martes, 18 de agosto de 2015

Columna transversal: Perfil del nuevo fiscal general

Hay un consenso muy amplio de que el país necesita una fiscalía diferente, con un fiscal general radicalmente diferente al actual. Aunque el partido de gobierno parece apostar a la reelección de Luis Martínez, incluso detrás de este pacto de conveniencia hay muchas dudas, profunda desconfianza, y ninguna convicción. Fuera de los círculos de GANA, Tony Saca y Enrique Rais cuesta encontrar quien con convicción defienda (y respeta) al fiscal.

Sólo podemos esperar (o rezar) que en septiembre, cuando se abra el proceso formal de elección del nuevo fiscal general en la Asamblea, surjan algunos candidatos idóneos. Debido a la falta de un mecanismo institucional de selección de candidatos, como existe para magistrados de la Corte Suprema, los interesados en convertirse en fiscal general tienen que presentar, por su propia iniciativa, su candidatura ante la Asamblea. Dentro de las muchas reformas que necesita la Fiscalía, habría que comenzar con diseñar un mecanismo institucional de selección que asegure que para el cargo de fiscal general sean postulados los mejores y más idóneos profesionales de derecho – y que entre ellos la Asamblea elija al más idóneo.
Definamos idóneo
A esta altura no se puede hablar de nombres, pero sí urge hablar del perfil del fiscal que necesita el país.
I.
El próximo fiscal tiene que ser independiente. Esto significa mucho más que el requisito formal de no tener vínculos orgánicos con algún partido. Tiene que ser una persona preparada para resistir las presiones de todos los poderes, formales y fácticos, que intervienen en el país: gobierno, partidos, empresarios, embajada de Estados Unidos…
Es más: Tiene que ser una persona capaz de trabajar junto con todos estos poderes sin dejarse ni presionar, ni chantajear, ni tentar, ni comprometer por ellos. Y esto sólo será posible si el próximo fiscal se convierte en el fiel portador de las aspiraciones de justicia de una sociedad que ya no acepta la impunidad y la corrupción. Necesitamos un fiscal que entiende que su rol (y el de su institución) como defensor del Estado significa defensor de la sociedad. Y ciertamente, no del gobierno.
II.
El próximo fiscal tiene que tener la capacidad de enfrentar la violencia, actualmente el problema que más afecta al país, pero con principios y formas que fortalezcan el estado de Derecho, las libertades, los Derechos Humanos. El fiscal tiene que ser el guardián de que el Estado, para ganar la guerra que ha declarado a la delincuencia y la violencia, no se vuelva autoritario, represivo y generador de violencia, sino más democráticos y más comprometidos con los derechos individuales y con el estricto apego a la ley. Sólo así el Estado será capaz de ganar la batalla contra la violencia sin desnaturalizarse.
III.
El próximo fiscal tiene la tarea impostergable de reformar la fiscalía - con un fin principal: erradicar la impunidad. Aunque es cierto que la impunidad tiene que ver con fiscales, jueces y policías corruptos, el principal problema sigue siendo la ineficiencia, sobre todo en la capacidad de investigación. Superar esto requiere un liderazgo y una plan visionario para una profunda reingeniería de la fiscalía. Y ahí se cierra el círculo: Solamente un fiscal general independiente que ha logrado movilizar para esta tarea el apoyo de todos los partidos y de la sociedad entera, puede enfrentar este reto. Ninguna agenda partidaria, pero tampoco ninguna agenda de poder personal del fiscal general (que de por si es el hombre más poderosos del país), debe interponerse y desnaturalizar esta función. Precisamente por esto, al actual fiscal se descalificó.
IV.
Para enfrentar este reto, que es enorme, el próximo fiscal tiene que tener la voluntad y la capacidad de movilizar los apoyos necesarios. Ahí entra el debate que ha surgido en toda la región: una Comisión Internacional contra la Impunidad. El próximo fiscal general, si asume su cargo con esta concepción arriba resumida, debe tener la audacia de instalar, dentro de la Fiscalía General de la República, una Comisión Internacional, con amplias facultades, alto grado de independencia, que le ayude a reformar la fiscalía y elevar la calidad, contundencia y profesionalidad de las investigaciones. El fiscal general tiene la autoridad para hacer esto, esté de acuerdo el gobierno de turno o no, siempre y cuando actúa como “el fiel portador de las aspiraciones de justicia de una sociedad” que mencionamos arriba.
Con una Comisión Internacional, compuesta por expertos de primera clase, y con el adecuado financiamiento que en este caso la comunidad internacional estaría más que dispuesta a aportar, el próximo fiscal general puede combatir la violencia, la corrupción, la impunidad y fortalecer el Estado de Derecho.
Queda dos interrogantes: ¿Cómo podemos motivar que los pocos hombres o mujeres que tienen la integridad, la profesionalidad y el liderazgo para enfrentar este reto, presenten su candidatura a fiscal general y se someten al proceso político engorroso? Nadie lo hará si no puede contar con la intervención y el apoyo de la sociedad civil.
Y la otra interrogante: ¿Cómo obligar a la Asamblea Legislativa y los partidos a ponerse de acuerdo y respaldar a un candidato independiente y posiblemente incómodo? Nuevamente, depende de todos nosotros.
(El Diario de Hoy)