Cuando se estaba discutiendo la reforma fiscal, muchos comentaristas advertimos al gobierno: No aprovechen la coyuntural aritmética legislativa favorable para imponer una reforma fiscal no consensuada, porque luego les va costar mucho más la concertación de un pacto fiscal. Yo me tomé incluso la libertad de usar una imagen muy drástica: “O es por la fuerza o es por consenso. O es necesidad inmediata o es la necesidad de llegar a un acuerdo de largo plazo. O la violas, o la seduces. No puede ser primero por las malas y después por las buenas. No puede ser primero por la fuerza y luego la conquista. A menos que uno tenga un concepto de la conquista que no tiene nada que ver con el arte del enamoramiento, sino con el sometimiento...”
El sometimiento -algunos dirían, la violación- se consumó. Con resultados negativos para el rendimiento económico del país, y sin los resultados anunciados para las finanzas públicas. Y hoy el gobierno Funes-FMLN quiere el pacto fiscal. La empresa privada y los partidos políticos no pueden negarse a esta negociación, porque el pacto fiscal es necesario, pero tampoco pueden cometer por segunda vez el mismo error. No pueden aceptar una negociación unilateral con Casa Presidencial, con el supuesto fin de evitar la ingobernabilidad, y sin obligar al otro socio en el gobierno -el FMLN- a suscribir y asumir los acuerdos y las garantías.
Primero habría que definir bien el concepto del pacto. Si no incluye los acuerdos sobre apuesta estratégicas a largo plazo, sobre prioridades del gasto, sobre transparencia y sobre la ampliación de la base tributaria, no es pacto, sino otra reforma tributaria que se queda corta.
Segundo habría que definir quienes tienen que estar en la mesa y asumir todos los compromisos a mediano y largo plazo que implica el acto fiscal. La empresa privada y los partidos políticos no gubernamentales tienen que poner al gobierno Funes-FMLN una condición inamovible: o el pacto es entre todos los actores políticos y sociales, incluyendo el FMLN y su llamado ‘movimientos social’ – ¡o no hay pacto!
Lo que no se vale es pactar con la mitad del gobierno y dejar a la otra mitad del gobierno en libertad de seguir persiguiendo sus estrategias, sus metas, sus prioridades, sin sentirse en lo mínimo comprometidos por lo que Casa Presidencial haya firmado con la empresa privada y la oposición política.
El presidente no puede conseguir gobernabilidad basada en acuerdos con la empresa privada y la derecha política, si no tiene la capacidad (o la voluntad) de comprometer a su propio partido y sus organizaciones de choque con estos acuerdos.
Da la impresión que es precisamente esto lo que desde Casa Presidencial están tratando: tener acuerdos de gobernabilidad con otros sin que esto afecte o altere los acuerdos que ya tiene con el FMLN. Si la empresa privada y los partidos de derecha acceden a esto, el señor Funes viviría en el mejor de los mundos que cualquier macho se puede imaginar: tener dos matrimonios paralelos, donde puede asumir compromisos nuevos sin que afecten los compromisos ya existentes.
Sin estos matrimonios paralelos y compartimentados, con todos los implicados en la mesa, obviamente será mucho más difícil llegar a un pacto. Más difícil, pero la única manera de llegar a un pacto que sirve al país. Además, ¿quién ha dicho que gobernar y concertar es fácil?
Los gremios empresariales, a esta altura, ya habrán aprendido la lección que no pueden seguir aceptando el jueguito de ayudar a una parte del gobierno para evitar que los joda la otra. Si de construir gobernabilidad se trata, que el presidente convoque a todos a la mesa, incluyendo a su partido las organizaciones de confrontación social que conduce.
(El Diario de Hoy)
