Querer superar el veto presidencial no es un intento de golpe de Estado o de derrocar al gobierno. Tampoco es un atentado contra la estabilidad de la Nación o contra el interés nacional. Es un derecho constitucional. Es un trámite normal en la democracia representativa. Es como funciona la autonomía de los poderes del Estado.
Igual que el Presidente tiene el derecho constitucional de vetar una ley aprobada por la Asamblea, los diputados tienen el derecho de superar este veto si alcanzan la mayoría calificada de 56 votos.
Entonces, ¿por qué algunos partidos, aunque en el fondo siguen estando de acuerdo con el aumento de 7 a 15 años de la pena máxima para delincuentes juveniles, tienen tanto miedo a votar contra el veto presidencial? ¿Por qué diputados normalmente muy sensatos como Rodolfo Parker y Ana Guadalupe Martínez reaccionan como si las fracciones del FMLN y de ARENA, que quieren superar el veto del presidente, estuvieran proponiendo a la Asamblea que invoque el artículo 87 de la Constitución que da al pueblo el derecho a la insurrección?
En todo este debate, la decisión del presidente de vetar un decreto aprobado casi con unanimidad, parece normal, pero la decisión de dos partidos de votar en contra de este veto parece desleal, polarizante, confrontativa y desestabilizadora. No extraña tanto que esta sea la posición de Casa Presidencial. Pero, ¿qué puede motivar a un diputado de tomar esta posición? Sólo se puede especular.
Cada uno tiene derecho de votar como le dicta su conciencia, su cálculo político o su interés. No hay ninguna necesidad de dramatizar la cosa artificialmente. Los diputados van a votar en pro o en contra de una reforma que aumenta las penas máximas para jóvenes de 16 y de 17 años que cometen delitos graves como asesinatos. No van a votar en pro o en contra de la gobernabilidad. A menos que algunos diputados siguen dramatizando de esta manera el conflicto. Por más que ellos hablan de que con este voto está en juego la gobernabilidad y la estabilidad del país, ellos mismos están creando este problema.
Yo podría aceptar y respetar la decisión de un diputado que genuinamente está en contra del aumento de las penas para menores de edad. Pero parece que nadie toma esta posición. Todos parecen estar de acuerdo en el fondo, pero algunos no quieren crearle una derrota política al presidente que presentó un veto mal argumentado.
¿Cuál es el problema de que todos los diputados que están convencidos que hay que aumentar las penas y que esta medida no tiene nada de inconstitucional, voten en favor de su decreto y en contra del veto presidencial? En este caso, no se genera ningún vacío legal ni tampoco una crisis entre los poderes. Nada de eso. En este caso, la Constitución manda que la Cámara de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia decida. Así tiene que ser: que la Corte tenga la última palabra sobre la constitucionalidad de la ley.
Entonces, ¿por qué algunos alertan que proceder así, haciendo uso de los pesos y contrapesos que define nuestra Constitución, atentaría contra el presidente y su capacidad de gobernar? El presidente y el ejecutivo tienen que aprender a gobernar dentro del marco de pesos y contrapesos que define nuestro sistema republicano. Ejercer oposición no es desestabilizar al país. Hacer uso de la independencia de los órganos del Estado, no es un minar la autoridad del ejecutivo. Dejar que la Corte Suprema decida sobre asuntos de constitucionalidad, cuando hay diferentes interpretaciones entre Asamblea y Ejecutivo, no es provocar una crisis constitucional.
Entiendo perfectamente que el presidente quiere hacer valer su criterio. Entiendo también que la banda de los 12 (ahora 13) se presta para ayudar al presidente, tenga o no razón. Tampoco esperaba del PCN que defendiera principios. ¿Pero qué diablos está buscando el PDC en esta coalición de rescate a un veto presidencial mal fundamentado?
(El Diario de Hoy)
