Sólo podemos esperar (o rezar) que en
septiembre, cuando se abra el proceso formal de elección del nuevo fiscal
general en la Asamblea, surjan algunos candidatos idóneos. Debido a la falta de
un mecanismo institucional de selección de candidatos, como existe para
magistrados de la Corte Suprema, los interesados en convertirse en fiscal
general tienen que presentar, por su propia iniciativa, su candidatura ante la
Asamblea. Dentro de las muchas reformas que necesita la Fiscalía, habría que
comenzar con diseñar un mecanismo institucional de selección que asegure que
para el cargo de fiscal general sean postulados los mejores y más idóneos
profesionales de derecho – y que entre ellos la Asamblea elija al más idóneo.
Definamos idóneo
A esta altura no se puede hablar de
nombres, pero sí urge hablar del perfil del fiscal que necesita el país.
I.
El próximo fiscal tiene que ser
independiente. Esto significa mucho más que el requisito formal de no tener
vínculos orgánicos con algún partido. Tiene que ser una persona preparada para
resistir las presiones de todos los poderes, formales y fácticos, que
intervienen en el país: gobierno, partidos, empresarios, embajada de Estados
Unidos…
Es más: Tiene que ser una persona capaz
de trabajar junto con todos estos poderes sin dejarse ni presionar, ni chantajear,
ni tentar, ni comprometer por ellos. Y esto sólo será posible si el próximo
fiscal se convierte en el fiel portador de las aspiraciones de justicia de una
sociedad que ya no acepta la impunidad y la corrupción. Necesitamos un fiscal
que entiende que su rol (y el de su institución) como defensor del Estado
significa defensor de la sociedad. Y ciertamente, no del gobierno.
II.
El próximo fiscal tiene que tener la
capacidad de enfrentar la violencia, actualmente el problema que más afecta al
país, pero con principios y formas que fortalezcan el estado de Derecho, las
libertades, los Derechos Humanos. El fiscal tiene que ser el guardián de que el
Estado, para ganar la guerra que ha declarado a la delincuencia y la violencia,
no se vuelva autoritario, represivo y generador de violencia, sino más
democráticos y más comprometidos con los derechos individuales y con el
estricto apego a la ley. Sólo así el Estado será capaz de ganar la batalla
contra la violencia sin desnaturalizarse.
III.
El próximo fiscal tiene la tarea impostergable
de reformar la fiscalía - con un fin principal: erradicar la impunidad. Aunque
es cierto que la impunidad tiene que ver con fiscales, jueces y policías
corruptos, el principal problema sigue siendo la ineficiencia, sobre todo en la
capacidad de investigación. Superar esto requiere un liderazgo y una plan
visionario para una profunda reingeniería de la fiscalía. Y ahí se cierra el
círculo: Solamente un fiscal general independiente que ha logrado movilizar
para esta tarea el apoyo de todos los partidos y de la sociedad entera, puede
enfrentar este reto. Ninguna agenda partidaria, pero tampoco ninguna agenda de
poder personal del fiscal general (que de por si es el hombre más poderosos del
país), debe interponerse y desnaturalizar esta función. Precisamente por esto,
al actual fiscal se descalificó.
IV.
Para enfrentar este reto, que es enorme, el
próximo fiscal tiene que tener la voluntad y la capacidad de movilizar los
apoyos necesarios. Ahí entra el debate que ha surgido en toda la región: una
Comisión Internacional contra la Impunidad. El próximo fiscal general, si asume
su cargo con esta concepción arriba resumida, debe tener la audacia de
instalar, dentro de la Fiscalía General de la República, una Comisión
Internacional, con amplias facultades, alto grado de independencia, que le
ayude a reformar la fiscalía y elevar la calidad, contundencia y
profesionalidad de las investigaciones. El fiscal general tiene la autoridad
para hacer esto, esté de acuerdo el gobierno de turno o no, siempre y cuando
actúa como “el fiel portador de las aspiraciones de justicia de una sociedad”
que mencionamos arriba.
Con una Comisión Internacional, compuesta
por expertos de primera clase, y con el adecuado financiamiento que en este
caso la comunidad internacional estaría más que dispuesta a aportar, el próximo
fiscal general puede combatir la violencia, la corrupción, la impunidad y fortalecer
el Estado de Derecho.
Queda dos interrogantes: ¿Cómo podemos
motivar que los pocos hombres o mujeres que tienen la integridad, la
profesionalidad y el liderazgo para enfrentar este reto, presenten su
candidatura a fiscal general y se someten al proceso político engorroso? Nadie
lo hará si no puede contar con la intervención y el apoyo de la sociedad civil.
Y la otra interrogante: ¿Cómo obligar a
la Asamblea Legislativa y los partidos a ponerse de acuerdo y respaldar a un
candidato independiente y posiblemente incómodo? Nuevamente, depende de todos
nosotros.
(El Diario de Hoy)
