Uno no tiene que ser jurista para saber que el decreto de aumentar las penas máximas para delincuentes juveniles no es inconstitucional. Basta tener razón común para ver que el presidente se equivocó con su veto, basándolo en inconstitucionalidad.
El doctor Chico Bertrand Galindo, en su manera magistral de explicar asuntos de derecho, le dio una gran lección al presidente, explicándole en El Diario de Hoy que puede vetar una ley basándose en dos diferentes razones: por inconstitucionalidad o por inconveniencia política. O sea, para vetar no hay que inventar inconstitucionalidad.
Simplemente puede decir: No estoy de acuerdo. Y la Asamblea decidirá si le acepta el argumento de la conveniencia política o, para llamarlo de manera más prepotente, de la razón del Estado.
Funes y sus asesores (¿a saber quiénes le redactan los decretos y las argumentaciones jurídicas?) se equivocaron. Pensando que así estaban dando más peso a su veto, se fueron por la inconstitucionalidad para vetar la reforma a la ley penal juvenil.
El problema que no previeron: Ahora a los diputados, al llegar a la conclusión obvia que no existe inconstitucionalidad, no les queda otra que superar el veto. Incluso los diputados que están dispuestos a tomar en cuenta los argumentos políticos del presidente, no lo pueden hacer, porque el presidente se fue por la vía de la argumentación jurídica, la cual no tiene sustento.
Si el presidente hubiera vetado la reforma argumentando que está en contradicción con las políticas públicas que está implementando el gobierno, les hubiera salido mucho mas fácil a los diputados aceptar el veto.
Se hubiera armado un debate político, donde el presidente hubiera tenido buenas posibilidades de imponer su voluntad, dada la composición actual de la Asamblea y el carácter vacilante de varios partidos.
De hecho, la disposición de los diputados de PCN, PDC, GANA y CD de acatar el veto del presidente, no es basada en dudas en la constitucionalidad del decreto vetado, sino en consideraciones políticas. No quieren minar la posición del presidente. Y quieren ofrecerse a Casa Presidencial como potenciales aliados, o por lo menos como 'oposición constructiva'...
Hoy los diputados vacilantes actúan y argumentan como si el presidente hubiera observado, no vetado, la reforma a la ley penal juvenil. Hoy discuten como 'mejorar' su propio decreto.
Eso es precisamente el problema de los diputados vacilantes: Como el presidente armó berrinche y vetó, en vez de observar, y como el veto se hizo en base de inconstitucionalidad, sólo en base de inconstitucionalidad pueden cambiar su voto original y negarse a apoyar a ARENA y FMLN en su intento de superar el veto.
La votación en la Asamblea no puede ser si hacer caso o no al presidente en su argumentación política. Esto queda descartado desde Casa Presidencial se fue por la ruta equivocada de la inconstitucionalidad. La única votación razonable y basada en principios es sobre la constitucionalidad del decreto en cuestión. Caso perdido. Autogol de Casa Presidencial.
