Tienen toda la razón
del mundo los trabajadores. Los partidos políticos no deberían de
aprobar la iniciativa que el presidente de la República presentó a la
Asamblea Legislativa: una reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para
Pensiones que elevaría de 30 a 50% la porción de los fondos de ahorro de
los trabajadores que las AFP estarían obligados a prestar al gobierno.
Esto de meter las
manos al fondo de pensiones fue idea de otro presidente: Tony Saca se
inventó los “Certificados de Inversión Previsional CIP”, que las AFP
están obligados a comprar al gobierno. Esta ley de Saca puso el techo de
estos préstamos obligados al Estado en un 30% de los fondos que
administran las AFP. Ahora Mauricio Funes, su mejor alumno, quiere meter
las manos más a profundidad a nuestros bolsillos, elevando este
techo al 50%. El argumento: Los 30% ya están agotados, ya se gastaron.
Necesitamos que nos aprueban otro 20% más. Y urgente, porque ya en abril
no tenemos con qué honrar las pensiones que el Estado paga desde el
INPEP y el Seguro Social.
Tienen toda la razón los trabajadores a decir “no”.
Los fondos de ahorro
que administran las AFP para todos son para nuestras futuras pensiones. Y
mientras no se aplican en pensiones mensuales, estos fondos son para
que crezcan. Son para efectuar las inversiones más inteligentes que nos
dan intereses altos y hacen crecer nuestro capital. Esta es la tarea de
las AFP. No rescatar al gobierno.
Definitivamente
nuestros ahorros no son para pagar las pensiones que le toca pagar al
gobierno en el sistema estatal de pensiones (ISSS e INPEP). Para esto
hay fondos previsionales propios de estas instituciones. Más bien, los
había, porque el problema surgió precisamente porque los saquearon los
gobiernos de turno - y por esto Saca y Funes caen a los fondos de las
AFP.
Ya es en si grave el hecho que el gobierno se ha gastado el 30% de
nuestros ahorros y que quiere gastarse otros 20% más. Acordémonos que
son fondos 100% privados que se generan con las cuotas mensuales de los
empleados y de los patronos. Ni un centavo proviene de fondos públicos.
Pero lo más grave es
que además de obligarnos a prestarle nuestros ahorros al gobierno, nos
imponen una tasa de interés mínima, cuando estos fondos podrían ganar
mucho más dinero invirtiéndose a intereses del mercado.
Hagamos la cuenta para
ver cuánto dinero perdemos cada año con este mal negocio de prestar al
gobierno. El total actual de nuestros ahorros en los fondos de pensiones
es de 6,200 millones de dólares. De este total los trabajadores hemos
prestado el gobierno en forma de Certificados de Inversión Previsional
CIP un 30%, que son 1,560 millones de dólares.
El truco: Como es
gobierno, en vez de negociar simplemente decreta la tasa de interés por
ley: “Yo sólo te pago 1.3% al año”, cuando las AFP podrían colocar el
mismo dinero en bonos que les rinden no menos del 7.3% al año. Por esta
diferencia de 6%, el gobierno se está robando cada año 108 millones de
dólares de intereses sobre los 1,560 millones de dólares que
corresponden al 30%, que por ley las AFP tuvieron que prestarle. En
otras palabras: Los trabajadores están obligados a subsidiar al gobierno
cada año con 108 millones de dólares.
Si el gobierno de
Funes logra que la Asamblea apruebe esta nueva reforma y obliga a las
AFP a prestar al gobierno otros 20% adicionales de nuestros ahorros de
pensiones a esta misma tasa de 1.3%, este subsidio ilegal subiría a más
de 186 millones de dólares al año. Esto algunos lo llaman robo, otros lo
llaman una paulatina y disfrazada nacionalización de nuestros fondos de
ahorro.
Esta es la cuenta que
en su comunicado del 15 de marzo los sindicatos le hicieron al gobierno,
a los partidos y a la opinión pública. La cuenta es impecable. Saquen
su calculadora para comprobarla. Tienen toda la razón. Y parece que van a
luchar por la seguridad de sus pensiones. Serían imbéciles e
irresponsables si se dejaran robar así no más.
Lo mínimo que los
partidos políticos y diputados tienen que hacer (para representar los
intereses de los trabajadores y sus familias) es amarrar la aprobación
del nuevo techo de 50% a dos condiciones: una, que el gobierno pague la
tasa de mercado, y no una taza preferencial. La otra: que reformen la
ley para permitir que las AFP puedan invertir el restante 50% sin
limitaciones impuestas por el Estado, y así garantizarle a los
ahorrantes la mayor rentabilidad que permite el mercado.
(El Diario de Hoy)
