Me pregunto cuál sería la razón de que La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy se han desempeñado a hablar de la ley antimafia, los tribunales antimafia y los jueces antimafia, cuando ninguna de estas cosas existe en el país. Y ojo, no son los reporteros, tienen que ser los editores. Porque en las notas casi siempre se habla correctamente de la Ley contra el Crimen Organizado, de los tribunales especializados y los jueces especializados. Sin embargo, en los títulos –los que ponen los editores- siempre se habla de la ley antimafia y los tribunales y jueces antimafia.
En las docenas de notas analizadas, no he encontrado ninguna fuente –ningún juez, ningún ministro, ningún diputado, ningún abogado- hablando de una ley antimafia, pero al final la nota lleva un título como: “Garantismo: duda sobre juez antimafia” (LPG del lunes 12 de febrero 2007) o “Ley antimafia va a debate legislativo” (EDH, 2 de noviembre 2006). En esta última citan a seis de los más influyentes legisladores de los partidos de la derecha – ninguno habla de la ley antimafia, todos hablan correctamente de la Ley contra el Crimen Organizado.
El Diario de Hoy publica el 24 de noviembre del año pasado una nota titulada ”CSJ urge a comisión ley antimafia.” Leyendo la nota, llaman la atención poderosamente dos cosas: primero, quien urge es un (en cifras 1) magistrado de la Corte Suprema de Justicia, hablando a título personal, no comunicando una posición consensuada de la Corte; y segundo, el reportero no habla de la ley antimafia. El trasfondo de estas contradicciones –o de este titular engañoso- es muy simple y muy obvio: la Corte Suprema nunca se pronunció presionando a la Comisión de Seguridad respecto a la su posición sobre la Ley contra el Crimen Organizado, y una ley antimafia jamás ha estado en discusión en El Salvador.
Lo último tiene una razón obvia: en El Salvador no hay mafia. Mafia no es un sinónimo para criminalidad. Tampoco para violencia. Tampoco para crimen organizado. La mafia es un crimen organizado muy específico, en su manera de organizarse, en su manera de infiltrar el Estado, en sus áreas de operación, en sus códigos de conducta. Por esto, aunque el término mafia surge para describir la cosa nostra siciliana, por su similitud con esta organización y su modus operandi se aplicó a otras bandas de otras regiones italianas, y después a bandas chinas y rusas. Es común hablar en Estados Unidos de la mafia rusa o de la mafia china, pero nunca hablan de la mafia mexicana o de la mafia salvadoreña. Porque las bandas latinas son de origen y forma totalmente diferentes. La diferencia principal: a diferencia a las mafias, surgen de problemas sociales.
Aquí no existe mafia. Existe crimen organizado. Hay maras juveniles que se están convirtiendo en crimen organizado; hay policías corruptos y delictivos que también son crimen organizado; hay corrupción que alcanza niveles de crimen organizado; y hay bandas que se dedican a delitos muy profitables de cuello blanco. Quiere decir que hay crimen organizado de múltiple tipo. Por esto hay que prestarle atención a Rodrigo Ávila cuando el dice que para enfrentarse al crimen organizado aparte de la Ley contra el Crimen Organizado ya aprobado se necesita algo parecido a la famosa ley RICO (Racketeering Influenced and Corrupt Organizations”.
Por que en una cosa tiene razón el director de la PNC, aunque no estoy muy claro si esta es la dirección adonde apuntaba: aquí no hay combate al crimen organizado, sólo a una parte que es la violencia de las maras. Si empezamos a discutir una ley RICO para El Salvador, que no sea nuevamente un instrumento que solo sirve para la campaña contra las maras, sino realmente contra todas las formas del crimen organizado existente en El Salvador. Rodrigo Avila estaba hablando de le ley RICO en el contexto de la condena contra dos pandilleros salvadoreños en Estados Unidos quienes fueron sentenciados aplicando esta ley federal. Pero la ley RICO puede aplicarse a mareros sólo cuando cumplen la definición de crimen organizado. RICO fue creado como instrumento contra la mafia y sus negocios ilícitos. Ha sido un instrumento legal muy efectivo para combatir la vinculación de la mafia con estructuras estatales, o sea su infiltración en la policía, gobiernos locales, sindicatos, etc.
Hablar de RICO aquí no cobra sentido sólo por el efecto colateral que permite en Estados Unidos aplicar esta ley a pandillas, sólo cuando son consideradas por los jueces federales organizaciones ilícitas que se dedican a negocios líticos. Si hablamos de RICO, hablemos entonces de todas las formas de crimen organizado. Hablemos del tipo de crimen contra el cual RICO fue creado: el crimen organizado mezclado con empresas poderosas, y sobre todo del crimen organizado con poder sobre decisiones estatales. Sería interesante. Me encanta la idea de aplicar la lógica de RICO a El Salvador.
Sin embargo, obviamente no es esta la intención de nuestra Prensa Gráfica de Hoy cuando cada rato está hablando de la mafia. Entonces, ¿por qué insisten, siempre cuando hablan de la nueva ley y de los tribunales y jueces especializados que ésta crea, a usar el término antimafia?
Toda la discusión sobre los tribunales especializados surge de la problemática de las pandillas, la violencia creada por las maras, el índice de homicidios relacionados con esta forma de crimen organizado. La nueva ley existe porque sus autores y defensores –el ministro de Seguridad Pública, su vice, el fiscal general, el partido ARENA, el magistrado de la Corte Suprema Ulices del Diós Guzmán- decían que sin una ley de este tipo, sin tribunales especializados, sin nuevas reglas de juego en cuanto a la admisión de pruebas, no podían efectivamente combatir a las maras. Punto. Para esto es la ley, para esto serán los tribunales.
Pero hay muchos quienes opinan que sin el componente de prevención -es decir sin una política que ataque de verdad a las raíces sociales de la violencia juvenil, a la marginación, al hacinamiento den los barrios y las comunidades marginales- ninguna ley especial tendrá efecto contra la violencia juvenil y pandillera.
Esto es el Estado actual del debate en nuestra sociedad. De este debate va a depender cómo la población votante va a percibir y evaluar la política de seguridad del gobierno. ¿Va a las raíces o queda en la superficie y la politiquería?
Otra vez, ¿cuál es le necedad de La Prensa de Hoy de hablar de políticas antimafia? Claro, si logro pintar el fenómeno detrás de la inseguridad como mafia, no tiene sentido hablar de prevención. Si de mafia se trataría, olvidémonos de pendejadas sociales. Contra la mafia no hay política social, sólo la estricta aplicación de la ley. Con una mejor policía y una mejor fiscalía –mejor financiados, mejor capacitados, libres de corrupción- se puede vencer la mafia.
Contra el tipo de violencia y delincuencia que vuelve inseguras nuestras calles, se necesita aplicar, aparte de las leyes, una política social de largo plazo, pero no de parches, sino de la transformación de los barrios, la transformación de las escuelas, la transformación del Estado paternalista en Estado social.
(Publicado en El Faro)
