Tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias. Y la audacia de pensar y actuar en grande, en radical - no en chiquito y pusilánime.
Todos coincidimos que la situación en las cárceles está fuera de control. El hacinamiento no sólo es un problema de derechos humanos y compromete la capacidad del Estado de cumplir su responsabilidad frente a los presos a su cargo, sino compromete la responsabilidad del estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Si no superamos esta situación, ningún plan de seguridad puede dar frutos. Y todos coincidimos que para desarticular a las pandillas y quebrar el control que tienen sobre muchos barrios, colonias, comunidades, y pueblos, hace falta arrestar, enjuiciar y encarcelar a varios miles de pandilleros más. Pero encarcelarlos no es suficiente, hay que tenerlos en cárceles seguras y libres de control delincuencial. Tenerlos en cárceles como las actuales es como no tenerlos presos. Produce problemas en vez de resolverlos.
La primera medida radical que hay que tomar es, entonces: Construir dos o tres nuevas cárceles al año. Y reformar las cárceles viejas. El hecho que por décadas no hemos estado dispuestos a gastar lo necesario en cárceles nos obliga a hacer gastos extraordinarios ahora.
Pero incluso si logramos poner a funcionar dos nuevas cárceles al año, el problema no se resuelve. Tenemos 24 mil internos ahora y hay por lo menos 5 mil pandilleros violentos en las calles que hay que sacar de circulación por varios años. Y tenemos, dicen los expertos, espacio para unos 15 mil presos, si los queremos tener seguros, controlados y en condiciones humanas. Hay un excedente, entonces, de 14 mil internos.
La segunda medida extraordinaria y radical es, entonces, sacar del sistema carcelario a unos 10 mil reos. Digo extraordinaria, porque no se trata de usar los mecanismos normales para conceder libertad condicional o medidas alternativas al encarcelamiento. Lo que se necesita es una ley temporal de indulto, que saque de las cárceles, de un solo tajo, a miles de reos que no son violentos y peligrosos: enfermos, ancianos, condenados por delitos no violentos que ya cumplieron la mitad de su pena...
Es una cuestión de prioridades: Nuestra prioridad urgente, encima de todo lo demás, es disminuir la criminalidad violenta, desarticulando las estructuras de las pandillas y otros grupos violentos. Para esto necesitamos liberar espacio en las cárceles para guardar a los miles de pandilleros de manera segura. Si para lograr esto tenemos que sacar de las cárceles a miles de personas condenadas por delitos de propiedad, pero que nunca han sido violentos, esto es el precio que tenemos que pagar. No necesariamente hay que sacar 10 mil reos a la calle. Una buena parte puede pasar a otras formas de ejecución de pena, como campamentos, o libertad controlada, etc.
Una vez que se haya sacado de las cárceles a toda la población no violenta, hay condiciones para crear un sistema seguro, duro y eficiente de ejecución de penas para los condenados por delitos de violencia y pertenencia a pandillas. Con todas las medidas de seguridad; con programas educativos, pero bajo estricto aislamiento para evitar que sigan delinquiendo desde las cárceles; con programas de reinserción para los rescatables.
Para lograr esto, hace falta una tercera medida extraordinaria: abolir enteramente y de un solo tajo el cuerpo de custodios. Así como se hizo con los cuerpos de seguridad al terminar la guerra. Lo que no se puede depurar caso por caso, hay que desaparecer como institución - y crear una nueva desde cero. Mientras tanto, que la Fuerza Armada y la PNC asuman el control total de las cárceles, transitoriamente. Igual que en el caso del indulto y de las medidas alternativas de ejecución, esto requiere de una ley especial. Y de una concepción moderna para una institución encargada de la ejecución de penas, compuesta por profesionales de seguridad, sociólogos, sociólogos y pedagogos.
Si no estamos dispuestos a tomar estas tres medidas extraordinarias (o sea, fuera del orden jurídico normal) -y tomarlas de manera radical y tajante-, el sistema carcelario no se va a componer. Por lo tanto, ningún plan de seguridad va a funcionar. Radical y tajante quiere decir: no de manera gradual. No hay tiempo para mejoras graduales, como las están discutiendo en el gabinete de seguridad. Y tiempo, en este caso, es vida.
(El Diario de Hoy)
