El presidente del Tribunal Supremo
Electoral, Julio Olivo, tiene que renunciar. Es inevitable, ya la ciudadanía lo
exige en voz alta. No cumple el requisito de independencia establecido por la
Sala de lo Constitucional, por su clara adhesión al FMLN. No cumple el
requisito de competencia profesional, como evidenciado por el fiasco del
escrutinio y de la transmisión de los resultados electorales. No cumple ni
siquiera la ley: piensa que puede simplemente “suspender” la realización y
divulgación del escrutinio preliminar que demanda el Código Electoral.
Pero no es suficiente que renuncie Olivo.
Luego la Asamblea tiene la obligación de formar una Comisión Especial para
investigar la inaceptable actuación del Tribunal. No solo para determinar
responsabilidades y, si hay caso, destituir al resto de magistrados, sino sobre
todo para tener elementos para una reforma al Código Electoral que garantice
que las siguientes elecciones se realicen de mejor forma.
Respecto al colapso del escrutinio, ya
está claro que la falla de origen es la negativa del TSE, sobre todo de Olivo,
de volver a contratar a la empresa INDRA, que con transparencia y eficiencia ha
manejado las últimas elecciones. El argumento que esta empresa española era
demasiado cara y que el presupuesto asignado al TSE no permitía contratar sus
servicios, es absurdo, por dos razones: Primero, como muchas veces, lo barato
sale más caro. EL TSE decidió contratar, sin licitaciones y sin aplicar los
mínimos filtros, a un sinfín de empresas – y cuando se dieron cuenta que esto
no funcionaba, tuvieron que contratar, de emergencia, a otro montón de
técnicos. Al fin esto saldrá más caro que haber enregado todo el paquete a INDRA.
La segunda razón: El TSE no tiene ninguna
obligación de aceptar las limitaciones presupuestarias que quiere imponer el
ministro de Hacienda. El Ejecutivo está constitucionalmente obligado a proveer
los fondos necesarios para garantizar el debido desarrollo de las elecciones.
Punto. Un presidente independiente del TSE no hubiera aceptado la imposición
del Ejecutivo.
Por ahora, toda la crítica al TSE se
concentra en el colapso del sistema informático que hizo imposible el
escrutinio preliminar y que a esta altura todavía nos tiene sin datos oficiales
sobre los resultados. Pero la negligencia del Tribunal comenzó mucho antes y es
mucho más integral. Los magistrados y su institución TSE fallaron también en la
organización y preparación de las elecciones. No realizaron a tiempo la campaña
para orientar a los votantes de las nuevas modalidades de esta votación. No
emitieron a tiempo los instructivos para los miembros de la Juntas Receptoras
del Voto, que son los que realmente tienen que ejecutar la votación y el escrutinio
en sus respectivas mesas. No capacitaron a los miembros y delegados de las Juntas
Electorales Municipales. Había delegados que en vez de aclarar las dudas en las
mesas, crearon más confusión. El TSE no creó las mínimas condiciones para que
las JRV pudiesen con eficiencia cumplir sus funciones: En muchos locales, no
hubo mesas para adecuar ordenadamente el montón de papeletas y actas a llenar.
Las actas no servían: tuvieron 16 copias, y era imposible llenarlas de manera
que todas las copias fueran legibles. El conjunto de estas fallas llevó a una
situación caótica en el escrutinio de las mesas, o incluso en la misma
votación. Muchas actas, por esta negligencia del TSE, fueron mal elaboradas, lo
que complicará aun más el escrutinio final.
No es suficiente que renuncien o sean
sustituidos el presidente y los magistrados del TSE. Desde ya hay que hacer
cambios en el procedimiento. Hay que normar la acreditación de los vigilantes.
No podemos seguir permitiendo que los partidos traigan miles de vigilantes de otros
municipios. No puede ser que residentes de Soyapango voten por el alcalde de
San Salvador. Los credenciales de los vigilantes deben ser emitidos, a
solicitud de los partidos, por el TSE, así como se procede con los integrantes
de las JRV. Es la única forma para evitar los fraudes masivos detectados, por
ejemplo en la Concha Viuda de Escalón, donde se presentaron (y votaron
fraudulentamente) “vigilantes” con credenciales falsos. Las JRV no tienen
capacidad de comprobar la autenticidad de los credenciales emitidos por los
partidos.
Las JRV hay que componerlos de otra
manera, para garantizar que todos sus integrantes estén debidamente
capacitados. Es indispensable tener en cada JRV un delegado neutral, capacitado
por el TSE, que puede orientar la labor de la mesa y garantizar que las actas
se llenen correctamente. Estos delgados deberían sacarse de listados
presentados por los gremios profesionales.
Una vez se haya limpiado el caos creado
por la incapacidad y negligencia del actual Tribunal, la Asamblea debe ponerse
de acuerdo sobre cómo completar la reforma electoral impulsada hasta ahora por
la Sala de lo Constitucional. Urge una depuración del padrón. Urge la constitución
de un Instituto Electoral que organiza las elecciones, y de un Tribunal que
funciona como una corte electoral. Y urge la creación de distritos electorales,
donde tres o cuatro diputados representen una población determinada, comparable
a los departamentos pequeños como Morazán o Cabañas. Es imposible ejercer con
eficiencia el voto por cara y cruzado en planillas de 24 o 10 candidatos por
partido, que para la mayoría de los votantes son desconocidos y a los cuales
nunca pueden pedir rendición de cuentas.
(El Diario de Hoy)
