Cuando en 2004 el presidente Saca, mediante su ministro de Hacienda Guillermo López Suárez (hoy miembro del gabinete Funes), presentó y consiguió aprobar una ley que le permitía, durante toda su gestión, a transferir 219 millones de dólares de los ministerios a Casa Presidencial, y a gastarlos sin rendir cuentas a nadie, la dirigencia del FMLN lo denunció como “inconstitucional”. Schafik Hándal, Salvador Sánchez Cerén y Gerson Martínez fueron a la Corte Suprema para que le quitara al presidente Saca este escandaloso cheque en blanco.
La Corte, en vez de cancelarlo, endosó el cheque, y el presidente Saca lo usó generosamente durante toda su gestión: Gastó, desde Casa Presidencial, 219 millones de dólares extra en el rubro bienes y servicios. O sea, además de los 101 millones presupuestados y aprobados por la Asamblea para bienes y servicios, Casa Presidencial gastó un total de 320 millones en el periodo de 2004 a 2008.
Insólito. Porque abre la puerta a gastos (compras, contrataciones de consultoría, campañas publicitarias, compras de voluntades) hechos desde el mero centro del poder presidencial, que son totalmente incontrolables para el resto de la institucionalidad del país. En un sistema político presidencial que ya da al mandatario un enorme poder, esta facultad legal de los cheques en blanco le da un poder adicional y totalmente discrecional que no tiene mecanismos de transparencia ni de control parlamentario ni de contrapesos. Los cheques en blanco de este tipo, incluso en el caso ideal que no existiera corrupción en el sentido de la apropiación personal de fondos del Estado, abre la puerta a una corrupción de otro tipo: corromper, con fondos de Estado, el sistema político, mediante la compra de voluntades y el clientelismo extremo.
Pero lo más insólito es que después del gran cambio, con la llegada al poder del FMLN y de Mauricio Funes, el mecanismo de los cheques en blanco sigue existiendo. Cuando el gobierno Funes/Sánchez Cerén presentó y se hizo aprobar su Ley de Presupuesto para el 2010, se recetó el mismito cheque en blanco. El gobierno “del cambio” no cambió los párrafos que varios de sus integrantes, en 2004, denunciaron como inconstitucionales. El Presidente Funes y su partido hicieron que la Asamblea les aprobara los mismos párrafos en la Ley de Presupuesto, que permitieron que el presidente Saca aumentara el gasto de Casa Presidencial a montos galácticos e incontrolados.
Esta vez ya no protestaron los señores Salvador Sánchez Cerén y Gerson Martínez, en el 2004 firmantes del recurso de inconstitucionalidad y ahora vicepresidente y ministro de Obras Públicas, respectivamente. Ahora el cheque en blanco para Casa Presidencial está a favor de “el cambio”. Y obviamente piensan que “el cambio” también necesita de fondos discrecionales que no es conveniente que cada diputado conozca cómo y en qué se gastan...
No hay manera de saber si la administración Funes ya ha hecho uso de los cheques en blanco. No sabemos si ya se han ejecutado las transferencias de ministerios a Casa Presidencial que la Ley de Presupuesto permite realizar sin tener que pedir autorización a la Asamblea. Esto es precisamente lo peligroso de esta facultad legal, autorizada por la Asamblea, cuando aprobó el presupuesto, y avalada por la Corte Suprema cuando rechazó el recurso de inconstitucionalidad de Schafik Hándal y Sánchez Cerén: El público, incluyendo la Asamblea Legislativa y los medios, nos damos cuenta hasta después, cuando los fondos ya están gastados. Hasta terminar el año fiscal, el gobierno está obligado a informar sobre el presupuesto realmente ejecutado, y hasta entonces se pueden reconstruir las transferencias de fondos a Casa Presidencial, o sea los cheques en blanco hechos efectivos.
De todo el manejo presupuestario que hizo el presidente Saca nos damos cuenta hasta ahora que Fusades y El Diario de Hoy hicieron un análisis de los presupuestos ejecutados.
Habría que hacerle dos preguntas al actual presidente: ¿Piensa hacer (o incluso ya hizo) uso de las facultades de transferir a Casa Presidencial fondos asignados a otros rubros del gobierno? ¿Qué mecanismos de transparencia piensa aplicar a este tipo de transferencias y los gastos hechos desde Casa Presidencial?
Ahora que el gobierno pide a la Asamblea que apruebe su paquete tributario con nuevos impuestos, tal vez sea buen momento de responder estas preguntas.
(El Diario de Hoy)