viernes, 11 de marzo de 2011

¿Qué pasa con el orden constitucional en Centroamérica?

En el artículo 186, la Constitución de Guatemala dice: “No podrán optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República: (...) c) Los parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente o Vicepresidente de la República...” Punto.

La Constitución de Nicaragua, artículo 147, dice: “No podrá ser candidato a Presidente ni Vicepresidente de la República: a) El que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente.” Punto.

Más claras no pueden ser las constituciones prohibiendo la reelección presidencial y previniendo el establecimiento de dinastías. Sin embargo, la esposa del presidente de Guatemala, Sandra de Colom, y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, son candidatos a la presidencia en sus respectivos países. Para los gobiernos, las Cortes y las autoridades electorales de ambos países, las prohibiciones constitucionales son letra muerta.

¿Qué pasa con el orden constitucional en Centroamérica?

Lo más probable es que esta vez la ruptura de la constitucionalidad no va a llevar ni a la OEA, ni a Naciones Unidas, ni al gobierno de Barack Obama, ni a instancias como el Banco Mundial o el BID a tomar medidas contra Nicaragua o Guatemala.

Todos estos organismos decretaron, en el 2009, medidas de aislamiento diplomático y cierre de financiamiento a Honduras, cuando llegaron a la conclusión que en este país se había roto el orden constitucional. Honduras todavía no ha sido admitido en la OEA, a pesar de que su nuevo gobierno surgió de unas elecciones cuya legitimidad nadie ha podido cuestionar. Colmo de hipocresía.

Los mismos que en el caso de Honduras han insistido en medidas drásticas de la comunidad internacional, permiten sin ningún reclamo en dos países de Centreo América que las familias gobernantes se perpetúen en el poder, violando abiertamente sus respectivas constituciones.

Los mismos que permiten a Colom y Ortega sus esquemas de reelección ilegal sin reclamos y protestas, negaron a los hondureños el derecho de evitar que el presidente Mel Zelaya busque la reelección, también ilegal en Honduras. El mundo al revés.

¿Tendrá algún costo para Ortega y Colom su desafío a la constitucionalidad? ¿Tendrá algún costo para Nicaragua y Guatemala si sus instituciones permiten a sus respectivos gobernantes de pasarse encima de la constitucionalidad? Los hondureños sí pagaron (y siguen pagando) un alto costo por lo que la comunidad internacional clasificó como ruptura constitucional. Parece que la comunidad internacional está más bien del lado de quienes buscan perpetuarse en el poder ilegalmente. Así fue en Honduras, y parece que así será ahora en otros dos países de la región.

Desconozco si el subsecretario Arturo Valenzuela, quien en el State Department de Washington dirige la política hacia América Latina, en su reciente visita al El Salvador haya recibido del presidente Funes muestras de preocupación sobre el peligro en que se encuentra el orden constitucional en Guatemala y Nicaragua. Desconozco si Valenzuela le haya pedido a Funes que ponga su liderazgo, que según la administración Obama ejerce en la región, en favor de la defensa de institucionalidad en sus países vecinos. Desconozco si la situación irregular en Nicaragua y Guatemala será sujeto de las pláticas que el presidente Obama tendrá en San Salvador.

Si no está en la agenda este tema, no sé de qué están hablando quienes adjudican a Mauricio Funes liderazgo regional y un rol en la defensa de la democracia.

(El Diario de Hoy)