"El acuerdo de Bukele con Trump no es un convenio internacional con reglas y condiciones establecidas. No existe tal convenio que tuviera validez en el derecho internacional. Existe solamente un pacto de complicidad entre Bukele y el secretario Marco Rubio. Es un pacto ilegal, de facto, como el gobierno de Bukele, y como las medidas que toma Trump. Jurídicamente este pacto es una aberración."
En la voz del autor: Deportados.mp3
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Publicado en MAS! y DIARIO DE HOY, martes 18 marzo 2025
Con la reciente deportación de 238 venezolanos directamente al CECOT se han roto todas las reglas. Ningún juez autorizó las deportaciones. Por lo contrario: Un juez federal de Washington DC las prohibió e incluso ordenó que los aviones ya en camino regresaran a Estados Unidos. La Casa Blanca no le hizo caso.
El acuerdo de Bukele con Trump no es un convenio internacional con reglas y condiciones establecidas. No existe tal convenio que tuviera validez en el derecho internacional. Existe solamente un pacto de complicidad entre Bukele y el secretario Marco Rubio.
Es un pacto ilegal, de facto, como el gobierno de Bukele, y como las medidas que toma Trump. Jurídicamente este pacto es una aberración. No están definidos las obligaciones de los países involucrados – y mucho menos los derechos de los deportados. Simplemente no tienen ni tendrán derechos. No tuvieron derecho de apelar a un juez estadounidense para evitar su deportación a un tercer país. Los 328 venezolanos de repente están recluidos en un país que no tiene jurisdicción sobre ellos. No tendrán donde apelar, donde denunciar abusos, donde demandar sus derechos. No tendrán abogados. Serán absolutamente incomunicados de sus familias.
Esta situación es una monstruosidad jurídica y humana.
Los funcionarios estadounidenses aseguraron que todos los venezolanos deportados a El Salvador son “serios criminales”, miembros de la pandilla Tren de Aragua. La prensa y organizaciones de Derechos Humanos de Estados Unidos reclaman que nadie les ha dado los nombres y los antecedentes de los deportados, así que resulta imposible verificar si son criminales. Cuando ya la deportación era un acto consumado, fuentes del gobierno Trump dijeron que 101 de los 238 venezolanos no tenían en su record ningún otro delito que la ‘estadía ilegal’ en territorio de Estados Unidos. Son unos pobres ‘mojados’ como millones de latinos. Pero a esta altura, estos 101 inmigrantes sin ningún antecedente criminal ya los habían arrodillado, golpeado y rapado en el CECOT.
Es obvio que al gobierno salvadoreño y sus carceleros les importa un comino si estos nuevos reos son o no son criminales. Tampoco les ha importado en el caso de los 90 mil detenidos bajo el régimen de excepción. Saben que la mayoría no son criminales, pero que su permanencia en las cárceles es necesaria para mantener el régimen de miedo en las comunidades, los barrios y la sociedad en general.
Nuestro país no presta servicios carcelarios, como lo hacen los cientos de penales privados en Estados Unidos. Se presta a encarcelar sin ninguna base jurídica a quienes Trump les mande. No question asked... Se presta a mantenerlos encerrados sin derechos, sin ninguna supervisión o garantía jurídica – en un limbo legal sin ninguna transparencia.
Sean criminales o sean unos pobres diablos ‘indocumentados’, estarán sujetos a las prácticas de un sistema penitenciario que sistemáticamente viola los derechos de los internos, llegando incluso a actos de tortura y asesinato.
Con esto, el gobierno Bukele se convierte en un paria más de la comunidad internacional, al margen del derecho internacional. ¿Y esto, para qué? ¿Por unos pinches 20 millones de dólares que los gringos van a pagarles por hacer su trabajo sucio? ¿Por quedar bien con Donald Trump, quien está mostrando al mundo con qué desprecio trata a sus aliados?
Envuelta y escondida en toda esta historia hay otra: dentro del paquete de deportados nos mandaron de regreso a César Humberto López Lario alias "Greñas", uno de los jefes de la MS 13 procesados en una corte federal de Nueva York. En una carta del Departamento de Justicia se lee que la operación de deportar a Greñas “involucra no solo al Departamento de Justicia, sino también a múltiples componentes del Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias…”
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| César Humberto López Lario alias "Greñas", rapado para ingresar al CECOT. Foto: Cortesia de Casa Presidencial |
Greñas y otros dos cabecillas de la MS son acusados en New York en un juicio, en el cual uno de los temas centrales es el pacto que hizo Nayib Bukele con las pandillas para ganar las elecciones presidenciales y para bajar los homicidios desde su toma poder. ¿Qué significa que ahora “por consideraciones de importancia geopolítica”, uno de los acusados que podían testificar contra Bukele sea entregado al gobierno de Bukele? ¿Mandarán en el próximo vuelo de deportación al Crook y al Lucky, los otros dos jefes de la MS presos en Nueva York?
Esta es la incógnita. Puede ser el elemento que podría explicar porqué Bukele aceptó servir de carcelero ilegal a Donald Trump.
Pronto lo veremos. Por el momento está confirmado que el Crook sigue en el penal federal Philadelphia FDC y Lucky en el penal Brooklyn MDC – “Release Date: UNKNOWN”, sin fecha de salida...
Saludos,
Para Raúl Mijango.
Como todo prisionero político, para sobrevivir pasó escribiendo, siempre y cuando no le nieguen
papel y lápiz.
Si existiera su libro, quizás no hubiera escrito
esta segunda parte del mío.
Raúl murió el 28 de agosto 2023,
luego de que durante años de encarcelamiento
le negaron la debida atención médica.
Capítulo 7: La Fiscalía Interviene
Diciembre 2012. Ha sido nombrado un fiscal general nuevo: Luis Martínez. Como candidato se ha pronunciado contra la tregua, con mucha beligerancia. Asumo que es por esta razón que muchos diputados han votado por él. Los de ARENA, porque están anclados en la concepción de mano dura, implementada por los presidentes Flores y Saca. Y muchos del Frente, porque desconfían de la tregua, de Munguía Payés, por militar, y de Raúl Mijango, por disidente de la izquierda.
Así que no me extraña que poco después reciba un citatorio de la fiscalía. No dice sobre qué quieren hablar. Tampoco dice en qué calidad me citan: testigo, sujeto de investigación o acusado. Consulto con uno de mis amigos letrados. Me dice: “Mejor voy con vos, no vaya a ser...”
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| Oficinas centrales de la Fiscalía en Antigua Cuscatlán |
Cuando llegamos a la sede fiscal, comienza una discusión sobre si tengo derecho a que me acompañe un abogado. La fiscal dice que no, porque soy testigo. Mi amigo dice que sí, porque dependiendo de mi declaración me puedo convertir en acusado, que necesito asistencia legal para prevenir que diga algo que me comprometa. “De todos modos,” dice, “queremos saber de qué se trata...”
Al final, mi abogado acepta quedarse sentado afuera y que yo, en cualquier momento, podré interrumpir mi declaración para consultarlo. “Si sentís alguna trampa, me consultás. Tené cuidado, estos andan demasiado agresivos. Además, la chava es arma pesada, jefa de una sección. Van en serio...”
El solo hecho que llegué con un abogado de tanta trayectoria, tiene su efecto. Ellos bajan el tono, actúan con cuidado. Cuando al fin me doy cuenta de qué se trata todo eso, casi me da risa: Quieren saber sobre una laptop que yo llevé al penal de Ciudad Barrios...
Un mes antes, hablé con Tiberio sobre la situación de las familias, en especial de los hijos, de los pandilleros presos. Fue una de las principales preocupaciones de ellos, que apareció en todas las conversaciones: ¿Qué pasa con sus hijos? Comenzamos a discutir varios proyectos: guarderías, atención psicológica, apoyo en las escuelas... Llegamos a la conclusión de que el primer paso sería que ellos levanten un censo entre los internos sobre la situación de sus familias y sus hijos. Tiberio se iba a encargar de coordinar esto, previa elaboración de un cuestionario, con apoyo de algún experto en la elaboración de un banco de datos. El problema: para esto se necesita una computadora.
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| Tiberio |
Fui a consultar con el director del penal. Me dijo que él podría instalar la computadora en la oficina administrativa, que Tiberio podría usarla ahí bajo supervisión, pero que de todos modos se necesitaría la autorización de Centros Penales. Hablé con Nelson Rauda, el director general, y él lo autorizó en los términos planteados. La computadora nunca entraría en el recinto de los internos, nunca tendrá conexión a internet, y siempre habrá un custodio presente en las sesiones de trabajo de Tiberio.
Así que conseguí una laptop con su impresora y la entregué al director del penal de Ciudad Barrios.
Explico todo esto a los fiscales, mientras me quiebro la cabeza sobre cómo esta información llegó a la fiscalía. Alguien tiene que haber dado un aviso. ¿Pero quién? Alguien que quería estropear la relación entre los internos, el director del penal, los mediadores y la Fundación, la cual se encargaría de los proyectos de asistencia para los hijos de pandilleros. No se me ocurre quién...
Ya están establecidos todos los hechos. Pero el interrogatorio sigue: ¿Cuál es su relación con el ministro Munguía Payés, con Nelson Rauda, con Raúl Mijango y con Fabio Colindres? Interrumpo, salgo al pasillo y consulto al abogado. “Decíles solamente lo más básico, lo que ya saben. No te dejes meter en evaluaciones políticas,” me instruye.
Así que me niego a contestar. Sigue el interrogatorio. Repiten las mismas preguntas. Cambian el tema y atacan con nuevos temas: “¿Quiénes conforman la Fundación Humanitaria, y con qué propósito?”
“Consulten el acta de constitución y nuestros estatutos, es información pública.”
“¿Quiénes van a financiar los proyectos?”
“No sé, todavía no hay proyectos, primero necesitamos el censo.”
Durante tres horas intentan sacarme algo. Sin éxito. Cuando termina la sesión, pregunto: “¿Entonces, soy testigo o soy sujeto de investigación?”
“Ya se va a enterar. Esto no lo decidimos nosotros, depende de la investigación.”
“¿Investigación contra quién? ¿Contra mí, contra el director del penal de Ciudad Barrios, o contra Nelson Rauda?”
“Ya veremos.”
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| Nelson Rauda, director general de Centros Penales entre 2012 y 2014 |
En las siguientes semanas, no escucho más de la fiscalía. Pero en enero 2013, tanto el nuevo fiscal general como personeros del partido gobernante comienzan a mencionar ‘la computadora que Paolo Lüers entregó a la MS’. Consigo el teléfono directo del fiscal general y le solicito una audiencia. Ya lo había conocido en una discusión a la cual lo invitamos en el Diario. En esta ocasión no le había dicho nada, pero ahora quiero que me diga cuál es el problema y si va a proceder con esta investigación absurda de algo que pueden esclarecer fácilmente con Centros Penales.
Para sorpresa mía, Luis Martínez inmediatamente acepta reunirse y me invita a su oficina en el edificio principal de la fiscalía. Esta vez voy solo. Me reciben con mucha cortesía y me llevan al último piso, donde inmediatamente la secretaria me pasa al despacho.
Luego de intercambiar algunas cortesías —el fiscal general diciéndome que es fiel lector de mis cartas y columnas en el Diario; yo asegurándole que estoy pendiente de su gestión—, me dice: “Hablemos de la tregua, me imagino que este es el tema que le trajo aquí.”
“Sí, pero antes tenemos que aclarar una cosa: ¿Qué pretende la fiscalía con esta investigación ridícula de la computadora? No puedo pensar que ustedes no saben que todo fue manejado legalmente y que yo nunca entregué una computadora a la MS sino al director del penal ¿Por qué usted sigue mencionando esto contra mí?”
“Cuando usted me habló, mandé a traer su expediente. Tienes razón: No hay nada. Todo lo que declaró lo confirman en Centros Penales. Estamos archivando el caso. Y si yo dije algo diferente fue porque estaba mal informado. Lo retiro.”
“Qué bueno. Gracias. Tal vez sería bueno que se lo haga saber al vocero de Seguridad del FMLN, para que deje de hablar paja. Vaya, hablemos de la tregua, me interesa conocer porqué arremetes tanto contra ella...”
“Y a mí me interesa porqué tú te metiste en este lío...”
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| Luis Martínez, fiscal general en el período 2012 - 2015 |
Le explico que veo la tregua como una oportunidad de cortar el eterno círculo vicioso de exclusión-marginación-violencia-represión-más violencia. Me pregunta: “¿Realmente estás seguro de que los pandilleros no están jugando con sus buenas intenciones? Porque estoy seguro de que monseñor y tú tienen las mejores intenciones, en el caso de Mijango y Munguía Payés no estoy tan seguro.”
“La segunda pregunta es fácil de contestar: Todos estamos en sintonía sobre nuestras intenciones, y también sobre los riesgos. Y la primera pregunta: ¿Están jugando con nosotros? He llegado a la convicción que son serios. ¿Esto significa que está asegurado el éxito? No. Puede fracasar. Y es más: Va a fracasar, si la sociedad no les da la oportunidad de mostrar que pueden cambiar. Y esto incluye a la fiscalía. Tu posición es muy negativa para el proceso.”
Sigue una larga discusión, en la cual no puedo quitarle su desconfianza, tanto en los jefes de las pandillas como en Raúl y David. Le repito: “No puedo poner mis manos al fuego por los pandilleros, pero por Raúl, sí. Tengo 30 años de conocerlo, y en condiciones donde se revela el carácter de la gente. Y Raúl confía en David, y esto me basta a mi. Así de simple. Las cosas de confianza son simples.”
Cuando le pregunto cuál —para él como fiscal general— es la alternativa para resolver el problema de la violencia y las pandillas, piensa un rato y dice: “Tengo que reconocer que las recetas que se aplicaron antes no funcionan. Hay que buscar algo nuevo.”
“Precisamente eso estamos haciendo.”
Se murió el caso de la pinche computadora.
Siguiente entrega, jueves 20 marzo:
