Usted sí tiene capacidad de asustar a la gente honrada de este país con sus revelaciones: “FGR investiga movimiento de $11 millones en tiendas de centros penales”. Así los titulares del día 5 de junio.
Once millones, ¡por Dios!, parece que nuestras cárceles, a
parte de ser hoteles de 5 estrellas con barra shows y call centers de extorsión,
también son centros de lavado de dinero…
Pero podemos dormir tranquilo, porque tenemos un fiscal
general que inmediatamente inicia investigaciones:
“El fiscal general de la República, Douglas Meléndez,
anunció esta mañana que investigan el movimiento de $11 millones, en los
últimos 14 meses, en las tiendas de centros penales. El funcionario argumentó
que investigan esos fondos, porque le parece ‘demasiado’. “ (La Prensa
Gráfica, 1 de junio 2016)
Veamos que tan bueno nuestro fiscal
general es en matemática básica.
Hay unos 30 mil internos en el sistema
penal de El Salvador.
Dividamos los 11 millones de dólares, que
se movieron en las tiendas de los penales, entre los 14 meses, para saber
cuánto dinero se movió cada mes.
$11,000,000 : 14 = $785,714.28 al mes.
Todavía una suma considerable. Dividamos
este movimiento mensual entre los 30 mil reclusos:
$785,714.28 : 30,000 = $26.19 por persona
y mes.
Este es el promedio mensual que cada reo
gastó en las tiendas de los penales: $26.19.
Dividamos este monto por los 30 días del
mes:
$26.19 : 30 = $0.87 por reo y día.
El resultado de esta operación matemática
que obviamente no lo hizo el fiscal (y tampoco ninguno de los periodistas que
retomaron los escandalosos 11 millones): Cada reo ha gastado diariamente unos
87 centavos haciendo compras en las tiendas institucionales.
¿A usted, el garante de nuestro estado de
derecho, le parece sospechoso y tremendamente preocupante que cada reo puede
gastar en dos gaseosas o tres bolsitas de chuchería? Y esto todos los días…
Como buen fiscal, inmediatamente procede
a investigar de dónde provienen estos 87 centavos diarios de los reos: “La
Fiscalía General de la República no descarta que el movimiento de $11 millones
de las tiendas penitenciarias no provenga de actividades ilícitas como la
extorsión. El fiscal general de la República, Douglas Meléndez señaló ayer que
una de las hipótesis de la investigación es determinar si ese dinero que
circuló en el sistema penal fue producto de las extorsiones de las estructuras
delincuenciales en perjuicio de la población salvadoreña.” (El Mundo, 4 de
junio 2016)
Por suerte tenemos un fiscal que inmediatamente
mueve la maquinaria de la FGR y de la PNC para llegar al fondo del asunto: 4
fiscales y docenas de policías allanaron en la noche del 4 de mayo 2016 las
oficinas de la Dirección General de Centros Penales, llevándose toda la
documentación relacionada con las tiendas institucionales en los 19 penales del
país.
"Ellos
traían una orden girada por el juzgado especializado de San Salvador, para
revisar documentos relacionados con las tiendas institucionales que tienen las
cárceles del país. Al concluir el procedimiento, se llevaron una serie de
documentos que prefiero no detallar", relató el día siguiente el director
general de centros penales, Rodil Hernández al periódico digital El Blog.
Se
espera que por lo menos los peritos que la fiscalía va a emplear para revisar
estos documentos, tengan más habilidades matemáticas y más uso de la razón
común que usted. En este caso llegarían a la conclusión que, aunque la suma de
11 millones de dólares asusta a cualquiera, al final hubo mucha bulla y nada
más.
Saludos,
(Mas!/El Diario de Hoy)
