Carta a ARENA: ¿Un paso atrás, tres para adelante?

Cuando escuché la noticia que ustedes suspendieron las elecciones de su nuevo COENA, mi primera reacción fue negativa: Ve, pararon la renovación democrática, no habrá elecciones internas…

Pero pensándole bien, ¿qué tipo de democratización hubieran logrado en una elección, donde solo votarían unos 1,500 militantes? ¿Qué tipo de renovación hubieran logrado votando por planilla, y no por personas, y aún más grave, existiendo una sola planilla?

Llego a una conclusión sorprendente: Este paso para atrás, suspendiendo una elecciones que de ninguna manera iban a avanzar a la democracia interna, da pauta para unos pasos para adelante firmes y grandes – si es que hay voluntad de dar estos pasos.

Lo poco que he sabido del debate interno que llevó a la suspensión, por un año, de la elección interna, indica que hay un análisis audaz y autocrítico: Se reconoce que ARENA nunca ha sido internamente democrático, Se reconoce que su caudillismo y su autoritarismo son tan profundos que ahora, luego de 6 años de esfuerzos de renovación y democratización ARENA todavía no dispone de mecanismos realmente transparentes y democráticos para definir sus liderazgos y su rumbo.

Parece que todo el proceso actual que llevó a la planilla del COENA estaba pegado a los estatutos, y en este sentido totalmente legal; incluso todo indica que iba a desembocar en un COENA muy prometedor – sin embargo, el proceso carecía de legitimidad. Cualquier liderazgo que surja de la aplicación de mecanismos obsoletos, aunque sean legales, nace con una gran hipoteca.

Si la decisión que tomó el liderazgo ampliado de ARENA de suspender las elecciones internas de octubre 2015 fue basada en este enfoque autocrítico y audaz, ¡que bueno!,  abrirá camino para los pasos decisivos para adelante. Pero si la decisión fue tomada porque dentro del partido se manifestó demasiada resistencia conservadora al perfil renovador del nuevo COENA, como una especie de reculada, entonces sí sería una señal preocupante de crisis. Es obvio que dentro de ARENA hubo las dos actitudes, la audaz y la miedosa – ambas haciendo una extraña unión para postergar la elección. El futuro va a decidir si fue una decisión para parar la renovación, o por lo contrario una medida para abrirle camino a una renovación mucho más consecuente.

Entonces, hay que observar si después de este paso para atrás llegan los pasos grandes para adelante - o si más bien todo se queda en la inercia y la inamovilidad de un partido que se resiste a la apertura y se siente más cómodo en el conservadurismo y autoritarismo.

¿Cuáles serían los pasos que hay que dar para que el partido, lejos de estancarse, avance?

Primero: Crear un padrón electoral interno amplio y confiable, para que en la elección interna del 2016 no voten exclusivamente los 1,500 funcionarios, sino las decanas de miles de miembros del partido.

Segundo: Establecer que estos miembros, para tener derecho al voto, contribuyan al partido. Que su aporte, pequeño o grande, se convierta en la base económica del partido, haciéndolo menos dependiente de los “donantes” empresariales.

Segundo: Reformar los estatutos y crear un reglamento que permita el voto por personas, no por planillas. El resultado sería un COENA representativo de las corrientes y sectores del partido.

De esto estoy hablando cuando digo: Un paso para atrás, pero 3 para adelante. Si estos pasos no se dan, el paso atrás de hoy, suspendiendo las elecciones, será el fin del proceso de renovación.

Saludos, 

(Mas!/ El Diario de Hoy

Carta a los “indignados”: No hablen de la corrupción en abstracto,cuando bajo sus narices les quieren robar sus ahorros

Amigos:
Otra vez hablemos de las pensiones. O mas bien: del “plan Cáceres”, con el cual el gobierno del Frente quiere caer a los fondos de pensiones. O sea, quieren expropiar nuestros ahorros para salir de su crisis de liquidez…

Uno pensaría que ya todo está dicho (que esto es un robo; que no resuelve el problema de las futuras pensiones, sino solamente el problema de caja del gobierno…) – pero cuidadito: Hay que repetir estas verdades hasta que las entienda el último ciudadano. Y hasta que entiendan el gobierno y el FMLN que “el pueblo” les puede aguantar muchas bayuncadas políticas, pero que no les va a entregar voluntariamente sus ahorros, o sea sus futuras pensiones.

Ahora Carlos Cáceres, medio clandestino, convocó reuniones privadas para vender su plan. Y de repente revela que, aparte de expropiar las cuentas de ahorro en las AFP, quieren aumentar la edad de jubilación por 5 años aumentar la cotización mensual. Y como si esto no fuera suficiente, inventarse un nuevo impuesto para poder pagar las obligaciones con los jubilados del INPEP, IPSFA y Seguro Social.

Desde Casa Presidencial dicen que aun no existe ningún plan oficial del gobierno, que apenas están haciendo los estudios, que no hagamos caso al ministro de Hacienda, que este maje ni siquiera es del Frente…

Pero no nos dejemos engañar: Cáceres actúa por encargo del presidente, para probar las aguas. Si hay demasiada resistencia, sobre todo en los sectores de clase media, van a echar la culpa a Cáceres y distanciarse de su plan. En cambio, si no hay mucha bulla, van a oficializarlo e implementarlo.

Entonces, depende de nosotros: Si hacemos suficiente bulla, o sea, si elevamos al FMLN el costo político de esta “reforma de pensiones”, podemos matar dos pájaros de un tiro: hacer que el FMLN deje caer a Carlos Cáceres (quien nunca ha sido amigo de ellos, sino de Mauricio Funes) – y al mismo tiempo conseguir que no toquen las pensiones.

Ellos pueden, tal vez, imponer este “plan Cáceres” y quedarse con los fondos de pensiones contra la resistencia de ARENA; incluso contra la resistencia de la empresa privada – pero no contra la resistencia de toda la clase media afectada. Imposible.

Se ha puesto de moda lamentarse de la impunidad y de la corrupción. Piden Comisiones Internacionales y reformas constitucionales, arman movilizaciones para que se castigue a todos los ex presidentes vivos del país – mientras bajo sus narices están preparando el robo del siglo: la expropiación de los fondos de pensiones.

La impunidad se extiende hasta donde nuestra paciencia y pendejez lo permite. Su límite está donde nosotros lo marcamos. Saludos,

 

(Mas!/El Diaro de Hoy

Carta a los diputados: Apliquen la razón común y definan las reglas

Estimados diputados:
Ayer un reconocido abogado hizo un llamado público a Jaime Martínez a que desista de su candidatura, para desentrampar la elección de los 5 magistrados y 5 suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente, no va a renunciar. Y tiene razón: Como cualquier otro abogado que cumple los requisitos mínimos, Martínez tiene el derecho de ser postulado – más no el derecho de ser elegido. Pero no depende del candidato determinar si queda descartado o si sigue en la carrera – esto depende de ustedes, los diputados, que son los electores de los magistrados.

El problema es que ustedes en la Asamblea no han definido bien las reglas, y por esta negligencia se suelen entrampar las elecciones de magistrados y otros funcionarios importantes – como la del fiscal general que ya viene.

La única regla existente es la que establece la Constitución: Se necesita mayoría calificada para elegir magistrados, o sea 56 votos. Esto tiene una razón: evitar que un partido o bloque de partidos, normalmente el gobernante, pueda imponer a un magistrado.

La pura lógica indica: Esta regla constitucional no solo otorga a una mayoría calificada el derecho a elegir magistrados, sino también a una minoría calificada de 29 diputados el derecho de vetar a un candidato. Partido que tiene 29 votos puede efectivamente vetar a cualquier candidato. ARENA tiene 35 diputados y hace uso de este derecho. Es absolutamente legítimo y constitucional.

El problema es que la Asamblea no se ha dado un reglamento que corresponde a esta regla constitucional que establece una mayoría calificada para elegir magistrados – y por tanto una minoría calificada que puede ejercer su derecho a voto.

Ustedes deberían acordar un mecanismo para evitar que el proceso se entrampe por el hecho normal y legítimo que un grupo parlamentario vete a uno o varios candidatos. La regla debe ser esta: Luego de la preselección que hace la Comisión Especial, los candidatos que pasaron este filtro se someten a una votación para determinar si son elegibles o si enfrentan un veto. De esta manera, se eliminan de la lista de los elegibles los que han sido vetados por una minoría calificada. En el caso actual, el licenciado Jaime Martínez ya estaría descartado, porque ARENA lo vetó. Posiblemente el FMLN con GANA hubiera vetado a otro candidato.

Quedarían suficientes para volver a armar una planilla de 5 magistrados y 5 suplentes y someterlos a elección.

Hay que resaltar que no es el veto que entrampa la elección, sino el hecho que otros no aceptan que una minoría calificada (en esta caso de los 35 diputados de ARENA) haga uso de su derecho constitucional de vetar a un candidato. Lo que entrampa el proceso actual no es la necedad de los que vetan a Jaime Martínez, sino la terquedad de los que se niegan a retirarlo de la lista de elegibles.

Por esto se necesitan reglas claras que parten del derecho de una minoría calificada de vetar a candidatos y regulan cómo proceder luego de un veto. La regla tiene que ser: candidato que enfrenta un veto, sale de la lista de los elegibles – y que sigue el proceso. Así de simple como en el juego de “No te enojes” o “Parchís”. Afuera y el juego sigue. Hasta lo niños entienden esto…

No se olviden: El derecho y también la política tienen que corresponder a la razón común. Aplíquenla, no se enchibolen. Saludos, 

749 millones de dólares botados, y quieren más

Ayer tuve el gusto de almorzar con Billy Sol Bang, cosa que acostumbramos a hacer cada dos o tres semanas – y que disfruto mucho.

Estos almuerzos nunca son formales, siempre amenos, llenos de anécdotas, risas, bayuncadas – pero también de discusión política e intercambio de ideas, propuestas y polémicas.
Luego de comer el Pollo al Chipotle, receta de mi esposa Daniela, y el pie de manzana, receta de mi madre Verena, nos recostamos en nuestras sillas para hablar política.

“¿Cómo se atreven a ponernos nuevos impuestos y amenazarnos con expropiar nuestros ahorros de pensiones, cuando acaban de botar 750 millones de dólares?”

“Billy, ¿cuáles 750 millones – y adónde los botaron?”

“280 millones para comprar las acciones de ENEL en La Geotérmica. Son 280 millones perdidos, sin ningún beneficio para el país. Por lo contrario: Con esta ‘inversión’, la CEL y La Geo quedan más débiles. Otros 280 millones para el Chaparral – cuando hace años los estudios nos indicaron que esta presa sólo será rentable si no costaba más de 145 millones de dólares. Faltan los 189 millones para la ampliación de la 5 de noviembre, otro proyecto que nunca será rentable. Agrega generación extra sólo cuando hay abundante agua, pero no nos rinde nada cuando hay escasez de energía. Suma: 759 millones botados, solamente en el sector energético.”

Tiene razón don Billy. ¿Cuál porción de estas ‘inversiones’ no productivas quedó en los bolsillos de funcionarios de los gobiernos Saca, Funes y (¿quien sabe?) Sánchez Cerén y sus respectivas administraciones en la CEL, La Geo e INE? No sabemos. Y no lo sabremos, mientras no exista institución (nacional o internacional) que lo investigue en serio.

La pregunta que uno tiene que hacerse es: Si estos tres proyectos fracasados y fraudulentos (Chaparral, ampliación de la 5 de noviembre, expansión de la generación geotérmica) fueron responsabilidad de los gobiernos de Saca y Funes y sus hombres en la CEL, ¿entonces por qué el FMLN los defiende, los asume, y sigue botando dinero público para salvarlos?

Lo más lógico hubiera sido que el FMLN, al asumir el control del gobierno y de la CEL, cortara en sano estos proyectos, asumiera las pérdidas, y echara la culpa a Saca y Funes… Pero hicieron lo contrario: Se metieron en el mismo hoyo que ya habían cavado Saca y Funes. Hoy son parte del complot. Y aún el país no tiene una política energética capaz de bajar los costos de energía que ahogan la economía…

En este contexto hay que discutir la crisis fiscal del gobierno y su urgencia de poner nuevos impuestos, robar los ahorros a los futuros pensionados, y aprobar créditos. Así tendrá que comenzar la discusión en la Asamblea y en la Interpartidaria. El que pide dinero primero tiene que rendir cuentas, antes de que le aprueban nuevos impuestos o créditos. Así es la vida. Vaya usted al banco a buscar refinanciamiento de sus deudas, y vea si le dan pisto sin que usted se baje los pantalones.

Repito lo que pregunté en una columna sobre el “Pacto de Ataco”: ¿Pueden y deben la oposición, la empresa privada y la sociedad civil entrar en la búsqueda de un acuerdo nacional con el gobierno, sin que este esté abierto a cambiar el rumbo de sus políticas?

Al concluir el almuerzo, con don Billy llegamos a una respuesta: No.

Carta al Papa Francisco

Su Santidad:
¿Cómo habrá sido su visita a Fidel Castro? En los medios nos enteramos que usted hizo un gesto que los papas y jefes del Estado, que yo sepa, jamás hacen: Fue a visitarlo en su casa. Tan así que, según las fotos publicadas, Fidel lo recibió en sudadera – como si usted hubiera caido a la casa sin avisar.

Normalmente los personajes que no son jefes de Estado, para ver al papa (o a cualquier jefe de Estado visitante), vienen a verlo en su embajada. Claro, usted va a ver al presidente del país que visita en su palacio presidencial. Pero Fidel ya no es presidente. Obviamente, tampoco es un pensionado común y corriente. Es un mitos. Así que entiendo que usted, reconociéndolo como un mitos, lo fue a visitar a su casa.

Bien. Pero, ¿cómo funcionó el protocolo? ¿Qué le dijo Fidel? ¿Le dijo “su Santidad”, o le dijo “Pancho”? ¿Le besó el anillo o simplemente le abrazó como a un hermano?

¿Y qué hablaron, cortesías y protocolo aparte? ¿Le dijo a Fidel, muy en privado y sin ninguna publicidad de por medio, que Cuba tiene que cambiar, que ya no puede tener presos políticos, ni censura, ni elecciones con un solo partido? Alguien se lo tiene que decir a los hermanos Castro – y si el papa no se atreve, ¿quién se va a atrever?

Fidel ya no ejerce la maquinaria del poder, pero sí el poder. Si se quiere una transición suave y pacífica, donde el partido, el gobierno y la Fuerza Armada son parte del cambio, esto no puede pasar sin la aprobación de Fidel. Sin Fidel, de alguna manera, poniéndose a la cabeza. ¿Usted le dijo esto? ¿Usted le dijo a Fidel la verdad que tal vez no le gusta escuchar? La verdad que él ya no podrá detener el cambio de la dictadura a la democracia, que viene con él o contra él – y que lo único que depende de él es si esta transición será pacífica o violenta; si su gente al final del proceso serán parte del nuevo régimen que habrá una ruptura total…

Si usted, desde la autoridad y la bondad de su cargo, no le dice estas verdades a Fidel, ¿quién lo hará?

¿Y Fidel qué le dijo? ¿Está dispuesto a permitir que la nueva generación de cubanos decida libremente qué sistema político y económico quiere para Cuba? ¿Cómo Fidel le explicó, si es que hizo el intento de justificarse ante su Santidad, que luego de 50 años de los revolucionarios cubanos todavía temen la libertad de prensa, de expresión y de organización política?

Y cualquiera que haya sido la respuesta de Fidel, ¿qué le contestó usted? ¿Le dijo que Cuba ha defraudado todo el amor y entusiamso que su rebeldía contra la dictadura ha despertado en el continente? ¿Le dijo a Fidel que cuando usted, como nuevo papa, habla de justicia y lucha contra la pobreza, este viraje de la Iglesia no reindivica la manera como los Castros han gobernado Cuba durante 55 años, sino lo contrario: un profundo respeto a ser humano, su dignidad, sus derechos, su libertad.

Y cuando de Cuba viaja para Estados Unidos, ¿cuál es el mensaje que lleva para el presidente Obama? ¿Le va a decir que el punto central no es la reconciliación entre los dos países y sus gobiernos, sino la reconciliación entre los cubanos, y que esta no será posible sin un cambio del sistema político? El sistema político existente es excluyente, y Cuba, para reconciliarse, necesita un sistema incluyente.

Está bien que la Iglesia, que tiene dos mil años de ejercicio de diplomacia y conspiración, nunca diga estas cosas en público – con tal que las diga en la intimidad del Oval Office y de la mansión de Fidel.

Buen viaje, su Santidad. Saludos

No es invasión, sino integración

La Constitución alemana (el “Grundgesetz”, con el cual los alemanes iniciaron su vida democrática luego de una década de dictadura, holocausto y crímenes de guerra) comienza con una frase fuerte, clara, inequívoca y bella: “La dignidad humana es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. El pueblo alemán, por ello, reconoce los derechos humanos inviolables e inalienables como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo”.

No habla de la dignidad y de los derechos humanos de los alemanes, ni de los cristianos, ni tampoco de los pueblos arios. Dice la dignidad y la comunidad humana, sin distinción alguna de la raza, la religión, el estatus social, la condición cultural del ser humano.

Esta obligación está cumpliendo el gobierno alemán, dirigido por Angela Merkel, al decidir no cerrar sus fronteras ante el mayor éxodo de refugiados que Europa ha visto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cientos de miles de sirios, kurdos, iraquíes, yazzidis y miembros de otras etnias del medio oriente están atravesando el mar mediterráneo y los países de Europa sur, oriental y central, en búsqueda de asilo, seguridad, protección y sobrevivencia que no están garantizados en los países vecinos a sus patrias. Alemania ha decidido acoger a decenas de miles de estos refugiados, y está negociando con los demás países miembros de la Unión Europea una política conjunta para responder al drama de los desplazados.

Esta decisión encuentra muy fuerte crítica por parte de personajes y organizaciones de derecha nacionalista, no solamente dentro de Alemania. El argumento central: “Europa está en su pleno derecho de defender su cultura, su cristianismo y su refinada civilización, de sectas que no solo buscan destruirla, sino que también se exterminen unos a otros.”

Es un poco absurdo este argumento, porque los miles de refugiados que actualmente deambulan por Europa, precisamente son los que huyen de las sectas islamistas, tanto sunitas como chiitas, que se están disputando el control de Medio Oriente. Claro que entre los refugiados que Alemania y otros países van a acoger habrá varios cuya integración cultural, educacional y social no será fácil. Claro que esto implica riesgos. Sin embargo, no atender a los refugiados plantearía riesgos mucho más serios para el futuro de Europa y su relación con sus vecinos en el Mediterráneo y el Medio Oriente. La integración planeta riesgos para la paz social; no acogerlos plantearía riesgos para la seguridad nacional y regional.

Hay otro argumento en contra de la decisión de acoger a los refugiados. Reza sí: “Tiene sentido que Europa acoja a los fugitivos cristianos como a un par de etnias como los yazzidis, una rama de los pueblos arios que invadieron la región hace más de tres mil años.”

Los que plantean este idea racista, ¿cómo se imaginan su implementación concreta? ¿Se imaginan a la policía federal alemana, que ya se encuentra desplegada en la frontera sur de Alemania para documentar a los refugiados, separando y identificándolos según categorías religiosas, étnicas y raciales? Cristianos a este lado, musulmanes al otro. Kurdos y un lado, árabes al otro. Arios por este lado, no arios por el otro lado donde ya esperan los buses para su inmediata deportación.

No. Estrellas amarillas para judíos ya las tuvimos en Alemania, y nunca jamás pasará una cosa igual. Por esto los alemanes nos inventamos esta frase introductoria de nuestra Constitución: “El pueblo alemán, por ello, reconoce los derechos humanos inviolables e inalienables como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo”.

No es por primera vez que Europa se ve ante el reto de migraciones masivas generadas por guerras. Millones de europeos tuvieron que abandonar sus lugares de origen en los años de la guerra y postguerra mundial. Solo Alemania Occidental tuvo que acoger e integrar a más de 12 millones de alemanes que tuvieron que salir de sus lugares de origen en Polonia, Rusia, Ucrania, Checoslovaquia, Hungría y Rumania. No fue nada fácil, sobre todo en tiempos de postguerra. Esta migración también provocó muchas preocupaciones de carácter religioso, porque alteró, en varias regiones de Alemania, la correlación histórica entre católicos y luteranos. Hoy esta correlación ya no tiene la misma importancia que en los años 50.

Luego Alemania Occidental tuvo que acoger e integrar a millones de refugiados de Alemania Oriental y, en años mas recientes, como un millón de refugiados de la ex Yugoslavia, cuando esta nación se desintegró y estalló en guerras étnicas y religiosas.

Siempre al final de estos complicados, controversiales y sumamente costosos procesos de migración e integración, Alemania y Europa han salido fortalecidos, tanto cultural como económicamente. De todos modos, toda Europa enfrenta una crisis demográfica que solo podrán resolver abriéndose a la migración. Puede ser que la migración masiva de familias enteras de clase media desde Kurdistán, Irak y Siria, lejos de una maldición, resultará siendo una oportunidad para Europa.

(El Diario de Hoy)

Lea también:

el editorial de El Diario de Hoy de viernes 18 de septiembre 2015:
No pueden los países europeos tolerar una invasión musulmana

Ley Fundamental (Constitución) de la República Federal de Alemania

Carta a los usuarios de las telecomunicaciones, o sea a todos

Ciudadanos:
En la última carta escribí: Quieren meternos la mano en el bolsillo – hablando del plan del gobierno de expropiar nuestros ahorros de pensiones. Pero mientras estamos tratando de cuidamos un bolsillo, ya nos caen al otro – hablando del plan de ponernos un impuesto especial de Seguridad.

Este plan fue presentado por el trío fatal: gobierno, FMLN y GANA. El gobierno representado por Carlos Cáceres de Hacienda, Hato Hasbún de Presidencia, y Benito Lara de Inseguridad. El FMLN representado por Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa. Y GANA representado por Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea. Donde estos andan juntos, cuídense sus carteras…

Los periódicos reportan: “Impuesto de seguridad lo pagarían usuarios de telefonía“ (LPG); “Nuevo impuesto de 10% a usuarios de telefonía” (EDH); “Gobierno propone gravar con 10% a uso de teléfono” (El Mundo). Pero esto ni siquiera es la mitad de la triste verdad.

Lean con atención esta frase: “El impuesto será aplicado a los usuarios, revendedores de servicios de telecomunicaciones y los adquirientes de cualquier dispositivo tecnológico que permita la utilización de los servicios de telecomunicación.”

Leyendo bien este comunicado del gobierno, nos van a cobrar 10% sobre todo que paguemos, no sólo para telefonía (fija y celular), sino para cualquier tipo de telecomunicaciones: telefonía, Internet, y cable. Y nos van a cobrar 10%, no sólo sobre los servicios (o sea, la factura mensual y cada saldo prepago), sino también por la compra de equipos: “cualquier dispositivo tecnológico que permita la utilización de los servicios de telecomunicación.” Ningún medio lo ha traducido a lenguaje normal. ¿Qué son estos dispositivos? En el caso de telefonía, los teléfonos fijos y los celulares. En el caso de Internet, computadoras, tablets, laptops. En el caso del servicio de cable: televisores, proyectores.

¿Todo esto lo van a gravar con 10%? No sé. Pero esto es lo que dice el comunicado del gobierno. Que tengan por lo menos el valor de decirlo de manera transparente e entendible, en vez de esconderlo en frases burocráticas y confusas…

¿Y para qué es este impuesto? Para la seguridad, dicen. Para financiar el “Plan El Salvador Seguro”, dicen. ¿Pero qué parte del plan? ¿Para el plan de ofensiva policial, que en seis meses de su implementación ha duplicado el número muertos por homicidio? ¿O para el plan de prevención?

¿De este pisto van a comprar más armas y pagar a más policías, o lo van a invertir en mejores escuelas, más profesores y creación de empleos en las comunidades marginadas donde nace la violencia?

Si fuera para lo segundo, o sea para al fin atacar el problema de raíz, muchos con gusto contribuiríamos. Pero no para seguir haciendo lo mismo, o sea para más mano dura, más muertos, más fracasos.

De todos modos: Antes de hablar de nuevos impuestos, el gobierno tiene que rendir cuentas de los miles de millones que ha gastado en seguridad – y de los resultados. Y en caso que de esta manera llegáramos a aceptar la necesidad de pagar más impuestos, tendríamos que preguntar: ¿Y por qué castigar el uso de las comunicaciones, el acceso a Internet? ¿Por qué no ser más honestos, aumentar el IVA los puntos que sea necesario, y dar a la Asamblea y la ciudadanía los instrumentos para controlar el uso de los fondos. El instrumento se llama Ley de Responsabilidad Fiscal, y sin que esta se aprueba y tenga dientes, ni siquiera deberíamos de hablar de impuestos ni de préstamos ni del presupuesto nacional…

Así que, mientras nada de esto esté claro, cuiden sus carteras. Saludos, Paolo Lüers

Columna transversal: Ni magistrado ni director de la ANSP

Jaime Martínez acaba a dar el tiro de gracia a su campaña por una magistratura en la Corte Suprema. Ya estaba bastante dañada, por su activismo partidista en las redes sociales, por la sentencia de la Sala de lo Constitucional que prohíba a la Asamblea elegir magistrados que no sean independientes de los partidos, por el veto de ARENA basada en esa sentencia…

En esta situación ya un poco crítica de  sus pretensiones, surgen dos declaraciones adicionales: Una de Guillermo Gallegos de GANA, fiel aliado del FMLN, que le aconseja mejor retirar su candidatura, por el bien del país. Y la otra de Florentín Meléndez, magistrado de la Sala, quien reiteró el principio de independencia de jueces plasmado en varias sentencias: “Los jueces no pueden vincularse con actividades partidarias. El que quiera dedicarse a la política que lo haga, pero no a la judicatura a la vez. Somos firmes con nuestro fallo porque fortalece el Estado de Derecho”.

Y al escuchar estas dos declaraciones, Jaime Martínez se encachimba y comete un error fatal, atacando a la Sala de lo Constitucional: “Las decisiones de la Sala hay que respetarlas, eso es un hecho, pero no quiere decir que son eternas o que tienen toda la robustez de la doctrina jurídica y del derecho comparado, por el contrario adolece de ella.” Con esto queda claro, por boca propia de Jaime Martínez, de qué se trata en esta candidatura: revertir la jurisprudencia marcada por esta Sala de lo Constitucional, que obliga a la Asamblea a desmontar el control partidario de las instituciones estatales.

Con esto, queda confirmado que es justificado el veto de ARENA contra la inclusión de Martínez en la lista corta de los diez magistrados a elegir (propietarios y suplentes).

Es más: si con todo esto queda claro por qué Jaime Martínez no es apto para asumir una magistratura en la Corte Suprema de Justicia, de inmediato surge la pregunta: ¿Y es apto para dirigir la Academia Nacional de Seguridad Pública, institución responsable de la formación profesional de los futuros agentes y jefes policiales?

Tal vez un abogado como Martínez y su filosofía jurídica no tengan mucho impacto, ni positivo ni negativo, en la enseñanza técnica y física de los policías, inspectores y comisionados –no creo que él les imparte clases de tiro y tácticas operativas-, pero sí él tiene que ver con la doctrina que se enseña en esta academia. ¿Queremos que los futuros agentes y oficiales policiales se definan como defensores del gobierno o como defensores de la sociedad y el Estado de Derecho? ¿Queremos que las nuevas generaciones de la PNC superen el problema histórico de la institución, las cuotas con las cuales nació, o queremos que siempre, cuando haya un cambio de gobierno, se cambie toda la estructura de mando en la PNC con criterios partidarios? Es obvio que los errores que se han cometido en este sentido (no sólo por los gobiernos del FMLN, sino también anteriormente) algo tienen que ver con la incapacidad de la PNC de enfrentar la grave crisis de seguridad que vive el país.

El director de la ANSP, igual que el director de la PNC, deberían ser profesionales sin amarres partidarios, un garante de la profesionalidad de los agentes y jefes policiales.

Así que hay que preguntar al gobierno: ¿Es Jaime Martínez el hombre adecuado para seguir dirigiendo la formación de nuestros policías? Es más: ¿Dispone el país de los mecanismos adecuados para asegurar que para este tipo de cargos (director de la PNC, director de la ANSP, director general de Centros Penales…) sean escogidos los mejores profesionales, sin prevalencia de criterios partidarios?

Siempre he dicho que así como a nadie se le ocurre que cada presidente entrante tenga derecho de nombrar al rector de la Universidad de El Salvador, no debería tener el poder de poner a su gusto (ni mucho menos con criterios partidarios) a los directores del Jardín Zoológico, de la Orquesta Sinfónica, del Canal Público de TV, de los bomberos – y ciertamente no de las academias Militar y de Seguridad Pública. El caso Jaime Martínez debe servir para hacernos estas preguntas y hacer propuestas de reforma política que aseguren servicios públicos profesionales y apolíticos.

(Mas!/El Diario de Hoy)

Carta a los medios y los periodistas

Colegas:
No he escrito sobre el lamentable caso de los bebés intercambiados, porque me pareció insoportable el show mediático que desde el principio armaron una de las madres y el fiscal general Luis Martínez. No quería contribuir a este espectáculo.

Pero ahora, luego de que los bebés han sido debidamente identificados y entregados a sus respectivos padres biológicos, la misma señora arma otra conferencia de prensa, bebé en brazos, y dice: “Neles, pasteles, nada está resuelto mientras no proceda mi demanda contra el Hospital.” O sea, la señora quiere pisto.

Quiere decir: The show goes on, sigue el espectáculo. Ante esto, ya no vale mantener silencio.

La señora demandante ya arruinó la vida al doctor Guidos, quien asistió su parto. Lo acusó, sin prueba alguna, de haber robado a su bebé. Pero para destruir la vida a un reconocido médico, necesitaba de la diligente ayuda del fiscal general Luis Martínez. Este agarró la denuncia, y sin previa investigación, mandó a detener al doctor Guidos. Poderse presentar ante la conmovida nación como el defensor de las madres desesperadas le cayó como anillo al dedo en su campaña de reelección. No importa que no hubiera pruebas contra el doctor, y que en cuanto entraron las pruebas (de ADN), mas bien mostraron que no hubo complot de robarse ningún bebé sino a lo sumo un error en el hospital.

Siguiente capítulo: Con las pruebas de ADN que permitieron identificar a los dos bebés y sus padres biológicos, en vez de suspender el caso penal y entregar todo a un juzgado de familia para que proceda con los juicios de identidad de los bebé y la entrega a sus padres biológicos, el fiscal general hace todo lo contrario: No suspende el procedimiento penal contra el Dr. Guidos, sino instala a la jueza de paz del caso penal en su despacho en el sexto piso de la Fiscalía General. ¿Adónde se ha visto que un juzgado se instala en el despacho del Fiscal General? ¿Adónde se ha visto que una jueza de paz asume facultades de juez de familia? ¿Adónde se ha visto que en un procedimiento penal nunca se vea la cara del fiscal asignado al caso, sino solamente la del fiscal general?

Y ahora viene la señora a cobrar. Por el sufrimiento de haber sido separada, por culpa del Hospital (según ella), de su legítimo bebé. Que raro que a los 8 días del parto, cuando el Dr. Guidos le quitó los hilos, no dijo nada de su sufrimiento. Que raro que semanas después, cuando fue al último chequeo médico con el Dr. Guidos, tampoco dijo nada. Que raro que pasó tres meses sufriendo y viajando por el mundo, antes de hacerse un examen de ADN para verificar si el bebé era o no era suyo. Que raro que al regresar a El Salvador no acusó al Hospital de negligencia sino directamente al Dr. Guidos – no de negligencia sino de robo del bebé…

Pero ahora quiere pisto por su sufrimiento. ¿Quién si no la señora o su esposo británico puede haber avisado a la prensa amarillista inglesa del caso, con detalles escalofriantes como tráfico de órganos, etc.? ¿Quién ha armado todo este show mediático que es un atentado contra la futuro integridad y dignidad de los dos infantes? Fue la señora que ahora, prolongando el show, quiere recompensa económica por su “sufrimiento”.

Los medios deberían cerrar el caso, una vez que el Dr. Guidos salga libre de toda acusación. Allí debe terminar el espectáculo. Luego, nada de entrevistas, nada de fotos del bebé chulito-chelito, nada de acusaciones sin fundamento. Yo, por mi parte, ya no hablaré del caso.

Saludos,


 

(Mas!/El Diario de Hoy)

Carta a los futuros pensionados

Hoy sí les quieren meter la mano en el bolsillo. El gobierno está quebrado porque gasta más de lo que le ingresa y está desesperado por liquidez. No tiene cómo pagar sus cuentas, sobre todo las pensiones de los que se quedaron en el sistema estatal de pensiones.

Entonces, la solución es: caerle a los fondos privados de pensiones, o sea a los cientos de miles de cuentas personales que tenemos cada uno de los cotizantes en el sistema privado de pensiones, y que están siendo administradas por las AFP. Ahí, dice el ministro de Hacienda, “está el pisto que necesitamos. Caigámosle a las AFP. Nacionalicémonos otra vez los fondos de pensiones. De este montón de pisto paguemos nuestras obligaciones, por ejemplo las pensiones en el sistema estatal… y luego veremos cómo le paguemos a los cotizantes de la AFP…”.

Quieren regresar al sistema tradicional de pensiones, donde las cuotas de los cotizantes caen al fondo del Estado, el gobierno hace uso de ellos, contra la promesa que en el futuro, cuando nos pensionemos, el gobierno nos va a pagar la pensión.

Es precisamente el sistema que quebró en los años 90, porque los gobiernos se gastaron esos fondos en cualquier cosa, y estaban acumulando una deuda previsional impagable. Es por esto que en el 1998 se hizo la reforma, con un planteamiento bien simple: El Estado tiene una deuda previsional de más de 10,000 millones de dólares; para evitar que esta deuda crezca cada año y en un futuro haga colapsar las finanzas públicas, hagamos un corte de caja: establezcamos cuánto debe el Estado. Pero a partir de ahora la gran mayoría de los cotizantes pagarán a unos fondos privados (las AFP), los cuales abren a cada uno su cuenta personal, como si fuera de ahorro. Estos fondos las AFP los ponen a generar intereses, prestándolos, invirtiéndolos , pero nadie se gasta estos fondos. Y el Estado, luego de la reforma (o sea del corte de caja), sigue respondiendo por lo que debe a los cotizantes del sistema antiguo. O sea, el Estado se queda con la deuda previsional, pero esta ya no tiene que crecer. (Si sigue creciendo, es por las decisiones del gobierno, y de hecho, ahora el gobierno debe unos 24,000 millones de dólares). El Estado sigue pagando las pensiones del sistema antiguo, pero ya no tiene que responder por las pensiones del nuevo sistema privado.

Y para poder pagar las pensiones que le tocan, el gobierno puede tomar préstamos contra los fondos de las AFP, pagando por cierto una miseria de intereses, lo que ya fue declarado un robo, o sea inconstitucional…

Hoy vienen los del FMLN y quieren revertir esta reforma y caer encima a los fondos privados de pensiones. Quieren que las AFP les entreguen la mayor parte del dinero acumulado en las cuentas personales, y que volvamos a pagar nuestras cuotas al Estado. Las AFP quedarían solamente como un seguro complementario para los que ganan más…

El argumento del FMLN y del ministro de Hacienda: No es justo que a la hora de la reforma (en 1998, cuando se hizo el corte de caja), el Estado se quedó con las obligaciones de pagar las pensiones históricas. Pero este argumento es absurdo: el Estado solo se quedó con la deuda que antes ya había acumulado. La deuda del Estado con los cotizantes del sistema estatal de pensiones fue el punto de partida de la reforma. Y por esta deuda tiene que responder el Estado, no las AFP,  y mucho menos los ahorrantes en el sistema privado que se creó en 1998.

Así que no se dejen engañar: les quieren robar sus fondos de pensiones. No van a expropiar a las AFP, sino a cada uno de ustedes, si se dejan. Quieren que ustedes, con sus ahorros, respondan por las deudas del Estado, si se dejan…

Saludos,

 

(mas!/El Diario de Hoy)

Carta a los diplomáticos: Hablen más claro, por favor

Estimados embajadores y representantes de organismos internacionales:
Todos ustedes están tratando de mandar un mensaje al gobierno salvadoreño, pero mientras no hablen un poco más claros, nuestros políticos se van a seguir haciendo los majes.

El mensaje que ustedes están mandando es sencillo, peo tal vez no completo: Apoyamos el Plan El Salvador Seguro, estamos dispuestos a contribuir con fondos, con expertos, con convenios, con lo que sea, para que El Salvador pueda salir de esta crisis de violencia. Así lo dijo el jueves Mari Carmen Aponte, embajadora de Estados Unidos, dirigiéndose al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Así lo manifestaron, desde meses, los embajadores europeos y los representantes de Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea, y hasta del Banco Mundial. Y no sólo la comunidad internacional, igual la sociedad salvadoreña ha dicho al gobierno: Si implementan el “Plan El Salvador Seguro”, cuenten con nosotros. Lo han dicho empresarios, religiosos y hasta la oposición política.

Por que este plan (aunque no completo, en partes mal enfocado, y elaborado por un Consejo que nunca asumió plenamente su carácter independiente del gobierno), es un paso positivo. Es esencialmente un plan de inversión social, de prevención y de reinserción. Define con claridad que la prevención tiene prioridad sobre la represión.

Lo que el gobierno se niega a entender y aceptar es que todas estas voces que le urgen a no continuar perdiendo tiempo y al fin implementar el plan “El Salvador Seguro”, al mismo tiempo le quieren decir: Paren este plan de Mano Dura, que están lanzando en los territorios, y que ha multiplicado la violencia y la cantidad de víctimas.

Esta parte del mensaje, señoras y señores de la comunidad internacional, la tienen que decir con más claridad, porque es obvio que el gobierno no lo quiere entender. Tal vez algunos dentro del gabinete de seguridad piensan que pueden seguir apostando a una solución militar al problema, matando a los pandilleros, reprimiendo comunidades enteras, callando a sus críticos – y que el “Plan El Salvador Seguro” y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana son la fachada ideal, detrás de la cual pueden seguir haciendo lo mismo… y además bajarles pisto a la comunidad internacional…

Para estos dentro del gobierno, el mensaje de ustedes tiene que ser claro y contundente: Nuestro apoyo es para el plan que prioriza la prevención y la intervención social – no para el plan mano dura que ha llevado al país a 900 homicidios en un solo mes. Decídanse por el plan que tiene consenso nacional y apoyo internacional, no por el otro que divide la sociedad y resta respaldo internacional…

Así tal vez entienden. Así tal vez podemos arrancar con un plan que todos podemos apoyar. Pero si el gobierno sigue con su doble juego de un plan que implementan en el terreno, usando la fuerza pública de manera represiva y hasta al borde de la legalidad – y de otro plan bonito que discuten en consejos y reuniones internacionales, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar hacia una solución del problema de violencia, y tampoco hacia la construcción de un acuerdo nacional que todos podremos apoyar.

Se entiende que el lenguaje diplomático es así… diplomático. Pero a veces hay que hablar claro y pelado, como lo hizo su colega de Alemania. No se dejen engañar por dobles juegos. Exijan que el gobierno se decida por cuál camino quiere transitar.

Gracias por tratar de ayudarnos. Saludos,

 

(Mas!/El Diario de Hoy)

Carta a los organismos financieros internacionales. De Paolo Luers

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, jueves 10 septiembre 2015

Señores:

El 16 de abril de 2015, la Asamblea Legislativa ratificó un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un total de $100,000,000. Destino: “Apoyo a proyectos de inversión productiva y social”.

 

En vez de ejecutar los “proyectos de inversión productiva y social”, parece que el gobierno tiene estos 100 millones como fondo de reserva: Cada vez que tienen un problema de liquidez, que es frecuente, corren a la Asamblea para que les permitan reasignar un pedacito de este fondo para pagar sus cuentas.

 

Primero se recetaron 13 millones para pagar los salarios de la Fuerza Armada. Indudablemente es necesario para a los soldados, pero esto está ya contemplado en el presupuesto nacional de la nación – y si no lo es, cometieron una inconstitucionalidad. De todos modos, no es “Apoyo a proyectos de inversión productiva y social”, que el giro del préstamo.

 

Luego se recetaron (siempre del mismo fondo del BCIE) otros 15 millones para los famosos bonos a los policías. Otro gasto necesario. Pero nuevamente la pregunta: ¿Por qué no lo incluyeron en el presupuesto? Y ciertamente, tampoco es “inversión [productiva y social”.

 

Pero esto no es todo: Pasaron por la Asamblea la autorización de reasignar $5,063,010 a Hacienda. ¿Saben para qué? Para pagar las cuotas para organismos internacionales. Gastos absolutamente previsibles, que tienen que estar incluidos en el presupuesto. Obviarlos es un delito…

 

Ya que Hacienda se recetó una parte de los fondos destinados para inversión social, de un solo agarró otro pedacito sabroso: $6,100,000 para –¡no lo van a adivinar!- la deuda política que Hacienda tiene que pagar a los partidos. Otra inversión productiva que va a sacar adelante nuestra economía…

 

Y de último viene Casa Presidencial exigiendo su tajada: 4 millones para “gastos administrativos” – aprobados por la Asamblea sin que nadie informara de qué tipo de gastos se trataba. Hasta después nos dimos cuenta que esta pedazo del pastel incluía 1.5 millones para que el alcalde Miguel Pereira del FMLN pueda cumplir su promesa de reconstruir el Estadio Juan Francisco Barraza en San Miguel.

 

Me encanta que los migueleños tengan su estadio, pero por qué esconden su financiamiento dentro de “gastos administrativos” de Casa Presidencial y dentro de un préstamo para “inversiones productivos y sociales”? ¿Por qué, si no es para consumo de propaganda, será Casa Presidencial que regala a los migueleños un estadio?

Con estos 5 pedazos de pastel ya le quitaron al fondo de inversión social un total de $43,163,010, o sea el 43%.

 

¿Qué tiene que decir el BCIE de esto? ¿Qué dicen los expertos del Banco Mundial, de Fomilenio, del Fondo Monetario del hecho que el gobierno usa préstamos para inversión productiva y social para solventar sus gastos corrientes? ¿Qué dice la Asamblea Legislativa, que aprobó un presupuesto nacional, el cual por ley tiene que incluir todos los gastos previsibles, y luego resulta que los salarios y bonos de Fuerza Armada y PNC, así como la deuda política de los partidos y las cuotas de mebresía de Naciones Unudas y OEA no estaban incluidos?

 

¿Y cuándo va a haber inversión productiva y social?

No se hagan de ojo pacho con un gobierno sin responsabilidad fiscal, señores. 

Saludos, 

 

Carta a los chapines: el punto sin retorno

Queridos vecinos:
Hace unos años, cuando en su país se hizo deporte emboscar, robar y matar a turistas salvadoreñas, en El Salvador se puso vallas que decían GUATE-MALA.

Hoy que ustedes nos dan lecciones en democracia, deberíamos poner vallas que digan: GUATE-BUENA. Y hoy a lo mejor ustedes tienen temor de viajar a El Salvador…

Ustedes obligaron a las instituciones y a la justicia que funcionaran, y hoy tienen una fiscalía y una CICIG que nos dan envidia y ánimo. Sus ciudadanos se unificaron sin distinción de colores partidarios, y se movilizaron hasta que renunciaran y enfrentaran a la justicia la vicepresidenta y el presidente de la República. Ni la policía, ni el ejército, ni los grupos de choque de partidos reprimieron las manifestaciones. No por tradición democrática, por que no existe, sino por miedo al poder de la movilización ciudadana. Y para coronar la gesta cívica, fueron masivamente a elecciones – y en primera ronda desbancaron al más corrupto de los candidatos, hasta entonces líder en todas las encuestas.

65% de participación electoral en una contienda donde no hay candidato bueno, donde se trata de escoger al menos malo y darle un mandato de reforma política y respeto irrestricto a la legalidad – esto es una muestra de madurez de la ciudadanía guatemalteca que es ejemplar para América Latina. Mi respeto.

Van a tener un presidente mediocre y un Congreso igual de mafioso que el anterior. Pero si ustedes logran mantener la presión ciudadana, ellos no van a poder detener las reformas políticas y electorales pendientes.

Guatemala ya pasó del punto sin retorno (el famoso “point of no return” de los pilotos). Una vez pasado este punto, frenar lleva al desastre. Esto lo entendió incluso Otto Pérez – y por esto no hizo uso de la represión para quedarse en el poder.

Así que no frenen. Solo les queda acelerar y despegar.

Nosotros, sus vecinos en el Triángulo Norte de Centroamérica -unidos por historias comunes de violencia, mal gobierno, impunidad, y pobreza- estamos ante el reto de aprender de las lecciones que ustedes nos están dando. Imitar no se vale. El Salvador y Honduras no son iguales a Guatemala. Aquí no se trata de botar presidentes o gobiernos. En nuestro caso, en El Salvador, hay partidos fuertes que canalizan las expectativas de amplios sectores. Y ni siquiera se ha dado el primer paso: crear instituciones incorruptibles que pueden investigar la corrupción. Aquí todavía hay que superar la tentación de condenar antes de investigar.

El primer paso en Guatemala fue la CICIG y una fiscalía independiente. Exigir este primer paso debe ser el denominador común de la movilización ciudadana. Nada menos y nada más.

Una vez que CICIES y fiscalía hagan su trabajo, investiguen y haya resultados contundentes, tendrá sentido pedir renuncias, condenas, cárcel para ex funcionarios o funcionarios. Pedir esto antes, solo crea divisiones. Pedir investigación es el único punto unificador. Esto es lo que saca de las lecciones guatemaltecas.

Gracias, chapines, y sigan adelante. El único apoyo que podemos darles es convertir lo que ustedes comenzaron, en una tendencia regional.

Saludos,

(Mas!/El Diario de Hoy)

Columna transversal: Ataco: ¿Hay voluntad de cambiar el rumbo?

Surgió de la reunión interpartidaria una “Declaratoria Conjunta de Ataco”. Menos mal que no lo llamaron “Pacto de Ataco”, porque todos lo hubiéramos comparado con el “Pacto de San Andrés” del 1994, que nada aportó a la unidad nacional, sino más bien profundizó la polarización: Fue un pacto entre ARENA y un grupo de disidentes del FMLN, excluyendo al FMLN. Y al fin no sirvió para más que para subir el IVA del 10 a 13%. Todos los demás declaraciones de buena voluntad quedaron en… declaraciones de buena voluntad. Sin embargo, no hubo voluntad…

También el papel de Ataco está lleno de buenas intenciones: “compromiso de respeto a la Constitución”; “rechazo a todas las formas de violencia”; “voluntad al diálogo”; “generar un ambiente respetuoso”; “solución integral a la problemática de la seguridad ciudadana”… Estas declaraciones se escapan de cualquier análisis crítico, porque son tan básicos como decir: No vamos a hacer nada ilegal. El tiempo juzgará, más temprano que tarde.

Mejor vamos a los acuerdos más concretos, todos en el marco de Seguridad.

¿Prevención o represión?

“a) Conformación de un comité interpartidario que facilite la creación de un marco específico relativo a la prevención, readaptación, reinserción y rehabilitación, acorde con el Resultado 5 del Plan El Salvador Seguro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, tomando como base el anteproyecto de la ley de reinserción y rehabilitación que se encuentra en consulta, y previendo medidas acorde a la situación de violencia actual, de conformidad al artículo 13 de la Constitución.”

Esto provoca inmediatamente algunas preguntas y dudas.

Primero: ¿Estarán el gobierno y el FMLN dispuestos a rediseñar el anteproyecto de Ley de Reinserción, de manera que deje de ser una ley de rendición para delincuentes individuales, y se convierta en un real incentivo para las pandillas a reinsertarse?

Segundo: ¿Cómo piensan promover la reinserción sin hablar y dialogar con los que hay que reinsertar? O sea, ¿están dispuestos a abrir caminos de diálogo?

Tercero: El artículo 13 de la Constitución que citan contiene las garantías contra detenciones arbitrarias (“La detención para inquirir no pasará de setenta y dos horas y el tribunal correspondiente estará obligado a notificar al detenido en persona el motivo de su detención, a recibir su indagatoria y a decretar su libertad o detención provisional, dentro de dicho término”), pero también medidas de excepcionalidad: “Por razones de defensa social, podrán ser sometidos a medidas de seguridad reeducativas o de readaptación, los sujetos que por su actividad antisocial, inmoral o dañosa, revelen un estado peligroso y ofrezcan riesgos inminentes para la sociedad o para los individuos. Dichas medidas de seguridad deben estar estrictamente reglamentadas por la ley y sometidas a la competencia del Órgano Judicial.” 

¿A cuál de las dos se refieren los partidos? ¿La garantía constitucional o las medidas excepcionales? ¿Están todos los firmantes hablando de lo mismo, o hablan unos de reforzar las garantías constitucionales y otros de un estado de excepción?

Los medios

“d) En el marco del respeto irrestricto a la libertad de prensa y libertad de expresión, exhortamos a los medios de comunicación social contribuyan en la construcción de un ambiente acorde a los avances y esfuerzos que institucionalmente se realizan en materia de seguridad ciudadana.”

¿Realmente hay existen avances en materia de seguridad pública? ¿Realmente los partidos tienen coincidencia sobre esto? Yo lo dudo. ¿Y qué esperan que los medios hagan cuando encuentren indicios que no hay avances sino serios retrocesos, o indicios que en materia de seguridad existen esfuerzos extra-institucionales y extra-legales para combatir la delincuencia? ¿Vamos los medios tener que enfrentarse a un frente unido de partidos para cumplir su tarea de informar a los ciudadanos y de controlar el ejercicio del poder? ¿Sobre esto hay consenso? Yo lo dudo.

¿Hay voluntad de enderezar el rumbo?

Detrás de todas estas dudas hay una de fondo: ¿Realmente la oposición acepta respaldar el plan de seguridad del actual gobierno?

¿O será que el FMLN ha expresado voluntad de cambiar su estrategia actual, la cual, lejos de disminuir la violencia, la ha incrementado? Eugenio Chicas, en su entrevista el martes 1 de septiembre con Nacho Castillo, dijo que en Ataco la oposición avaló el plan de seguridad del gobierno y prometió colaborar en su financiamiento. Esta es la forma como el gobierno y el FMLN quieren proyectar la reunión de Ataco: un pacto de apoyo al gobierno. Hasta spot de TV está saliendo ya…

Jorge Velado desmiente a Eugenio Chicas: No es un pacto de apoyo a las políticas del gobierno. Es un intento de enderezar el rumbo. Parece que no están hablando de la misma reunión.

Ahí está precisamente el problema: ¿Qué sentido tienen “acuerdos nacionales”, si no llevan a cambios de rumbo? ¿Qué mecanismos pueden incluirse en los acuerdos interpartidarios para evitar que el gobierno siga haciendo lo mismo?

En el tema Seguridad este dilema se hace evidente. El FMLN pone sobre la mesa de negociación el “Plan El Salvador Seguro”, que surgió del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Pero este no es el plan de seguridad que el gobierno está ejecutando. Por incompleto e impreciso que sea el “Plan El Salvador Seguro”, si se hubiera ejecutado en lo que va del año 2015, ahora no tuviéramos 900 homicidios al mes. El plan de seguridad que el gobierno (y sus fuerzas públicas) están ejecutando en la realidad no es el que se discutió en el Consejo – y tampoco estaba sobre la mesa en Ataco. Es un plan de súper mano dura.

Los préstamos

Donde de manera más clara se hace manifiesto el dilema de la oposición es en el punto que toca los 900 millones de dólares:

“e) Solicitud a la Asamblea Legislativa para que envía una exhortación a la honorable Sala de lo Constitucional para que agilice la resolución del proceso 35/2015 relativo al recurso de inconstitucionalidad con relación a la contratación de préstamos y colocación de bonos por 900 millones de dólares.”

El gobierno y el FMLN interpretan este párrafo como compromiso de la oposición de aprobar al gobierno los 900 millones, una vez que la Sala regrese la pelota a la Asamblea. Pero ARENA obviamente no firmó ningún compromiso de este tipo. Esto paso cuando con el afán de producir algún resultado se deja afuera de la negociación los puntos primordiales. La negociación verdadera, la que cuenta, será en el Asamblea a la hora de votar o no por los 900 millones – y votar o no por una Ley de Responsabilidad Fiscal con dientes. Ahí veremos si el paseo a Ataco sirvió para algo…

Otra vez: El rumbo

Me quedo con la interrogante principal: ¿Cómo dar sentido real a “acuerdos nacionales”? Hay que buscar formas que aseguren que salgan políticas nuevas y que no se siega en el rumbo equivocado. Y de repente la sorprendente reflexión que hace poco publicó Luis Mario Rodríguez sobre un “Gobierno de Unidad Nacional” ya no parece tan descabellada. Por lo menos invita a entrar en serio en este debate: ¿Cómo enderezar el rumbo del país?

(El Diario de Hoy) 

Ataco: ¿Hay voluntad de cambiar el rumbo?

Surgió de la reunión interpartidaria una “Declaratoria Conjunta de Ataco”. Menos mal que no lo llamaron “Pacto de Ataco”, porque todos lo hubiéramos comparado con el “Pacto de San Andrés” del 1994, que nada aportó a la unidad nacional, sino más bien profundizó la polarización: Fue un pacto entre ARENA y un grupo de disidentes del FMLN, excluyendo al FMLN. Y al fin no sirvió para más que para subir el IVA del 10 a 13%. Todos los demás declaraciones de buena voluntad quedaron en… declaraciones de buena voluntad. Sin embargo, no hubo voluntad…

También el papel de Ataco está lleno de buenas intenciones: “compromiso de respeto a la Constitución”; “rechazo a todas las formas de violencia”; “voluntad al diálogo”; “generar un ambiente respetuoso”; “solución integral a la problemática de la seguridad ciudadana”… Estas declaraciones se escapan de cualquier análisis crítico, porque son tan básicos como decir: No vamos a hacer nada ilegal. El tiempo juzgará, más temprano que tarde.

Mejor vamos a los acuerdos más concretos, todos en el marco de Seguridad.

¿Prevención o represión?

“a) Conformación de un comité interpartidario que facilite la creación de un marco específico relativo a la prevención, readaptación, reinserción y rehabilitación, acorde con el Resultado 5 del Plan El Salvador Seguro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, tomando como base el anteproyecto de la ley de reinserción y rehabilitación que se encuentra en consulta, y previendo medidas acorde a la situación de violencia actual, de conformidad al artículo 13 de la Constitución.”

Esto provoca inmediatamente algunas preguntas y dudas.

Primero: ¿Estarán el gobierno y el FMLN dispuestos a rediseñar el anteproyecto de Ley de Reinserción, de manera que deje de ser una ley de rendición para delincuentes individuales, y se convierta en un real incentivo para las pandillas a reinsertarse?

Segundo: ¿Cómo piensan promover la reinserción sin hablar y dialogar con los que hay que reinsertar? O sea, ¿están dispuestos a abrir caminos de diálogo?

Tercero: El artículo 13 de la Constitución que citan contiene las garantías contra detenciones arbitrarias (“La detención para inquirir no pasará de setenta y dos horas y el tribunal correspondiente estará obligado a notificar al detenido en persona el motivo de su detención, a recibir su indagatoria y a decretar su libertad o detención provisional, dentro de dicho término”), pero también medidas de excepcionalidad: “Por razones de defensa social, podrán ser sometidos a medidas de seguridad reeducativas o de readaptación, los sujetos que por su actividad antisocial, inmoral o dañosa, revelen un estado peligroso y ofrezcan riesgos inminentes para la sociedad o para los individuos. Dichas medidas de seguridad deben estar estrictamente reglamentadas por la ley y sometidas a la competencia del Órgano Judicial.” ¿A cuál de las dos se refieren los partidos? ¿La garantía constitucional o las medidas excepcionales? ¿Están todos los firmantes hablando de lo mismo, o hablan unos de reforzar las garantías constitucionales y otros de un estado de excepción?

Los medios

“d) En el marco del respeto irrestricto a la libertad de prensa y libertad de expresión, exhortamos a los medios de comunicación social contribuyan en la construcción de un ambiente acorde a los avances y esfuerzos que institucionalmente se realizan en materia de seguridad ciudadana.”

¿Realmente hay existen avances en materia de seguridad pública? ¿Realmente los partidos tienen coincidencia sobre esto? Yo lo dudo. ¿Y qué esperan que los medios hagan cuando encuentren indicios que no hay avances sino serios retrocesos, o indicios que en materia de seguridad existen esfuerzos extra-institucionales y extra-legales para combatir la delincuencia? ¿Vamos los medios tener que enfrentarse a un frente unido de partidos para cumplir su tarea de informar a los ciudadanos y de controlar el ejercicio del poder? ¿Sobre esto hay consenso? Yo lo dudo.

¿Hay voluntad de enderezar el rumbo?

Detrás de todas estas dudas hay una de fondo: ¿Realmente la oposición acepta respaldar el plan de seguridad del actual gobierno?

¿O será que el FMLN ha expresado voluntad de cambiar su estrategia actual, la cual, lejos de disminuir la violencia, la ha incrementado? Eugenio Chicas, en su entrevista el martes 1 de septiembre con Nacho Castillo, dijo que en Ataco la oposición avaló el plan de seguridad del gobierno y prometió colaborar en su financiamiento. Esta es la forma como el gobierno y el FMLN quieren proyectar la reunión de Ataco: un pacto de apoyo al gobierno. Hasta spot de TV está saliendo ya…

Jorge Velado desmiente a Eugenio Chicas: No es un pacto de apoyo a las políticas del gobierno. Es un intento de enderezar el rumbo. Parece que no están hablando de la misma reunión.

Ahí está precisamente el problema: ¿Qué sentido tienen “acuerdos nacionales”, si no llevan a cambios de rumbo? ¿Qué mecanismos pueden incluirse en los acuerdos interpartidarios para evitar que el gobierno siga haciendo lo mismo?

En el tema Seguridad este dilema se hace evidente. El FMLN pone sobre la mesa de negociación el “Plan El Salvador Seguro”, que surgió del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Pero este no es el plan de seguridad que el gobierno está ejecutando. Por incompleto e impreciso que sea el “Plan El Salvador Seguro”, si se hubiera ejecutado en lo que va del año 2015, ahora no tuviéramos 900 homicidios al mes. El plan de seguridad que el gobierno (y sus fuerzas públicas) están ejecutando en la realidad no es el que se discutió en el Consejo – y tampoco estaba sobre la mesa en Ataco. Es un plan de súper mano dura.

Los préstamos

Donde de manera más clara se hace manifiesto el dilema de la oposición es en el punto que toca los 900 millones de dólares:

“e) Solicitud a la Asamblea Legislativa para que envía una exhortación a la honorable Sala de lo Constitucional para que agilice la resolución del proceso 35/2015 relativo al recurso de inconstitucionalidad con relación a la contratación de préstamos y colocación de bonos por 900 millones de dólares.”

El gobierno y el FMLN interpretan este párrafo como compromiso de la oposición de aprobar al gobierno los 900 millones, una vez que la Sala regrese la pelota a la Asamblea. Pero ARENA obviamente no firmó ningún compromiso de este tipo. Esto paso cuando con el afán de producir algún resultado se deja afuera de la negociación los puntos primordiales. La negociación verdadera, la que cuenta, será en el Asamblea a la hora de votar o no por los 900 millones – y votar o no por una Ley de Responsabilidad Fiscal con dientes. Ahí veremos si el paseo a Ataco sirvió para algo…

Otra vez: El rumbo

Me quedo con la interrogante principal: ¿Cómo dar sentido real a “acuerdos nacionales”? Hay que buscar formas que aseguren que salgan políticas nuevas y que no se siega en el rumbo equivocado. Y de repente la sorprendente reflexión que hace poco publicó Luis Mario Rodríguez sobre un “Gobierno de Unidad Nacional” ya no parece tan descabellada. Por lo menos invita a entrar en serio en este debate: ¿Cómo enderezar el rumbo del país?

(El Diario de Hoy)