El hecho que tenga que escribir el miércoles sobre un proyecto de ley importante, hasta hoy desconocido, pero que quieren aprobar el jueves, demuestra que algo está mal con su manera de legislar.
Por lo menos en la opinión pública y en
los sectores que hacen uso diario de las redes sociales, del internet y de la
libertad de expresión (sea por profesión, sea por iniciativa ciudadana), la
“Ley de Delitos Informáticos” no ha sido discutida. Por una nota periodística
nos damos cuenta que la Comisión de Seguridad ya emitió un dictamen positivo.
Hold your horses! Despacio. No aprueben
una ley tan importante de manera improvisada, sin un profundo análisis jurídico
y de las implicaciones para la libertad de expresión y el tipo de comunicación
que necesita la sociedad del futuro. En pleno siglo 21, que es siglo de la
informática, se necesita una ley, pero no cualquier ley. Mucho menos una ley represiva,
con vocación restrictiva. Comencemos con el nombre: ¿Por qué piensan en una Ley
de DELITOS informáticos, y no en una Ley de Seguridad y Libertad Informática?
Con la importancia creciente de la
informática y del internet no estamos ante un problema penal, sino ante un
cambio de la manera de comunicarnos entre nosotros y con el mundo, que puede
ser democrática, crear más transparencia, y ser instrumental para que la
libertad de expresión sea un derecho para todos. Pero también se presta a
abusos, sobre todo cuando el Estado interviene indebidamente.
Una Ley de Seguridad y Libertad Informática
nos tiene que proteger de abusos estatales, como por ejemplo el espionaje de
nuestros datos, sus almacenamiento por razones de control policial, pero
también contra ataques cibernéticos, hackers malignos, fraude cibernético. Es
un campo nuevo, debido a nuevas tecnologías, y por tanto necesita legislación.
De acuerdo. No sé si el proyecto en discusión en la Asamblea cumple esta
función, porque nadie ha hecho público el cuerpo de ley. Increíble en un asunto
que por definición tiene que ver con transparencia…
En cuanto a “daño a integridad” y “difusión
de información perjudicial” (difamación, calumnia, injuria), divulgación no
autorizada de datos personales, pornografía - todo esto ya está regulado en
otras leyes. Lo único que una Ley de Seguridad y Libertad Informática tiene que
hacer es crear los mecanismos que un delito, como por ejemplo de calumnia o
pornografía infantil, pueda perseguirse cuando es cometido en redes sociales,
muchas veces bajo anonimato. Por ejemplo, el diputado Gallegos no se atrevería
decir en una columna que yo soy palabrero de una pandilla, pero lo hace
impunemente en twitter o facebook… Ni hablar de las cuentas anónimas en las redes.
Sobre esto hay que legislar, pero la
nueva ley no debe, de ninguna manera, establecer restricciones adicionales a la
libertad de expresión. Al campo cibernético no se puede poner más restricciones
que a los medios tradicionales. Lo que es sancionado decir en un periódico,
tiene que ser sancionable en facebook o en un blog. Ni más ni menos.
¿Cómo entender un ‘delito’ llamado
“difusión de información perjudicial”? Si una publicación, sea en medios tradicionales
o en redes sociales, es difamatoria y falsa, aplica la ley existente. Pero no
toda información perjudicial es difamatoria. Informar sobre corrupción de
funcionarios es altamente perjudicial para el corrupto – ¡y así tiene que ser! No
puede limitarse nuestro derecho de divulgar hechos que incomodan (y así perjudican)
a corruptos. Más bien la ley tiene que proteger este derecho.
Lo que sí hay que prohibir, perseguir y
penalizar es el espionaje cibernético. El fiscal general suele decir que aparte
del único centro autorizado para escuchas telefónicas, que dirige su
institución, existen 4 otras, privados e ilegales – pero no ha cerrado ninguna.
Y muchos ciudadanos tenemos indicios que estructuras estatales nos están
violando la privacidad de nuestras comunicaciones, sin la debida autorización
judicial. La nueva ley tiene que reforzar la seguridad de los ciudadanos contra
estos abusos estatales. No estoy seguro que el proyecto de ley que ustedes
están estudiando cumpla esta función.
Por todas estas razones es imposible que
aprueben esta ley. Publiquen el proyecto, sométanlo al escrutinio de la opinión
pública, de los juristas, de los comunicadores y de los profesionales de la
informática. Tal vez así surgirá una ley que, en vez de poner en peligro la
seguridad jurídica y la libertad de expresión, las blinde contra malas
intenciones políticas y manipulaciones fraudulentas.
Espero
que no la pasen. Saludos, Paolo Lüers
(Mas!/El Diario de Hoy)
