Otro aniversario de los Acuerdos de Paz: discursos, actos solemnes, fotos y palabras de firmantes de aquel entonces y gobernantes actuales: paz, reconciliación, acuerdos nacionales…
Pero todo esto quedará en discursos
bastante hipócritas, porque nuevamente el ambiente está envenenado por el viejo
y absurdo debate sobre la amnistía. Varios de los protagonistas del proceso de guerra
y paz, por parte de una de las dos fuerzas beligerantes, están sentados en sus
casas esperando la posible llegada de la PNC con ordenes de captura emitidas en
España. Pero la incertidumbre no sólo afecta a ellos: si se consumen estas
capturas y extradiciones, todo el país tiene que reaccionar.
El gobierno y su partido, ambos dirigidos
por personas beneficiadas por la amnistía, no quieren ejecutar las ordenes de
captura contra los militares, por razones obvias, porque tienen pánico a la
caja de Pandora que se abriera. Pero tampoco se atreven a hablar en defensa de
la amnistía, mucho menos en defensa de los militares requeridos por la
Audiencia Nacional española. Así que ante una nueva crisis de
institucionalidad, nuestros gobernantes simplemente se callan…
Todos miran hacia la Corte Suprema, que tendrá
que decidir sobre la solicitud de extradición. Sin extradición, no habrá
detenciones. Y la Sala de lo Constitucional tiene pendiente su sentencia sobre
la amnistía.
¿Por qué la clase política, tanto la
generación que firmó e implementó los Acuerdos de Paz como los protagonistas
actuales, delegan a los magistrados de la Corte un tema que evidentemente
requiere del liderazgo político?
En esta situación de múltiples factores
de incertidumbre, nuevamente brota la vieja discusión sobre justicia y paz, los
derechos de las víctimas, y la amnistía – promovida por sectores que tienen
años de promover la suspensión de la amnistía y la apertura de procedimientos
penales sobre crímenes de guerra cometidos en El Salvador. El FMLN a veces les
da cuerda, a veces se calla, pero nunca habla claro en defensa de lo que ellos
mismos gestionaron y que es el fundamento sobre el cual se insertaron en el
sistema político-partidario y económico-social del país: la amnistía.
Los Acuerdos de Paz necesitan que los
defendamos, para no permitir retrocesos en el proceso democrático. Y no se
puede defender los Acuerdos de Paz sin defender la amnistía. En los años 80 la sociedad
salvadoreña (y no solo las cúpulas de las partes beligerantes, sino la sociedad
entera) tomó una decisión casi unánime, bien sopesada y convencida: privilegiar
la paz encima de la justicia; facilitar el fin de la guerra y construir la paz,
aun al costo de no poder satisfacer la sed de justicia y venganza.
No vengan ahora con el cuento que esto
era una auto-amnistía, una decisión entre los beneficiados de la amnistía -los jefes
militares y comandantes guerrilleros- para no tener que responder por sus
respectivos abusos, violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra. Fue
el clamor mayoritario de la sociedad, expresado por iglesias, gremiales,
partidos, organizaciones civiles, intelectuales.
Mucho menos es lógica la tesis que la
amnistía fue una maniobra de la derecha. De ella se beneficiaron los
secuestradores de empresarios y embajadores igual que los torturadores de los
cuerpos de seguridad; los responsables del masacres de El Mozote igual que los
responsables de los ajusticiamientos masivos de San Vicente; los escuadroneros que
asesinaron a políticos de derecha igual que los jefes de los comandos urbanos
responsables de la masacre en la Zona Rosa.
Si nadie tiene el valor de defender esta
amnistía; si nadie quiere decir que está opuesto a que el país extradite a sus ex
militares a España; si nadie de sus antiguos adversarios quiere decir al
general José Guillermo García que puede vivir tranquilo, luego de que sus amos
de entonces, los estadounidenses, lo abandonaron y deportaron… lo haré yo. Como
alguien que ha puesto en línea su vida durante la guerra y peleado por terminar
con la represión, a nuestros antiguos enemigos les doy la misma mano hoy que
nos estrechamos en el 1992 para terminar la guerra.
Estoy a favor que se conozca la verdad de
todos los crímenes, pero esto no es un asunto de investigación penal, sino de
investigación histórica, política, antropológica, y ética. Cada uno tenemos
juicios pendientes, pero con nuestra conciencia, con nuestros hijos, con la
historia - no con la justicia, y ciertamente no con la justicia española o
estadounidense. Estados Unidos, el gran estratega detrás de muchos crímenes de
guerra en El Salvador, es incapaz de enfrentar su triste historia de guerras
contrainsurgentes, pero cínicamente juzga en tribunales migratorios a quienes
implementaron sus estrategias de tierra arrasada.
Si nuestro país puede vivir con un
presidente que, de no ser por esta amnistía, hubiera enfrentado juicios por
crímenes de guerra, ¿cómo no podremos tolerar que los militares vivan entre nosotros?
Y repito: el problema de este presidente no es su pasado, sino su presente y la
visión que tiene del futuro.
Afortunadamente son sectores minoritarios
que siguen aprovechando esta coyuntura de los juicios en Estados Unidos y
España para mantener vivo el debate sobre la amnistía que la mayoría de
salvadoreños hace ratos ha archivado. El problema es que la mayoría no habla y
a veces se deja intimidar por el uso arrogante de conceptos éticos, religiosos
y filosóficos que hacen para desacreditar el sentido práctico y pragmático de
la amnistía como instrumento necesario para terminar un conflicto bélico. Hace
falta no dejar el lado ético a los fariseos y hablar de los imperativos de la
paz y de la integración de todos a la sociedad civil; del extraordinario esfuerzo
de tolerancia que requirió la amnistía para funcionar.
En este aniversario de los Acuerdos de
Paz, rescatemos el valor de la amnistía.
(El Diario de Hoy)
