El presidente de la República tiene que tomar una decisión, probablemente la más importante desde que asumió el poder: imponer una reforma fiscal mal hecha y muy cuestionada por amplios sectores, haciendo uso de la nueva aritmética legislativa - o apostar a la construcción de consensos sólidos, mediante una negociación seria con la empresa privada y la oposición política.
Si apuesta a la vía fácil y rápida, tendrá su reforma fiscal, pero será una victoria pírrica, o sea pagará después un elevadísimo costo político. Más bien, todos lo pagaremos.
En un asunto tan importante como la reforma fiscal (me pregunto: ¿Qué diablos pasó con la idea de un pacto fiscal? ¿Adónde se perdió esta idea? ¿Quién la mató?), un presidente no se puede dar el lujo de lanzar una propuesta, invitar a la sociedad a consulta y diálogo, llegar al punto de no lograr consensos - y después activar una mayoría legislativa de dudosa procedencia para aprobarla. Por lo menos no si quiere seguir hablando de 'unidad nacional' y 'concertación'...
Si actúa así, contra toda lógica y decencia política, el presidente se hace prisionero de los proveedores de esta mayoría legislativa dentro del FMLN y en los poderes ocultos detrás de los cambios de lealtades del PCN y de los ex-areneros.
En cambio si decide querer construir una reforma fiscal en base de un amplio consenso, debería abstenerse de mandar el paquetazo actual a la Asamblea y, en vez de esto, convocar a una consulta seria con los centros de pensamiento, con los economistas (incluyendo miembros de anteriores gabinetes económicos, como Manuel Enrique Hinds, Juan José Daboub y Rafael Barraza, entre otros), y posteriormente a una negociación sincera con las gremiales de la empresa privada y los partidos políticos.
La empresa privada ha dicho reiteradamente que entiende y comparte la necesidad de aumentar la carga tributaria y los ingresos del Estado. Hay que tomarla de su palabra.
En todo lo que se refiere a cerrar los espacios a la evasión y el contrabando, hay una vasta coincidencia de intereses entre el Estado y la mayoría de los empresarios que pagan sus impuestos y sufren competencia desleal por parte de los evasores y contrabandistas.
Quiere decir, en este terreno -que es el más prioritario para aumentar la tasa tributaria y para crear justicia tributaria- hay mucho campo para llegar a acuerdos sobre medidas incluso más radicales y audaces que los previstos en la propuesta actual del gobierno.
No hay que olvidarse: para aumentar la tasa tributaria, primero hay que ampliar la base tributaria, o sea comenzar a cobrar a los que no pagan, en vez de ir por la vía más fácil que siempre es aumentar la carga a los que ya son contribuyentes.
El paso que lamentablemente no han dado ANEP, la Cámara, Fusades y otros voceros de la empresa privada es: presentar una contra-propuesta concreta y viable de una reforma fiscal que no atente contra la lógica de la recuperación económica, contra la atracción de inversiones y contra la defensa y creación de empleos, pero que sí da al Estado los recursos necesarios.
Está en jugo no sólo la estabilidad financiera del Estado, sino al mismo tiempo la gobernabilidad del país. De nada sirve al Estado conseguir la liquidez necesaria a costa de la gobernabilidad. Si la reforma fiscal que se aprueba atenta contra la posibilidad de construir acuerdos a largo plazo entre gobierno, oposición y empresa privada, de nada sirve. Ni al presidente, ni a la sociedad.
Ante esta disyuntiva, todos los implicados están llamados a actuar con responsabilidad y paciencia. La empresa privada y los centros de investigación que no están de acuerdo con la reforma fiscal propuesta, tienen la obligación de presentar alternativas viables. Si no, quedan bajo sospecha que simplemente no quieren aportar al desarrollo del país.
Y el gobierno debe bajarse del pedestal de la prepotencia mostrada hasta ahora por los encargados de esta reforma. Debe reconocer que su propuesta no ha sido capaz de generar los consensos necesarios, y por lo tanto abstenerse a usar al madrugón legislativo para imponerla.
(El Diario de Hoy)
Si apuesta a la vía fácil y rápida, tendrá su reforma fiscal, pero será una victoria pírrica, o sea pagará después un elevadísimo costo político. Más bien, todos lo pagaremos.
En un asunto tan importante como la reforma fiscal (me pregunto: ¿Qué diablos pasó con la idea de un pacto fiscal? ¿Adónde se perdió esta idea? ¿Quién la mató?), un presidente no se puede dar el lujo de lanzar una propuesta, invitar a la sociedad a consulta y diálogo, llegar al punto de no lograr consensos - y después activar una mayoría legislativa de dudosa procedencia para aprobarla. Por lo menos no si quiere seguir hablando de 'unidad nacional' y 'concertación'...
Si actúa así, contra toda lógica y decencia política, el presidente se hace prisionero de los proveedores de esta mayoría legislativa dentro del FMLN y en los poderes ocultos detrás de los cambios de lealtades del PCN y de los ex-areneros.
En cambio si decide querer construir una reforma fiscal en base de un amplio consenso, debería abstenerse de mandar el paquetazo actual a la Asamblea y, en vez de esto, convocar a una consulta seria con los centros de pensamiento, con los economistas (incluyendo miembros de anteriores gabinetes económicos, como Manuel Enrique Hinds, Juan José Daboub y Rafael Barraza, entre otros), y posteriormente a una negociación sincera con las gremiales de la empresa privada y los partidos políticos.
La empresa privada ha dicho reiteradamente que entiende y comparte la necesidad de aumentar la carga tributaria y los ingresos del Estado. Hay que tomarla de su palabra.
En todo lo que se refiere a cerrar los espacios a la evasión y el contrabando, hay una vasta coincidencia de intereses entre el Estado y la mayoría de los empresarios que pagan sus impuestos y sufren competencia desleal por parte de los evasores y contrabandistas.
Quiere decir, en este terreno -que es el más prioritario para aumentar la tasa tributaria y para crear justicia tributaria- hay mucho campo para llegar a acuerdos sobre medidas incluso más radicales y audaces que los previstos en la propuesta actual del gobierno.
No hay que olvidarse: para aumentar la tasa tributaria, primero hay que ampliar la base tributaria, o sea comenzar a cobrar a los que no pagan, en vez de ir por la vía más fácil que siempre es aumentar la carga a los que ya son contribuyentes.
El paso que lamentablemente no han dado ANEP, la Cámara, Fusades y otros voceros de la empresa privada es: presentar una contra-propuesta concreta y viable de una reforma fiscal que no atente contra la lógica de la recuperación económica, contra la atracción de inversiones y contra la defensa y creación de empleos, pero que sí da al Estado los recursos necesarios.
Está en jugo no sólo la estabilidad financiera del Estado, sino al mismo tiempo la gobernabilidad del país. De nada sirve al Estado conseguir la liquidez necesaria a costa de la gobernabilidad. Si la reforma fiscal que se aprueba atenta contra la posibilidad de construir acuerdos a largo plazo entre gobierno, oposición y empresa privada, de nada sirve. Ni al presidente, ni a la sociedad.
Ante esta disyuntiva, todos los implicados están llamados a actuar con responsabilidad y paciencia. La empresa privada y los centros de investigación que no están de acuerdo con la reforma fiscal propuesta, tienen la obligación de presentar alternativas viables. Si no, quedan bajo sospecha que simplemente no quieren aportar al desarrollo del país.
Y el gobierno debe bajarse del pedestal de la prepotencia mostrada hasta ahora por los encargados de esta reforma. Debe reconocer que su propuesta no ha sido capaz de generar los consensos necesarios, y por lo tanto abstenerse a usar al madrugón legislativo para imponerla.
(El Diario de Hoy)
