Es como si la Asamblea Legislativa aprobaría, luego de un largo debate sobre incidentes reales, un pronunciamiento que "los diputados acordamos a abstenernos de atentar contra la vida de agentes policiales, de golpear a nuestras esposas y de cometer cualquier delito, por lo menos durante nuestro mandato como legisladores". Siempre, por supuesto, con la reserva que cada diputado interprete, a su conveniencia, el texto de la ley que infringe...
En este sentido, parece más realista el titular de El Faro: "Partidos firman acuerdo para acatar sentencias 'que se apeguen al texto de la Constitución'". ¿Y las otras sentencias, las que ciertos partidos no consideran apegadas al texto de la Constitución? Podemos entender que se reservan el derecho de no acatarlas.
Esto es precisamente el problema central, y obviamente este punto esencial no ha sido resuelto en la encerrona en Casa Presidencial: ¿Quién decide si una ley o una sentencia está o no "apegada al texto" de la Constitución? Precisamente para que esto no quede a criterio de cada partido, cada presidente, cada órgano del Estado, cada ministro, cada diputado o cada ciudadano o empresario, la Constitución delega la última palabra a la Sala de lo Constitucional. Es un principio constitucional no negociable, no sólo en El Salvador, sino en todos los países que pueden llamarse Estado de Derecho.
El escueto comunicado firmado el martes por los secretarios generales de todos los partidos en Casa Presidencial deja en lo ambiguo este punto: "El acatamiento de los fallos de la Corte Suprema de Justicia adoptados sobre la base del estricto respeto al texto de la Constitución", afirman los partidos, es uno de "los principios que orientarán este proceso de diálogo".
Lo siento mucho, pero los partidos van a tener que dar un paso más y terminar firmando un documento que los comprometa con "el acatamiento de los fallos de la Corte Suprema de Justicia adoptados sobre la base del estricto respeto al texto de la Constitución, dejando a la Sala de lo Constitucional el exclusivo derecho de decidir cuando hayan dudas sobre el texto de la Constitución". Para solucionar la crisis y para restablecer el Estado de Derecho en El Salvador, los partidos van a tener que firmar un documento que los comprometa, de una vez por todas, a no seguir condicionando el cumplimiento de las sentencias de la Corte Suprema y su Sala de lo Constitucional. Cualquier "acuerdo" o "pacto" que no llegue a esto, no resuelve la crisis, sino sólo le daría largas. Con toda la inseguridad jurídica que esto implique.
Las sentencias de la Sala de lo Constitucional pueden ser sujetas de crítica, pero no de revisión. Ni por parte de la Asamblea o del Ejecutivo, y tampoco por parte de una Corte Centroamericana de Justicia que trata de elevarse a Corte Constitucional Centroamericana, que no existe ni debe existir. Ni los países europeos, que tienen un proceso de integración económica, jurídica y política mucho más avanzado que Centroamérica, han creado una Corte Europea encima de las Cortes Constitucionales de cada país. Ni piensan hacerlo.
Que nadie se haga ilusiones: Falta bastante para solucionar la crisis. Falta que 50 diputados (y el presidente) acepten cumplir su juramento: "cumplir y hacer cumplir la Constitución..." El diálogo interpartidario en Casa Presidencial, en última instancia, no es para producir una "solución negociada" sobre algo no negociable, sino para crear las condiciones para que el Frente y sus aliados puedan salir del callejón sin perder la cara. Lo que le queda de cara. Si esto se logra, todos ganamos.
(El Diario de Hoy)
