lunes, 23 de mayo de 2005

"No basta la buena voluntad"

Dicen que todo era unidad y que sólo hay una voz disidente. No puede ser. Me sumo a la disidencia, no sólo por reflejo y costumbre, sino por razones serias.

Si El Salvador fuera un país con muy baja frecuencia de desastres naturales, tal vez sería suficiente la buena voluntad, así como todos la mostraron ante la amenaza de Adrián. Es cierto, en un país acostumbrado a la polarización y la incapacidad de enfrentar a los problemas del país mediante acuerdos, el hecho que en el momento de la amenaza de Adrián salgan en una sola foto el ejecutivo, los partidos de oposición incluyendo el Frente, los presidentes de los órganos del Estado y los alcaldes, constituye un antecedente prometedor de unidad y de buena voluntad. Igual el hecho que todos los partidos respaldaran en la Asamblea Legislativa el decreto el "estado de emergencia nacional y calamidad pública". Hay, por lo menos, buena voluntad.

Pero El Salvador es un país que sufre de calamidades, desastres y emergencias varias veces al año. Si no es terremoto son inundaciones. Si no son inundaciones son sequías. Si no son sequías son derrumbes. Si no son las colas de huracanes que vienen del Caribe, de repente son huracanes del Pacífico…

En El Salvador, una lluvia fuerte pone en emergencia a las poblaciones vulnerables. En El Salvador, la vulnerabilidad no es coyuntural o accidental sino permanente y estructural.
En El Salvador no es suficiente la buena voluntad.

Un país tan expuesto a desastres, con una población tan vulnerable (sea por su nivel de pobreza, por la insuficiencia de sus viviendas o por los lugares tan expuestos donde habitan) necesita mucho más que buena voluntad: necesita instituciones fuertes y dotadas con capacidades y fondos para hacer frente a los desastres, tanto en lo preventivo como en lo reactivo.

Disculpen que en estos momentos de unidad nacional y mutuas felicitaciones por no haber obstruido los esfuerzos conjuntos, en esta columna diga una cosa tan disonante: mostrar buena voluntad es mucho más barato que construir una institucionalidad que sea capaz de hacer frente a las emergencias. La buena voluntad se muestra con unas cuantas fotos y con un solo decreto. Cuidado, yo no digo que la voluntad mostrada por todos en la coyuntura de Adrián sea de mentira. Pero para mostrar que la unidad y la sinceridad van más allá de la buena voluntad, se requiere pasos concretos y esfuerzos sostenidos e institucionales.

La institucionalidad no sólo tiene un costo financiero y material, también tiene un costo político. Si tuviéramos instituciones consolidadas para prevenir y enfrentar desastres naturales, ya no sería el presidente de la república quien saldría en la tele coordinando la respuesta al desastre sino un grupo de profesionales sin interés político ni partidario; no serían los alcaldes que coordinarían las evacuaciones, ni las esposas de presidentes o alcaldes quienes repartirían víveres o colchas, sino profesionales siguiendo el patrón de planes de emergencia acordados y respaldados por todos. El espíritu unitario residiría en la concertación previa de los planes de emergencia y sus instrumentos orgánicos y financieros, no en salir todos juntos a hacerse una foto en una barranca.

Ya todo el mundo señaló que el país no tiene una legislación adecuada. Cuando no hay una ley adecuada se deja espacio para buena voluntad, improvisación y personalismo. También para la corrupción, el abuso, la partidización.

No se si la propuesta de "Ley de Prevención y Mitigación de Desastres y Protección Civil", presentada por la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) en el 2000 y que ahora el gobierno promete sacar del archivo y despolvar, es la legislación adecuada. Habría que abrir el debate sobre el tema, en vez de correr y aprobar en seis días una ley que ha pasado años relegada al archivo.

Lo que sí es obvio es que el decreto que sirvió a la Asamblea y los partidos para mostrar unidad y buena voluntad, es absolutamente inadecuado. Tan inadecuado que de hecho provoca la sospecha que detrás de la unidad nacional y la buena voluntad no hay más que un cálculo oportunista.

Primero, resulta absurdo que la Asamblea Legislativa tenga la potestad de declarar el estado de emergencia. En el caso de Adrián tuvieron suerte que se anunció dos días antes, cortesía que normalmente no muestran los desastres naturales. Reaccionar ante una emergencia, declarar el estado de emergencia, es tarea del gobierno, no es sujeto a discusión legislativa. La Asamblea puede ratificar después, pedir explicaciones, investigar abusos, pero no sujetar la respuesta a una emergencia a acuerdos partidarios. Ahora que todos estaban de acuerdo, esta aberración no causó daño práctico. Pero, ¿qué pasa si la próxima vez el gobierno quiere activar un plan de emergencia y el parlamento no se pone de acuerdo?

Es un malísimo antecedente. Teóricamente, el presidente hubiera que vetar este decreto. No por no estar de acuerdo con las medidas, sino por razones constitucionales y para evitar que la Asamblea se sienta con el derecho de decidir en casos de emergencia.Imagínese todo los que la Asamblea decreta: que los niños no vayan a la escuela por dos días, asueto para empleados públicos, que el ministro de gobernación coordine el plan de emergencia y que todas las entidades estatales estén obligados a colaborar. Esto es, disculpen la palabra, estúpidamente absurdo. No puede ser que el ejecutivo no tenga facultad propia, sin decreto legislativo, a suspender clases y labores. No puede ser que se necesite un decreta legislativo para decidir quien va a asumir la responsabilidad. ¿Y si la próxima vez el órgano legislativo decreta poner a la cabeza del plan de emergencia al ministro de turismo?

La única cosa importante que había que discutir y aprobar en la Asamblea, el cambio presupuestario para financiar las medidas de emergencia, ni siquiera se mencionan en el decreto legislativo publicado en los periódicos. Si hay una ley obsoleta que obliga al Ejecutivo a buscar aprobación de la Asamblea para declarar el estado de emergencia, tampoco se menciona en el decreto. Lo único que se publica en el excesivo despliegue es la lista de medidas que obviamente no requieren de aprobación legislativa.Toda esa confusión e improvisación es muestra de la falta de institucionalidad. Vimos mucha voluntad, muchas fotos de ministros y alcaldes disfrazados de bomberos, pero hasta ahora poca voluntad política de crear instituciones fuertes para prevenir y enfrentar desastres. Vimos poco voluntad para crear instituciones profesionales que eliminan el peligro que las emergencias se usen para que los políticos de todos los partidos y los gobernantes de todos los niveles estatales salgan en las fotos mostrando buenas voluntades e improvisando respuestas concretas a las calamidades. (Publicado en El Faro)