martes, 24 de agosto de 2004

El Estado irresponsable

Tenían que morir 32 hombres para que el país se diera cuenta que la situación del sistema carcelario es insostenible. Hoy resulta que todos los entendidos -la procuradora de derechos humanos, la jueza de vigilancia penitenciaria, los mismos reos- advirtieron que algo como la matanza del 18 de agosto iba a pasar. ¿Cuáles son los problemas que todos señalan? Primero, la sobrepoblación en las cárceles. Dicen que Mariona está diseñado para 1,500 reos y había mucho más de 3,000. Segundo, la falta de capacidad de separar a los mareros del resto de la población reclusa. Tercero, el hecho que en la misma cárcel de Mariona están conviviendo, sin ninguna separación, los reos que cumplen condenas con los detenidos preventivos que están esperando su juicio. O sea, cualquiera que está detenido sin haber sido vencido en juicio, está obligado a convivir con asesinos comprobados y puede perder la vida en enfrentamientos como el del 18 de agosto.

Las diferentes instancias responsables del sistema penitenciario inmediatamente explican que no hay fondos para ampliar y mejorar los centros penales, y para efectuar las necesarias separaciones dentro de la población reclusa.

No voy a perderme en una discusión técnica, ni de carácter jurídico ni de temas presupuestarios. No es un problema técnico. Es un problema mucho más de fondo. El Estado tiene que ser responsable de sus acciones. Al ciudadano no le importan las ramificaciones del Estado. El ciudadano tiene el derecho de exigir que el Estado cumpla con sus funciones, y que no le vengan con los pleitos entre el gobierno que define políticas, la Asamblea Legislativa que aprueba o no presupuestos, los jueces que cumplen o no con su deber de entregar pronta justicia. Todo esto, en el fondo filosófico del asunto, no es más que paja o pretextos. El Estado tiene que cumplir su función.

Para aplicar este principio básico al caso en discusión: El Estado no tiene el derecho de poner preso a una persona si no tiene donde guardarla en condiciones mínimas de seguridad. O para decirlo de manera más clara: el estado no tiene derecho de tener preso a 15 mil reos si en sus cárceles sólo caben 8 mil. Para poner otro ejemplo: Si el Estado decreta que es obligatorio asistir a la escuela por 12 años, obligatoriamente tiene que construir y mantener en situación de seguridad y salubridad las aulas adicionales necesarias para tres años de escolaridad más. Digo el estado o la sociedad para dejar claro que es una obligación de todos, no solo del gobierno. Pero el gobierno existe (y solamente existe) para ejecutar las obligaciones del Estado.

Así de simple es la cosa, sin rodeos, sin pretextos, sin paja: el Estado salvadoreño, mientras no tenga las cárceles adecuadas para la cantidad de reos y detenidos preventivos, no tiene derecho de mantenerlos detenidos en condiciones inadecuadas. El Estado, al tener a una persona presa, asume la responsabilidad sobre su integridad. Para cumplirla, tiene la obligación de mantener cárceles con debida separación de los reos. Tiene que separar a los peligrosos de los no peligrosos, a los detenidos preventivos de los condenados.

El director de centros penales no puede simplemente lavarse las manos diciendo que Mariona es ingobernable y que en el caso del 18 de agosto no hubo posibilidad ni de prevenir la matanza ni de intervenir para pararla. Se estaban matando y nadie intervino. Horas después de la trifulca todavía hubo asesinatos y guardias y policías se limitaban a prevenir fugas. Yo le creo a los jefes policiales que en Mariona no hubo manera de intervenir sin poner en riesgo la vida de los policías. Pero de esto estamos hablando: el Estado no tiene derecho de mantener una cárcel ingobernable en la cual nadie puede intervenir una vez que la violencia estalla. Esto se llama negligencia y ojalá que algún familiar de algún reo muerto demande al Estado por haberle retenido en una cárcel ingobernable.

¿Cuántos de los muertos y heridos son víctimas circunstanciales que no pertenecían a ninguno de los bandos que protagonizaron el pleito? ¿Cuántos, incluso, son detenidos preventivos que de todas formas no tendrían que estar mezclados con reos condenados?

Si el plan mano dura fuera parte de una política integral y planificada de seguridad pública, obviamente se hubiera creado las condiciones físicas adecuadas antes de ejecutar un plan que tiene por consecuencia necesaria detener a varios miles de mareros. Es obvio que el plan mano dura no es parte de una estrategia integral de seguridad pública, sino de una estrategia electoral, obedeciendo al calendario electoral, se echó a andar sin crear las mínimas condiciones físicas y organizativas en el sistema penitenciario. Claro, elecciones no se pueden ganar gastando en la construcción de cárceles.

A veces las cosas sólo se aclaran llevándolas a lo absurdo. La matanza de Mariona llevó al absurdo la política de seguridad pública del Estado salvadoreño. Un gobierno que manda a echar presos a miles de mareros sin tener dónde guardarlos. Un sistema judicial que tiene a miles de detenidos esperando por años sus juicios, llenando aún más las cárceles. La lógica consecuencia de este absurdo sería que ya nadie puede ser enviado a la cárcel mientras no haya condiciones adecuadas para guardarlo. En estos momentos significaría: el Estado tiene que reducir su población reclusa a unos 8 mil. Cómo lo hace, no sé. Piénsenlo. Como digo, a veces lo absurdo aclara las cosas. (Publicado en El Faro)