ustedes ahora promueven.

Pero nos dejaríamos abierta la posibilidad que otras compañías, con nuevas tecnologías que ya están empleando para poder explotar la minería en otros países, inviertan en El Salvador.

Las leyes ambientales son para mediar los choques que siempre habrá entre la lógica económica y la ecología. No estamos condenados a privarnos de desarrollo económico y social para protegernos de riesgos ecológicos. Para esto hay instrumentos de regulación, y para esto hay tecnología.

El problema lo tenemos con toda la industria. ¿Vamos a prohibir los ingenios de caña, o vamos a obligarlos a invertir en tecnología de protección ambiental? ¿Vamos a prohibir la industria del cuero o la vamos a obligar a procesar el agua que utilizan de manera que no contamine nuestros ríos? ¿Vamos a prohibir los buses e ir a pie, o vamos a crear un sistema de transporte masivo que no contamina el aire?

Para resumir: ¿Vamos a ir para adelante o para atrás? Espero le haya dado algunas ideas para futuras homilías y conferencias. Atentamente,

(MAS!/El Diario de Hoy) 

Carta a las juezas: ¿El Salvador, un país donde corre peligro la vida de un político acusado?

Estimadas magistradas:

Ustedes son las expertas en leyes. Yo no. Soy un ciudadano que, tal vez ingenuamente, asume de que la justicia sea regida por lógica y sentido común.

Trato de entender qué está pasando con el caso de Mauricio Funes. El caso penal ni siquiera se ha abierto, pero esto no es problema suyo, sino del fiscal general. Y el caso civil, que sí está al cargo suyo, se va prolongando, con la audiencia nuevamente aplazada. Ahora leo en un matutino que ustedes han sacado una resolución, permitiendo que el ex presidente, autoexiliado en la República Sandinista de Daniel Ortega, declare ante el consulado salvadoreño en Managua. El sentido común, como muchos lo entendemos, hubiera dicho: “Señor, la audiencia ante la Cámara de lo Civil es tal día a tal hora, tiene todo el derecho de asistir y defender su caso, y si no quiere hacer uso de este derecho, mande a sus abogados.”

Pero la sentencia dice así:

“Se ofertó la declaración del señor Funes Cartagena para ser rendida en este tribunal; sin embargo, la condición de asilado le imposibilita regresar al país, ya que dicha protección se limita únicamente al territorio de Nicaragua. Pretender obligar que el demandado se apersone a este tribunal a rendir su declaración atenta contra sus derechos fundamentales.”

Esta resolución, otra vez aplicando el sentido común, se entiende así: La Cámara Segunda de lo Civil confirma que el alegato que hizo Mauricio Funes, al pedir asilo político en Nicaragua, es cierto, sólo porque el gobierno de Daniel Ortega lo aceptó. El alegato de Funes era: “En El Salvador soy sujeto a persecución política, por mi lucha por la democracia y la justicia, y mi vida corre peligro.”

Hay que masticar esto bien para poderlo digerir: Un ex presidente postulado por el FMLN alega que en su país, gobernado por el segundo gobierno del FMLN, hay persecución política que pone en peligro su vida.

Mis amigos letrados me han explicado que ustedes le hacen esta concesión al ex presidente para no dar pauta a que él y sus aliados en el partido de gobierno critiquen la actuación de su Cámara como parcializada y violatoria al debido proceso. Me parece bien esta intención, ya que es importante que su fallo, sobre todo cuando sea condenatorio para Funes, sea impecable y pueda ser aceptado por la opinión pública.

Sin embargo, no es poca cosa que ustedes están diciendo a Salvador Sánchez Cerén: Bajo su gobierno no están garantizados los derechos fundamentales de un acusado, por tanto tuvo que pedir que los proteja su amigo Ortega.

Por otra parte, tampoco es algo tan sorprendente para los dirigentes del FMLN, si ellos mismos confesaron que aconsejaron a su compañero Mauricio Funes huir del país y pedir asilo en un país donde saben que tal vez no son muy respetados los derechos fundamentales de sus ciudadanos, pero sí los intereses de sus compinches, disculpe compañeros.

Así que, estimadas magistradas, la forma como redactaron esta concesión que decidieron dar a Funes, puede interpretarse de una manera muy fea: “La condición de asilado le imposibilita regresar al país”, reza la resolución, y esto se puede interpretar así: Su asilo es justificado, ya que vivimos en un país donde alguien que dice luchar por la democracia y la justicia, se expone al peligro de persecución y atentados a su vida.

Todos sabemos, y ustedes mejor que cualquiera, que el único peligro que corre Funes en El Salvador es que tenga que enfrentar la justicia. Cierto, esto podría implicar su detención, si el fiscal general tuviera a bien presentar la acusación penal y solicitar orden de captura. Para no exponerse a este peligro, que es constitucional y justo, Funes pidió asilo y se niega a aparecer ante la Cámara de lo Civil.

Lo único que queremos es que se haga justicia, primero en el caso civil y luego en el caso penal. Lo primero está en sus manos, y esperamos que aparte de esta pequeña concesión, el caso proceda apegado a ley.

Con mucho respeto por su difícil tarea,

(MAS!/El Diario de Hoy)

Otra carta a los alcaldes: Les están tomando el pelo

Estimados amigos:
En el derecho penal y en el trato psicológico a vicios existe la figura del reincidente. Hay una regla que aplica tanto al delincuente como al alcohólico reincidente: No hay que creerle cuando dice que va a mejorar.

Así es el gobierno del FMLN: como un delincuente, drogadicto o alcohólico, que cada vez jura que nunca más va a caer en las viejas tentaciones – pero ya sabe que es paja. Y por supuesto, recae.

Lo peor que se puede hacer con los reincidentes es consentirlos. Hay que exigirles cumplimiento, obligarles a rendir cuentas, y castigarlos cada vez que reinciden.

El gobierno del profesor Salvador Sánchez Cerén es caso clásico de reincidente. Tiene todos los síntomas de los vicios, las mentiras, las promesas rotas y las ofensas del reincidente. El 16 de diciembre del año pasado, Casa Presidencial, en su sitio WEB oficial, citó al presidente de la República: “Entre miércoles y jueves vamos a cancelar el FODES a todas las alcaldías de octubre, noviembre y diciembre.” Estaba hablando de miércoles 20 y jueves 21 de diciembre. Si el presidente no hubiera mentido (o hecho falsas promesas, que lo mismo), las alcaldías hubieran podido pagar antes de navidad aguinaldo y el salario de diciembre.

Pero el gobierno no cumplió: transfirieron los fondos al ISDEM hasta el 28 de diciembre, de manera que llegó a las alcaldías en enero. Y no pagó, como ha prometido, todo lo adeudado, sino solamente los correspondiente a octubre y noviembre.

Luego el gobierno, mediante su ministro de Haciendo, se comprometió a pagar lo más tarde el 16 de enero el FODES de diciembre. Ahora estamos en febrero, y ninguna alcaldía ha visto ningún centavo de los 22 millones de dólares.

El problema de ustedes es que no entienden que el gobierno es como un delincuente drogadicto reincidente. Muchos de ustedes, sobre todo los alcaldes del FMLN, le siguen creyendo. El reincidente ya cuenta con esto, es su forma de operar. Ustedes, si no le ponen paro, permiten que se convierte en delincuente sistemático. Esto es exactamente lo que está pasando, y en parte tienen la culpa. Hasta ARENA ha caído en esta trampa – hasta que se cansaron y se levantaron de la ‘mesa de diálogo’ que en Casa Presidencial han instalado para darles paja con acuerdos que nunca piensan cumplir…

No les tengo que explicar a ustedes que estos 22 millones mensuales del FODES no son regalos del gobierno. Es la parte de la recaudación mensual de impuestos que por ley corresponde a los municipios. El gobierno los está gastando en otras cosas, sin que nadie realmente entiende, en qué, y esto de entrada es ilegal. Por esto estamos hablando de delincuentes reincidentes.

Es mentira que ustedes no pueden hacer nada. Juntas las alcaldías tienen mucho más poder político que el gobierno. El gobierno no resistiría una movilización fuerte y permanente de las alcaldías y sus bases sociales. No en un año preelectoral. Dejen de consentir los vicios, las mentiras y las actuaciones ilegales del gobierno.

Saludos,

(MAS!/El Diario de Hoy)

Carta a la familia de Paco Flores: No es venganza, es justicia

Estimados amigos:
El 25 de enero 2016, a sólo cinco días de la muerte de Paco, publiqué una carta diciendo: “Espero que te recuperés, y plenamente. Te lo deseo, de toda corazón, por el bien tuyo y de tu familia, obviamente, pero también por el bien del país, de la justicia. La gente quiere (y merece) justicia. Y el caso tuyo es emblemático: la primera vez que un ex presidente enfrenta la justicia. Casi automáticamente, tu caso se ha convertido en el gran test del sistema: ¿Habrá justicia o habrá impunidad? Y yo agrego otra disyuntiva: ¿Habrá justicia o habrá venganza?”

No hubo justicia: Paco Flores no tuvo oportunidad de limpiar su nombre ante la corte. Hubo venganza: Lo dejaron morir para no concederle las condiciones de arresto adecuadas a su estado de salud.

Los principales culpables ya están pagando sus pecados. El autor intelectual, Mauricio Funes, auto-exiliado en Managua, sin amigos, sin injerencia política; y Luis Martínez, el manipulador del sistema judicial, preso en Mariona, jugando naipes con el Gordo Max y Tony Saca.
La justicia les va a caer, aunque por el momento no por la persecución política que llevó a la muerte de Paco Flores. No importa: Todos entienden que estos dos, que tanto manipularon y tantas voluntades transaron, también lo hicieron en su proyecto más emblemático: destruir política, moral y físicamente a Paco Flores.

Sé que para ustedes, esta herida nunca va a sanar. Tampoco con venganza. Mauricio Funes y Luis Martínez se están cayendo, no porque alguien se quiera vengar de ellos, sino por la cantidad de maldades que hicieron, que hasta la fecha ni siquiera se están judicializando.

Lo irónico: Funes y Martínez están sintiendo, en carne propia, las tempestades que ellos mismos despertaron. Cuando Funes comenzó su campaña mediática contra Paco, yo le dije en una carta: “Cuidado con esta Caja de Pandora, presidente. Una vez abierta, no la podrá cerrar, cuando salgan demonios que le asustan a usted.” Pero Funes la abrió, sembró las tempestades de la persecución política y de la justicia convertida en venganza – y ahora todos los fantasmas y morbos que él despertó, lo persiguen a él.

Por obra de Mauricio Funes y Luis Martínez ya no hay juicio de corrupción que no se convierta en circo mediático – o en Circo Romano, con él tirado a los leones.

Nadie de nosotros –ni el propio Paco, ni ustedes como familia, ni sus amigos, ni los que hemos criticado la justicia por caer en persecución política – pedimos venganza. Siempre pedimos justicia. Nada de impunidad, y nada de juicios mediáticos.

Yo lo sostengo incluso en los casos contra Saca, Funes y el ex fiscal. No necesitamos que les humillen.

Yo no soy el indicado para hablarles a ustedes de las cualidades de Paco. No he sido su amigo. Pero hay que proteger el derecho de defender la dignidad y la inocencia no para los amigos, sino para todos. Ustedes, como familiares, han mostrado dignidad. Es el homenaje más grande que podemos dar a Paco: no permitir que se siga politizando la justicia.

Les saludo con mis respetos,

(MAS!/El Diario de Hoy)

Carta a la OIE: O son ustedes los que plantan micrófonos, o se hacen los locos

Estimados espías:

En estos días nos dimos cuenta que las oficinas de gremiales empresariales y fundaciones están siendo ilegalmente intervenidas con dispositivos de espionaje. El único organismo facultado para hacer estas intervenciones es el suyo, el Organismo de Inteligencia del Estado – pero únicamente “para el acopio de la información necesaria y la realización de las actividades de inteligencia que conlleven a mantener la seguridad nacional, debiendo actuar con pleno respeto de los derechos y garantías constitucionales.” Así lo dicta la Ley del Organismo de Inteligencia del Estado en su artículo 6.

Hay dos posibilidades: O ustedes están haciendo estas intervenciones, actuando fuera de la ley; o ustedes no hacen su trabajo. Hay que poner muy claro una distinción: El trabajo de las gremiales y fundaciones que están siendo intervenidas no es asunto de seguridad nacional, a menos que se asuma que cuestionamientos críticos al gobierno constituyen peligros para la seguridad nacional o el orden constitucional. En cambio, un operativo de espionaje contra entidades de la sociedad civil sí constituye un grave peligro para el orden constitucional – y ustedes tienen el mandato a investigar y prevenirlo.

En ambos casos, ustedes están fallando en su misión: o violan la ley, o no hacen nada para que otros no lo hagan.

También me enteré que recientemente fue circulado en oficinas gubernamentales un “informe” elaborado por la OIE, según el cual yo me he reunido con monseñor Fabio Colindres, para más joder dentro de “instalaciones militares”, para constituir una mesa de diálogo con las pandillas. Confieso: Soy amigo de Fabio Colindres y a veces me junto con él. Confieso también que, aunque no soy religioso, a veces lo visito en su parroquia. Resulta que esta parroquia, abierta a todo público, funciona dentro de las instalaciones del Estado Mayor, ya que Fabio es Obispo Militar.

En el caso particular, tengo que confesar que monseñor Colindres me invitó a tomar un delicioso Café Latté en el cafetín que recientemente inauguraron en su parroquia. Resulta que este cafetín funciona a plena vista afuera de la capilla, así que les felicito que se dieran cuenta de tan conspirativa reunión.

Claro, mientras pierden su tiempo para averiguar con quiénes tomo café y elaborar “informes” para advertir al presidente de la República del peligro eminente que esto constituye para la seguridad del Estado, no van a tener tiempo para investigar quién planta micrófonos en FUSADES, ANEP, la Cámara de Comercio, FUNDE y la Asociación de Banqueros. Si es que lo quieren averiguar. O más bien, si no es que saben perfectamente quién de sus colegas lo está haciendo.

Si ustedes lo están haciendo, nuevamente les digo: Están perdiendo su tiempo. En estas oficinas no se están cocinando golpes de Estado. Es más: Pobrecitos quienes tienen que escuchar, transcribir y analizar lo que los micrófonos grabaron en estas oficinas, se van a morir de aburrimiento.

Chiste aparte: Este es un asunto muy serio. Tal vez se han olvidado de este detallito, pero su Organismo de Inteligencia del Estado es una de las instituciones claves creadas por los Acuerdos de Paz: “El régimen legal, la formación del personal, las líneas organizativas, las directrices operativas y, en general, la doctrina del Organismo de Inteligencia de Estado se enmarcarán dentro de los principios democráticos; de la noción de la inteligencia de Estado como una función de éste para el bien común, ajena a toda consideración política, ideológica o de posición social o a cualquier otra discriminación; y del estricto respeto a los derechos humanos.” (Capítulo 1.7 de los Acuerdos de Paz)

En estos Acuerdos, que su máximo jefe, el actual presidente de la República, firmó en 1992 –y que ahora celebró con toda la pompa del Estado- también dice: “La actividad del Organismo de Inteligencia de Estado será supervisada por la Asamblea Legislativa, conforme a los mecanismos de control establecidos por la Constitución.”


Entonces, habría que preguntar a los diputados del FMLN porqué votaron contra la formación de una Comisión Especial para investigar los espionajes ilegales…

Mientras tanto, para facilitar su trabajo, pongan atención a algunos asuntos que sí afectan la seguridad del Estado y el orden constitucional, y que nadie está investigando para informar al presidente: las operaciones de nuevos “escuadrones de muerte” o “comandos de limpieza social” que cometen ejecuciones extrajudiciales.

Saludos,

(MAS!/El Diario de Hoy)