lunes, 1 de marzo de 2004

Estamos por elegir gobernantes, no editores en jefe

El Faro quería una columna sobre los medios. Crítica a los críticos. Vacilé bastante tiempo antes de aceptar el reto. No tenía ganas de asumir el rol del sabelotodo. No sirvo de árbitro, soy demasiado polémico. Me gusta pelear no juzgar. Así que no esperen de esta columna transversal la sabiduría de un juez, sino más bien las patadas de alguien que le gusta polemizar. Y otra cosa: no esperen que escriba cada semana. Tengo otras cosas que hacer, como preparar tragos en La Ventana.

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¡Que actitud más salomónica de El Faro a condenar a los dos: tanto a TCS como a Schafik Handal! Claro, como periodistas, siempre cuando estamos en el debate sobre la ética periodística, sobre el rol de los medios en la sociedad, es necesario enarbolar las banderas de la imparcialidad, de la objetividad, de la verdad… y criticar a los medios que sistemáticamente (no sólo por accidente o negligencia, sino por decisión de sus propietarios y/o jefes editoriales) violan estos principios. Es nuestro deber como periodistas luchar por mejorar nuestros medios.
Sin embargo, si estamos en contienda electoral, el principal tema de debate no es el comportamiento de los medios. No se trata de elegir a editores en jefe sino a gobernantes. El contexto de la actual confrontación TCS-FMLN es la coyuntura electoral, es la lucha por el futuro gobierno, y sobre cómo gobernar. Y ahí aplican otros criterios: criterios para gobernantes. De un periodista o un medio puedo pedir imparcialidad, tolerancia, etc. Pero de un gobernante tengo que pedir mucho más: respeto y tolerancia a los medios, incluso a los que (violando la ética periodística pero no las leyes de la república) escogen ser parciales, sujetivos, intolerantes, tendenciosos, antigubernamentales y no apegados a la verdad.

Los que tienen que juzgar y sancionar estas faltas a la ética periodística son el público, los lectores, los televidentes, los consumidores. Nunca el gobernante. El gobernante tiene que ser tolerante aun con el intolerante. Tiene que ser imparcial incluso con el parcial.

Schafik, como candidato, tiene todo el derecho de negarle declaraciones, informaciones, entrevistas a TCS (otra cosa es si esto es prudente políticamente, pero esto es problema suyo). ¿Pero que haría Schafik como presidente? ¿Qué haría el FMLN como gobierno? Como gobernantes no tendrían ningún derecho a sancionar o sabotear a una empresa simplemente porque ésta ha adoptado la política de no ser imparcial. Siempre tendrían que darle a esta empresa el mismo acceso a información y a los anuncios del gobierno.

Visto desde el punto del gobierno, un medio tiene que tener todo el derecho de ser parcial, mentiroso, sujetivo, antigubernamental. Mientras no viola leyes (por ejemplo cometiendo el delito de difamación), el gobierno no tiene porque sancionar al medio. Ser mentiroso y tendencioso puede ser muy repugnante, pero no es ilegal. De todas formas: si un medio viola o no las leyes, sobre esto tienen que decidir jueces, no gobernantes.

Vista en el contexto de la elección de gobernantes, la confrontación entre el FMLN y TCS provoca serias dudas sobre la aptitud del FMLN a gobernar democráticamente. (Igualmente provoca dudas sobre la vocación democrática de Boris Eserski, dueño de TCS. Pero como ya dije: no estamos eligiendo al presidente de TCS sino al presidente de la república.) Unos días después del incidente en el Parque Cuscatlán hubo una discusión en el Canal 33 sobre el tema. Participaron tres representantes del FMLN (Ileana Rogel, Hugo Martínez, Leonel González), y la retórica de los tres era: no vamos a tolerar a medios parciales y tendenciosos como TCS o El Diario de Hoy.

A mi, como periodista, a veces me da miedo el nivel de parcialidad de nuestros medios. Hay que seguir luchando por medios más objetivos y profesionales. Lo he hecho toda la vida. Pero más miedo aun me da la perspectiva de tener gobernantes que no toleran a periodistas o medios parciales. ¿El gobierno como árbitro sobre la ética periodística? Mejor tener medios viciados que un gobierno como árbitro en la lucha por la ética profesional, la libertad de expresión y la independencia editorial. (Publicado en El Faro)