En casos tan delicados como el del asesinato de los tres diputados salvadoreños al Parlacen y su motorista en Guatemala, es irresponsable especular. Puede dañar a reputación de las víctimas. Puede dañar las investigaciones. Puede dañar la precaria capacidad de cooperación entre las autoridades guatemaltecas y salvadoreñas en la investigación y en la cooperación en materia de seguridad.
Entonces, nada de especulaciones. Más bien, es preciso reconocer al alto grado de responsabilidad con el cual el gobierno y los partidos políticos salvadoreños han manejado el caso. Incluyendo –y sobre todo- Roberto D’Aubuisson, el hermano de una de las víctimas. Esta actitud mesurada y responsable puede haber evitado reacciones y contra-reacciones peligrosas entre las militancias de cabeza caliente de los dos partidos grandes, en los críticos dos días entre el asesinato y la captura de los cuatro policías guatemaltecos, cuando mucha gente veía un crimen político ideológico en el contexto del reciente debate sobre el rol del mayor Roberto D’Aubuisson.
La sensatez y moderación mostrada por la clase política salvadoreña en esta crisis es muestra de un grado de madurez de nuestro proceso de paz que a veces no logramos ver, confundiendo la polarización política-partidaria típica de una democracia emergente con un estado de guerra política. El hecho de que el FMLN expresara, con toda claridad, que asume el crimen contra los tres diputados como una agresión al país –no sólo a ARENA- demuestra que la posición que ha tomado el FMLN contra la violencia política a raíz del 5 de julio de 2006 es mucha más que un movimiento táctico, defensivo o retórico.
Esta madurez mostrada aquí por toda la clase política contrasta mucho con la irresponsabilidad del presidente guatemalteco Oscar Berger. Es inaceptable cómo Berger, sin ningún indicio y adelantándose a la investigaciones, señalaba que se trataba de un pleito entre salvadoreños. Conociendo la autoría de los policías guatemaltecos, hay que entender esta intervención indebida e irresponsable del presidente de Guatemala como un burdo intento de distracción.
Con esto estamos en el centro de la problemática - hasta donde los hechos conocidos hasta la fecha nos permiten definirla. Porque mientras no conocemos los móviles de los policías asesinos, y mientras no sabemos si hay autores intelectuales fuera de la policía guatemalteca, la única cosa que sabemos es: Los cuatro salvadoreños fueron secuestrados, torturados y asesinados por una unidad elite de la PNC de Guatemala. Punto. O más bien, signo de exclamación. O signo de terror, si esto existiera.
Mientras no sabemos más, el centro del asunto es la incapacidad de Guatemala de controlar, depurar e investigar a su propia policía. El hecho que las autoridades salvadoreñas involucradas en la investigación no se cansan de reconocer –en público- la excelente colaboración y el profesionalismo de las autoridades guatemaltecas, hay que entenderlo como necesaria cortesía. Entiendo esta prudencia diplomática, pero por suerte en la prensa no la tenemos que emular.
El gobierno de Guatemala no puede mostrarse sorprendido por esta muestra de la existencia de estructuras criminales dentro de su policía. Casi todas las víctimas salvadoreñas de asaltos en Guatemala señalan que fueron asaltadas por policías. El jefe de su división contra el narcotráfico está preso en Estados Unidos – por narcotráfico. El gobierno de Guatemala no puede pintar estos casos como excepción, todo el mundo sabe que corresponde a un patrón. La PNC guatemalteca no es resultado de una seria refundación de la policía, como en caso salvadoreño. No ha pasado por la desarticulación de los cuerpos policiales de la dictadura militar. El problema de la PNC de Guatemala no es que tenga “malos elementos” que paulatinamente se eliminan con un sistema de depuración. Es un problema de estructuras criminales dentro de la policía, incluyendo sus mandos. Los diputados al Parlacen no fueron asesinados por individuos, sino por una unidad policial.
En cualquier investigación criminal que involucra a policías –y con mucho más urgencia cuando involucra toda una unidad orgánica- una línea principal, indispensable y prioritaria de investigación es todo el contorno dentro de la institución. Horizontal, para ver qué otros elementos están involucrados. Y vertical, para ver hasta donde está comprometida la cadena de mando. Se investiga a todos que están bajo el mando del acusado, y sobre todo se investiga a sus jefes, para ver si el oficial acusado actuaba bajo órdenes o contra órdenes.
El problema en nuestro caso es: Encima del acusado Luis Arturo Herrera López, jefe de Sección contra el Crimen Organizado de la PNC guatemalteca, no hay nadie que no esté involucrado directamente en la dirección de la investigación misma. Tan grave es: Encima del oficial policial que presuntamente mató a los diputados, sólo están el jefe y el subjefe de la DINC (dirección de investigaciones criminales), y el subdirector y el director de la policía. Y estos son precisamente los que controlan la investigación.
Quiere decir: Nadie puede garantizar que las investigaciones y las evidencias no estén comprometidas, porque nadie ha tenido ni el tiempo, ni la voluntad ni el poder de investigar a los investigadores. Si al jefe de la unidad contra el crimen organizado no lo hubieran detenido, debido a la coincidencia que interceptaron al vehículo de los diputados frente a una cámara de control de tráfico, con toda seguridad ahora fuera parte integral del equipo investigador.
La presencia y el rol activo que jugaron en la investigación Rodrigo Ávila y altos oficiales de la PNC y fiscalía de El Salvador, posiblemente pueden haber abortado o neutralizado cualquier intención de oficiales de la policía guatemalteca de encubrir, distraer, manipular evidencias. Ojalá.
Sin embargo, la policía guatemalteca –y posiblemente otras instituciones involucradas en la investigación- está tan gravemente comprometida que es imposible que se pueda investigar y depurar ella misma. El caso de los diputados es suficientemente grave para que los tres poderes del Estado guatemalteco instalen una Comisión Investigadora independiente, si es necesario con participación internacional, para investigar no sólo el caso de los diputados asesinados sino para investigar la existencia del crimen organizado dentro de la policía.
Nada de esto ha pasado. El presidente guatemalteco da declaraciones que pueden entenderse como el intento de dirigir las investigaciones a terrenos que le parecen más cómodos: primero hacia una conexión salvadoreña, después hacia el narcotráfico. Pero de todos modos, hacia fuera de las instituciones bajo su propia responsabilidad.
Ha pasado una semana y no ha entrado el FBI a la investigación. El FBI estaba listo para entrar desde el mismo lunes. Pudo haber movilizado equipos y personal en cuestión de horas. Sólo faltaba la luz verde del gobierno de Óscar Berger. Hoy dicen que el papel del FBI se va a limitar a pesquisas técnicas. Van a traer al FBI para examinar los vehículos involucrados, después de que han permanecido bajo control de los colegas de los acusados durante una semana. Pero, ¿va a meterse el FBI en la investigación de los investigadores? ¿Están solicitando esto Óscar Berger, su homólogo salvadoreño o el Parlacen?
Hasta este punto he llegado con mi columna, cuando a las 9:30 p.m. del día domingo 25 de febrero me entero que fueron ejecutados –en la cárcel donde supuestamente están bajo protección especial- los cuatro policías acusados de la muerte de los diputados. Si hace unos momentos todavía tuve alguna duda sobre lo que estaba escribiendo sobre Guatemala y sus instituciones de seguridad pública, ahora resulta que me quedé corto. Tenían razón las vallas que alguien puso en el año 2005 en la carretera hacía la frontera que decían: Guate-MALA. No se puede confiar en una investigación en manos de la policía guatemalteca.
Para medio terminar la argumentación, aunque con este ritmo de los acontecimientos en Guatemala, quién sabe si tiene validez mañana: Hay otra línea de investigación que es obligatoria en cualquier caso de asesinato: la rigurosa investigación de las víctimas. No estoy hablando de investigación contra las víctimas. No estoy hablando que haya sospecha contra las víctimas. Es simplemente un principio de investigación criminal: a veces algo en la vida, en el contorno, en la historia de la víctima da la pista para esclarecer el crimen, su móvil, sus autores materiales o intelectuales.
Con todo respeto por los diputados asesinados, alguien debería estar ahora investigando sus contactos, sus comunicaciones, sus movimientos, incluso sus familias y sus empresas. No para incriminarlos, sino para no dejar sin investigar ningún elemento que puede esclarecer el crimen contra ellos. Se entiende perfectamente que esto no se hace de manera pública, que hay que respetar el dolor y la privacidad de las víctimas, pero espero que los investigadores salvadoreños lo estén haciendo. Espero también que nadie ponga obstáculos a esta parte de la investigación, ni con la intención de proteger la reputación de las víctimas y sus familias. Precisamente para eliminar todas las especulaciones sobre vínculos de las víctimas con el crimen organizado que supuestamente dan un posible móvil de su ejecución, es indispensable que esta parte de la investigación se haga con toda profesionalidad e independencia.
Termino esta columna con la horrible sensación de que –bajo los acontecimientos de esta noche en Guatemala- la cosa es aún peor que uno se atrevía a imaginar, mucho menos a aportar al debate público.
(Publicado en El Faro)
