Los periodistas reportan que las llantas eran inservibles. Una explotó y el bus pirata chocó contra una pared, matando a 10 de sus pasajeros e hiriendo a más de 70.
En El Salvador, una historia casi inadvertida. Esto precisamente es el problema. No debería pasar inadvertida. Pasa inadvertida porque nosotros lo permitimos, porque las víctimas siempre son pobres, y porque a nadie en la Asamblea le importa un comino. Mucho menos a la oposición que maneja excelentes relaciones con las mafias del transporte.
La jueza ratificó la "conciliación". No soy jurista, no sé si esto es legal. De todas formas, es profundamente inmoral. Si no hay una ley que mande a los jueces a no validar conciliaciones tan inmorales que ponen un precio de $250 dólares a la vida de un ciudadano, sólo porque es pobre y no tiene un abogado que defienda sus derechos, es tiempo que se haga esta ley.
Es tiempo también de cambiar --erradicar de una vez por todas-- los decretos legislativos que siguen permitiendo la circulación de buses chatarra y homicidas. Dicen que el Viceministerio de Transporte tiene registrados más de 2 mil 800 buses con más de 15 años de vida.
Es tiempo que el Estado haga cumplir la ley que obliga que para prolongar la matrícula a los buses (más bien todos los vehículos), tienen que pasar por una exhaustiva revisión técnica. Y esta revisión tiene que estar a cargo de una institución o empresa altamente calificada, independiente y regulada por el Estado.
Es tiempo de poner en vigencia las leyes que obligan a los transportistas a contratar un seguro para daños a terceros, para garantizar los derechos de las víctimas de accidentes. Y como en otros países, estos seguros tienen que ser extremadamente caros para los que causan accidentes o acumulan multas.
Hay un problema aún más de fondo. Antes de crear nuevas y más duras leyes, hay que erradicar el grado casi criminal de indiferencia, incapacidad e incluso complacencia que tienen las autoridades --policía, fiscalía, jueces, Viceministerio de Transporte-- con los infractores. El accidente en la autopista a Santa Ana fue provocado por un tipo que incumplió todas las leyes existentes. La simple aplicación del derecho actual hubiera sido suficiente para evitar este catástrofe. De nade sirven leyes más estrictas si nadie sanciona a los que sistemáticamente incumplen las existentes. Viajar por las autopistas y carreteras del país es suficiente para darse cuenta que no hay ningún control policial que evite que los vehículos circulen en el carril izquierdo, sin luces, con llantas lisas y a excesiva velocidad.
En los retenes revisan los papeles, pero jamás las luces, los frenos, las llantas. Aun sin revisión técnica obligatoria es prohibido circular con carros defectuosos. Pero a todo el mundo le vale.
Ojalá que escuchemos de alguno de los incontables candidatos palabras y medidas claras al respecto. Necesitamos que alguien asuma la responsabilidad para mejorar la seguridad en las carreteras, y liderazgo en la lucha contra las mafias del transporte, contra la indiferencia, incompetencia y la complacencia de las autoridades.
Y don Tony Saca, si quiere mostrar que no es cierto que su gobierno se encuentra paralizado por los forcejeos sobre las candidaturas y el rumbo del partido, ahí tiene todo un campo donde al país le urge gobierno, acción ejecutiva, acción legislativa.
(Publicado en El Diario de Hoy, 1 de nov. 2007)
